Los consensos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los instrumentos internacionales posteriores, incluido el Protocolo de San Salvador en la región interamericana, legitiman la importancia del ámbito escolar como espacio privilegiado para la formación en derechos humanos. Todos ellos establecen una doble relación: la educación es un derecho que los Estados deben garantizar y, a la vez, un objetivo de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos.
El “ámbito escolar” refiere a un sistema vasto y complejo, que engloba un conjunto de componentes
diversos, todos necesarios y relevantes para el proceso formativo del alumnado. La aparentemente sencilla expresión “escuela” incluye dimensiones y factores tan variados como la normativa y las políticas públicas educacionales; el currículo, en sus diferentes manifestaciones; las herramientas
pedagógicas que utilizan los actores educativos; la acción docente directa; los espacios extracurriculares de acción estudiantil y las estructuras de participación de otros agentes de la comunidad educativa, como los padres y la comunidad, por citar los principales. La marcha y los resultados del proceso educativo no se entienden sin considerar las complementariedades, sinergias y tensiones entre todos esos factores. Es este ecosistema, como totalidad y cada uno de sus componentes, el que debe estar imbuido de la visión, los contenidos y las prácticas de la EDH.
En ediciones anteriores del Informe Interamericano de la EDH se escogió estudiar algunos de los componentes citados a partir de las recomendaciones del equipo interno de investigación del IIDH,
discutidas con las autoridades de la institución. Se identificaron los componentes específicos objeto de
estudio como “dominios de investigación” del Informe. El fundamento para seleccionar cada dominio fue su peso e importancia dentro del sistema escolar considerado en abstracto.
Por el contrario, el foco temático del actual Informe tiene un origen diferente. Fue solicitado expresamente por varios ministerios de educación de la región que son contrapartes del trabajo del IIDH, en especial los involucrados en la iniciativa del Pacto Interamericano por la Educación en Derechos Humanos. Desde estos ministerios llegó la petición de que el Instituto examinara a través de su Informe anual un fenómeno que era objeto de creciente preocupación para las autoridades educativas nacionales: la violencia en las escuelas.
La solicitud representaba una inquietud válida, muy actual, y sin duda alguna relacionada con la vigencia de los derechos humanos en el espacio educativo. Los actos de violencia en las escuelas, cualquiera sea su origen o su grado de severidad, constituyen violaciones de derechos humanos de algún/os actor/es educativo/s contra otro/s. Desde una perspectiva de derechos, siempre deben ser
identificados y denunciados. Pero sobre todo, deben ser prevenidos para evitar que ocurran. Ante
esta petición, se decidió que el X Informe haría un acercamiento al fenómeno de la violencia en el espacio escolar latinoamericano, particularmente la que se desencadena entre los principales actores educativos (entre estudiantes y educadores, y entre estudiantes), lo que con frecuencia se ha dado en llamar violencia intraescolar.
Este es un problema que inquieta hoy a las autoridades educativas de más alto nivel en la región, pues existe la percepción de que los actos violentos han venido creciendo en la última década hasta alcanzar en muchos países proporciones alarmantes. Se habla mucho del tema en artículos de la prensa y en corrillos, pero suele hacerse sin información fehaciente, sobre la sola base de noticias periodísticas relativas a ciertos casos resonantes e informaciones genéricas de dudosa credibilidad que circulan de boca en boca. Hay estudios académicos en la región pero, a excepción de los expertos, son poco conocidos y menos aún utilizados por los actores educativos que más los necesitan: directores de escuela, docentes, estudiantes y padres de familia.
El IIDH considera que es importante recuperar este problema como una cuestión de dignidad y derechos y arrojar luz sobre sus diversas aristas con un claro enfoque de derechos humanos, que evite prejuicios y estereotipos, hipótesis apocalípticas arbitrarias, opiniones sin base cierta y propuestas represivas de “mano dura”. Estas últimas son particularmente peligrosas, no sólo porque
la investigación especializada ha demostrado que son ineficaces5, sino porque tienden a condonar
5 Krauskopf, Dina, Estado del arte de los programas de prevención de la violencia en ámbitos escolares. OPS-GTZ, Lima, 2006; Abad, J.M. y J.A. Gómez, ¡Preparados, listos, ya! Una síntesis de invervenciones efectivas para la prevención de violencia que afecta a adolescentes y jóvenes, OPS-GTZ, Lima, 2008; Rodríguez, Ernesto, “Jóvenes y violencias en las escuelas medias: Aprendizajes y
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o promover la violación de otros tantos derechos humanos en nombre de un “orden” o una “paz”
definidos de manera unilateral por quienes detentan posiciones de poder.
Así pues, el IIDH aceptó el desafío de examinar este problema desde el particular marco teórico y la opción metodológica del Informe Interamericano de la EDH. El propósito general es brindar herramientas a los actores educativos para que puedan sensibilizarse ante el problema, analizarlo con objetividad, actuar para prevenirlo y, si llega el caso, hacerle frente sin perder nunca la perspectiva de derechos humanos y utilizando como estrategia de intervención la EDH.
Con esta óptica, el encuadre teórico-pedagógico debe hacerse invirtiendo los términos: no se trata de que el sistema educativo se plantee como objetivo “combatir la violencia” per se (función propia de las fuerzas policiales y el sistema judicial), sino que se plantee construir y sostener las condiciones que aseguren la buena convivencia y seguridad en los centros y comunidades educativas, metas éstas propias de su función formativa. “Aprender a convivir” es, precisamente, uno de los grandes e
incuestionables fines de la educación6.
La convivencia representa más que la mera coexistencia pacífica entre personas que coinciden en
un espacio físico. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por ejemplo, la explica como
una dinámica social basada en relaciones de confianza y cooperación, en la que todas las personas
se sienten parte de una sociedad, disfrutan de sus derechos humanos y de oportunidades socialmente construidas y expresadas, entre otras, en el Estado, sus normas e instituciones democráticas7.
En el trabajo educativo por enseñar a convivir pueden surgir, y sin duda algunas surgen, manifestaciones de violencia que la escuela debe encarar. Se trata de manifestaciones que la escuela tiene que reconocer y llamar como lo que son –actos de violencia–, sin ambigüedades, porque lo que no se nombra tiende
a volverse invisible y no puede enfrentarse con claridad ni eficacia. Sin embargo, las manifestaciones
de violencia son disrupciones del proceso formativo que más allá de sus causas particulares, a menudo
externas a la escuela, y si no son contenidas muestran las limitaciones e insuficiencias de la institución educativa para gestionar, negociar o transformar constructivamente los conflictos que ocurren en su
espacio y entre sus actores.
En síntesis, reiteramos, la misión institucional de la escuela no es combatir la violencia, pero debe saber reconocer sus manifestaciones y trabajar conscientemente en prevenirlas. Debe ser capaz de
identificar los factores que la favorecen en cuanto elevan las posibilidades de que hechos violentos
ocurran (factores de riesgo), para neutralizarlos; así como aquellos otros factores que disminuyen las posibilidades de ocurrencia de hechos violentos (factores de protección), a fin de fortalecerlos8. Cuando sea necesario, si la realidad la pone directamente frente a episodios de violencia, deberá hacerles frente con herramientas acordes con su naturaleza y función formativa, siempre desde una perspectiva de derechos.
desafíos desde las políticas públicas en América Latina”, Ponencia en el Seminario “Aprendiendo a vivir sin violencia: el desafío de los jóvenes y sus escuelas”, Universidad Pedagógica Nacional, Secretaría de Educación Pública y UNESCO, México DF, junio de 2010.
6 Junto con el “aprender a ser”, “aprender a hacer” y “aprender a aprender”, constituyen los cuatro pilares de la educación planteados por la UNESCO, hoy universalmente aceptados. Ver: La educación encierra un tesoro, Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors. UNESCO, 1996.
7 PNUD, Marco conceptual del segundo Informe sobre Desarrollo Humano. PNUD, San José, Costa Rica, 2007.
8 Sobre factores de riesgo y factores de protección de episodios violentos, véase Ministerio de Educación de la Nación, Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, y Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, Actuar a tiempo. Estrategias educativas para prevenir la violencia. Buenos Aires, Argentina, 2005, págs. 26-27 y 36.