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El propio Ministro Solbes ha declarado que la devolución de los 400 euros en el IRPF (que supone un gasto cercano a los 6.000 millones de euros) es una medida que se tomó por razones electorales, reconociendo que con ella se acaban los recursos con los que financiar medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis. ¿Ha agotado el Gobierno su capacidad de maniobra con una medida cuestionable, electoralista y escasamente redistributiva?
El superávit generado en los últimos años está en vías de extinción y es arriesgado esperar que la devolución fiscal genere un efecto expansivo suficiente, considerando que nada indica que esos recursos en manos de las familias se destinen íntegramente al consumo.
¿Qué alternativas tenemos? No hacer nada extraordinario esperando a que «escampe el temporal» como se pueda, o actuar discrecionalmente a través del gasto público para sostener la actividad económica y el empleo, y contribuir a superar los fundamentos de un modelo económico que ya hace tiempo demostró no ser sostenible. Lo primero es una irresponsabilidad, lo segundo implicaría aceptar un déficit público razonable, dentro de los requerimientos europeos que, pensamos, la realidad económica justifica plenamente.
Claro está que todo pasa por reconocer la gravedad de la situación económica. El elevado endeudamiento de empresas y familias (encarecido por la evolución de los tipos de interés), el descomunal saldo negativo de la balanza de pagos (cada vez más costoso de financiar), el incumplimiento de los objetivos medioambientales, una inflación desbocada y el descontrol de la burbuja inmobiliaria, ya anticipaban ajustes al crecimiento de la economía, que el gobierno ha despreciado sitemáticamente. Ajustes cuya intensidad desconocíamos, pero que se han acelerado con la crisis financiera internacional y la evolución del precio de las materias primas. Negar hoy la intensidad de la crisis es negar la realidad. La profunda desaceleración del crecimiento económico significa que la economía pasará de crecer a ritmos del 4% hasta tasas que no permiten descartar una recesión técnica a corto plazo (descenso intertrimestral del PIB durante dos trimestres consecutivos). Las repercusiones negativas sobre el empleo están cantadas y hoy ya contamos con 318.000 parados más que hace un año. Y esto acompañado con unos precios que hoy crecen al 4,6% y sobre los que planean sombrías perspectivas por la escalada del precio del crudo.
33 Las previsiones de crecimiento del Gobierno no inspiran confianza y esperar a que todo
pase sin más no es admisible. Tras una década y media de crecimiento económico, donde los beneficios empresariales han batido records históricos y el salario medio de nuestro país ha decrecido durante toda está etapa de expansión, hoy no resulta decente hacer recaer los efectos de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
El problema de todo esto es que la intención del Gobierno en la determinación del techo de gasto público para el año 2009 es evidente. Se plantea, como en ejercicios anteriores cuando la economía crecía sólidamente, que el gasto crezca en línea con el PIB nominal. Se quiere transmitir que los Presupuestos para 2009 serán neutrales (ni expansivos ni restrictivos). Y los Presupuestos para 2009 no pueden ser neutrales. No ante la crisis y los problemas económicos y sociales que se derivan de ella. No ante el cambio de ciclo y las necesidades de nuestra economía en materia social y ambiental.
Creemos que un escenario presupuestario más realista y ajustado al profundo deterioro económico que hoy se evidencia daría credibilidad y generaría confianza en la acción del gobierno. Un escenario que podría programar un cierto déficit para permitir liberar un esfuerzo superior en materia de gasto público. Contamos con un endeudamiento público reducido (33% del PIB). En nuestra opinión hay margen de maniobra.
Con el techo de gasto que pretende el gobierno no se va a realizar un esfuerzo suficiente en gasto productivo y en gasto social y ambiental (que también es productivo).
Con los planteamientos del gobierno no se podrán asegurar recursos suficientes para acelerar el desarrollo de la Ley de Dependencia, universalizar la educación pública infantil, promocionar parques públicos de viviendas en alquiler, rehabilitar viviendas y edificios para incorporar energías renovables y mejorar su eficiencia energética, invertir suficientemente en la red convencional de ferrocarril, o potenciar las políticas activas de empleo. Son algunos ejemplos.
Por esto desde IU planteamos un conjunto de actuaciones urgentes para abordar la situación buscando un impulso económico que haga frente a la situación económica que un modelo insostenible y fuertemente especulativo está generando.
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- Garantizar una red de protección para atender a quien pierde el empleo, especialmente a sectores con especial dificultad.
- Ampliación del gasto previsto en la aplicación de la Ley de Dependencia. - Aceleración de dotación, equipamiento y profesorado para la generalización
de la Educación Infantil de 0- 3 años. - Mejora de las pensiones mínimas.
- Mejorar los salarios tanto en el sector público como en el privado. - Introducción de cláusula de revisión salarial para empleados públicos
y su pacto generalizado en los convenios colectivos.
- Incremento de recursos públicos en el conjunto de las administraciones, favoreciendo la cobertura real de las necesidades en recursos técnicos, administrativos y humanos.
- Incremento del Salario Mínimo Interporfesional a 1.100 euros (el 60% del salario medio, con incremento de 100 euros anuales hasta final de legislatura.
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- Ejecución inmediata del Plan Global de Modernización de los Servicios Públicos de Empleo, comprometido en el diálogo social de 2006.
- Atención personalizada a los desempleados con la elaboración de itinerarios profesionales.
- Creación de un sistema público educativo, formativo y profesional integral. - Red global de orientadores profesionales.
- Creación de nuevos yacimientos de empleo en concierto con los Ayuntamientos.
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- Creación de una Agencia Estatal de Migraciones para coordinar las variables de las distintas realidades.
- Desarrollo de planes de movilidad en el ámbito de las CC.AA. y Ayuntamientos. - Establecimiento de tramos de tarifa en función de la cantidad y la intensidad
del consumo eléctrico.
- Instar a la UE para la aplicación de un IVA super reducido para consumos básicos en familias de rentas modestas.
- Moderación en la fijación de precios por los servicios que prestan las administraciones públicas.
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- Parque público de vivienda en Alquiler y rehabilitación de viviendas y edificios para incorporar energías renovables y asegurar una mayor eficiencia.
- Plan de modernización de la red convencional ferroviaria y mantenimiento de la infraestructura viaria de carreteras y soterramientos necesarios.
- Impulso del transporte de mercancías por ferrocarril. - Actuación global de depuración y regeneración de ríos.
- Incremento de políticas de mejora del saneamiento de aguas residuales. - Regeneración de playas y actuación global sobre la costa.
- Reforestación, limpieza, incremento de acciones preventivas de incendios. - Adelantamiento de inversiones del PEIT para los años 2008- 2009 mediante
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- Incremento de las inversiones productivas públicas por una industria sostenible - Creación de partidas especiales para el incremento de la I+ D+ i pública
en sectores de alto valor añadido.
- Medidas de fomento del desarrollo de la internacionalización de las empresas, con nuevas estrategias comerciales, apuesta por la marca y el diseño de nuevos productos que relancen a sectores económicos con dificultad.
- Plan especial de impulso de las energías renovables, en especial la solar. - Desarrollo territorial de la especialización productiva, con localización
de inversiones I+D hacia actividades concretas y la creación de sistemas locales de investigación e innovación.
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- Garantizar mayor nivel de suficiencia actuando globalmente contra la economía sumergida, el fraude fiscal y el delito financiero.
- Incremento de dotaciones, medios técnicos, profesionales y humanos para las políticas de Inspección en empresas de facturación mayor de 1,8 millones de euros.
- Actuación decidida sobre el posible fraude fiscal y la economía encubierta. - Mantenimiento del Impuesto sobre el Patrimonio.
- Creación de un nuevo impuesto destinado a las grandes fortunas y salarios millonarios.
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- Concertación de Planes especiales de Empleo específicos por Localidades, Comarcas, Provincias y CCAA.
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El balance de esta legislatura puede observarse desde muchas perspectivas pero una muy sencilla servirá para darse cuenta de las diferencias. La legislatura anterior comenzó con la retirada de las tropas de Irak, esta con el mantenimiento de una política económica que podríamos llamar «socialismo para ricos»: redistribución entre unos pocos de los beneficios y uso del aparato estatal para es fin y socialización máxima de las pérdidas a través de diferentes mecanismos: subida de precios; subida de las hipotecas; desempleo creciente…
Hay muchos factores que alimentan las diferencias entre la anterior legislatura y esta, uno de ellos es el escaso peso institucional de Izquierda Unida. Nuestra estrategia de oposición influyente y exigente arrancó en el período anterior importantes compromisos de gasto público y de ampliación y protección de derechos. En esta legislatura las opciones son mucho menores y a pesar de las declaraciones sobre el mantenimiento de los compromisos sociales, la realidad de las medidas económicas impone su dictado.
Zapatero ha pasado de la retórica del cambio a la ausencia total de cambio y a la minimización de la retórica de izquierdas. El Congreso del PSOE celebrado en julio de 2008 sancionó esa retórica cuyos propósitos parecen reducirse a excursiones en la izquierda los fines de semana. Es difícil saber las razones que impulsaron a los medios afines al gobierno a declarar un giro a la izquierda del PSOE.
Desde los que hemos mantenido y defendido esta estrategia de oposición influyente y exigente no podemos por menos de reconocer algunos errores e insuficiencias que, con toda seguridad, no han contribuido a mejorar nuestra situación.
Se trata en primer lugar de reconocer las dificultades de diferenciación política cuando la actuación preferente es desde el ámbito institucional. En segundo lugar, es una estrategia deficiente en ausencia de movilización social de izquierdas, y esta pasada legislatura lo ha sido especialmente. Y en tercer lugar cuando la bronca interna, la estrategia de desgaste interno etc… impiden objetivamente a la organización rentabilizar los resultados conseguidos en sede parlamentaria o en negociaciones políticas con el gobierno. Por último, un examen más riguroso de las iniciativas