La Constitución fue reformada en diversos artículos en junio del 2011, en

lo que se refiere a la materia de los Derechos Humanos. A partir de esta reforma, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Ombudsman nacional, ha calificado como la de mayor trascendencia en la materia desde la propia promulgación de la Constitución por la forma de concebir, la forma de entender el papel que juegan los derechos inhe- rentes a la persona en nuestro país, es diametralmente distinta que previo a los cambios constitucionales.

Después de 96 años, el poder constituyente ha adoptado una posición que

se construye desde fines de la Segunda Guerra Mundial, en términos de la dignidad de la persona.

De entrada, ha establecido denominar el capítulo inicial de nuestra Carta Magna con el rubro de “Los Derechos Humanos y sus garantías”; lo cual en principio implica distinguir entre el derecho como tal y aquellos mecanis- mos jurídicos tendentes a garantizar su respeto y vigencia.

Quisiera destacar cinco aspectos que me parecen de la mayor relevancia

en materia de reformas al Artículo 1o. Constitucional:

La primera es que el poder constituyente ha decidido modificar una locu- ción que formaba parte de este numeral. Me refiero a que anteriormente la Constitución decía que otorgaba garantías, refiriéndose a los Derechos Humanos. A partir de la Reforma Constitucional, la Constitución habla de que se reconocen los Derechos Humanos. Este cambio, me parece que no es menor porque implica el reconocimiento en nuestro orden constitucio- nal, de que los Derechos Humanos son inherentes a la persona. Es decir, son previos a su constitucionalización.

La otra cuestión es que la Constitución como tal no los otorgue, sino que los reconozca. No es, por ende, un cambio menor, es un cambio en cuanto a cómo se concibe la dignidad de la persona y los derechos inherentes a la dignidad de la persona en nuestra Constitución, a partir de la Reforma Constitucional.

Esta circunstancia particular viene a confirmar que toda persona, por el hecho de serlo, posee un valor intrínseco a su naturaleza humana que la hace digna; lo cual conlleva a la garantía de ciertas condiciones que deben facilitar el libre desarrollo de su personalidad.

La segunda se establece en el Artículo 1o. Constitucional la incorporación

al orden constitucional, de una serie de tratados internacionales en que se contemplan los Derechos Humanos. Se establece con claridad –como

una segunda parte de esta reforma al Artículo 1o. Constitucional– la co-

rrelativa obligación de toda autoridad del Estado a proteger y promover los Derechos Humanos, así como a reparar las violaciones a los mismos. La protección de los Derechos Humanos no se reduce a los que están re- conocidos en la propia Constitución, sino que se amplía a todo un bloque de tratados del orden internacional de los cuales México sea parte, en los que se reconozcan estos derechos inherentes a la persona física.

Tercero, las normas de Derechos Humanos deben, a partir de la reforma, in- terpretarse conforme al principio pro persona, se refiere básicamente a que debe procurarse maximizar, siempre, la protección máxima a la persona. Cuarto, toda autoridad del Estado Mexicano, sin importar su ámbito com- petencial o nivel jerárquico, se encuentra obligada a proteger, garantizar y promover los Derechos Humanos.

Y quinto, en caso de violaciones a los Derechos Humanos, el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar a las autoridades responsables, así como la obligación de reparar el daño ocasionado, en virtud de la violación concreta.

A partir de junio del 2011, la Constitución tiene una visión muy distinta

del ser humano y esto constituye un cambio fundamental. Una conse- cuencia de este cambio y que es de la mayor trascendencia, se refiere al principio de legalidad.

Se define este principio de legalidad con dos vertientes: por una parte, una vertiente referida a los particulares, a la actuación de los particulares; y por otra, referida a la actuación de las autoridades, de los servidores públicos.

Por lo que hace a la primera, se dice el principio de derecho es que “a todas las personas, a todo particular todo le está permitido, salvo aquello que le esté prohibido”. La otra vertiente de este principio de legalidad re- ferido a las autoridades, afirmaba que “a la autoridad solamente le estaba permitido lo que la ley expresamente dice, sólo podía hacer lo que la ley le facultara”. Esto incluso fue recogido en tesis de jurisprudencia desde la quinta época, como principio de legalidad.

A partir de la reforma, la segunda parte de este principio ha dejado de tener vigencia, lo que implica sin duda, un cambio de la mayor relevancia. Y explicó: “esto es así porque la autoridad al estar obligada a la observan- cia de los Derechos Humanos, no puede argumentar que como la ley que la rige no contiene un supuesto específico que contemple la tutela o el respeto de un Derecho Humano. Tiene la potestad jurídica de desenten- derse de esta obligación”.

Ciertamente la autoridad seguirá obligada a fundar y motivar sus actos. La fundamentación y en todo caso la motivación, no puede, a partir de la reforma, limitarse a lo que señala la ley, ya que en caso de que la ley entre en conflicto con los Derechos Humanos, la autoridad, en términos de lo

que dispone el Artículo 1o. Constitucional, tiene la obligación de adecuar

su actuación al respeto y a la vigencia de los Derechos Humanos, a la ga- rantía de los Derechos Humanos.

A partir de la reforma. Todo órgano del Estado debe conocer, respetar, garantizar y promover los Derechos Humanos. Esto incluye los que com- prenden el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional, los cuales parten del reconocimiento de derechos inherentes a la persona e impo- nen obligaciones a los poderes públicos de respeto, protección y promo- ción, con la consecuente responsabilidad y sanciones para quienes los vulneren. Esto con independencia de que la legislación que regula la ac- tuación de que cada autoridad, contemple estas directrices en materia de Derechos Humanos.

En suma, toda autoridad del Estado, ya sea administrativa, legislativa o ju- dicial, federal, estatal o municipal, así como los órganos autónomos, están

obligados a respetar en actuación los Derechos Humanos, en cada uno de nuestros actos.

A partir de la reforma, son fundamentalmente tres cambios que se han generado, y cómo se ha incorporado en las recomendaciones e informes de los Derechos Humanos la Reforma Constitucional.

El primero es que el Estado a través de sus autoridades en los tres niveles de gobierno, se coloca en una posición garante de los Derechos Humanos. Esto refiriéndome a la responsabilidad del Estado en materia de Derechos Humanos. Surgen obligaciones fundamentales para su protección, promo- ción y defensa lo que implica el deber de asegurar la vigencia, el goce y disfrute de los Derechos Humanos, procurando los medios jurídicos, polí- ticos e institucionales adecuados a su protección.

En segundo lugar como responsabilidad, el Estado para cumplir satisfac- toriamente con este deber, se encuentra obligado a prevenir situaciones probablemente violatorias a los Derechos Humanos; y en caso de que la violación se realice, debe investigarlas con la finalidad de identificar a los responsables, imponer las sanciones pertinentes y asegurar a la víctima la adecuada reparación del daño.

Y finalmente, como una tercera obligación, a partir de la reforma al 1o.

Constitucional, se ha venido a reforzar el postulado de que si bien es cierto que una de las vías previstas en el Sistema Jurídico Mexicano para lograr la reparación del daño, consiste en plantear la reclamación ante los órganos jurisdiccionales competentes; también lo es que el Sistema No Jurisdiccio- nal de Protección de los Derechos Humanos, prevé la posibilidad de que la recomendación contemple la reparación del daño, independientemente de la acción jurisdiccional que en su caso pueda llevarse a cabo.

La tarea de promover, respetar y garantizar los Derechos Humanos no solamente compete a quienes se dedican o han dedicado sus vidas a de- fender la dignidad de las personas sino que la defensa, la promoción, el respeto a los Derechos Humanos es un compromiso y tiene que ser un compromiso común, un compromiso de todos. Hace falta, mucho camino por recorrer para que el espíritu de nuestro constituyente en materia de

protección a la dignidad de la persona sea una realidad. De ahí la impor- tancia de ir de la mano, de trabajar de manera conjunta porque así, paso a paso, vamos a poder ir construyendo el México que todos anhelamos y que finalmente, es el México que nuestro poder constituyente, que nuestra Constitución ha dejado delineado.

In document DERECHOSHUMANOS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ANTECEDENTES, SITUACIÓNACTUAL, PERSPECTIVAS Y PROPUESTAS (página 49-52)