La historia del cooperativismo venezolano puede ser ordenada en tres períodos: a) desde la formación de las primeras coope- rativas hasta el inicio del régimen puntofijista6 (1958); b) desde 5 De tal suerte, si la cultura identifica el elemento subjetivo –e intersubje- tivo– del fenómeno participativo, con las estructuras ubicamos el sustrato material y organizacional del mismo y con las dinámicas el componente cronológico; disponiendo de una suerte de mapa para el abordaje de esta compleja problemática.
6 El advenimiento del régimen democrático basado en el Pacto de Pun- to Fijo (1958-1998) instauró una gobernabilidad basada en la alternan- cia entre dos partidos dominantes –Acción Democrática y COPEI– y en
1958 al surgimiento (a fines de los años sesenta) de las Cen- trales Cooperativas Regionales (CCR´s) y de la Central Coope- rativa Nacional de Venezuela (CECONAVE) como eje integrador del cooperativismo nacional; y c) desde la constitución de CE- CONAVE hasta la etapa que se abre con el gobierno de Hugo Chávez (Bastidas, 2005: 61). Durante el puntofijismo conver- gieron disímiles esfuerzos institucionales y societales para fo- mentar la integración entre las cooperativas, y surgieron varias federaciones con un radio de acción nacional que reunían a em- presas agrupadas por sectores. En CECONAVE, las CCR´s se crearon en cinco zonas (Oriental, Zulia-Falcón, Central, Andina y Centro-occidental) llegando a poseer la mayor red funeraria del país, y constituyéndose en la columna vertebral del coope- rativismo venezolano. Además, las CCR´s –aún existentes– co- menzaron a abrigar en su seno a entidades de distinto tipo –de ahorro y préstamo, de consumo, de transporte, etc.– que exis- tían en cada región del país.
A partir de 1958 convergieron dentro de ese proceso tres pers- pectivas: la del Estado promotor y regulador, la de un sector progresista de la Iglesia Católica (que incidió en el fomento de las cooperativas de ahorro y crédito) y la de comunidades con amplio apoyo de sectores eclesiásticos (Bastidas, 2005: 62-65). La Cons- titución Nacional del año 1961 contenía un artículo que compro- metía al Estado al fomento de las cooperativas, a la que se sumó una nueva Ley General de Asociaciones Cooperativas (1966) pos- teriormente reformada (1975) para fortalecer la integración coo- perativa (Carlos Molina, 26/10/2011). La Constitución de 1961 concibió a las cooperativas como organizaciones tuteladas por el Estado, dedicadas a solucionar pequeños problemas comunita- rios pero vetadas para asumir actividades socioeconómicas en el área bancaria, de seguros y seguridad social. Por su parte, la Ley de Cooperativas de 1966 nació como iniciativa de organismos internacionales, privilegiando la gestión vertical, con pequeñas directivas, impulsando democracia representativa, limitando su acuerdos interclasistas para redistribuir la renta petrolera y expandir la inversión social (Arenas y Gómez, 2006: 35-36). En este período se erigió una democracia tutelada, a través de un sistema de pactos partidistas y sociales en un ambiente de modernización acelerada, que acogía una cultura clientelar, corporativa y patrimonialista (Maingon, 2008: 152-155) dentro de los esquemas formales de un Estado de Derecho. La dinámica Estado-sociedad se centró en el rol redistributivo de un Estado con gran- des recursos disponibles y en el protagonismo de los partidos dominantes (Rivas, 2008); de manera que el Estado acotaba las posibilidades de de- sarrollo autónomo de las organizaciones sociales (Calcaño, 2009) aunque expandía los derechos y la inclusión de la ciudadanía.
integración con otras cooperativas y organizaciones, confiando la supervisión de todas sus actividades a un solo ente (S/A, 2010: 8-10). En un caso excepcional dentro del fenómeno cooperativo tradicional, en las CCR se produjo una participación de los tra- bajadores equivalente a la de los miembros; siendo los primeros electos a la asamblea de la respectiva central como represen- tantes de sus compañeros, y gozando de pleno derecho para ser miembros de los consejos (Bastidas, 2005: 65-68).7
Con la puesta en marcha, en 1966-1967, de la Superintenden- cia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP) en tanto organismo estatal supervisor y capacitador, se centralizaron los servicios pú- blicos de fomento al cooperativismo –antes dispersos en distintos ministerios– al tiempo que se regionalizó el apoyo al sector, al crearse oficinas en varios estados del país. A partir de entonces –y durante toda la etapa puntofijista– se sucedieron diversas inicia- tivas estatales orientadas al sector, que abarcaron la Corporación de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria/Fundación para el Desarrollo de la Comunidad (1974), el Fondo de Cooperación y Fortalecimiento de Empresas Asociativas (1987), un plan de Enfrentamiento a la Pobreza y Programa de Apoyo a la Economía Popular (1989-1993) y el Programa de Economía Solidaria (1994- 1999) (Hintze, 2010: 186-190). Sin embargo, frente al peso del Estado y la iniciativa privada, el cooperativismo era algo numé- ricamente marginal –con 800 cooperativas que agrupaban unos 20000 miembros en febrero de 1999– (Azzelini, 2011: 303-307). No obstante, de las cooperativas creadas en esta etapa (alrededor de 1000 de 1958 hasta 1998) se mantiene operando un alto por- centaje (Carlos Molina, 26/10/2011)8, lo que revelaría un fortale- cimiento identitario y organizacional destacable.
7 Mientras, entre 1969 y 1972, jóvenes católicos de Caracas formados en el tra- bajo comunitario urbano se unieron a cooperativistas de los sectores agrícola, de ahorro y crédito, y a habitantes de zonas populares –zona del Petare, al este de la capital– con el fin de impulsar las cooperativas (Bastidas, 2005: 62-65). 8 En la valoración del período y sus saldos los expertos presentan algunas diferencias. Para Molina (26/10/2011), se le concedía gran importancia a la educación y formación de los cooperativistas. A las cooperativas que solicitaran su inscripción en la SUNACOOP se les concedía un plazo de un año para que demostrasen la viabilidad socioeconómica del proyecto, para lo cual podría contarse con el asesoramiento de los técnicos de la Super- intendencia. Vencido ese año se les cancelaba la inscripción provisional si no habían dado muestras de su operatividad. Según Freitez (2007: 84), sin embargo, el Estado promovía fundamentalmente cooperativas agrope- cuarias y de transporte, en una política pública que carecía de un plan coherente que estableciera el papel y alcance del desarrollo cooperativo en la economía nacional, y combinando un sesgo crediticio con escasa asistencia técnica.
Según Freitez (2008), tras las experiencias en los años 1970 y 1980 en cuanto a la relación del cooperativismo venezolano con centros de influencia religiosa o de poder político, las unidades de la economía social que se consolidaron a partir de esa etapa serían celosas defensoras de su autonomía, trabajando para garantizar su autofinanciamiento y autogestión, sosteniendo relaciones con el Estado o con empresas privadas basadas en la no dependencia. Posteriormente –en el período 1996-1999– desde las instituciones públicas se realizó una campaña –a través de dieciocho televisoras del país–, mostrando cuarenta experiencias exitosas de la Economía Solidaria en Venezuela; lo que creó un ambiente favorable en la opinión pública hacia op- ciones cooperativas (Cooperativa Gestión Participativa, 2010).