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2.4 “ACCESIBILIDAD ACCESIBLE”: HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE ACCESIBILIDAD

Capítulo 3 POLITICAS Y LEGISLACIÓN: ANÁLISIS DE LAS NORMATIVAS EN

3.3. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA E IMPLICACIONES PRÁCTICAS DE LA NORMATIVA: AVANCES Y DESAFÍOS

3.3. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA E IMPLICACIONES PRÁCTICAS DE LA

NORMATIVA: AVANCES Y DESAFÍOS

El análisis legislativo en materia de discapacidad, educación superior y accesibilidad muestra tres líneas de evolución fundamentales. En primer lugar, se observa un ligero, pero continuado, avance en el grado de especificación de las mismas. Las normativas más recientes se van llenando de medidas de acción más concretas que evidencian la especificación que antes mencionábamos, contribuyendo a sistematizar, organizar y articular planes integrales de actuación dentro de las instituciones de educación superior. De la simple mención de derechos fundamentales tales como la igualdad de oportunidades o la no discriminación en la redacción inicial de la LOU en 2001, pasamos al establecimiento de líneas de actuación concretas en las posteriores modificaciones de la misma realizadas en el 2007.

En segundo lugar, se produce una amplitud de conceptos en el desarrollo normativo. Las primeras leyes hacían referencia especialmente a cuestiones de acceso, para ir posteriormente introduciendo aspectos vinculados con el desarrollo de la vida académica y social de los estudiantes con discapacidad en la universidad. Así como en las primeras leyes es habitual encontrar pequeñas referencias a la igualdad de oportunidades y el derecho a la solicitud de adaptaciones, las últimas normativas muestran una clara evolución, que deja traslucir un concepto de integración vinculado con la participación activa y real de la persona con discapacidad en el ámbito universitario. Anteriormente parecía que el objetivo de la legislación era

garantizar el acceso a los niveles superiores del sistema educativo, sin embargo, en la actualidad se observa una marcada posición hacia el fomento de la participación activa y real de los alumnos. Por ello, conceptos como el de accesibilidad o adaptación se amplían para dar cabida a cuestiones como la comunicación, la tecnología, los espacios virtuales, los procedimientos, sensibilización, contenidos e incluso el diseño de planes formativos. A este respecto se producen dos hechos importantes. Por un lado, por primera vez, una ley obliga a las universidades a la articulación de algún tipo de sistema y/o procedimiento capaz de asegurar las adaptaciones curriculares, itinerarios, orientación y apoyo en general a los estudiantes con discapacidad. Y por otro, los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos se erigen como elementos de calidad para evaluar el diseño de titulaciones.

Y en tercer lugar, se produce también una transversalidad en las políticas en materia de discapacidad. Como fruto de la ampliación de conceptos señalados anteriormente, leyes no directamente del ámbito educativo, recogen elementos en sus artículos que pueden y deben incluirse en los planteamientos políticos universitarios, como es el caso de las actuaciones derivadas de la LIONDAU. Así, conceptos como accesibilidad o diseño para todos, se convierten en principios fundamentales en el diseño y construcción de servicios, productos y procesos de la vida socioeducativa, incluidos los de participación educativa. La accesibilidad en los contextos de educación superior no queda garantizada únicamente por una legislación educativa (como la LOU y sus posteriores modificaciones), sino que se ratifica a través de leyes generales de diseño universal, como la LIONDAU. Y tal como defendíamos anteriormente, afecta no sólo a elementos vinculados con el acceso (accesibilidad arquitectónica), sino relacionados con la participación activa de las personas, vinculando el principio de accesibilidad a la comunicación, el proceso educativo e incluso el currículum. En definitiva, desde la publicación de la LISMI en 1982 hasta la reciente LIONDAU, han trascurrido más de veinte años, en los que los derechos de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos sociales han sufrido importantes cambios. Sin embargo, estas modificaciones, tanto en el contenido y desarrollo de las leyes como en el enfoque y perspectiva que presentan, se han producido ya una vez entrado el s.XXI. Mientras, han sido casi dos décadas de un vacío legal que dificultaba en gran

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medida la puesta en marcha de actuaciones y medidas de acción positiva contra la discriminación.

Pero quizá lo más significativo de este cambio no sea el hecho de los últimos cinco años se hayan publicado infinidad de leyes sobre los derechos de las personas con discapacidad en la sociedad, ni siquiera que éstas incorporen en sus desarrollo especificaciones de actuaciones específicas a aplicar, sino el enfoque de los textos legales, que supone un cambio en la perspectiva del modelo de discapacidad subyacente a la legislación. Basado en enfoques sociales de la discapacidad y en el modelo de “vida independiente”, los textos legales recogen los derechos y exigencias de un colectivo de la población que no son sujetos pasivos de un conjunto de ayudas y apoyos asistenciales, sino que resultan ser personas activas socialmente, con sus derechos y obligaciones, responsables del proceso de toma de decisiones, y que no sólo reclaman el acceso a los diferentes ámbitos sociales, sino también la participación efectiva y real en los mismos.

Llegados a este punto, ¿cuál es el camino por el que avanzar? Dados los principios de descentralización y de autonomía universitaria, el siguiente campo de batalla se encuentra en las políticas internas de las propias universidades. Estas suponen el último nivel de concreción legislativa y el documento en el que deben desarrollarse los principios normativos establecidos en las leyes generales. El análisis de las políticas específicas de cada universidad ofrece un panorama no sólo del nivel de integración de la normativa estatal y autonómica correspondiente en la propia institución, sino también de su concepto de la discapacidad, igualdad de oportunidades y de los diferentes aspectos que configuran la participación académica y social de las personas con discapacidad en la Universidad, entre ellos la accesibilidad. Por ello es necesario analizar, como parte del estudio empírico de la investigación, los reglamentos internos de la Universidad Complutense, entendiendo la política específica de la universidad como un elemento configurador del modelo de accesibilidad existente.

Capítulo 4

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