EL PROBLEMA AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEGISLACIÓN NACIONAL
2.8. LOS MUNICIPIOS Y SU RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN AMBIENTAL
2.8.2. COOPERACIÓN DE LOS ESFUERZOS DE LOS ACTORES
La articulación de las instituciones públicas y privadas dentro la comprensión territorial ambiental de las municipalidades es de vital importancia. La integración de los entes conformantes y los múltiples aspectos asociados bajo una misma visión garantizará el éxito de la gestión ambiental. Esta concepción integral de gestión ambiental, ha de tener en consideración, además del gobierno municipal, otros actores sociales y recursos públicos y privados con poder de influir positiva o negativamente en el actuar de una municipalidad. Por ello, siempre será conveniente generar nexos buscando unir esfuerzos, comprometerlos mediante mecanismos de coordinación institucional que permitan cumplir con la gestión ambiental con los estándares exigidos tanto a nivel nacional como internacional.
Para garantizar una buena gestión en un gobierno municipal, consideramos que es inevitable, hoy en día, el contar con el diseño de políticas ambientales elaboradas con la participación de la población local y aledaña. Establecer con ellos los lineamientos inmediatos y estratégicos orientados a la responsabilidad de los funcionarios del municipio, señalando pautas y reglas claras, prioridades, objetivos y metas en el periodo que dure la gestión ambiental para el corto, mediano y largo plazo.
Con esta política ambiental, la gestión ambiental del gobierno local, además, deberá determinar los ámbitos generales y ejes específicos que permitan a los responsables de su implementación adopten decisiones con criterios institucionales y no individuales. Ello evitará las acciones
anárquicas, arbitrarias y las decisiones inorgánicas o personales que puedan generar fracasos y controversias futuras entre los órganos ejecutivos del gobierno local y la sociedad involucrada. Con ello, se procura dotar a la gestión ambiental municipal de una línea divisoria definida de gestión que guarde sintonía con el tiempo futuro y el espacio comprometido. Así, las cosas se harán menos vulnerable a los vaivenes del mandato político y de la gestión de cada alcalde y los funcionarios que lo secundan en el gobierno del municipio.
Por lo explicado, somos del criterio de que las municipalidades cuenten con políticas ambientales propias, pues, se entiende que cada gobierno local es una particularidad dentro el conjunto de problemas ambientales, pero que guarden sintonía con los programas y lineamientos de las políticas públicas nacionales y regionales. En el entorno de los grandes lineamientos, empero, se considerarán, por ejemplo, los principios de prevención ambiental, la internalización de costos ambientales, el acceso a la información y participación de la sociedad.
Otra exigencia de orden, es que todas las propuestas, programas, planes y diseños ambientales debe estar debidamente documentada y ser aprobada por los gobiernos locales, en este caso por la máxima instancia de decisión política de las municipalidades: Consejo Municipal. Solamente de esta forma se le dará validez legal y, al mismo tiempo darle la publicidad debida, conforme lo establecen las normas del sistema jurídico nacional para conocimiento de la comunidad. También es necesario tener en cuenta que
las políticas ambientales municipales deben estar debidamente articuladas con las demás políticas municipales, como son las de planificación territorial y las de naturaleza económica, social y cultural.
Teniendo en cuenta lo explicado, se recomienda establecer evaluaciones permanentes de la ejecución de la gestión ambiental en consideración a los logros y resultados obtenidos con criterios cualitativos y cuantitativos, esto es, por el número de actividades positivas desarrolladas y la calidad de las mismas. Este tipo de indicadores evita que se produzcan distorsiones en la evaluación de toda gestión municipal, propiciando una percepción objetiva de las actividades y metas.
Los recursos económicos, logísticos y recursos humanos sean insuficientes. Esto obliga a que los programas y planes se limiten a resolver problemas prioritarios en consideración a la capacidad de los recursos humanos calificados y recursos materiales logísticos. En este caso, las autoridades ambientales tienen que reajustar lo que consideran prioritario, de lo más importante, frente a lo secundario para optimizar sus acciones y recursos aprovechando lo poco que se tiene para la obtención de resultados eficientes en el ámbito de su jurisdicción.
Las municipalidades contarán expresamente con determinadas acciones a desarrollarse en el corto, mediano y largo plazo, en el ámbito urbano y rural en el espacio del distrito o provincial, según corresponda.
Proponemos los siguientes dos instrumentos básicos para conseguir la cooperación e integración en toda gestión ambiental municipal:
a) Articular un sistema de gestión ambiental municipal
Hoy la norma ambiental exige que las municipalidades cuenten con planes y programas de gestión ambiental en su entorno territorial del gobierno local diseñado a partir de las propuestas políticas ambientales aprobadas por los consejeros del Gobierno Municipal. Este programa deviene en constituirse en el medio legal para articular a todos los actores que asumen responsabilidades en el municipio y establecen un conjunto de procedimientos administrativos protocolares planificadas y para responder a las demandas de la población sobre la materia ambiental y que todas ellas ameritan la actuación municipal. Con ello, todo el programa y el sistema ambiental diseñado deberá planificar y documentar respuestas orgánicas ante los requerimientos ordinarios y extraordinarios que se desarrollan en la municipalidad, como pedidos de información o el otorgamiento de licencias, así como frente a situaciones excepcionales como podría ser la emergencia sanitaria de un desastre natural o de otra índole.
b) Establecer un plan de gestión ambiental municipal
De manera casi inevitable, en la actualidad, es imperativo que los gobiernos locales elaboren dichos planes de gestión ambiental a partir de determinados ejes prioritarios en su ámbito territorial. Estos planes en
su diseño, deben contener un conjunto de medidas operativas posibles y factibles tendientes a implementar los lineamientos establecidos en dichas políticas. Para ello se prescribirá con claridad las responsabilidades de cada uno de los operadores de los programas, proyectos y cada una de las actividades concretas para la gestión ambiental y resolver los problemas existentes dentro de la jurisdicción municipal en consideración a los recursos disponibles, así como respetando el respectivo cronograma de corto, mediano y largo plazo.
Resulta también un aspecto prioritario en este proceso de gestión ambiental contar con la activa participación de la comunidad. Las acciones que no cuente con la participación de la comunidad, los esfuerzos municipales devendrán en fracaso. Para tales efectos, se tiene que comprometer al conjunto de la población, así como a las instituciones públicas y privadas más importantes. Para lograr la legitimidad social del plan de gestión ambiental, se recomienda que esta se elabore en forma participativa y concertada, entre la municipalidad y la sociedad civil. Ella se llevará a cabo mediante la implementación de una o varias audiencias públicas para su discusión, consensuarla y aprobarla de manera democrática. La participación de la sociedad civil en la elaboración de los planes de gestión ambiental es un mecanismo positivo de comprometerlos en la solución de los problemas, de esa manera se aplica la sinergia como un método de trabajo para obtener resultados positivos.