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ACTUACION EXTERNA EN EL PROCESO DE PAZ

Al hablar de un proceso de paz se está haciendo referencia, a grandes rasgos, al recorrido emprendido por las partes enfrentadas para la búsqueda de un compromiso que trace el camino a seguir y así resolver satisfactoriamente la incompatibilidad inicial36. Sin embargo, la consecución de los resultados esperados a partir de dicho compromiso no es inmediata, atraviesa en la gran mayoría de veces un gran número de tropiezos y dificultades a superar en cada una de las etapas del mismo. De esta manera, se resalta que lo primero que se debe hacer es investigar sobre los factores que permiten o impiden el inicio de la negociación para luego sí hacer énfasis en las estrategias que se necesiten para que el proceso desencadene en logros positivos de paz.

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Fisas, Vicenç (2004). Procesos de paz y negociación en conflictos armados, España, Ediciones Paidós Ibérica.

La cuestión principal es cómo iniciar el proceso, cómo definir el momento exacto en que las partes en conflicto estén listas para iniciarlo. Christopher Mitchell37 plantea tres modelos de madurez de un proceso. El primero se refiere al modelo de Estancamiento Perjudicial o de “catástrofe inminente” en donde ninguna de las partes ve una salida positiva mientras se sigan utilizando los métodos actuales. Se presenta la necesidad de recurrir a la negociación para aminorar los costes, que se hacen cada vez más insoportables e insostenibles.

En segundo lugar tenemos el modelo Trampa. Los traspiés, los daños, se vuelven el motor para seguir la lucha, constituyen los incentivos que no permiten a los líderes deponer su lucha. Por tanto, la situación de madurez se da cuando los líderes dejan atrás este pensamiento, ya sea por los altos costos económicos, o porque las pérdidas humanas se hacen insoportables. La situación de las FARC podría encontrarse en este modelo, guardan recelo por el exterminio de la Unión Patriótica y se tiene la sensación que hasta que este no quede saldado, no se podrá emprender el camino de la negociación.

Por último, el modelo de Oportunidad Tentadora es el enfoque optimista que consiste en que los líderes descubren una forma de lograr sus objetivos a través de una estrategia menos costosa y que aporta mayores beneficios. La iniciativa de acercamientos emprendida por las AUC con el actual gobierno la podríamos inscribir en el modelo de oportunidad tentadora. Al respecto, Carlos Castaño, líder para aquel entonces de las AUC y asesinado por sus propios hombres después, plantea que “la seguridad democrática funcionó y se nos ha terminado nuestra razón de ser. Las autodefensas nacieron porque el Estado no podía defendernos, pero en este momento el Estado está en capacidad de defender a los ciudadanos”38. Este grupo armado al margen de la ley ve en el gobierno de Álvaro Uribe un momento propicio para negociar porque, más allá de las simpatías ideológicas que despierta entre los miembros de las AUC, la antesala del Pacto de Ralito del año 2001, le brinda importantes apoyos al interior del

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Mitchell, Christopher (1996), Evitando daños: reflexiones sobre la “situación de madurez” en un conflicto, Gernika-Gogoratuz, Documento N. 9.

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Alfredo Rangel, “¿Castaño cree en lo que dice, o solo quiere convencer a sus hombres?” en El Tiempo, junio 20 de 2005.

Congreso y posibilidades concretas para obtener un marco de negociación blando favorable a los intereses paramilitares, donde se obtengan grandes beneficios.

El Pacto de Ralito es un documento que involucra a varios parlamentarios y ex- parlamentarios en un acuerdo con las AUC para “refundar” la patria. El documento fue firmado en el año 2001 en un encuentro entre el Estado Mayor de las autodefensas y siete representantes a la cámara, cuatro senadores, dos gobernadores y cinco alcaldes39. La existencia del documento se conoció después de que el Senador Miguel de la Espriella, uno de los firmantes, revelara su existencia a finales de 2006, aunque el texto del documento solo fue conocido hasta enero de 2007 tras declaraciones de Jorge 40 durante el sometimiento al proceso de paz con el gobierno. El pacto estaba enmarcado dentro de una estrategia de las AUC para consolidar una alianza de fuerzas al margen de la ley bajo la financiación del narcotráfico y concretar, a futuro, la toma del poder político, inicialmente en la Región Caribe para más tarde consolidarse a nivel nacional40.

De esta manera y frente a dicha “ventana de oportunidad” encabezada por el Pacto de Ralito, seguido por la posición del gobierno Uribe de confrontación a la guerrilla, y ante la necesidad de buscar reconocimiento político y así evitar la extradición hacia Estados Unidos, las AUC empiezan a dar, a partir de la elección de Uribe en el 2002, evidencias de confianza, como la declaración unilateral del cese al fuego en diciembre del mismo año, que abren paso a los acercamientos entre las partes.

Así como existen por lo menos tres modelos de madurez, se podría hablar de cuatro etapas41 en un proceso de paz, los primeros acercamientos y la prenegociación, la negociación, la firma del acuerdo, y la implementación y verificación. En los diálogos adelantados con las AUC es difícil de establecer, ante todo, las dos últimas etapas, pues las primeras desmovilizaciones, es decir la implementación, se empiezan a dar sin la firma de acuerdo alguno. Incluso, es

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_________, “Pacto con el diablo” en Semana N. 1290, enero 22 a 29 de 2007

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_________, “El de siempre”, en Semana.com, diciembre 2 de 2006

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preciso poner de manifiesto que el proceso en general se desarrolló de forma atípica pues, pese a que efectivamente se da entre dos actores en conflicto, gobierno y AUC, cuestiones como la realización de las negociaciones sin un marco jurídico previo son muy cuestionables.

La prenegociación puede empezar sin siquiera haber acordado un cese al fuego, no cuenta con un formalismo excesivo lo que permite detectar más fácil las verdaderas intenciones. Esta etapa se concibe como una de construcción de confianza a partir de diferentes gestos de paz que incentivan a las partes a continuar con la negociación. En este punto, los mediadores se hacen muy necesarios para lograr estos primeros objetivos, no obstante, en el proceso estudiado no ha sido el caso. Los acercamientos se dieron sin necesidad de mediación de otros países o de organismos internacionales, salvo el acompañamiento que ha hecho la Iglesia. Esta ausencia de participación de terceros se puede explicar porque se está negociando con los “aliados” en la confrontación con la guerrilla, con los cuales, además, se tiene una afinidad ideológica.

Estos primeros acercamientos arrojan, en la gran mayoría de casos, una “hoja de ruta” en la que se manifiestan las intenciones, las reglas de juego de la negociación, los sitios de encuentro, entre otras cosas básicas, tal y como lo vemos con el Acuerdo de Ralito I y II, de julio 15 de 2003 y del 25 de mayo de 2004, respectivamente.

Una vez los actores hayan identificado y coordinado los objetivos comunes a perseguir, se da paso a la segunda etapa, a la negociación, la cual es vista como “un proceso para que las partes enfrentadas puedan discutir sus diferencias y encontrar una solución”42. Lo principal en la negociación es la participación de todos los actores clave, llevar a cabo un proceso lo suficientemente incluyente como para no dejar por fuera a ningún actor relevante del conflicto que luego se convierta en un saboteador de paz, en un “spoiler”. Así mismo se debe definir una agenda acompañada de un calendario a cumplir

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Fisas, Vicenç (2004). Procesos de paz y negociación en conflictos armados, España, Ediciones Paidós Ibérica Pp.89

como el que se pactó sin mayor respeto en el Acuerdo Ralito I donde las AUC se comprometieron a desmovilizar a la totalidad de sus miembros antes del 31 de diciembre de 2005, en un proceso gradual que comenzó con la desmovilización el 25 de noviembre de 2003 del Bloque Cacique Nutibara en la ciudad de Medellín. Así mismo se deben definir cuales van a ser los conductos regulares para informar sobre cómo va el proceso, quienes van ser los interlocutores de cada una de las partes, detectar las prioridades y lo que se puede postergar. Si de esta segunda etapa se obtienen resultados satisfactorios para las partes en negociación se pasa a la firma del acuerdo. Dicha firma no es garantía de paz, se debe concebir como el marco bajo el cual se va a realizar lo acordado en la fase anterior. Por tanto, “el acuerdo (…) ha de tener garantías, ser claro en su redacción, factible y realista, perdurar en el tiempo (…) ha de ver como atacar las raíces del problema, prever cláusulas de reforma, no ha de ignorar a la sociedad civil, ha de establecer un cronograma claro, pensar en la fase de desmovilización, desarme y reinserción (DDR), blindar el acuerdo ante los posibles y típicos reventadores (spoilers) y ofrecer garantías para que sean respetados los derechos humanos”43. En las negociaciones con las AUC nunca existió un gran acuerdo sino “hojas de ruta” con los diferentes grupos negociadores como el Acuerdo Ralito I y II, el Acuerdo de Fátima (mayo 13 de 2004) agregándole así fragilidad al proceso. Además, a esta marcada fragilidad se le debe añadir la ausencia de un marco legal. La ley de Justicia y Paz, encargada de cumplir este papel, se promulgó después de las primeras desmovilizaciones, ocasionando así una incertidumbre jurídica que nos puede llevar a predecir un riesgo en el posconflicto, más aun cuando es un tercer actor, el poder legislativo (Congreso y Corte Constitucional), quien determina las reglas de juego modificando así lo pactado entre las partes negociadoras. Las altas posibilidades de rearme están dadas, hay muchas señas de que el proceso busca desmovilizar paramilitares en ejercicio pero en ningún momento el fenómeno paramilitar.

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Todos estos aspectos señalados que deben cobijarse en el acuerdo se buscan para aumentar las posibilidades de concreción del proceso en la siguiente etapa, en la implementación. En esta última se pone en marcha lo acordado seguido por un proceso de verificación. Aquí se necesitan grandes cantidades de recursos y apoyos externos, pues no solo se busca la desmovilización de los combatientes ilegales, sino su reinserción a la sociedad civil y la reconstrucción y reparación del tejido social. El desarme, la desmovilización y la reintegración (DDR) es la parte central de un proceso de paz tras la firma de un acuerdo, se percibe como “un componente de una estrategia más amplia de construcción de paz”44. Este debe ser digno, contar con lugares de reclutamiento confortables,

debe haber confianza en la neutralidad del organismo encargado del DDR, conocer el grado de movilización ideológica de los combatientes, el sentido político del acto en tanto contribución a la paz, respeto de lo convenido en términos políticos así como garantizar seguridad personal en el retorno de los excombatientes a la vida civil. Además se deben tener en cuenta unas condiciones básicas previas al DDR; en el caso colombiano, estas han sido la gestión del estatus terrorista y leyes de amnistía como la Ley de Justicia y Paz.

Etapas del proceso de paz; acompañamiento, implementación, verificación y legitimación.

Tal y como se ha venido señalando, a lo largo del proceso de paz se dan intervenciones de terceras partes. La mediación debe ser aceptada libremente por todos los actores implicados y puede definirse como “un ejercicio de comunicación que persigue reconciliar los intereses de las partes en disputa, ayudándoles a encontrar una salida, pero sin imponerles desde fuera la solución”45. En otras palabras, esta busca, principalmente, modificar las relaciones ente las partes a partir de los diferentes roles que pueden cumplir. Entre los roles que pueden cumplir terceros actores tenemos explorador, convocante, desacoplador, unificador, entrenador, generador de ideas, garante, facilitador, legitimador, incentivador, verificador, implementador, reconciliador.

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Ibíd. Pp. 212.

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En Colombia vemos que la OEA cumple el rol de legitimadora, “ayuda a los adversarios a que acepten el proceso y el resultado obtenido”46, de

implementadora, “controla el comportamiento de las partes después del acuerdo, e impone sanciones si no se cumple lo acordado”47, y verificadora, “verifica y comprueba que se cumpla lo acordado”48. Así mismo, la HRW, una de las principales ONG´s vinculadas, cumple la función de generadora de ideas, “ofrece nuevas informaciones, ideas teorías y opciones a los adversarios”49. Fisas, a su vez, menciona tres “tracks” para intervenir en los conflictos50. El “Track One”, se refiere a la diplomacia oficial emprendida por los Estados; el “Track Two”, a la diplomacia no oficial llevada a cabo por actores no gubernamentales, una diplomacia paralela que pone el énfasis en los aspectos psicológicos de los conflictos por estar más conectada con la base social; y el “Multi-Track”, que combina las dos anteriores, además de los intercambios científicos culturales y los medios de comunicación.

En los diálogos adelantados entre el gobierno Uribe y las AUC se puede constatar una mayor presencia de actores no gubernamentales que de Estados nacionales, aunque sería muy exagerado hablar, únicamente, de diplomacia paralela y no de una conjunción de ésta con la diplomacia oficial, es decir de la estrategia “Multi-Track”. Así mismo, en las diferentes etapas del proceso no se constata una posición unificada y uniforme de los actores internacionales que intervienen debido a la utilización de la estrategia “Multi-Track”.

Además, en Colombia, se puede decir que no hay una mediación exterior tangible, aunque en términos generales, en tanto facilitadores tenemos a la Iglesia, a las Naciones Unidas, a la OEA, a Cuba, a Suiza, entre otros países europeos. La sociedad civil, por su parte, pretende mediar a través de numerosas organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales de la talla de HRW y la Fundación Arco Iris, presionando a los políticos y a los actores armados para comprometerlos en la consecución de procesos de paz. 46 Ibíd. Pp. 141. 47 Ibíd. 48 Ibíd. 49 Ibíd. 50 Ver Fisas.

Los indispensables apoyos económicos son otorgados, principalmente, por Estados Unidos y por algunos países de Europa.

En este cuestionable proceso de paz se constata la ausencia de las Naciones Unidas, pese a que en su ideario de la consecución de la paz su mayor aporte es la gestión y facilitación en los primeros acercamientos así como garantizar lo acordado durante la implementación. En contraprestación, la OEA ha sido la organización encargada de asumir la misión de verificar el proceso, ya que como se dijo anteriormente, los acercamientos se dieron sin necesidad de intervenciones extranjeras. Para algunos, la ONU se está reservando como una “carta estratégica para la negociación definitiva con las guerrillas”51, se puede

percibir como el as bajo la manga del gobierno a la hora de los diálogos con las FARC.

Primeros acercamientos (mayo – diciembre de 2002)

Desde la elección del presidente Álvaro Uribe en mayo de 2002, las AUC ponen de manifiesto su intención de llevar a cabo un proceso de negociación con dicho gobierno. En otras palabras, este grupo, a partir de gestos de paz como la promesa de acabar con hostigamientos a los alcaldes o la propuesta de alejarse del narcotráfico, en tanto recurso financiador de la guerra que libran, logró propiciar diálogos con el gobierno. No hubo necesidad de un tercero ni nacional ni internacional que se encargara de crear el espacio para los encuentros, de un explorador o un convocante capaz de reunir a las partes. Las AUC vieron en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y en el Congreso elegido en el 2002, tal y como se dijo anteriormente, una “ventana de oportunidad” no solo por las coincidencias ideológicas sino a su vez por la posibilidad de desmovilizarse con un marco legal blando que les permitiera obtener beneficios penales con un amplio margen de impunidad.

La injerencia de algunos actores internacionales no se hizo esperar, sin haber emprendido la prenegociación aun, Venezuela señala la presencia de una organización célula de las AUC en dicho país, las Autodefensas Unidas de Venezuela (AUV) que pretenden asesinar a Chávez. Se percibe la intención del

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gobierno vecino desde muy temprano, quien entre otras cosas se considera de izquierda, revolucionario, populista y no esconde sus simpatías con las FARC, de deslegitimar, en el ámbito internacional, a las AUC como interlocutor válido para llevar a cabo un proceso de diálogo.

Por su parte, Estados Unidos implementa lo que se podría definir como una “diplomacia con músculos” al pedir en extradición a Salvatore Mancuso, Carlos Castaño y Juan Carlos Sierra por el envío de diecisiete toneladas de cocaína, a pocos meses del inicio de los acercamientos. Si bien a primera vista, se puede pensar que los requerimientos de extradición podrían cerrar toda posibilidad de incursionar en un proceso de esta índole con las AUC, una mirada más profunda nos muestra que los estadounidenses plantean una posición ambivalente puesto que no existe una política de estado sino que cada agente del gobierno toma posición según sus intereses particulares. La extradición se percibe como la espada de Damocles que pende como una amenaza sobre los líderes de las AUC que no se adentren en el proceso.

EEUU, por tanto, bajo la aplicación de su estrategia “Multi-Track”, donde dista de tener una posición monolítica y coherente, incentiva que al interior de las diferentes agencias gubernamentales se mantengan posiciones distintas. En particular, el gobierno norteamericano, a través de Anne Patterson, su embajadora en Colombia para ese momento, se mostró dispuesta a avalar todo proceso de negociación que se emprenda con el grupo en cuestión así como por medio de Otto Reich, subsecretario de Estado para el hemisferio occidental. La divergencia de opiniones se hace más grave aun con la diplomacia paralela pues la presión ejercida por la HRW en función de las extradiciones es de resaltar, más aun con la continua oposición de José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de HRW. Esta levanta la salvaguardia de la Corte Penal Internacional para avalar extradiciones de guerrilleros y paramilitares culpables de delitos de lesa humanidad.

Por otra parte, a lo largo de este período, las AUC hacen un llamado a la Iglesia Católica a acompañar el proceso, proponiéndola como mediadora entre las partes y brindándole un margen de legitimidad al compromiso a emprender.

Consiguientemente, envían un comunicado denominado “Declaración para la paz de Colombia” a Álvaro Uribe Vélez y al Cardenal Pedro Rubiano Saénz, planteando la voluntad de entrar en un proceso de paz con el Gobierno actual, bajo el acompañamiento de la Iglesia, la veeduría de la OEA, la ONU y la Comunidad Internacional. En este mismo anuncian el cese de hostilidades unilateral nacional a partir del 1 de diciembre de 2002.

Bajo este marco, el Congreso de la República aprueba el proyecto de ley que prorroga durante cuatro años la ley 548 de 1999, que le brinda las facultades al presidente para dar inicio a procesos de paz con grupos al margen de la ley a los cuales no se les haya concedido status político. Por tanto el 23 de diciembre de 2002, mediante la Resolución 185 de 2002, se decreta la conformación de una comisión exploratoria de paz con el fin de propiciar los acuerdos entre el gobierno y las AUC. Sin embargo, no se aprueba un plan concreto para negociar

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