Época

Para 1997 el país estaba en una crisis política; Adbalá Bucaram fue derrocado en febrero de 1997 por medio de un movimiento popular y posteriormente destituido por el Congreso, mismo que nombró como presidente interino a Fabián Alarcón. Alarcón fue ratificado como presidente el 25 de mayo del mismo año. Posteriormente se elige una Asamblea Nacional, presidida por Osvaldo Hurtado, para reformar la Constitución Política (Adoum, 2000.)

La detención de los involucrados se realiza dentro de la presidencia de Fabián Alarcón, mientras que la demanda ante la CIDH se da en 1998.

En el Ecuador la lucha contra las drogas fue abriéndose paso desde los años 70, en principio el enfoque utilizado para abordar esta temática fue sanitario y de seguridad nacional; creándose así “la ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes de 1970, enfatizaban los aspectos de prevención del abuso de drogas

ilícitas como un tema de salud pública.” (Calderón, 2011, p. 51).

A pesar de que el país no presentaba una oferta y demanda alta, en materia de

drogas, si tenía vinculación en la lucha contra el narcotráfico por la “afinidad”65 _con

los Estados Unidos, ya que ellos lideran el paradigma de guerra contra las drogas. A raíz de lo dicho el Ecuador, en 1978 crea la Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. (Calderón, 2011).

“Si bien en las décadas de los 80 (…) el papel del país respecto a las estrategias de seguridad relacionadas con el narcotráfico se habían presentado con un

bajo perfil”(Youngers; Rossin, 2005, p. 297), Ecuador empieza a vincularse con los Regímenes Internacionales de Lucha contra las Drogas, y a adoptar normativas

internacionales66 para la lucha contra las mismas, lo que conlleva a un aumento de su

participación y acción a nivel nacional e internacional.

“Esta inserción se caracteriza por el desconocimiento que el fenómeno de las

drogas y el tráfico de las mismas representaba para el país. Ecuador sin hacer un

examen riguroso del problema del narcotráfico, estableció convenios67 para combatir

el consumo y tráfico de drogas utilizando diagnósticos estadounidenses que asociaban

de manera general guerrilla y narcotráfico.” (Rivera, 2005, p. 297).

Además el Ecuador se vincula a la lucha contra las drogas debido a su situación geoestratégica, al ser considerado punto de conexión y por tener una relativa importancia para el tráfico de cocaína hacia mercados internacionales. La frontera norte es utilizada para el abastecimiento de precursores químicos destinados a la industria del narcotráfico localizado en el sur de Colombia. (Rivera, 2005, p. 291).

Para 1987 se crea una nueva ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, misma que se endurece para estar de acuerdo con los lineamientos de los tratados internacionales, y aplica sanciones rígidas para controlar la oferta y demanda de drogas, tal como las condenas de prisión de 12 a 16 años.

“En 1990 la dirección de la política de lucha contra las drogas se enfoca totalmente en un régimen prohibicionista y punitivo a partir de la creación de la Ley 108 de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas68. Esta ley se caracteriza por ser una de las más fuertes en materia de drogas de Latinoamérica y ello se da debido a que en esos años Ecuador responde a nuevas exigencias internacionales como las

políticas de Estados Unidos sobre control de drogas en la región.” (Calderón, 2011, p.

52).

En materia de DH, el país realizó importantes transformaciones en la protección y garantías fundamentales de los ciudadanos y de las colectividades, el cual se concretó, el 5 de julio de 1998, con la aprobación de la Asamblea Nacional

66 _{Entre estas la convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de drogas y sustancias}

psicotrópicas, firmado en 1989 y ratificado en 1990. En: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-19&chapter=6&

lang=en, (visitado: 02/10/2014).

67 _{Tales como la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, promulgada en 1991 por Estados Unidos.} 68 _{La ley 108, creada en 1990, se caracteriza por la criminalización indiferenciada de transportistas de}

Constituyente, de la Nueva Constitución Política del Ecuador, misma que tuvo un alcance significativo en lo referente a DH. (Moreira, 2000, p. 7).

Cabe destacar que, dentro de este período y de esta nueva Carta Política, se encontraba un Plan Nacional de Derechos Humanos el cual trajo beneficios de los derechos fundamentales de los hombres, mujeres, niños y niñas del Ecuador. (Moreira, 2000).

Posteriormente a la resolución del “conflicto con el Perú (…) se configura

(…) la nueva agenda de seguridad nacional y el rol que deberían asumir las fuerzas

armadas y la policía.” (Rivera, 2005, p. 298). La temática de drogas se vuelve un tema

importante para el Ecuador, en especial la lucha contra el tráfico de las mismas, enfatizado en la reducción de su oferta y demanda.

“Esta situación trajo varias repercusiones para el Ecuador.(…) el flujo de recursos adicionales destinados a la Policía Nacional y el Ejercito llevaron a una

redefinición de prioridades e incrementaron la competencia institucional” (Rivera,

2012, p. 158), dando impulso a allanamientos lícitos e ilícitos por parte de estas dos entidades públicas.

“En el caso de la Policía Nacional no ha existido interés por conocer las

acciones realizadas por varias unidades de élite. (…) Tan solo los medios de

comunicación y grupos defensores de los derechos humanos han difundido casos de abuso de poder o violaciones a la libertad de expresión de varios individuos

sospechosos de colaborar con el narcotráfico o actividades ilícitas” (Rivera, 2012, p.

162).

Si se toma en cuenta la ley 108 y la presión de Estados Unidos, se puede explicar el accionar del Estado que a continuación será analizado para el caso de Juan Carlos Chaparro Y Freddy Lapo.