Efectos de la crisis económica en la migración en España

La crisis económica y financiera que padece España desde 2008 ha afectado las economías y los proyectos de vida de gran parte de la población, incluyendo, por supuesto, un colectivo particularmente vulnerable como es el de los inmigrantes. Sin querer entrar a detallar las causas y dimensiones del problema, haremos una primera descripción de los aspectos que más han afectado la realidad socioeconómica de la población, para retomarlos en el capítulo siguiente cuando se analice, en el trabajo de campo, los efectos reales de la crisis para las mujeres inmigrantes bolivianas y venezolanas en Valencia.

La crisis económica y financiera que irrumpe en España a partir de 2008 parece corresponder a la confluencia de dos procesos interconectados: a nivel externo, el pinchazo a partir de 2007 de la gran burbuja financiera especulativa de la globalización; y a nivel interno, el modelo económico de turismo y construcción, avalado por la Europa del euro, que generó a su vez una burbuja inmobiliaria la cual entró en crisis de forma más o menos simultánea con la crisis internacional146_.

La desregulación financiera transnacional así como la penetración de los juegos financieros en las actividades económicas productivas a partir de los años 70 del siglo pasado, han ido generando una concentración de grandes capitales que operan como una “economía de casino” por encima de las economías nacionales y los Estados, y que adquiere la capacidad de afectar a sectores clave de la economía (ejemplo, crisis de las punto.com) y extraer beneficios especulativos interviniendo en la economía real de regiones enteras, como sucedió en Latinoamérica con las crisis de endeudamiento de los años 80 y

145 _{“Anuario Estadístico de Inmigración 2009”, Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de}

España.

146 _{Ver, CEIMIGRA (2009): Informe Anual sobre Migraciones e Integración CeiMigra 2009: “Migraciones y}

crisis económica internacional”, Valencia.

96 90, así como en el sudeste asiático y en Rusia a finales de los años 90, y en algunos países europeos más recientemente.

La ideología neoliberal que ha sido el sustento intelectual del proceso globalizador prometía progreso indefinido sobre todo para los sectores dominantes del mercado: las grandes corporaciones y los países más desarrollados. La novedad de la implosión de la burbuja de 2007-2008 es que irrumpió precisamente en las grandes corporaciones y las economías de Estados Unidos y Europa, que conforman el centro de la gran burbuja financiera generada en las últimas décadas. La forma principal de responder ante la fractura del sistema no fue propiamente liberal: se produjo la intervención salvadora de los Estados (con dinero público) mediante la inyección sucesiva de dinero por parte de los bancos centrales y equivalentes, para impedir la quiebra de los grandes grupos financieros e instituciones asociadas.

En julio de 2007 se da un primer avance de la crisis a partir de las llamadas hipotecas “sub prime”, con las quiebras, fusiones y salvamentos de grandes bancos y corporaciones hipotecarias y de seguros, en Estados Unidos y Europa, dada la interconexión de los capitales financieros. Pero es en octubre de 2008, con la quiebra de

Lehman Brothers, AIG y otras corporaciones a nivel internacional, que afectan las bolsas de

valores de todo el mundo, cuando se percibe públicamente la magnitud y profundidad de la crisis que se extiende de una u otra forma a prácticamente todos los sectores y regiones a nivel global.

En España, la crisis internacional provoca la caída de las bolsas de valores, una grave situación de iliquidez y, de manera especial, el pinchazo definitivo a la burbuja inmobiliaria, que había dado señales anteriores de estancamiento luego de casi una década de expansión desmesurada.

En efecto, las cifras señalan que de 2000 a 2005, la superficie urbanizada en España aumentó un 40%; el país se convierte en el segundo importador mundial de cemento y el primero de Europa; el parque de viviendas anuales (750 mil) triplica la media europea. El crédito barato para construir y para comprar viviendas hizo que los precios de estas fueran subiendo en forma acelerada en la primera fase, al igual que las facilidades para adquirir hipotecas. Los bancos se fueron llenando de activos hipotecarios de manera que, cuando la actividad de construcción se detuvo y los impagos fueron creciendo, cayeron los precios de las viviendas muy por debajo de sus valores hipotecarios y comenzó la espiral creciente de desempleo, suspensión de pagos, ejecución de créditos, iliquidez, recesión económica.

Los efectos de la crisis financiera global y el fin de la burbuja hipotecaria interna golpearon la economía española a partir de 2008 de manera que el desempleo se disparó, el crédito productivo se detuvo, los bancos se vieron llenos de “activos tóxicos” y en peligro de una bancarrota general. La respuesta oficial fue la misma llevada a cabo internacionalmente por los centros de poder financiero global: la salvación de los bancos

97 privados con dinero y endeudamiento público, y la socialización de las pérdidas extendida a toda la población147.

Los programas de austeridad impuestos por la llamada “troika” (Banco Central Europeo, Comisión Europea y FMI), ha sido semejantes a los de otros países europeos en situación similar (y dos décadas atrás, a los países latinoamericanos): recortes en sectores sociales claves como educación y salud, recortes en las pensiones y aumento de la edad de jubilación, rebaja de sueldos, aumento de todo tipo de impuestos, cierre de instituciones públicas, privatizaciones, endeudamiento público. En otras palabras, la crisis financiera provocada por la desregulación, la especulación y las ganancias globalizadas, es convertida en crisis económica y social, y quienes más la padecen son el sector productivo y las familias de los empleados, trabajadores y profesionales asalariados.

Las medidas de austeridad y los “ajustes estructurales” del FMI y otros organismos como el BCE permiten ajustar formalmente los déficits estatales, cuadrar las cifras macroeconómicas, saldar las deudas o renegociarlas y recuperar la “confianza de los mercados”, etc., pero a cambio de trasladar a la economía real, al presupuesto del Estado y a los sectores más débiles de la población, la carga de la crisis. En otras palabras, forzar a los Estados a salvar la estructura nominal de deudas propiedad de corporaciones financieras con actividades especulativas, a costa del bienestar y el deterioro del nivel de vida de vastos sectores sociales. Así ha ocurrido al menos en América Latina y otras regiones del mundo, aunque la Europa del euro tiene características particulares que matizan estos efectos en los países del sur europeo, en los que se aplica actualmente.

Por otra parte, el salvamento de la banca española por parte del Estado y con ayuda europea ha podido sustentarse en otras medidas distintas al endeudamiento público y los graves recortes sociales en salud, educación, pensiones y salarios, etc. Entre otras, atacando directamente el fraude fiscal, una forma de delincuencia por la que el estado deja de recaudar cada año entre 60 y 70 mil millones de euros (240 a 280 mil millones acumulados, ya que tiene 4 años de prescripción), 71% del cual corresponde a las grandes empresas y fortunas. También, haciendo aflorar mediante controles la llamada economía sumergida, que supone en España un 24% del PIB, con lo que el Estado deja de recaudar un estimado de 74 mil millones de euros anuales. Por el contrario, el endeudamiento público del Estado español, según datos de Eurostat se ha más que duplicado durante la crisis, pasando del 39,7 del PIB en 2007, al 93,4% del PIB en 2013; lo que significa que los ataques especulativos contra España, la crisis de confianza de los mercados, el aumento de la prima de riesgo, etc., tienen como resultado el sacrificio de toda una generación de ciudadanos a fin de saldar una deuda en gran medida especulativa148.

Regresando a los efectos sociales de la crisis en España, ha sido particularmente grave el aumento del desempleo, dado el modelo económico español basado en los

147 _{CEIMIGRA (2009): Op. Cit., pp. 23-26.}

148 _{CEIMIGRA (2012): Informe Anual sobre Migraciones e Integración CeiMigra 2012: “Nuevos retos para}

98 servicios y la construcción, con bajo valor agregado y deficiente productividad. De este modo, según datos oficiales de la Encuesta de Población Activa, se ha pasado de menos de 2 millones de parados en 2007 a más de 6 millones en 2012 (1,8 millones en el primer año de la crisis, con la parálisis de la construcción) y ligeramente menos (5,6 millones) en 2014. En términos de la tasa de paro como porcentaje de la población activa, se ha pasado de 8,6 en 2007, a 13,8 (2008); 18,7% (2009); 20,1% (2010); 22,6% (2011); 25,8% (2012-2013) y 24,5% en el primer semestre de 2014. Por su parte el paro juvenil alcanza el 57,2%, el más elevado de Europa149.

La crisis económica que desde 2008 ha padecido Europa en general, y particularmente países como España, ha afectado de manera particular a los inmigrantes cuya mayoría integra la base de la pirámide social. En especial, en el caso de España, por la caída de la construcción, que ha sido un pilar fundamental de la expansión económica y constituía un nicho laboral privilegiado para la inmigración sobre todo masculina. Aunque las cifras de la Encuesta de Población Activa muestran que toda la población ha sido afectada por la crisis, diversos datos indican que los inmigrantes han sido mayormente afectados, comenzando por el desempleo150_{. Pero, como demuestra Baggio, este es un}

hecho generalizado en toda la Unión Europea.151

Según datos del INE recogidos en el informe anual de CeiMigra 2012, entre 2007 y 2011 en España 2,25 millones de personas han perdido su trabajo, lo que supone un 11% de las personas ocupadas al inicio; por género, ha afectado mucho más al empleo masculino: al 16,6% de los hombres y al 3,1% de mujeres. Por nacionalidad, la destrucción de empleo entre la población española alcanza al 10,5%; entre los extranjeros extra-comunitarios sube al 17,9%. Los más afectados en ese período han sido, pues, trabajadores hombres: el 15,7% de los españoles y el 25,2% de extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea152.

Para enfrentar la situación de cientos de miles de trabajadores extranjeros sin empleo (y, por tanto, en condiciones de no poder renovar su estancia legal), el gobierno español, por un lado, endureció las condiciones de estancia y permanencia de extranjeros, multiplicó los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) así como los controles policiales, las detenciones y las expulsiones de inmigrantes irregulares. Sobra decir el grado de precariedad y sufrimiento que añaden estas medidas a las familias inmigrantes establecidas, que ven truncado su proyecto migratorio no sólo con su empobrecimiento

149 _{INE: Encuesta de Población Activa. 27/7/2014.}

150 _{TEDESCO, L. (2010): Latinoamericanos en España: de la integración al retorno, en Inmigración}

Latinoamericana en España, El estado de la investigación AYUSO, A. Y PINYOL, G. [Eds.] Barcelona:

Fundació CIDOB, D.L. 2010 (pp 119-136) pp. 129-131.

151 _{“Los datos oficiales revelan que en la UE la crisis económica ha afectado a los inmigrantes - y a sus}

familiares - más profundamente que a los autóctonos. Esto se hace evidente considerando la incidencia de los inmigrantes en el incremento de la tasa de desempleo. En el caso de España, en 2009 el porcentaje de paro de los inmigrantes marcó 12 puntos más que los autóctonos (27% y 15% respectivamente). En el mismo año, el 25% de los desempleados registrados en Irlanda eran extranjeros, marcando un aumento del 15% respecto a cinco años antes”, BAGGIO, F. (2013): Op. cit., p. 6.

99 sobrevenido por la crisis sino también con nuevas amenazas, detenciones, expulsiones, separaciones, etc.

Estas medidas se enmarcan en la Directiva Europea sobre la inmigración ilegal o Directiva del retorno (2008/115/CE), que establece la detenciones de inmigrantes por una infracción administrativa, plazos de detención de hasta 18 meses, la detención y expulsión de menores, la expulsión de los inmigrantes sin papeles a terceros países y no al país de origen, entre otras medidas, por lo que también es conocida como “directiva de la vergüenza”153_{. De Lucas señala que esta directiva europea no sólo contradice los}

lineamientos básicos europeos sobre el Estado de derecho y los derechos humanos sino que ataca el corazón mismo del proyecto europeo que buscaba ser un bastión en el mundo en cuanto la protección de las libertades y el primado del Derecho154_.

Como explica Baggio, las crisis económicas suelen generar una “xenofobia laboral” que genera cambios en la opinión pública y se manifiesta también en cambios de políticas. Concretamente, ante la inmigración (a pesar de que la necesita para mantener el Estado de Bienestar, debido al envejecimiento de su población), la Unión Europea ha dirigido “sus esfuerzos en cuatro direcciones: 1) dificultar nuevos ingresos de inmigrantes; 2) proteger y favorecer a los trabajadores autóctonos; c) deportar a los inmigrantes irregulares; y 4) promover el retorno voluntario de los trabajadores migrantes”.155

Por su parte, las autoridades españolas establecieron en este sentido, desde finales de 2008, un programa de retorno voluntario de inmigrantes en paro, con el incentivo de un adelanto de la prestación de desempleo a condición de no regresar a España en un plazo de tres años. Varios gobiernos latinoamericanos implantaron también programas de acogida de inmigrantes que quisieran regresar a su país; entre ellos el ecuatoriano, con cupos de trabajo, vivienda y facilidades de crédito a sus nacionales retornados.

El programa de Retorno Voluntario para Inmigrantes con el abono anticipado de prestaciones no ha tenido la acogida que las autoridades españolas esperaban de hasta un millón de personas. Entre finales de 2008 y 2009, cerca de 10.500 extranjeros no comunitarios se acogieron a él; en 2009, poco más de 7 mil; en el primer semestre de 2012 ascendió a cerca de 19.500. El 70% de todos ellos, originario de países andinos, principalmente Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, países que también tienen programas de acogida156_{. Además, hay que tomar en cuenta que los que han tomado la nacionalidad}

española no pueden participar del retorno voluntario por ser nacionales, y los que se han regresado en estas condiciones no aparecen en las estadísticas de extranjeros.

153 _{SOLANES, A. (2009): “La apertura selectiva: nacionalidad y mercado frente a la movilidad humana”, op.}

cit., pp. 78-79.

154 _{DE LUCAS, J. (2009): “La inmigración y la lógica de ‘Estado de sitio’”, en DE LUCAS, J.- SOLANES,}

A. (Edit) (2009), op. cit., (pp 21-40), p 32.

155 _{BAGGIO, F. (3013), Op. cit., p. 7.}

156 _{Texto disponible en: http://www.elconfidencial.com/espana/2012/08/08/cada-dia-108-inmigrantes-}

100 Las cifras de cuántos inmigrantes en España se han visto obligados a retornar a sus países de origen o continuar su proyecto migratorio en un tercer país, son difíciles de establecer. En primer lugar, porque se estima que una parte de la migración que se encontraba en situación irregular y por tanto más precaria, al comienzo de la crisis, ha tenido que regresar a su país de origen o emigrar a otros países. Otros, a completar las condiciones para pedir la naturalización española, aunque terminen retornando a su país de origen o yendo a terceros países. De manera que se calcula que probablemente muchos de los emigrados españoles en los últimos años, son inmigrantes naturalizados.

Así lo establece, entre otros, el CeiMigra, comparando los datos de la variación del padrón municipal y las naturalizaciones en general, y en particular, de las personas originarias de América del Sur. Entre 2008, año de comienzo de la crisis, y 2013, la población empadronada originaria de Suramérica disminuyó en cerca de 400 mil personas. Por otro lado, las naturalizaciones como españoles del mismo colectivo llegaron a 348 mil, lo cual indica (si fuese posible una equivalencia directa) que sólo 52 mil personas suramericanas habrían emigrado de España, al menos como extranjeros157.

Por países, los que han tenido mayores bajas en el padrón durante estos años, son: Ecuador, con 165.495 bajas, pero 150.185 naturalizaciones; Bolivia, 70.084 bajas en el padrón y 20.451 naturalizaciones; Colombia, 63.220 bajas y 95.130 naturalizaciones; Argentina, 49.925 bajas y 26.911 naturalizaciones. Por su parte, Venezuela tuvo sólo 2.330 bajas, pero 11.474 naturalizaciones.

En síntesis, según los datos anteriores analizados por el CeiMigra, “la crisis

económica en España no ha disuadido del proyecto migratorio ni ha provocado el retorno significativo de personas inmigradas a sus países de origen, ha alentado más bien las nacionalizaciones como única protección eficaz contra una política de inmigración inadecuada”158_.

Matizando la anterior afirmación, se debe añadir que, de acuerdo con los resultados del trabajo de campo con mujeres inmigrantes de Bolivia y Venezuela en la ciudad de Valencia, la percepción general es que efectivamente un buen número de sus compatriotas ha tenido que emigrar, bien sea a su país de origen o a un tercer país, pero otra parte de ellos permanece en España, adaptando su proyecto migratorio a las difíciles circunstancias que les han sobrevenido con la crisis.

Finalmente, se deben considerar las consecuencias de la crisis económica en la vida diaria de la población inmigrante. ¿Cómo puede sobrevivir un país desarrollado como España a un desempleo de 25% y recortes drásticos en áreas sociales, durante varios años, sin un estallido social? Los estudios señalan que, hasta la fecha, se han ido desarrollando diversos sistemas informales de protección entre los sectores más afectados, incluyendo a los inmigrantes.

157 _{CEIMIGRA (2013): Informe Anual sobre Migraciones e Integración CeiMigra 2013: “Una década de}

migraciones en España”, Valencia, p.23.

101 Los informes de CeiMigra muestran tres sistemas de protección que buscan las familias más afectadas por la crisis. No los servicios públicos de ayuda social, cuyos recursos han sido severamente reducidos (un 65,4% entre 2011 y 2013), “sino la protección

de las propias familias, los ahorros de algunas familias y, en cierto sentido, la economía sumergida”159.

Ante la pérdida de trabajo y la deficiencia en las ayudas oficiales, la primera medida para sortear la crisis ha sido el uso del ahorro familiar. Pero las familias que ya vivían en forma precaria, así como los inmigrantes que enviaban a sus hogares de origen remesas con sus ahorros, difícilmente pueden emplear este sistema de protección que, de todas formas, es básicamente temporal.

Por otra parte se sabe que, por efecto de la crisis, muchos jóvenes incluyendo parejas se han visto obligados a regresar a casa de los padres, o que muchos padres ayudan a sus hijos en paro inclusive con su pensión recortada, o que familiares y parientes se ayudan en términos de oportunidades de trabajo así sean temporales o informales. El hecho es que en forma generalizada, ante las carencias del estado de bienestar, la familia está sirviendo de apoyo básico para superar la situación, así sea en condiciones muy limitadas.

Por su parte, uno de los problemas para los inmigrantes es, por regla general, la ausencia de una familia ampliada, por lo que esta situación tiende a ser reemplazada parcialmente por la existencia de redes informales de apoyo de connacionales y otras asociaciones similares, aunque siempre en forma más vulnerable. Pero, a su vez, las redes informales han sufrido también los efectos de la crisis. Algunas han desaparecido o se han visto reducidas, debido al regreso de algunos inmigrantes al quedarse sin trabajo.

El tercer sistema de protección que señala el CeiMigra es la economía informal. Es lo que explicaría, más que los recortados subsidios oficiales, la supervivencia y la cohesión social española en medio de un paro prolongado. Pero, como señala el informe, no puede defenderse esta forma de economía por el hecho de que se haya convertido de hecho en una última red de protección contra la pobreza; por el contrario, mantiene sus características de inseguridad, explotación y precariedad para el trabajador, por lo que es una situación que debe aflorar y normalizarse, a fin de convertirse en una ayuda mucho más eficaz contra la pobreza y un puntal para el inicio de la recuperación de la economía laboral.

3.3 PERFIL DE LA MIGRACIÓN LATINOAMERICANA EN ESPAÑA Y LA