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La estructura del sistema de poder: del autoritarismo semicompetitivo al autoritarismo competitivo

El sistema político marroquí desde la independencia ha pasado por dife- rentes fases: desde un cierto liberalismo autoritario, durante casi la pri- mera década de la independencia; pasando por un autoritarismo represi- vo, que presenta su cara más cruel desde principios de los setenta iniciando los dolorosos «años de plomo»;39con posterioridad, desde me- diados de los setenta se produce una muy limitada apertura del régimen que sigue acompañada de la inevitable represión inherente a todo siste- ma autoritario pero avanzando hacia un autoritarismo semicompetitivo; este proceso incremental de reformas, con sus avances y retrocesos de- semboca en el lento tránsito hacia un autoritarismo competitivo de las dos últimas décadas.

En el controvertido proceso de liberalización marroquí,40iniciado bajo la égida de Hasan II, se podría localizar el terminus a quo en el mo- vimiento de reformas que se plasma en la constituciones de 1992 y 1996. Tras ellas se produce de un lado, una cascada legislativa en distintos ám- bitos que intenta materializar esos nuevos aires liberalizadores y de otro,

un nuevo clima político marcado por la esperanza y cierto optimismo. Desde el punto de vista analítico en este proceso de liberalización se de- tectan dos fases: a la primera le incumbe la responsabilidad de ser el ori- gen del mismo proceso y en ella confluyen las presiones internas de lar- go recorrido generadas por la oposición y la sociedad civil y las presiones internacionales, fundamentalmente del movimiento de dere- chos humanos transnacional que presiona a su vez sobre Estados Unidos, Francia y la Unión Europea para que contesten y cuestionen al poder ma- rroquí (Feliu, 1996: caps. V-VI); la segunda viene dada por la reacción y respuesta del régimen abriendo la veda reformista y activando el campo político, permitiendo el acceso del islamismo político moderado a la are- na política y electoral y reclamando una mayor presencia y compromiso institucional de la oposición. Pero, lo que importa no es, solamente, que desde palacio se exprese la voluntad de cambiar (lo cual puede ser inter- pretado como una nueva maniobra para asegurar la supremacía monár- quica y, con ella, el control del cambio), sino la forma en que este anun- cio es percibido en el campo político por las élites secundarias. Es decir, lo primordial es que «el propósito liberalizador debe ser lo suficiente- mente creíble como para provocar un cambio en la estrategia de los de- más actores» (O’Donnell y Schmitter, 1988: 26).

No sabemos hasta qué punto la oposición se cree el proceso libera- lizador de la década de los noventa, o simplemente ha comprendido que no hay otra alternativa que aceptar una hipotética transición que depen- de en gran medida de la voluntad real (Boudahrain, 1999: 164 244). En cualquier caso los vientos liberalizadores sí provocan un cierto cambio en su estrategia. La oposición profundiza y refuerza su línea de «aprove- chamiento de los márgenes democráticos». Abandona la confrontación frontal y apuesta por el consenso, tal y como se demuestra en un sí casi- unánime al referéndum de 1996 y en la asunción de responsabilidades de gobierno desde 1998. Desde entonces prescinde de blandir la necesidad de reforma constitucional como un arma política; se va debilitando sen- siblemente su fuerza de negociación política y asume y reproduce el dis- curso político de la «transición democrática».

El escenario que se pergeña en la nueva era de Mohamed VI es otro, sobre todo por lo que respecta al protagonista estelar: la monarquía. Es un diagnóstico aceptado afirmar la indefinición del proyecto político (Desrues, 2006) que emana del discurso del joven soberano. Su difusa y desdibujada propuesta navega en las procelosas aguas del «nuevo con-

cepto de autoridad» (1999), pasando por los intentos de perfilar un mo- delo de «democracia específicamente marroquí» (2001), para recalar en el reciente puerto de «una monarquía ciudadana» (2005) donde propone un «nuevo pacto político y social» para incorporar a su programa a acto- res económicos y a sectores más dinámicos de la sociedad civil. Más que un nuevo pacto político, asistimos a la reformulación de un nuevo pacto social que garantice la continuidad del orden político establecido tal y como viene sucediendo desde los diversos pactos sociales articulados desde principios de los sesenta. Sin entrar a valorar la causa de esa im- precisión programática,41lo cierto es que el producto de esa peculiar po- lítica pública de diseño mediático-discursivo es muy rentable para la monarquía, de este modo mantiene la hegemonía del campo político, controla férreamente el proceso de liberalización distorsionándolo y re- construyéndolo de tal forma que obstaculiza una democratización que pondría en peligro su estatus. Mohamed VI y el círculo de élites prima- rias no solo no han cedido poder formal, material o económico, sino que han invadido y colonizado nuevos espacios en las instituciones conven- cionales y han reforzado desmesuradamente un entramado institucional paralelo.

Casi la totalidad de la élite y los partidos de oposición, al menos públicamente, desconcertados ante una lógica que prescinde de la nego- ciación política, declinan su capacidad de enjuiciar críticamente la ac- tuación monárquica, como si tras la sucesión fueran garantes de la esta- bilidad del país; rebajan sensiblemente su listón reivindicativo; eluden las presiones directas o frontales sobre el régimen; se dejan llevar por la inercia del juego sistémico, autolimitando su capacidad de iniciativa, prescripción y provocación. Parece que, bien por agotamiento, bien por pragmatismo, carecen de la valentía de proponer ningún escenario ni pro- yecto alternativo. Tras décadas de hacer de la reforma constitucional una condición de la acción política, la oposición se refugia en el consenso y concentra todas sus energías en las reformas políticas. Los límites de esta estrategia reformista de segundo rango se han puesto de manifiesto en los dos penúltimos gobiernos (tanto en el de Yusufi, como en el de Jettú) ca- pidisminuidos y maniatados por la omnipresencia real.

Siendo consciente de todo ello, la oposición tal vez esté esgrimien- do la carta de presentarse como oposición no maximalista, «oposición de su majestad» y no «oposición contra su majestad», para lentamente arrancar una paulatina transferencia de poder. Tal vez por eso eluda sus-

citar un debate abierto sobre la reforma constitucional, la asamblea cons- tituyente y la separación de poderes en unas condiciones muy desventa- josas para ella en la relación de fuerzas. Ahora bien, los riesgos de esa posición de «compromiso» mantenida mucho tiempo, y sin que se pro- duzcan resultados políticos tangibles de mejoras entre la población, po- drían confinarle en una relación circular de poder, que le alejaría de sus bases y de ciertos sectores de su inteligencia y, lo que es más peligroso, aumentaría aún más la fosa que la separa de los marroquíes de a pie.

Estos mimbres dibujan el tránsito de un autoritaritarismo semicom- petitivo a un autoritarismo competitivo42o electoral. Al matizar y califi- car a Marruecos como alumno aventajado del autoritarismo competitivo subrayamos la existencia de ciertos déficit en la articulación de las cua- tro arenas de contestación democrática que Levitsky y Way (2002: 54- 57) proponen en su sistematización del concepto. En la arena electoral marroquí las elecciones se celebran con regularidad desde 1997, desde los comicios de 1993 se observa una tendencia incremental de mayor li- bertad y transparencia, pero las condiciones jurídico-políticas en las que se desarrollan los procesos electorales impiden que cualquier partido po- lítico consiga una mayoría electoral y parlamentaria fuerte43y aún per- sisten actores políticos excluidos de la competición electoral. En la are- na legislativa el parlamento es débil, falto de autonomía, con una alta fragmentación partidista, sobre todo tras las elecciones de 2002. La ele- vada atomización partidista y la omnipresencia de la monarquía diluyen y desdibujan las nociones de gobierno y oposición parlamentaria y difi- cultan la visualización de cualquier conflicto entre ambos. La arena judi- cial dista mucho de un poder judicial independiente que vele por el cum- plimiento del Estado de derecho. Finalmente, en la arena mediática sí ha surgido una prensa independiente que juega a fondo su papel, forzando los límites del proceso liberalizador, y que ha sido y es duramente perse- guida por ello.

En la última década hasaniana el funcionamiento de esta autocracia liberalizada (Brumberg, 2003) se caracterizó, de un lado, por una cierta apertura en la cúspide decisional visibilizada en un proceso de negocia- ción política y comunicación permanente con las fuerzas políticas y sus líderes; de otro lado, por un control de la base de la pirámide a través de la ingeniería electoral y la inclusión/exclusión de los actores en el cam- po político regulada a través el binomio represión-cooptación.

que Mohamed VI parece que está invirtiendo el funcionamiento del anti- guo autoritarismo. Este nuevo autoritarismo se caracterizaría por dos procesos simultáneos: uno de reforzamiento y concentración en la cúspi- de autoritaria prescindiendo deliberadamente de la importancia de las formas y la negociación con las distintas formaciones políticas; el otro de ampliación en la base de la pirámide de la dimensión competitiva de los procesos electorales. De esta forma la dimensión electoral se ha fortale- cido sensiblemente, la represión se ha reducido, se han ampliado los ac- tores y los márgenes de la competición electoral, y de forma paralela se ha revitalizado la dimensión autoritaria. El nuevo rostro del autoritaris- mo renueva la función de cooptación y de reparto de bienes privados que ya venían realizando las instituciones estatales convencionales y crea nuevas agencias de elitización a través de entramados institucionales pa- ralelos (comisiones y consejos) que eluden o marginan a las instituciones formales de poder y reducen y aíslan en círculos muy estrechos la capa- cidad de decisión y ejecución política. Estos círculos de élites primarias se encuentran ante la paradoja de impulsar cambios que afectarían direc- tamente a sus privilegiadas posiciones de poder.

Un previsible escenario de futuro es la continuidad en la evolución del autoritarismo abundando en su vertiente competitiva y modernizado- ra. Su mayor reto se abre en el campo de la gestión eficiente de políticas públicas que recuperen la confianza del marroquí como ciudadano y como elector. En la actualidad los mayores riesgos sistémicos percibidos por el poder atañen a la complicada cuestión social y sus previsibles es- tallidos y la espada de Damocles de la amenaza terrorista. Aun así, rebus sic stantibus, el autoritarismo marroquí goza de buena salud, así que pro- bablemente asistiremos a una evolución calculada a dosis homeopáticas para adecuarse a la evolución sociopolítica interna, a los referentes in- ternacionales, las puntuales exigencias norteamericanas y las suaves pre- siones de las políticas europeas (vecindad, proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo, etc.).

Notas

1. Este trabajo se enmarca en los proyectos: «Observatorio político Espa- ña-Magreb: liberalización política y migraciones», SEC 2005-08867-C03-02, fi-

nanciado por el Ministerio de Educación, cuya investigadora principal es Mª An- gustias Parejo y «Análisis de las transiciones políticas en el mundo árabe», aus- piciado por la Fundación CIDOB y dirigido por Ferran Izquierdo.

2. Una lectura estricta y restrictiva nos llevaría a considerar el movimien- to nacional como una estructura que se formó en el marco de la lucha por la in- dependencia a partir de tres fuerzas principales: la resistencia, el ejército de libe- ración (ALN), la central sindical Unión Marroquí de Trabajadores (UMT) y el partido del Istiqlal (Parejo, 1999a: 150).

3. El monarca puede proclamar el estado de excepción y retomar la totali- dad de poderes (art. 35 de la Constitución), disolver las dos cámaras (art. 27), y elige 5 de los 9 miembros del Consejo superior de la magistratura, institución que preside, entre otras prerrogativas.

4. Tel Quel, nº 339 (20-26 de septiembre de 2008), p. 3.

5. Las FAR se crearon oficialmente en mayo de 1956 y tuvieron en Moha- med V su comandante supremo y en Hasan II su jefe de Estado Mayor. En 1960 lo que quedaba del Ejército de Liberación Marroquí se integró a estas Fuerzas. Gran parte de los oficiales marroquíes más próximos a Hasan II se habían for- mado en el Ejército colonial francés, como es el caso de los generales Ufkir o Amezián.

6. La DST es un servicio autónomo creado en 1973 al que se atribuye la mayor parte de las desapariciones políticas de los años de plomo. La conexión entre los diferentes cuerpos estaría ejemplificada por su antiguo director, H. Laâ- nigri, que había sido segundo de Kadiri en la DGED y cuyo cuerpo de origen es la Gendarmería, mientras que un hijo suyo es, desde hace poco tiempo, encarga- do de misión en Palacio.

7. Tel Quel, nº 342 (11-17 de octubre de 2008), p. 46.

8. En el intrincado mundo de las relaciones entre élites marroquíes resulta revelador comprobar que el general H. Benslimán, el secretario general del ex partido comunista marroquí (PPS), Ismail Alaui, y Saad Hassar, secretario de Es- tado de Interior son todos ellos sobrinos del ex líder del partido islamista mode- rado PJD, el doctor Jatib. Otro de los ejemplos más citados es de la familia El Fassi que cuenta con decenas de miembros ilustres (el ministro de Asuntos Exte- riores Taieb Fassi Fihri es sobrino del actual primer ministro, Abbas El Fassi).

9. El capitán Adib acusó en noviembre de 1999 a sus superiores de co- rrupción a través de las páginas del periódico Le Monde. En febrero de 2000 fue condenado en primera instancia a cinco años de prisión, condena que fue invali- dada por el Tribunal Supremo de Rabat. En octubre del mismo año el Tribunal Militar de Rabat lo condenó a dos años y medio de prisión firme por «ofensa al Ejército».

10. La revista Économie & Enterprises publicó una noticia sobre los ne- gocios pesqueros del general H. Benslimán, jefe de la gendarmería real, y del lu-

garteniente general A. El Kadiri, antiguo responsable de la DGED, como propie- tarios de la sociedad Kaben Pesca (Ka por Kadiri y Ben por Benslimán) posee- dora de cuatro licencias de pesca para exportar a España. En 2003 se deshicieron de la empresa. Otro general encargado de la «zona sur» (Sáhara), A. Bennani, po- see la compañía Royal F que posee 19 licencias de pesca. Ciertas informaciones aseguran que estas empresas podrían beneficiarse de los subsidios pagados por la UE (1.000 millones de DH anuales) en compensación por el faeno de barcos europeos.

11. Entrevista a Abdellatif Aguenouch en Le Quotidien du Maroc, 27 de noviembre de 2000.

12. El Messaoudi analiza en sus trabajos los ministros desde la indepen- dencia hasta el del gobierno Yusufi (El Messaoudi, 1999 y 2003).

13. Nos referimos explícitamente al período 1977-1993, pues no tenemos constancia de estudios de renovación y supervivencia parlamentaria posteriores a esa fecha.

14. Estos Consejos los integran representantes elegidos de las colectivida- des locales, miembros de las Cámaras profesionales y de los sindicatos, y parla- mentarios escogidos en el marco de la región. Los presidentes de las asambleas prefectorales y provinciales participan con un papel consultivo.

15. Sobre el papel las competencias pueden parecer relevantes, pero se ven limitadas a aspectos muy concretos. Entre ellas puede destacarse la votación del presupuesto, algunas competencias en educación, patrimonio o sanidad.

16. L’Opinion (3 de enero de 1996), p. 8.

17. El nuevo Código prevé penas de 3 a 5 años (antes eran de 5 a 20) por difamación al rey o a su familia. Así pues, un periodista puede ir a prisión por un escrito. Por otra parte, el gobierno puede prohibir una publicación (art. 29) si esta atenta contra el islam, la monarquía, la integridad territorial o el orden público, un amplio abanico que se puede prestar a interpretaciones muy diversas. La prohibición debe justificarse y pasar por los tribunales, y ya no es únicamente un acto administrativo.

18. El artículo 108 de la Constitución establece que aquello que atañe a la monarquía y a la religión no puede ser objeto de revisión constitucional.

19. El majzen es un concepto que suele aparecer en cierta bibliografía so- bre Marruecos y de uso corriente en la cultura política marroquí. A fines del si- glo XIXel majzen indica el gobierno marroquí tal y como se constituye a partir de las distintas dinastías cherifianas (saaditas y alauitas). Tras la independencia, en pleno siglo XX, el majzen pierde su uso oficial pero persiste en la vida sociopolí-

tica. Actualmente se puede aprehender como estructura, como práctica de go- bierno y como un conjunto de instituciones. Este «viejo nombre mágico» res- ponde a la estructura del poder político marroquí conformado por dos círculos: uno, representa al sistema tradicional encarnado por el sultán, cherif, Emir al

Muminin; otro, al sistema moderno vertebrado en torno a un rey jefe de Estado que reina y gobierna. Como forma de ejercer el poder, el majzen designa una ma- nera de componer el aparato administrativo, de dirigir a los sujetos que lo nutren, se trata de una proyección de la familia y de la autoridad patriarcal sobre la orga- nización estatal; es el rostro visible del neopatrimonialismo. El majzen alude también a una realidad institucional, en la que tienen cabida tanto las institucio- nes depositarias del poder formal, como el entramado paralelo de estructuras do- tadas de poder material, ambas constituyen el armazón del sistema autoritario (Parejo, 1999b: 260 y 2004: 102-103).

20. El País (17/11/2007).

21. La propia sección octava de la Audiencia Provincial de Madrid reco- noce, en su sentencia de enero de 2008 en un caso por difamación interpuesto por dos periodistas de la agencia contra el entonces periodista de El Mundo Alí Lm- rabet, que la MAP colabora con los servicios secretos marroquíes y que personas estrechamente relacionadas con la DGED son nombradas al frente de la MAP.

22. En 1984 se contabilizaban en Marruecos dos millones de hogares cla- sificados como «pobres» y los expertos del Banco Mundial cifraron en 5,6 mi- llones los efectivos de esta categoría. El nivel de consumo del 10% de los hoga- res más pauperizados se situaba en 1,9% de los gastos totales para el conjunto del país, mientras que el 10% de los hogares más ricos realizaban un gasto del 30,9% del porcentaje total del país (Djillali, 1991: 496). Según el informe sobre desa- rrollo humano en Marruecos elaborado en 2006 (AAVV, 2006) el índice de po- breza en Marruecos, es decir, con menos de 6 dirhams para comer por día y me- nos de 11 para vivir, según los datos de la Dirección de Estadística ha pasado del 21,1% a mediados de los años ochenta, a 13,1% en 1990-91, 19% en 1988-89 y a 17,8% en 2000-01.

23. Esta temática ya fue objeto de un polémico libro de Mohamed Diouri (1992).

24. Busca fidelidades partidistas a través de una política constante en el tiempo basada en la proximidad y de una fuerte coherencia discursiva, disciplina interna, comportamiento irreprochable y trabajo concienzudo de sus diputados (Fernández, 2007: 27).

25. Vía democrática (Ennahy addimoqratia) de Abdalá Al Harrif, el Parti- do de la vanguardia democrática y socialista (PADS, At-talia) de Abderrahmán Benameur y Ahmed Benyellún; Fidelidad a la democracia y Izquierda socialista unificada (GSU) que es el resultado de la unificación de diferentes corrientes de la extrema izquierda.

26. Esta demanda incluye la creación de un marco constitucional que ten- ga legitimidad popular (una constituyente elegida o una conferencia nacional), un texto que garantice la separación de poderes, y la responsabilidad del Ejecu- tivo.

27. El principal atentado se produjo en mayo de 2003 en Casablanca a tra- vés de cinco ataques simultáneos que causaron la muerte a 45 personas, cuatro de ellas españolas. Más recientemente debe destacarse los atentados de marzo y abril de 2007 en los que cuatro yihadistas se autoinmolaron.

28. Por este término se entiende en esta ocasión la burguesía representada en el momento de la independencia por el Istiqlal. La continuidad de esta clase se observa en todos los regímenes que se han sucedido desde hace un siglo (desde