La dictadura militar y la década del ochenta
La puja distributiva en un contexto de pleno empleo terminó provocando presiones infl acionarias, acompañadas por un clima de violencia e inestabilidad política.
El golpe militar de 1976 marca un punto de infl exión en la historia argentina. En el plano económico se abandonaron las medidas de promoción al desarrollo
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del sector industrial. Acompañando las ideas neoliberales que se estaban gestan- do en el mundo, se impuso un enfoque monetarista promovido por el FMI, en el que se restaba capacidad de gestión a las administraciones locales, dejando que los ciclos de la economía estuvieran principalmente a disposición de las fl uctuaciones de la economía internacional. Se intentó por esta vía resolver los confl ictos distributivos propios del modelo de sustitución de importaciones favoreciendo a determinados segmentos del capital más concentrado.
Con la dictadura militar, la suspensión de la negociación colectiva, la in- tervención de los sindicatos, la prohibición de toda forma de protesta en los lugares de trabajo y la represión a los delegados de base y la desaparición de personas tuvieron como objetivo disciplinar a la sociedad, y específi camente al movimiento obrero. Para la clase trabajadora fue un período funesto, de retrac- ción y deterioro de las condiciones de vida: el salario real que había crecido de manera sostenida hasta mitad de los setenta se redujo un 30% en sólo un año y la participación de los asalariados en términos de distribución funcional del ingreso se desplomó acompañando la debacle del país.
Con la restauración de la democracia en 1983, siguió prohibida la nego- ciación colectiva con contenidos salariales hasta 1988. En este lapso, la deter- minación de salarios se efectuó en forma administrativa, principalmente, con aumentos generales por medio de decretos.
Durante el gobierno de Alfonsín se intentó en varias ocasiones contener las subas de precios y salarios apelando a políticas de incrementos programados y concertados o al congelamiento de precios y salarios, aunque dichas expe- riencias fi nalizaron en repetidas frustraciones. La carga de la deuda externa, previa estatización de la deuda privada acontecida a principios de los ‘80, siguió condicionando la independencia de la política económica y salarial.
Después del intento frustrado del gobierno radical de modifi car la Ley de Asociaciones Sindicales10 se generó una relación confl ictiva con los sindicatos
de base peronista. A la prohibición de pactar salarios a través de la negociación colectiva se le adicionaba un contexto de aceleración infl acionaria, por períodos muy intensa, con reducción del nivel de actividad y una signifi cativa erosión del empleo asalariado formal. La respuesta de la CGT, ante la tensa relación con el gobierno, fue la convocatoria a 13 paros generales que se desarrollaron entre 1984 y 1989.
La negociación colectiva institucionalizada recién se restauró en 198811 en
un contexto caracterizado por la inestabilidad económica. De todas formas,
10 El proyecto parlamentario proponía reformular el modelo sindical argentino teniendo
entre sus prioridades otorgar un lugar a las minorías en el gobierno de los sindicatos. Esta propuesta del Ejecutivo fue aprobado en Diputados, pero no pudo pasar la instancia de la Cámara de Senadores, razón por la cual, renunció el Ministro de Trabajo (Antonio Mucci) que ocupaba el cargo en ese entonces.
11 En 1988 con la sanción de la Ley Nº 23.545 se modifi ca el régimen de negociación colectiva
la negociación colectiva conservó rasgos de períodos pasados, fundamental- mente, la centralización de las negociaciones12. Se observó en este período una
resistencia sindical a consensuar contenidos del convenio que implicaran una pérdida de benefi cios conquistados en la ronda anterior de negociación (1975) y una persistencia al tratamiento de los temas de índole salarial. Sin embargo, la estrategia sindical de pactar incrementos nominales de salarios, a través de las cláusulas que asociaban los criterios de aumentos salariales con las tasas de infl ación y el costo de vida, fueron insufi cientes para mejorar el poder adqui- sitivo de los trabajadores.
La década del noventa
Durante la década del noventa se profundiza el modelo neoliberal instaura- do con la última dictadura: la implementación de reformas de tipo estructural en la macroeconomía, la desregularización de todos los mercados (incluido el laboral) y un ancla nominal sobre un tipo de cambio bajo (el régimen de Con- vertibilidad), tuvieron un fuerte impacto social: altas tasas de desocupación y precariedad laboral que trajeron consigo un aumento de la pobreza.
Este nuevo contexto macroeconómico repercutió en la negociación colectiva, en primer lugar por la reducción de la cobertura (dado el aumento del empleo no registrado) y en segundo lugar, por el afi anzamiento de la tendencia a la descentralización: empezó a prevalecer la negociación de ámbito de empresa.
La negociación colectiva fue en gran medida un instrumento de legitimación de la fl exibilización laboral. Los nuevos parámetros de competitividad con los nuevos métodos de producción consecuentes se refl ejaron en los contenidos de los acuerdos, que contenían cláusulas de fl exibilización. La prohibición de la indexación salarial y el decreto Nº 1334/91, que establecía que los aumentos salariales estaban permitidos siempre que fueran acompañados de incrementos de productividad, son muestras del clima que imperaba en la negociación salarial.
Asimismo, el nivel de negociación converge a la baja del ámbito de actividad o rama al de la empresa: entre 1991 y 1994, el 65% de los convenios y acuerdos colec- tivos eran de rama o actividad y entre 1995-1999 el 78% de las negociaciones eran de empresa y sólo el 22% de rama o actividad (Novick y Trajtemberg, 2000).
Como corolario de las reformas estructurales orientadas al mercado y de la profundización de las políticas neoliberales, apertura económica y apreciación cambiaria de por medio, se produjo un marcado incremento de la tasa de des- ocupación y un fuerte crecimiento del trabajo precario. Este comportamiento operó en el sentido de reducir la cobertura de la negociación colectiva y aumentar la desprotección de los trabajadores. Por su parte, se manifi esta una dinámica
pasa a estar regulado por la Ley N°23.546 (Arese, 2006).
12 Entre 1988 y 1990, el 83% de los convenios homologados eran de rama o actividad. Además
conservaban las características de los convenios colectivos de 1975 que se refl ejaban tanto en los temas negociados como en los resultados que se plasmaban en las cláusulas acordadas.
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contradictoria entre un aumento de la negociación en los sectores más dinámi- cos y en los sometidos a los procesos de privatización y una permanencia de la “ultraactividad” de los convenios más importantes pactados en la ronda de negociación de 1975, dejándolos inalterados.
En este período comienzan a emerger nuevos contenidos, entre los que se destaca principalmente la negociación de fl exibilidad externa e interna. La fl exibilidad externa se expresa en la autorización a establecer modalidades de contratación por tiempo determinado u otras formas “no típicas” de contrata- ción. La fl exibilidad interna se manifi esta en los cambios introducidos en tres dimensiones: organización del trabajo (movilidad y/o polivalencia funcional), jornada de trabajo (cálculo de jornada de trabajo a través de módulos plurise- manales) y remuneración (premios sujetos a normas de rendimiento).