España multicultural

Tal y como expone Massey (2003), fenómenos migratorios como los descritos en el apartado anterior transformaron la realidad de muchos países europeos, entre ellos, España. En nuestro caso, la llegada de inmigrantes se produce fundamentalmente a finales del siglo XX, cuando se produce un giro de 180º en la tendencia tradicional (Alemán Bracho, 2011). La crisis económica exterior, la mejora de los servicios en

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nuestro país y el consiguiente aumento de la calidad de vida pusieron freno a la emigración (ibíd.). En sentido contrario, la llegada de inmigrantes a nuestro país comienza a crecer a partir de los años 70, pero, como apunta Carvajal Gómez (2006), hay que esperar a la década de los 90 para presenciar el gran boom de la inmigración en España. Los movimientos del final del siglo pasado y principios de este provocaron que el número de extranjeros residentes en nuestro país pasara de menos de 200 000 en 1975 a cifras cercanas a los 2 millones 2004, datos que solo tienen en cuenta los extranjeros residentes en España con tarjeta o autorización de residencia en vigor (ibíd.) y a los que por supuesto habría que sumar los que se encontraban en situación irregular.

La tendencia se mantuvo relativamente estable hasta que la llegada de la crisis económica en 2008 provocó un freno inicial que, posteriormente, se traduciría en un ligero descenso según datos del INE del año 2014. Por poner un ejemplo, la agencia Europa Press informaba en el año 2012 de que por primera vez desde que existen datos, España había registrado una emigración neta de más de 50 000 personas. Esta tendencia se mantendría en 2013: según datos de Eurostat (2015), a lo largo de ese año llegaron a España 280 800 inmigrantes, mientras que 532 300 personas abandonaron nuestro país. Más recientemente, datos publicados el 1 de enero de 2015 se mantenían en esta línea: España perdía 146 959 habitantes, cifra que se debe, fundamentalmente, al descenso del número de extranjeros, cifrado en casi 300 000 (Sánchez, 2016). A pesar de estas cifras, el nuestro sigue siendo un país donde la comunidad extranjera tiene un peso evidente. En la fecha en la que se cierra este estudio, se calcula que residen en España unos 4,7 millones de extranjeros, tanto de dentro de la Unión Europea como de fuera, lo que representa un 10,14% de la población (ibíd.).

Al igual que se describía en el apartado anterior, está aún por ver el impacto a nivel demográfico que la crisis de los refugiados tendrá en nuestro país. Por el

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momento, España ha aceptado la cuota establecida por la Unión Europea por la cual nuestro país se compromete a acoger próximamente a casi 15 000 nuevos refugiados, números que deberán sumarse a los 2749 asignados por la Comisión Europea en mayo del 2015 (EFE, 2015). En consonancia con lo expuesto en el apartado previo, el crecimiento de esta cifra en el futuro y la magnitud del mismo dependerán de las medidas que se tomen tanto a nivel europeo como estatal.

A pesar del cuadro multicultural que dibuja el párrafo anterior y el peso demográfico de la población inmigrante en nuestro territorio, las dificultades de este colectivo para acceder a los servicios públicos siguen siendo considerables. Pese a que la legislación se ha adaptado rápida y adecuadamente a la nueva realidad del país, no ha ocurrido lo mismo con su puesta en práctica (Alemán Bracho, 2011). Nuestro sistema arrastra una serie de problemas de partida que han dificultado su ajuste a la realidad demográfica (ibíd.) Entre ellos destacan lo reciente del auge de la inmigración en nuestro país, la falta de control en la entrada de inmigrantes, su alta concentración en determinadas zonas de nuestra geografía, las dificultades de los ayuntamientos para responder a las necesidades que generan estos colectivos o la falta de homogeneidad en los servicios sociales, resultado del sistema autonómico y el reparto de competencias (ibíd.).

Sin embargo, el Estado había conseguido atajar parte de estos problemas endémicos situando la inmigración como una de sus preocupaciones fundamentales y apoyándose en la cooperación europea (ibíd.). Pero la crisis económica que aún no hemos abandonado dibuja un contexto completamente nuevo en la relación entre los SSPP de nuestro país y la población inmigrante (Alemán Bracho y Soriano Miras, 2012). Este colectivo es uno de los que más ha sufrido esta situación por tres razones fundamentales: el (des)empleo (trabajan en sectores muy dependientes de los ciclos

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económicos), la ausencia de una red familiar que les ayude y la necesidad de ayudar al económicamente al núcleo familiar que permanece en el país de origen (ibíd.). Como apuntan Alonso, Pajares y Recolons (2015), el aumento del paro y otros problemas derivados de la crisis han tenido consecuencias gravísimas sobre los inmigrantes, una comunidad que hoy en día es mucho más pobre y que tiene serias dificultades para hacer frente a los pagos más básicos o acceder a una vivienda.

Llegados a este punto, quiero resaltar la conexión entre los dos elementos fundamentales tratados hasta ahora: salud mental e inmigración. Si bien no existe una correlación directa entre la inmigración y la prevalencia de los trastornos mentales, la aparición de algunos de ellos como el llamado síndrome del inmigrante, la esquizofrenia o el estrés post-traumático puede verse favorecida por factores propios de los procesos migratorios (Alvarado, 2008; Achotegui, 2009). Entre estos catalizadores se cuentan, por supuesto, la vulnerabilidad particular del paciente extranjero, pero también la hostilidad del país de acogida o unas condiciones socioeconómicas deficientes (ibíd.). Las dificultades que atraviesa la población inmigrante en nuestro país (descritas en el párrafo anterior), coinciden con este último punto, lo que aumenta exponencialmente sus necesidades y su dependencia de unos servicios sociales que a los que hay que dotar de medios que los hagan capaces de responder (Alemán Bracho y Soriano Miras, 2012), y evitar, en la medida de lo posible, un sentimiento de exclusión entre esta comunidad. Dentro del refuerzo necesario de los SSPP en general, el ámbito lingüístico resulta fundamental: prestar servicio a las personas con menor manejo del idioma, dar información adecuada tanto personal como escrita, facilitar la comunicación entre partes entre las que media una barrera lingüística y/o cultural, o ser capaces de recoger con celeridad las demandas de los inmigrantes son todos ellos casos en los que se requiere un apoyo lingüístico-cultural apropiado (Alemán Bracho, 2011). Para responder a todas

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estas y otras necesidades, nació tiempo atrás la disciplina que se describe en el próximo apartado: la Traducción y la Interpretación en los Servicios Públicos.

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