101. Como queda dicho, la Constitución de Namibia es, según los términos del artículo 1 6), "la Ley suprema de Namibia". La Constitución establece la República de Namibia "como Estado soberano, laico, democrático y unitario, basado en los principios de la democracia, el imperio del derecho y la justicia para todos" (art. 1 1)). Según la Constitución, "el pueblo de Namibia estará investido de todo el poder y ejercerá su soberanía por conducto de las instituciones democráticas del Estado" (art. 1 2)) cuyos poderes principales se definen en el párrafo 3 del artículo 1, a saber, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial.
Carácter inmutable de los derechos humanos y las libertades fundamentales
102. En general, la Constitución limita el poder del Gobierno ya que declara ilegal toda acción arbitraria del Gobierno que no sea conforme a la Constitución. En particular, la Carta de Derechos es un marco jurídico para la promoción y la protección de los derechos humanos. Todos los derechos del país, es decir, el common law, el derecho consuetudinario, el derecho internacional y el derecho legislado deberían ser conformes a la Constitución para ser válidos y aplicables.
103. Si bien en el ordenamiento jurídico colonial la pregunta determinante que solían formular los tribunales y las cortes para evaluar la legalidad de actuación del ejecutivo era "¿cuál es la ley o la intención legislativa de la norma?", el nuevo marco jurídico, orientado a los derechos humanos y previsto en la Constitución, nos obliga a formular la pregunta de otra forma bastante diferente, a saber, ¿es compatible la ley con la Constitución de Namibia en general y con la Carta de Derechos en particular? Ésta es la diferencia fundamental entre el ordenamiento jurídico opresivo de antes y el nuevo marco jurídico orientado hacia los derechos humanos. Desde la independencia, los derechos humanos y las libertades fundamentales del individuo han ocupado un lugar destacado en el ordenamiento jurídico. Esos derechos y libertades están consagrados en la Carta de Derechos así como en el capítulo 3 de la Constitución. Según el artículo 5, no sólo se harán valer ante las personas físicas sino también ante todos los órganos del Gobierno, en
particular el poder legislativo y el poder ejecutivo.
104. El principal objetivo de la Carta de Derechos es, por consiguiente, garantizar que la impunidad no quebrante los derechos y las libertades consagrados en la Constitución. A ese
respecto, toda persona que denuncie violaciones de derechos humanos puede buscar remedio en las instancias judiciales o cuasijudiciales, como la Oficina del Defensor del Pueblo, etc.
105. Si estudiamos detenidamente las libertades y los derechos protegidos por la Constitución de Namibia observamos que van mucho más allá de los derechos y libertades convencionales, no solamente en África sino también en todo el mundo. Los ejemplos que figuran a continuación bastarán para ilustrar este punto:
a) La detención indefinida está totalmente prohibida por la Constitución de Namibia, lo que significa que todos los detenidos serán llevados ante un tribunal en el plazo de 48 horas. Tan noble principio y tan ideal situación deberían acogerse con agrado pero el Gobierno de Namibia no puede cumplir plenamente esa obligación
constitucional por falta de recursos. Así, se dan casos en los que no se ha respetado la norma de las 48 horas. Ello presupone que deben movilizarse los recursos
humanos y financieros necesarios para solucionar el problema. Es necesario formar a un mayor número de magistrados, fiscales, policías, intérpretes judiciales y, sobre todo, ampliar los tribunales de magistrados, los centros de detención y el transporte. A pesar de esas restricciones, en la mayoría de casos el Gobierno ha logrado respetar la norma constitucional de las 48 horas. Sin embargo, la Constitución de la
República de Namibia excluye la aplicación de la norma de las 48 horas en el párrafo 4 del artículo 11 respecto de los inmigrantes ilegales mantenidos bajo custodia en virtud de la Ley sobre el control de la inmigración Nº 7 de 1993. 106. En Namibia se ha abolido la pena de muerte. En dicho país se ha mantenido un intenso debate sobre la introducción de dicha pena. Las estadísticas publicadas después de la
independencia indican que los delitos no aumentaron con la abolición de la pena de muerte. La abolición de dicha pena es una de las disposiciones más progresistas de la Constitución. Namibia es uno de los pocos países del mundo que han abolido totalmente la pena de muerte. 107. La adopción de medidas positivas en favor de la mujer y de la mayoría desfavorecida representa un reconocimiento único y significativo de los errores del pasado. Histórica y
tradicionalmente las mujeres de Namibia han estado discriminadas y el Gobierno presta especial atención a ese problema. Hasta la fecha, algunos trabajadores todavía están discriminados en el lugar de trabajo. Algunos productores agrícolas todavía contratan a trabajadores en condiciones de esclavitud. El Gobierno está haciendo frente a todas esas condiciones adversas. Además, la Constitución aborda la difícil situación de los niños y de otros grupos vulnerables.
108. En el párrafo 3 del artículo 24 de la Constitución figura una lista de derechos y libertades que no se pueden suprimir ni suspender por ningún motivo y en ninguna circunstancia, ni siquiera en los estados de excepción, por ejemplo, la detención sin juicio y sin acceso a
asistencia letrada. El arraigamiento de la libertad de asociación en la Constitución es profundo, con la consiguiente garantía de una democracia multipartidista.
109. Además de las libertades fundamentales descritas supra, el artículo 18 de la Constitución trata de los principios de justicia administrativa. Dicho artículo estipula que:
a) Los órganos y los funcionarios administrativos actuarán en forma justa y razonable y cumplirán las prescripciones que les hayan sido impuestas y toda persona agraviada
en virtud del ejercicio de un acto o decisión administrativa tendrá el derecho de recurrir a un tribunal competente para obtener reparación.
b) Quienes aduzcan que un derecho o libertad fundamental garantizado por la presente Constitución ha sido objeto de transgresión o amenaza podrán pedir a un tribunal competente que haga valer o proteja ese derecho o libertad y pedir al Defensor del Pueblo que les proporcione la asistencia o el asesoramiento jurídico que necesiten; el Defensor del Pueblo tendrá en ese caso la facultad discrecional de proporcionar la asistencia letrada o de otra índole que considere procedente y facilitará esas recomendaciones al Parlamento o recomendará el enjuiciamiento a la oficina de la Fiscalía o del Fiscal General.
c) Las atribuciones del tribunal en estos casos incluirán la de conceder, cuando lo considere procedente en un caso determinado, una indemnización en dinero por los daños o perjuicios sufridos por la víctima como consecuencia de la denegación o transgresión ilegítimas de sus derechos y libertades fundamentales.
d) Los tribunales administrativos se rigen por las disposiciones del inciso a) del párrafo 1 del artículo 12 de la Constitución de Namibia que exige que, a los efectos de la determinación de esos derechos y obligaciones civiles, "toda persona tendrá derecho a una audiencia pública y justa por un tribunal independiente, imparcial y competente establecido por la ley. Djama c. el Gobierno de la República de Namibia20 es un caso en el que el tribunal excluyó la detención y la deportación de un inmigrante basándose en que en el derecho de Namibia no existía ningún tribunal de deportación que pudiera autorizar la deportación de un inmigrante con arreglo al párrafo 4 del artículo 11 de la Constitución de Namibia."
Legalidad
110. La Constitución de Namibia se basa en el imperio de la ley. El derecho administrativo es un campo en el que el imperio de la ley es especialmente pertinente. Cada acto administrativo que afecta a los derechos, deberes o libertad de las personas debe estar autorizado por la ley, y la acción en cuestión debe cumplir las prescripciones del common law o la legislación pertinente. Toda decisión adoptada por una autoridad administrativa que no esté autorizada por ley es
ultra-vires y nula. La decisión más reciente del Tribunal Superior de Namibia es la del caso Skeleton Coast Safaris c. Olympia Reisen21 que ilustra la aplicación de los principios de
legalidad.
111. El Tribunal consideró que la Junta de Licitaciones no estaba autorizada por su reglamento interno a otorgar la concesión que solicitaba el demandado y dejó sin efecto la decisión de la Junta de Licitaciones de conceder la licitación a Olympia Reisen argumentando que la concesión de la licitación era ultra-vires. El Tribunal consideró que la autoridad para otorgar la concesión correspondía al Gobierno en virtud de la Ley de conservación de la naturaleza. Por consiguiente, la decisión de la Junta de Licitaciones se consideró nula y sin valor.
Derecho natural
112. Durante muchos años los tribunales de Inglaterra y de otras partes del mundo han fomentado los principios del derecho natural para velar por la justicia y la equidad. Dichos principios están destinados a garantizar que las decisiones de los órganos administrativos y de los individuos sean justas, razonables y respeten las normas del derecho natural.
113. Las normas velan por que exista una relación de justicia e imparcialidad entre el Estado y el individuo. Están diseñadas para establecer un equilibrio entre la protección de los derechos procesales de un individuo afectado y la salvaguardia de la eficacia administrativa en la reglamentación de un Estado moderno. La importancia fundamental del derecho natural fue destacada por Lord Reid en la decisión de referencia de la Cámara de los Lores en el caso
Ridge c. Baldwin [1964] A.C.4022. Habida cuenta de ese precedente, los casos similares surgidos en Namibia han seguido el principio mencionado.
114. Así pues, la función de las instituciones judiciales y cuasijudiciales de Namibia en la promoción y protección de los derechos humanos puede verse a la luz de la nueva cultura que se desarrolló en Namibia después de la independencia. Además, supongamos, por ejemplo, que una persona denuncia que el acto realizado por un funcionario de inmigración de acuerdo con una disposición de la Ley de control de la inmigración Nº 7 de 1993, viola sus derechos humanos: esa persona puede interponer una demanda ante un tribunal para determinar si el acto realizado por el funcionario de inmigración es justo o razonable. La persona agraviada puede acogerse al artículo 18 de la Constitución de Namibia.
115. La Constitución reconoce el papel de los tribunales en la aplicación de la Carta de
Derechos, de modo que toda persona que denuncie la violación real o potencial de los derechos que la Constitución le garantiza tiene derecho a llevar el caso ante los tribunales. Además de los tribunales, existen una serie de instituciones estatales que se crearon con el fin de mejorar la protección y promoción de los derechos humanos en Namibia. Entre éstas destacan la Oficina del Defensor del Pueblo y la Dirección de Asistencia Letrada.
MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL, REGIONAL Y MUNICIPAL