Gobierno Militar de la Zona Francesa de Ocupación en Alemania contra Hermann Roechling y otros (el caso

C. La Corte Internacional de Justicia

430. La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de las Nacio- nes Unidas, de conformidad con el Artículo 92 de la Carta. La Corte tiene compe- tencia para emitir opiniones consultivas sobre cualquier cuestión jurídica, a pedido de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad o de otros órganos de las Nacio- nes Unidas y de los organismos especializados que hayan sido autorizados por la Asamblea General para formular tal solicitud sobre cuestiones jurídicas que surjan dentro de la esfera de sus actividades, con arreglo al Artículo 96 de la Carta. La Corte puede también decidir litigios jurídicos entre Estados en los casos que se le sometan con arreglo al Artículo 36 del Estatuto de la Corte.

431. La Corte ha considerado cuestiones relacionadas con la agresión en tres con- textos: primero, en relación con las funciones de los órganos principales de las Na- ciones Unidas; segundo, en relación con solicitudes de medidas provisionales enca- minadas a evitar que supuestos actos de agresión exacerbasen la situación de la que había surgido el litigio jurídico sometido a la Corte, y tercero, en relación con un li- tigio jurídico referido a un supuesto uso ilícito de la fuerza o la supuesta comisión de un acto de agresión por parte de un Estado que sea objeto de un caso sometido a la Corte.

497 La resolución 46/242 de la Asamblea General fue aprobada por 136 votos contra 1 y 5 abstenciones. La resolución 47/121 de la

Asamblea General fue aprobada por 102 votos contra ninguno y 57 abstenciones. Véanse también las resoluciones de la Asamblea General 48/88, de 20 de diciembre de 1993, y 49/10, de 3 de noviembre de 1994, en las que se hacía referencia a “la continuación de la agresión en Bosnia y Herzegovina”.

1. Las funciones de los órganos principales de las Naciones Unidas con respecto a la agresión

a) Opinión consultiva498

Ciertos gastos de las Naciones Unidas

432. Con respecto a Ciertos gastos de las Naciones Unidas499, en una opinión con- sultiva, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) consideró las funciones respectivas de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad con arreglo a la Carta, en parti- cular con respecto al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. La Corte dijo que la responsabilidad conferida al Consejo de Seguridad por el Artículo 24 de la Carta es ““primordial”, pero no exclusiva”500. La Corte dijo asimismo que;

“Esta responsabilidad primordial se ha conferido al Consejo de Seguridad, al que se ha otorgado la potestad de imponer una obligación expresa de acata- miento, si, por ejemplo, imparte una orden o un mandato a un agresor con arreglo al Capítulo VII. Sólo el Consejo de Seguridad puede exigir el cumpli- miento mediante medidas coercitivas contra un agresor.

La Carta deja abundantemente en claro, empero, que la Asamblea Gene- ral también ha de ocuparse de la paz y la seguridad internacionales. El Artículo 14 autoriza a la Asamblea General a “recomendar medidas para el arreglo pací- fico de cualesquiera situaciones, sea cual fuere su origen, que a juicio de la

498 Con arreglo al Artículo 65 de su Estatuto, la Corte Internacional de Justicia “podrá emitir opiniones consultivas respecto de cualquier

cuestión jurídica, a solicitud de cualquier organismo autorizado para ello por la Carta de las Naciones Unidas, o de acuerdo con las disposiciones de la misma”. La Corte no está obligada a emitir una opinión consultiva. La Corte Permanente de Justicia Internacional (CPJI) no aceptó una solicitud de opinión consultiva formulada por el Consejo de la Sociedad de las Naciones. Luego de la controversia entre Finlandia y Rusia en relación con Carelia Oriental, el Consejo de la Sociedad de las Naciones aprobó el 21 de abril de 1923 una resolución en la que solicitaba a la CPJI una opinión consultiva relativa a los artículos 10 y 11 del Tratado de Paz entre Finlandia y Rusia. Rusia no era miembro de la Sociedad. En su decisión de no aceptar emitir la opinión consultiva, la CPJI se fundó en los puntos siguientes: que era necesario contar con el consentimiento de los Estados en someter sus controversias a un arreglo pacífico; que Rusia no era miembro de la Sociedad y ya había formulado objeciones a la consideración de una opinión consultiva por parte de la Corte, y que la cuestión planteada a la Corte exigía una averiguación de hechos que no podía quedar librada a la Corte misma:

“Está firmemente establecido en derecho internacional que no se puede compeler a ningún Estado, sin su consentimiento, a someter sus controversias con otros Estados a mediación o a arbitraje, o a cualquier otro tipo de arreglo pacífico ... Rusia ha declarado claramente, en varias ocasiones, que no aceptaría intervención alguna de la Sociedad de las Naciones en la controversia con Finlandia ... Por consiguiente, la Corte considera imposible emitir su opinión sobre una controversia de esta índole.

La Corte estima que hay otras razones contundentes que hacen sumamente inconveniente que la Corte intente considerar la presente cuestión. La cuestión de si Finlandia y Rusia convinieron en los términos de la Declaración en relación con la naturaleza de la autonomía de Carelia Oriental es realmente una cuestión de hecho. Contestarla entrañaría el deber de determinar qué pruebas podrían iluminar las argumentaciones que se han formulado sobre el tema por parte de Finlandia y Rusia, respectivamente, y de obtener la asistencia de los testigos que resultasen necesarios. Desde luego, la Corte estaría en una posición sumamente desventajosa en tal averiguación, debido a que Rusia se niega a participar en ella. Actualmente parece muy dudoso que la Corte pueda disponer de materiales suficientes para permitirle llegar a una conclusión judicial sobre la cuestión de hecho: ¿En qué convinieron las partes? La Corte no está diciendo que haya una regla absoluta según la cual las solicitudes de opiniones consultivas de mayo no puedan entrañar cierto grado de averiguación de hechos, pero, en circunstancias normales, ciertamente es conveniente que los hechos sobre los que se desea obtener la opinión del Corte no sean controvertidos, y no debería quedar librada a la Corte misma la determinación de cuáles son esos hechos.”

Véase Collection of Advisory Opinions, Serie B. N°5 (1923), págs. 27 y 28.

499 Ciertos gastos de las Naciones Unidas (párrafo 2 del Artículo 17 de la Carta), Opinión consultiva de 20 de julio de 1962: I.C.J.

Reports 1962, pág. 151.

Asamblea puedan perjudicar el bienestar general o las relaciones amistosas entre naciones, incluso las situaciones resultantes de una violación de las dis- posiciones de la presente Carta que enuncian los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. La palabra “medidas” denota cierto tipo de acción, y la única limitación que el Artículo 14 impone a la Asamblea General es la restricción que figura en el Artículo 12, a saber, que la Asamblea no podrá recomendar medidas mientras el Consejo de Seguridad se esté ocupando del mismo asunto, a no ser que lo solicite el Consejo. Así pues, mientras que el Consejo de Segu- ridad es quien, exclusivamente, puede ordenar medidas coercitivas, las funcio- nes y los poderes conferidos por la Carta a la Asamblea General no están li- mitados a la discusión, la consideración, la iniciación de estudios y la formula- ción de recomendaciones; no son simplemente exhortatorios. El Artículo 18 se refiere a las “decisiones” de la Asamblea General “en cuestiones importantes”. Tales “decisiones” comprenden efectivamente determinadas recomendaciones, pero otras tienen fuerza y efectos dispositivos. Entre estas últimas decisiones, el Artículo 18 menciona la suspensión de los derechos y privilegios de los Miembros, la expulsión de Miembros, “y las cuestiones presupuestarias”501.” 433. La Corte dijo asimismo que:

“En las disposiciones de la Carta que distribuyen las funciones y los po- deres entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General no se encuentra justificación alguna para la idea de que esa distribución excluye de los poderes de la Asamblea General el de prever la financiación de las medidas encamina- das a mantener la paz y la seguridad.

El argumento según el cual la potestad presupuestaria de la Asamblea General con respecto al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales está limitada se funda en especial en la referencia a “acción” que figura en la última oración del párrafo 2 del Artículo 11 ...

La Corte considera que el tipo de acción a que se refiere el párrafo 2 del Artículo 11 es la acción coercitiva o de ejecución. Este párrafo, que no se re- fiere únicamente a cuestiones generales relacionadas con la paz y seguridad, sino también a casos concretos sometidos a la Asamblea General por un Estado con arreglo al Artículo 35, en su primera oración faculta a la Asamblea Gene- ral a que, por medio de recomendaciones dirigidas a los Estados o al Consejo de Seguridad, o a aquéllos y a éste, a organizar operaciones de mantenimiento de la paz, a solicitud de los Estados interesados o con el consentimiento de éstos. Este poder conferido a la Asamblea General es un poder especial que no menoscaba en modo alguno los poderes generales de que dispone con arreglo al Artículo 10 o al Artículo 14, salvo en lo tocante a la restricción establecida en la última oración del párrafo 2 del Artículo 11. Esta última oración dice que cuando se requiera “acción” la Asamblea General referirá la cuestión al Con- sejo de Seguridad. La palabra “acción” debe significar una acción que es úni- camente de competencia del Consejo de Seguridad ... La “acción” que es úni- camente de competencia del Consejo de Seguridad es la que se menciona en el título del Capítulo VII de la Carta, a saber, la “Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión”502.”

501 Ibid.

b) Casos contenciosos

434. En el caso relativo al Personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Teherán, la Corte consideró sus funciones en relación con las del Consejo de Se- guridad. La Corte señaló que no cabía duda de que el Consejo de Seguridad estaba “ocupándose activamente del asunto”, como había indicado en su resolución 457 (1979), ni de que el Secretario General tenía un mandato expreso del Consejo de utilizar sus buenos oficios en el asunto. El Consejo, cuando volvió a reunirse el 31 de diciembre de 1979, aprobó la resolución 461 (1979), en cuyo preámbulo tomó nota de la providencia de la Corte de 15 de diciembre de 1979 en que se indicaban medidas provisionales, y “no parece que se le haya ocurrido a ninguno de los miem- bros del Consejo que había o podía haber algo irregular en el ejercicio simultáneo de sus respectivas funciones por parte de la Corte y el Consejo de Seguridad”503. La Corte indicó que no había nada irregular en el ejercicio simultáneo de sus respecti- vas funciones por parte de la Corte y el Consejo de Seguridad con respecto a un mismo asunto. La Corte observó lo siguiente:

“En tanto que en el Artículo 12 de la Carta se prohíbe expresamente a la Asamblea General hacer recomendación alguna sobre una controversia o situa- ción mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando sus funciones con respecto a tal controversia o situación, ninguna disposición de la Carta o el Estatuto de la Corte establece una restricción de esa índole en lo tocante al funcionamiento de la Corte. Las razones son claras. Incumbe a la Corte, que es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas, resolver las cuestiones ju- rídicas de cualquier tipo respecto de las cuales se contrapongan las partes en una controversia, y la resolución de tales cuestiones jurídicas por la Corte pue- de ser un factor importante, y a veces decisivo, para promover el arreglo pací- fico de la controversia. De hecho, ello está reconocido en el párrafo 2 del Artí- culo 36 de la Carta …”504..”

435. En el caso de las Actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua, la Corte no aceptó el argumento de los Estados Unidos según el cual Ni- caragua había formulado una imputación de agresión y conflicto armado prevista en el Artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas, de la que sólo podía ocuparse el Consejo de Seguridad con arreglo a las disposiciones del Capítulo VII de la Carta y no con arreglo a las disposiciones del Capítulo VI505. La Corte señaló que, si bien el asunto estaba siendo examinado en el Consejo de Seguridad, no se le había trans- mitido notificación alguna con arreglo al Capítulo VII de la Carta, de modo que se pudiera aplazar el examen completo de la cuestión hasta tanto se tomara la decisión de autorizar las medidas coercitivas necesarias506.

436. La Corte también hizo referencia al caso relativo al Personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Teherán, expresando “la opinión de que el hecho de que un asunto se encuentre ante el Consejo de Seguridad no debería impedir que la Corte se ocupara de él y que ambos procedimientos podían seguir adelante pari passu”507. La Corte puso de relieve la responsabilidad primordial de mantener la

503 Personal Diplomático y Consular de los Estados Unidos de América en Teherán, Sentencia, I.C.J. Reports 1980, pág. 3, pág. 21. 504 Ibid., pág. 22.

505 Actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua (Nicaragua contra los Estados Unidos de América),

Competencia y admisibilidad, Sentencia, I.C.J. Reports 1984, pág. 434.

506 Ibid.

In document Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional. Examen histórico de la evolución en materia de agresión (página 197-200)