Endureciendo de las penas en materia de tránsito

In document UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA (página 49-52)

En primer lugar, debemos recordar que las penas en materia de tránsito se encuentran contempladas en el Código Orgánico Integral Penal, el que con su entrada en vigencia modificó e incluso eliminó cierto contenido de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. En muchos casos, se establecieron nuevas penas y sanciones para las infracciones de tránsito en un sentido agravante.

Algunos tratadistas del derecho no están de acuerdo con el endurecimiento de las sanciones en infracciones penales, se manifiesta que el endurecimiento de las penas solamente provoca que más personas sean sentenciadas, cumplan su condena y no se rehabiliten realmente como se anhela. Al existir demasiadas personas sentenciadas se producen aglomeraciones y hacinamientos en los centros de rehabilitación social, lo cual provoca un grave problema social que repercute directamente en la conducta de las personas privadas de libertad.

Sin embargo, en el nuevo sistema oral procesal penal que instauró el Código Orgánico Integral Penal, se reconocen principios constitucionales que versan fundamentalmente en evitar abundantes procesos judiciales, por el contrario, se persigue la tan anhelada economía procesal que incluye la simplificación de trámites, para muchos de los cuales se han establecido medios alternativos para su solución, como es el caso de los centros de mediación, conciliación y arbitraje.

El tema de los centros de rehabilitación social es un tema complejo que necesita un análisis a fondo de los gobiernos de turno y las autoridades competentes en

la materia, y no constituye, una justificación para menoscabar los derechos de las personas en general.

Por regla general, “la sociedad necesita un poder controlador para regular su conducta a lo que comúnmente se conoce como hacer lo correcto”64, para ello

se han empleado las leyes penales a través del tiempo, mediante las cuales y solo bajo la amenaza de una sanción se pueden evitar vulneraciones de derechos fundamentales.

“Uno de los fines subjetivos de la ley penal es la protección de los bienes jurídicos establecidos en el ordenamiento jurídico respectivo”65. Existen derechos que

deben ser garantizados, ese garantismo incluye la tutela efectiva que obliga al estado a emplear los mecanismos necesarios para evitar que los mismos sean vulnerados.

“El derecho fundamental irreemplazable es el derecho a la vida, pues de su naturaleza misma se desprende la exigibilidad de otros derechos”66. En un

segundo grado, se podría categorizar el derecho a la libertad, puesto que si se priva de este derecho se violentan directamente otros personales. En este sentido, la ley penal en materia de tránsito establece penas principalmente de carácter privativas de libertad, a fin de amedrentar a los ciudadanos y provocar en ellos una apreciación distinta del fin de la Ley, esta realidad incluye también la reparación del daño causado en las medidas posibles.

Para nuestro análisis, el endurecimiento de las penas es absolutamente beneficioso, puesto que se puede apreciar en los estándares mundiales que las

64 VALADÉS, Diego. El control del poder. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto

de Investigaciones Jurídicas, 2008. Pág. 29.

65 HELD, David; MAZZUCA, Sebastián. La democracia y el orden global: del Estado moderno al

gobierno cosmopolita. Paidós, 2007. Pág. 117.

66 PULIDO, Carlos Bernal. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. Centro

más bajas tasas de criminalidad obedecen principalmente a leyes rigurosas. Así mismo, en un orden lógico se puede deducir que es preferible que el agresor se encuentre privado de la libertad a fin de precautelar los bienes jurídicos que podrían verse afectados si estuviera en libertad. Por otro lado, al ejecutarse la sentencia condenatoria se perseguirá la rehabilitación de la persona procesada que tendrá como resultado la rectificación de su conducta.

En materia de tránsito, el cometimiento de infracciones generalmente tiene como resultado la afectación del derecho a la vida de las personas, por cuanto muchos de los casos terminan en accidentes fatales que terminan con la vida de los ocupantes de los vehículos e incluso de terceros que se encuentren en el lugar de los hechos.

El fin de la presente investigación jurídica tiene que ver con la tutela efectiva del derecho a la vida, ya que muchos de los accidentes de tránsito se producen por las malas condiciones mecánicas que se encuentran los vehículos, esto incluye la despreocupación existente en el mantenimiento adecuado de los neumáticos. Los vehículos que circulan con neumáticos lisos están en constante peligro de ocasionar un accidente de tránsito que podría tener consecuencias fatales.

Entonces, como uno de los fines primordiales del estado de garantizar el efectivo goce de los derechos reconocidos en la Constitución, se debe realizar las gestiones necesarias a fin de evitar que los mismos sean vulnerados. En esta situación se materializa también la necesidad de evitar el cometimiento de la infracción penal en materia de tránsito, cuando los derechos fundamentales se encuentran inminentemente amenazados por el conductor descuidado que circula con llantas en mal estado. En este escenario, el conductor ya ha infringido el deber objetivo de cuidado y se encuentra en peligro perentorio de causar un mal mayor en perjuicio de los derechos de las demás personas.

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