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39concentran la mayoría de los servicios y se han transformado en grandes transnacionales del sector), que tienen

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cerca de 5.000 contratos de agua (72%) y 4.000 de saneamiento (55%). Las tres multinacionales que concentran los contratos han desarrollado economías de escala en materia de capacidades técnicas y economías de alcance al prestar también servicios de recolección domiciliaria de basura y transporte urbano (Vergés, 2009). Es importante tener presente que la delegación no implica la transferencia de activos, ya que éstos siguen siendo propiedad de la municipalidad, aún cuando estén financiados por el operador privado, y que para ayudarlos a financiar inversiones en infraestructura, los municipios se benefician de subsidios, préstamos concesionarios y otras transferencias de las Agencias del Agua y los Departamentos.

Por ello, el Estado central sólo actúa como un organizador general, responsable de la política y control de recursos hídricos y de la política y control de la calidad sanitaria del agua potable. Cabe destacar, por último, que la elabo- ración de normas contables y principios financieros generales es de cumplimiento obligatorio por los gobiernos municipales (Vergés,2010).

El financiamiento se basa en que los consumidores se hacen cargo de la mayoría de los costos derivados de inversio- nes y operación de la planta que los abastecerá a través de las facturas por la prestación del servicio. La captación de los fondos se encuentra a cargo de una de las seis agencias creadas para gestionar el uso del recurso, las cuales son de carácter público y buscan equilibrar el desarrollo económico con el cuidado del medio ambiente.

Como los tres grandes operadores privados multinacionales por lo general tienen sólo contratos de arrendamiento, sin responsabilidad (por lo menos formal) respecto de las inversiones ni su financiamiento, la asimetría de informa- ción y de poder económico a su favor es muy grande. En muchos casos, los operadores privados son los únicos que realmente conocen el estado de los servicios, por lo cual no sólo suelen indicar a los municipios qué inversiones se deben hacer, sino que también son sus propias filiales industriales las que finalmente se encargan de las mismas. En cuanto a la influencia del modelo francés, ésta se observa por ejemplo en Colombia, Guatemala, Honduras, México y Perú, países que optaron por el manejo descentralizado a nivel municipal, y han intentado introducir com- petencia y atraer participación del sector privado mediante procesos de licitación y contratos de concesión, como se hizo en los años ‘90 en Argentina.

En Inglaterra, los servicios de redes domiciliarias son considerados un servicio más desde su privatización. Luego del período en que fueron gestionado por los municipios, éstos se encuentran a cargo del sector privado, y las empresas pueden cambiar de manos sin otra limitación que la de la concertación de las acciones en los grupos económicos. Una característica relevante de este modelo es que brinda grandes posibilidades de aprovechar las economías de escala. En la gran mayoría de los casos los servicios están integrados verticalmente y su organización en el territorio sigue la lógica de las cuencas hidráulicas. En nuestra región, es posible reconocer la influencia del modelo inglés en Chile, tanto en la estructura industrial del sector como en su marco regulatorio, ocurriendo una similar situación también en otros países.

Italia, a principios de los ‘90 estaba distribuida en 8.200 municipios y 14.500 prestadores, en su mayoría munici- pales. El sector estaba muy atrasado en materia de inversiones; las empresas tenían disociadas sus tarifas de los costos y los niveles de atomización de la industria eran extremos. El objetivo de las reformas de 1994 fue la intro- ducción de un sistema de administración nacional para los servicios, el abandono de la fragmentación, la búsqueda de escalas eficientes de prestación y la consecuente separación de las tareas de provisión de las de planeamiento y control. Se impusieron reagrupamientos de prestación sobre la base de parámetros técnicos uniformes y la posibilidad de acceder a recursos concesionarios de la Unión Europea. Cada región político-administrativa debía definir en su interior un número limitado de Ámbitos Territoriales Óptimos (ATO) sobre la base de suprimir las fragmentaciones territoriales existentes, procurar el respeto a la unidad de cuencas o subcuencas hidráulicas y la

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búsqueda de un tamaño suficiente de cada área en términos demográficos, administrativos y técnicos, con un úni- co prestador. La operación podía ser pública directa o por terceros mediante contratos de asignación de servicios con un modelo tipo, definido por leyes regionales. De esta manera, se consiguió la creación de 92 ATO con menos de 100 prestadores. Se concedieron derechos de voto a cada municipio sobre base demográfica, la reforma atrajo inversiones a partir de subsidios europeos y financiaciones del Banco Europeo de Desarrollo y la gestión de la de- manda se mejoró sobre la base de tarifas en bloques crecientes.

En los Países Bajos, la provisión de agua comenzó a partir de empresas bajo administración privada, que luego fueron reemplazadas por empresas municipales, las cuales fueron la forma dominante entre 1920 y 1975. Ese año, gracias a una ley nacional, se produjo una reorganización que ordenó la provisión mediante empresas públicas de responsabilidad limitada. Mientras en 1938 había 231 prestadores, de los cuales 155 eran municipales, el número fue decreciendo, y se llegó a 40 en 1994. La segunda ola de fusiones comenzó en 1996, con el argumento de que había economías de escala por capturar, y que la mayor escala de operaciones permitiría a los propietarios mayor especialización y por ende mejor supervisión (gobierno corporativo la mayor escala también permitiría cumplir con estándares ambientales y las autoridades promoverían, por una cuestión de coherencia de política, un prestador por provincia (hay doce en los Países Bajos). En 1997, la asociación de prestadores comenzó un proceso voluntario

de benchmarking para aumentar la eficiencia y eficacia del sector. Ya para 2007, el sistema convergió a 10 presta-

dores (De Witte y Dijkgraaf, 2007).

En ninguno de los países europeos analizados la atención a los grupos de bajos ingresos es considerada responsa- bilidad de los prestadores, ni existen sistemas de tarifas sociales o de bloques crecientes, como en muchos países de América Latina. Desde hace más de medio siglo, las viviendas nuevas cuentan con conexión a las redes de agua potable y alcantarillado por disposición legal. La desconexión por no pago es muy difícil y afecta a menos del 0,1% de los hogares. En Alemania, y a una escala menor en Francia, existen políticas sociales destinadas a ayudar a los desempleados y a otros grupos carenciados a cubrir los costos de vivienda, incluyendo la energía y los servicios de agua potable y alcantarillado.

En EE.UU. la provisión es local, con escasa supervisión del gobierno federal, que se limita a los estándares ambien- tales y a funciones de financiación. Históricamente hubo proveedores importantes en varias ciudades grandes del Este. Cuando crecieron, los servicios de agua se tornaron una función clave del gobierno local. Un cambio legisla- tivo luego de la Primera Guerra Mundial introdujo la exención de los pagos de intereses sobre bonos municipales del impuesto federal a la renta, lo que permitió que los municipios pudieran emitir deuda para financiar obras a bajas tasas de interés. Hoy existen 54 mil prestadores, la gran mayoría de los cuales sirven a pequeñas poblaciones. Menos del 1% de los sistemas proveen a más de 100 mil personas cada uno. Por esa razón, la mayoría de las pres- tadoras no alcanzan economías de escala necesarias para mejorar su desempeño (Hayward, 2006). Los servicios privados son solamente el 14% de los sistemas de agua y en saneamiento el porcentaje es menor. Las ciudades grandes reciben normalmente los servicios de los municipios, en tanto que los prestadores privados abastecen a pequeños centros poblados. Ninguna ciudad grande ha vendido su prestador al sector privado, aunque comunida- des pequeñas sí lo han hecho (OECD, 2004). En algunos estados se alienta a agrupaciones de prestadores a hacer frente a los costos que implican las regulaciones ambientales sobre los cuales dudosamente la escala óptima se logre al nivel local (Environment Protection Agency, 2007). Si bien es verdad que no se aprovechan las economías de escala, esto está compensado por el propio mercado generado por la industria ambiental, a través de altos estándares ambientales.

El acceso a la mejora de abastecimiento de agua y saneamiento en los Estados Unidos es universal. Sin embargo, el acceso a mejores servicios de saneamiento se realiza a través de diferentes tecnologías en función de las circuns-

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