Código Europeo de Derecho Común de los Contratos

In document La responsabilidad precontractual en la legislación ecuatoriana (página 40-45)

1.4. Ámbito y dominio de aplicación de la Responsabilidad

1.4.3. Negocios Internacionales

1.4.3.3. Código Europeo de Derecho Común de los Contratos

Contratos (Comisión Lando) (PECL)

Para iniciar debemos decir que la Comisión de Derecho Contractual europeo se conforma por un grupo de profesores de distintos países de la Comunidad Europea y se caracteriza por que dichos profesores no representan a ningún Estado u organismo; lo dicho importa no

sólo por la fuerza vinculante de sus trabajos sino también por la imparcialidad con la que se manejan.

El principal objetivo de la Comisión era identificar un conjunto de principios comunes constantes en los distintos ordenamientos jurídicos europeos con el fin de promover la unificación; dicho en otras palabras lo que busca la Comisión no es la elaboración de un código sino más bien la unificación jurídica pero nacida desde el derecho interno de los países, por lo que el código debe ser visto como un medio y un parámetro de unificación y no como un intento de legislación supranacional.

La sección tercera lleva el título de “Responsabilidad en el ámbito de las tratativas” y se compone de los artículos 2301 y 2302. El primero de estos se refiere a las tratativas contrarias a la buena fe, en tanto que el segundo trata de la violación del secreto.

El art. 2301, en su primer parágrafo establece el principio de que las partes son libres de negociar y no pueden incurrir en responsabilidad por el solo hecho de no llegar a un acuerdo. La libertad de negociar también incluye la de no negociar. El segundo parágrafo señala que la parte que hubiera roto las negociaciones en forma contraria a la buena fe y a la lealtad, es responsable de las pérdidas causadas a la otra parte. En tanto que el tercer parágrafo establece que es contrario a la buena fe y a la lealtad, en particular, que una de las partes inicie o continúe negociaciones sin intención real de alcanzar un acuerdo con la otra; aquí se prevé dos supuestos cuando una parte prosiga las tratativas sin existir una real intención de llegar a un acuerdo, y el caso de la continuación de las negociaciones a sabiendas de que no se celebrará el contrato.

El art. 2302 señala que cuando una parte divulga informaciones confidenciales durante las tratativas, la otra se encuentra obligada a no divulgarla y a no utilizarla para sus propios fines, independientemente del hecho de que se llegue o no a la conclusión del contrato. La violación de esta obligación puede dar derecho al resarcimiento del daño y a la restitución del provecho.

Nótese que esta norma es bastante parecida al Principio del Art. 2.1.16 de la UNIDROIT, respecto del cual ya expresamos nuestra opinión. Pese a ello me remitiré a la explicación que da Luis Diéz-Picaso:

“Los PECL parten en este punto de que no existe un deber general de confidencialidad y que ninguna de las partes que negocian un contrato tiene, con carácter general, el deber de tratar la información que reciben durante las negociaciones como confidencial. Por consiguiente, es preciso que el carácter confidencial de la información resulte expresamente de las declaraciones de quien así la considera, o que resulte implícita o tácitamente de las circunstancias. Ello permite establecer la distinción entre información confidencial e información no confidencial, teniendo presente siempre que la regla general está a favor de esta última”40

Como hemos venido diciendo, toda violación a los principios de buena fe y de no divulgación de informaciones confidenciales, tiene una consecuencia jurídica, que es la colocación de la parte afectada en la posición de reclamar los daños causados. La discusión se centra en los alcances de esa indemnización, y existe algunos que se inclinan por la teoría del interés negativo o del interés positivo. En lo que respecta a la ruptura del deber de confidencialidad contenido en el artículo que se analiza, me remitiré nuevamente a la explicación de Luis Diez Picaso:

“(…) no se resarce sólo el daño al interés negativo, pues la revelación a tercero o la utilización en beneficio propio da lugar a unos daños adicionales e incluso a un enriquecimiento injustificado, que no quedaría cubierto por la susodicha regla del interés negativo. Por ello el art. 2302, PECL, establece un resarcimiento integral y una regla de restitución de beneficios que parece asimilable a la restitución de los enriquecimientos injustificados”.41

1.4.3.4. Sentencia Tacconi expedida por el Tribunal de

Justicia de la Comunidad Europea

En el caso planteado se enfrentaban una compañía italiana (Tacconi) contra una compañía alemana (HWS); en este caso se expidió la famosa sentencia denominada “Taconni”42.

      

40

Tomado de Los Principios del derecho europeo de los contratos, Civitas, Madrid, 2003, p.199.

41

Los principios, cit.p.200.

42

STJCE de 17 de septiembre de 2002, As. C- 334/00, Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA c. Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS). Sobre esta decisión vid. M. Requejo Isidro, REDI, 2002, vol. LIV, pp. 878-881; A. Huet, Journ. dr. int., 2003, pp. 668-671; P. Mankowski, “Die Qualifikation

Ambas partes se encontraban negociando la adquisición por la primera de una fundidora automática fabricada por la segunda. El contrato se articularía mediante una operación de leasing en la que sería la sociedad B.N. Comercio e Finanza SpA (BN) la que adquiriría de HWS la fundidora para cedérsela a Tacconi. De acuerdo con las alegaciones del demandante en el proceso original (Tacconi), el contrato de arrendamiento financiero entre Tacconi y BN ya se había celebrado, con el consentimiento de HWS, cuando ésta última se negó injustificadamente a la venta. La reclamación contra HWS se fundamentaba, por tanto, en la ruptura injustificada de negociaciones, supuesto típico y, como hemos visto, paradigmático de la culpa in contrahendo.

La intervención del Tribunal de Luxemburgo en el caso se hizo precisa para determinar si en el supuesto planteado podían utilizarse los criterios de competencia judicial incluidos en los apartados 1 y 3 del art. 5 del Convenio de Bruselas (materia contractual y delictual o cuasidelictual, respectivamente). La cuestión resultaba relevante, ya que la competencia de los tribunales italianos, ante los que se había planteado la demanda, no podía derivarse del foro general del domicilio del demandado, toda vez que la empresa demandada se encontraba domiciliada en Alemania. Tacconi mantenía que la reclamación planteada debía ser calificada como delictual, mientras que HWS sostenía que no era adecuado calificarla ni como contractual ni como delictual, por lo que solamente cabía utilizar el foro general del domicilio del demandado.

El TJCE concluyó que en el supuesto planteado no nos encontrábamos ante un compromiso libremente asumido por HWS frente a Tacconi por lo que la acción iniciada no podía incardinarse en el art. 5.1 del Convenio de Bruselas. Sí podía, en cambio, ser considerada como una demanda en materia delictual, ya que se reclamaba la responsabilidad derivada del incumplimiento de normas jurídicas, en concreto, aquéllas que establecen la obligación de actuar de buena fe durante las negociaciones previas a un contrato.43

Resulta interesante para nuestro estudio que en el caso Tacconi haya sido calificado como delictual y por ende el supuesto de responsabilidad precontractual fue recalificado como extracontractual, en contraposición a la sentencia denominada “Gabriel”44. Nótese también que en la sentencia se utiliza como factor de atribución a la buena fe, y es justamente la violación de este principio el que da lugar al reclamo de la empresa Tacconi.

       

der culpa in contrahendo. Nagelprobe für den Vertrasgsbegriff des europäischen IZPR und IPR”, IPRax., 2003, año 23, núm. 2, pp. 127-135; P. Franzina, “La responsabilità precontrattuale nello spazio giudiziario europeo”, Riv. dir. int., 2003, vol. LXXXVI, núm. 3, pp. 714-745.

43

ARENAS, R., La regulación de responsabilidad precontractual en el Reglamento Roma II, Revista para el análisis del derecho, Barcelona, 2008. 

44 STJCE de 11 de julio de 2002, As. C-96/00,

Rudolf Gabriel. Vid. A. Font i Segura, AEDIPr., 2004, t. IV, pp. 886-889; L. García Gutiérrez, REDI, 2002, vol. LIV, núm. 2, pp. 871-876.

CAPÍTULO II.-

2. NATURALEZA JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD

PRECONTRACTUAL

A lo largo de este capítulo abordaremos la naturaleza jurídica de la responsabilidad precontractual, por lo que se hace necesario definir qué entendemos por naturaleza jurídica. Al hablar de naturaleza jurídica nos estamos refiriendo a la esencia o fundamento que da sustancia a una institución, teoría, doctrina, etc.

La doctrina ha centrado su discusión, principalmente, en saber si la responsabilidad precontractual debe seguir las reglas de la responsabilidad contractual, o por el contrario, si debe guiarse por las reglas extracontractuales. Dentro de las posturas que dotan de naturaleza extracontractual a la responsabilidad contractual, encontramos corrientes que buscan fundamento en la teoría del abuso del derecho, o de la declaración unilateral de voluntad, o incluso un fundamento en la Ley.

Es importante señalar que, siguiendo lo manifestado por Gonzalo Sozzo, el análisis de las tesis sobre la naturaleza jurídica está condicionado por el contexto que proporciona cada ordenamiento jurídico, ya que por ejemplo los autores Alemanes ubicaron a la teoría dentro del ámbito de la responsabilidad contractual por una razón práctica, ya que su sistema jurídico, y específicamente el BGB no permitía ubicar a la responsabilidad precontractual dentro de los casos previsto para la responsabilidad extracontractual.

A título de ejemplo, en Alemania el predominio de las posturas contractuales obedece a la inexistencia de una cláusula normativa general que consagra la responsabilidad por hechos ilícitos, mientras que sí cuentan con una en materia obligacional. 45

Es necesario aclarar que, conforme al análisis hecho por Gonzalo Sozzo, los fundamentos no son el verdadero criterio para agrupar las diversas tesis (en contractuales, extrancontractuales, etc.), ya que por ejemplo hay autores que han manifestado que la responsabilidad precontractual encuentra su campo de posición en el ámbito

      

45

BENATTI, Francesco, Responsabilita precontrattuale, Cit. explica esta problemática del derecho alemán en detalle, págs.. 125 – 126.

extracontractual, mientras que el fundamento para atribuir responsabilidad la han atribuido la noción de culpabilidad. En contraposición, Ihering se inclina por ubicar a la tesis estudiada dentro del ámbito contractual, pero también recurre a la noción de culpa, elemento este último que también caracteriza a lo extracontractual.

En verdad, cuando se distingue entre tesis contractuales, extracontractuales, etc. no se está trazando una diferenciación teniendo como parámetro los distintos fundamentos, entendiendo por éstos la razón de ser o el motivo por el cual se debe obligar a una determinada persona a indemnizar, que se asignan a esta especie de responsabilidad, sino que tendremos en cuenta que sector del campo de la responsabilidad se la emplaza.46

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