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Políticas, planes y programas

COSTA RICA

Creación del Programa Nacional de Convivencia en Centros Educativos (Programa Convivir), Ministerio de Educación Pública, 2011

Artículo 1o. - Programa Convivir. Se crea el Programa Nacional de Convivencia en Centros Educativos como instrumento de política pública y marco orientador de las acciones que el Ministerio de Educación Pública realice de cara al objetivo de aprender a vivir juntos, en el marco del Plan Nacional de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social 2011-2014. Será función del programa orientar y articular el conjunto de acciones que los actores de las distintas comunidades educativas emprendan en favor de la formación en valores de convivencia: respeto por la diversidad; participación activa en la comunidad; colaboración; autonomía y solidaridad.

Principios Rectores del Programa

Artículo 2o. - Educación integral. […]

Artículo 3o. - Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y deberes. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos y obligaciones. Las instituciones educativas deben favorecer la realización del derecho a la educación y velar por el interés superior del niño, la niña y las y los adolescentes.

Artículo 4o. - Realización de los derechos de todos los actores de la comunidad educativa. Todos los miembros de la comunidad son sujetos de derechos y deberes, sin excepción alguna. Siendo titulares de esta condición intrínseca e inalienable, niños, niñas jóvenes y adultos son llamados a construir comunidad en toda institución escolar. […]

Decreto Ejecutivo No. 36779-MEP del 19/09/2011, págs. 2 y 3.

internacionales como su referente. Los DDHH están presentes de otras maneras, por ejemplo, como pautas para organizar el trabajo con otros miembros de la comunidad educativa al interior de programas y proyectos, y como contenido de las capacitaciones ofrecidas por programas y proyectos, tanto para estudiantes como para educadores. Las citas extraídas de diversas políticas educativas de la región son representativas (ver recuadros, págs. 66-68).

Resumiendo el panorama de esta variable, concluimos que la región está avanzando rápidamente, pero todavía se muestra ambivalente. Es muy positivo comprobar que desde mediados de la década de 2000 la mayoría de los Estados vienen adoptando iniciativas de intervención en escuelas y colegios

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para construir convivencia de manera deliberada y sistemática, y hacer frente a posibles situaciones de violencia. Estas iniciativas surgen en el marco de instrumentos legales variados que empezaron

a ver la luz en los países durante los años 1990 bajo la influencia de la normativa internacional de

DDHH, la cual condujo a revisar los sistemas educativos con el nuevo paradigma de los derechos de la infancia.

Tales resultados son alentadores para el progreso de la educación en derechos humanos en el subcontinente. Muestran que los entes rectores en materia educativa de la región están conscientes de que ésta es una problemática seria, que debe ser atendida a través de políticas de Estado cuidadosas y que están abocados a construirlas con una perspectiva de derechos. En otras palabras, los Estados no son indiferentes, ni tampoco están acudiendo con ligereza a mecanismos basados en una concepción autoritarista y represiva, ignorante de la visión de derechos.

Sin embargo, no es alentador comprobar la escasa presencia en la región del nivel más completo e

integral de la planificación: los planes nacionales acordes con las necesidades y particularidades de

cada Estado. La existencia tan limitada de planes en la materia que nos ocupa parece indicar que

todavía hay muchas dificultades para trazar una auténtica política de alcance nacional sistemática,

integral e integradora.

Como antes se dijo, el nivel macro de los lineamientos u orientaciones generales deriva de la adopción por los países de la normativa internacional y regional sobre derechos humanos y de la infancia, hoy plenamente instalada en el subcontinente. Por su parte, el nivel micro de programas o proyectos particulares parece ir creciendo en respuesta a los problemas concretos que van surgiendo día a día en la realidad social y la cotidianeidad escolar. De aquí que haya programas y proyectos variados, muchos centrados en alguna o algunas de las violencias que afectan a la escuela: la violencia contra la mujer, la violencia sexual, la asociada al consumo de drogas, la violencia intrafamiliar, la violencia del contexto en el camino de ida y vuelta a la escuela, por citar algunos ejemplos. Los énfasis corresponden a las necesidades que cada país ha considerado como las más urgentes.

Tanto el nivel macro como el micro son importantes y útiles, pero faltaría profundizar en propuestas educativas comprehensivas, de vasta cobertura territorial, orgánicas, de construcción participativa y basadas en compromisos intersectoriales. Esto se facilita con instrumentos de política pública, como los planes nacionales.

En las tres últimas décadas, las Naciones Unidas y sus agencias especializadas en DDHH, educación

e infancia (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, UNESCO y UNICEF, entre

otras) han venido promoviendo la elaboración de este tipo de planes en sus respectivos campos de

acción, lo cual contribuyó a que aquellos países que los formularon lograran fijar agendas nacionales e

impulsar acciones sistemáticas e intersectoriales en cada campo. Son ejemplos los Planes Nacionales de Derechos Humanos, los de Educación para Todos y los de Educación en Derechos Humanos – los dos primeros extendidos en nuestra región; el último, lamentablemente todavía bastante rezagado. En el mismo sentido, la OMS formuló una recomendación muy precisa, recomendación que al mismo

tiempo orienta sobre los requisitos necesarios de toda planificación.

Recomendación 1. Crear, aplicar y supervisar un plan nacional de acción para prevenir la violencia

Los planes nacionales de prevención de la violencia deberían basarse en un consenso desarrollado por un amplio abanico de agentes gubernamentales y no gubernamentales. Tendrían que incluir, además, un calendario y un

mecanismo de evaluación y permitir la colaboración entre sectores que podrían contribuir a prevenir la violencia, como el jurídico-penal, el educativo, el laboral, el sanitario y el de bienestar social7.