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3. LA SITUACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO DE LOS RESGUARDOS NULPE

3.1. Aspectos Generales

El Desplazamiento Forzado de las comunidades indígenas111 a casusa del conflicto armado112,

ha sido para la corte un tema prioritario en el marco de la superación del ECI declarado en sentencia T-025 de 2004, debido a la grave situación que están padeciendo. Entre ellas, el

exterminio113 por casusas relacionadas con el narcotráfico, esta práctica ha sido la principal causa

del desplazamiento de los indígenas a nivel nacional. Todos los que han tomado parte en este conflicto armado, principalmente los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares pero también, en ocasiones, unidades y miembros claramente identificados de la Fuerza Pública, así como grupos delincuenciales vinculados a distintos aspectos del conflicto interno participan de un complejo patrón bélico que, al haberse introducido por la fuerza de las armas dentro de los

111Según estimaciones de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las comunidades indígenas en el territorio nacional representan el 3,36% de la población, siendo el departamento de la Guajira, el que más población indígena alberga seguido de Cauca y Nariño. Con ocasión al censo poblacional del año 2005, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indicó que existen 93 pueblos indígenas (PI) en Colombia, mientras que para la ONIC esta cifra se incrementa a 102 comunidades nativas distribuidas en 710 resguardos en 27 departamentos. A la luz del conflicto armado interno en Colombia el cual se ha desarrollado desde principios de la década de los años 60, una de las problemáticas que más padecen los PI es el desplazamiento forzado. Este fenómeno ha afectado desde el año 1985 a 115.000 indígenas (Especial Proyecto Víctimas Revista Semana, 2013), una situación que se ha agudizado por las distintas formas de violencia1 ejercidas y dentro de las cuales, se han utilizado diversos métodos de guerra que trasgreden la dignidad y la pervivencia de estas comunidades.

Para el año 2011, se registró el desplazamiento de 4.080 nativos, un patrón que se observa con preocupación ya que agudiza las condiciones de pobreza estructural de la población indígena la cual, en la actualidad, está subsumida en extremas condiciones de precariedad. Ejemplo de ello, es el registro de algunas cifras, entre ellas, el 47,6% que corresponde a la población que está por debajo de la línea de miseria y el 70% que corresponde a la situación de desnutrición crónica que sufren los niños y las niñas. Esto sin mencionar, los numerosos casos de muerte por hambre en situaciones particulares como las que corresponde a los indígenas asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta, Vichada, Guaviare y La Guajira (ONIC, 2013). De acuerdo a estimaciones registradas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el Informe de Gestión emitido por este organismo en el año 2012, los principales departamentos expulsores fueron: Cauca, Nariño y Putumayo. En estas zonas geográficas, los municipios en los que se generaron más desplazamientos a nivel individual fueron Tumaco en Nariño, Puerto Asís en Putumayo y Argelia en Cauca. De otra parte, los municipios donde el CICR atendió más desplazamientos masivos fueron Ricaurte (Nariño) y Argelia, Morales, Toribio, Miranda y Caloto en el departamento del Cauca. Aunado a lo anterior, otro factor preocupante es el número de homicidios que desde 1985 hasta la fecha se ha registrado sobre los PI, con un total de 2.628 indígenas asesinados. Siendo las etnias Nasa (675), Embera (478), Kankuamos (283) y Awá (193) para el año 2009, las más estigmatizadas dentro del conflicto armado interno; lo que refleja una dinámica en la cual los indígenas en Colombia han sido profundamente afectados en razón a posiciones como la neutralidad que manifiestan frente al conflicto interno, así como por la importancia geoestratégica que constituyen algunos de sus territorios.

112 La Corte lo ha dicho en el Auto 004 de 2009, el conflicto armado colombiano amenaza con el exterminio

cultural o físico a numerosos pueblos indígenas del país.

113113 desde el punto de vista cultural en razón al desplazamiento y dispersión de sus miembros como desde el

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territorios ancestrales de algunos de los pueblos indígenas que habitan el país, se ha transformado en un peligro cierto e inminente para su existencia misma, para sus procesos individuales de consolidación étnica y cultural, y para el goce efectivo de los derechos fundamentales individuales y colectivos de sus miembros.

La Corte Constitucional en el marco de la superación del ECI no deja duda alguna sobre la forma cruel y sistemática en la que los pueblos indígenas de Colombia han sido victimizados por un conflicto al cual son completamente ajenos y ante el cual se han declarado, de manera repetida, autónomos y neutrales, clamando a los grupos armados ilegales que respeten sus vidas, su integridad colectiva y sus territorios. Pero esta situación no ha sido reconocida aún en sus reales dimensiones, por las autoridades encargadas de preservar y proteger a los pueblos indígenas del país. Mientras que numerosos grupos indígenas son atacados, desplazados y desintegrados en todo el territorio nacional por los actores armados que operan en Colombia. Esta contradicción entre la realidad y la representación generalizada de dicha realidad ha sorprendido a la Corte Constitucional, no sólo por su crueldad inherente, sino por revelar una actitud de indiferencia generalizada ante el horror que las comunidades indígenas del país han debido soportar en los últimos años indiferencia que en sí misma es un menosprecio de los postulados constitucionales básicos que nos rigen como Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la diversidad étnica y cultural.

Es indispensable reconocer, además, el efecto acumulativo de los daños y traumas individuales y colectivos derivados del conflicto armado y de la ocurrencia desplazamientos forzados previos; este efecto acumulativo, además de dañar el tejido social, genera a la larga sentimientos bien documentados de escepticismo y rabia contra el Estado por la atención indigna o inexistente que éste ha provisto, por el incumplimiento de compromisos, y porque en no pocos casos, los desplazamientos son causados por factores en los que el Estado ha jugado un rol visible. La superposición de estos elementos ha llevado razonablemente a múltiples grupos indígenas a percibir la situación como una estrategia generalizada de desterritorialización o apropiación de sus territorios, con el aval del Estado.

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