La información recogida en los países para este Informe se divide en dos partes bien diferenciadas. La primera parte consistió en una introducción contextual breve, pensada para brindar una aproximación a cómo los educadores y el público en general perciben la situación actual en materia de convivencia y seguridad en las escuelas de su país – o, dicho al revés, cómo perciben la situación de violencia o violencias en el espacio escolar. Como se trata de un acercamiento informal a percepciones, se instruyó a los investigadores nacionales para que recogieran opiniones personales de alumnos, educadores y otras personas, así como las que hubieran aparecido en medios de comunicación masiva18.
La segunda parte fue propiamente la recolección de datos en materia de políticas educativas sobre convivencia y seguridad en la escuela. Esto se realizó utilizando la matriz de variables e indicadores construída ex profeso para esta investigación. Consistió en 4 variables y 15 indicadores que se explican a continuación.
La primera variable –información estadística y diagnósticos– se propuso comprobar si las entidades
rectoras de la educación nacional disponían de información sobre incidentes o situaciones conflictivas
en las escuelas públicas del país, pues se trata de la base empírica indispensable para sustentar
18 La guía para recolectar estas impresiones, que llamamos información de contexto, se consigna en la Sección VI, Anexo 3.
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Tabla 7. Campo: Políticas públicas educativas Dominio: Políticas sobre convivencia y seguridad escolar
Variables Indicadores Medios de verificación
1. Información estadística y diagnósticos
1.1 Disponibilidad de información estadística y bases de datos en el Ministerio de Educación sobre
incidentes o situaciones de conflicto violento en los
centros educativos del país.
• Entrevista con la/s persona/s a cargo de las estadísticas del Ministerio de Educación (u otra dependencia gubernamental, si corresponde). 1.2 Práctica de algún procedimiento de
sistematización y análisis de los datos estadísticos disponibles.
• Consulta de la base de datos existente sobre
conflictos intraescolares (en el Ministerio
de Educación o en otra dependencia gubernamental).
1.3. Existencia de estudios descriptivo-explicativos realizados en el Ministerio de Educación sobre los datos estadísticos disponibles.
• Listado de estudios existentes.
2. Políticas, planes y
programas
2.1 Existencia de lineamientos u orientaciones ministeriales para promover la convivencia y
seguridad escolar y prevenir y manejar conflictos en
los centros educativos del país.
• Entrevista con funcionario/s a cargo de la dependencia ministerial responsable de esta materia.
2.2 Existencia de uno o más planes en esta materia. • Documento/s ministeriales que den cuenta
de orientaciones específicas en materia de
convivencia, seguridad y violencia intraescolar
(oficios, pronunciamientos, reglamentos, etc).
2.3 Puesta en práctica de uno o más programas o
proyectos específicos en esta materia.
2.4 Presencia explícita de valores y principios de educación en derechos humanos en los lineamientos, plan/es y programas o proyectos existentes en esta materia.
• Texto del/de los plan/es y de los programas o
proyectos específicos existentes.
3. Ejecución de las
políticas
3.1 Existencia de una o más instancias ministeriales responsables de la convivencia, la seguridad y la
prevención y manejo de conflictos en los centros
educativos.
• Organigrama del Ministerio.
• Entrevista con la/s persona/s a cargo de la dependencia responsable de la materia. 3.2 Disponibilidad de presupuesto para llevar
adelante los planes y programas o proyectos existentes.
• Consulta del presupuesto educativo.
• Entrevista con la/s persona/s a cargo de la dependencia responsable de la materia. 3.3 Participación de los diferentes actores educativos
en la ejecución de los planes y programas o proyectos: 3.3.1 Directores de centro 3.3.2 Docentes 3.3.3 Personal de servicio 3.3.4 Padres 3.3.5 Comunidad
• Entrevista con la/s persona/s a cargo de la dependencia responsable de la materia.
• Texto del/de los plan/es y de los programas o proyectos existentes.
3.4 Existencia de materiales de difusión y formación con enfoque de derechos, producidos y distribuidos por el Ministerio de Educación sobre esta materia.
• Copias de los materiales de difusión y formación producidos y distribuidos. 3.5 Existencia de acciones de capacitación a los
diferentes actores educativos sobre esta materia. 3.5.1 Directores de centro
3.5.2 Docentes
3.5.3 Personal de servicio 3.5.4 Padres
3.5.5 Comunidad
• Entrevista con la/s persona/s a cargo de la dependencia responsable de la materia.
• Registro de acciones de capacitación de la dependencia responsable de la materia.
4. Seguimiento y evaluación de las
políticas
4.1 Seguimiento al cumplimiento de las políticas, plan/es y programas o proyectos en materia de convivencia, seguridad y prevención y manejo de
conflictos en los centros educativos.
• Entrevista con la/s persona/s a cargo de la dependencia ministerial responsable de la materia.
4.2 Conducción de evaluaciones sobre la marcha de los planes y programas o proyectos existentes.
• Consulta de evaluaciones y estudios oficiales
sobre el funcionamiento de los planes y programas.
• Entrevista con la persona a cargo de la dependencia ministerial responsable de la materia.
4.3 Disponibilidad de resultados y conclusiones sobre la marcha de los planes y programas o proyectos existentes.
cualquier diagnóstico sobre la situación real de convivencia y seguridad en los centros escolares. Los indicadores observaron la existencia (o no) de datos fácticos, procedimientos de sistematización y procesamiento de datos, y estudios de análisis de los mismos.
La segunda variable –políticas, planes y programas– buscó establecer si la autoridad educativa nacional contaba con políticas generales y estrategias para atender la problemática en estudio. Las
políticas y acciones se clasificaron en tres niveles de generalidad –lineamientos u orientaciones,
planes, y programas o proyectos–, a cada uno de los cuales correspondió un indicador. Un cuarto y crucial indicador examinó si estos distintos tipos de políticas habían sido concebidas (o no) con perspectiva de derechos humanos.
La tercera variable –ejecución de las políticas– profundizó en la lógica y la cronología esperable de las políticas públicas, esto es, indagar sobre su concreción y puesta en práctica (o no). Los indicadores
verificaron la existencia de las condiciones básicas para su realización: instancias institucionales
responsables, presupuesto, participación de diferentes actores educativos, materiales de difusión y acciones de capacitación en la materia.
La cuarta variable –seguimiento y evaluación de las políticas– observó la culminación del ciclo de las
políticas: en qué medida hubo fiscalización (o no) de su puesta en práctica, sus efectos y productos. Los indicadores exploraron si se dio seguimiento oficial al cumplimiento de las disposiciones de
política, si se condujeron evaluaciones y si se dispone de resultados y conclusiones. La matriz completa utilizada aparece en la Tabla 7.