Persistían los motivos de preocupación con respecto a la rapidez, efectividad e independencia de las investigaciones sobre los casos de muerte bajo custodia policial. Se cerraron las investigaciones de cuatro casos de muerte bajo custodia iniciadas mucho tiempo atrás.
El 26 de septiembre, el juez instructor del caso de Abou Bakari Tandia concluyó que no había “indicios para atribuir la responsabilidad a un agente de policía en el proceso que desembocó en la muerte de la víctima”. Abou Bakari Tandia había entrado en coma durante la noche del 5 al 6 de diciembre de 2004, mientras estaba detenido en la comisaría de Courbevoie, y había muerto el 24 de enero de 2005. Al concluir el año el policía que había llevado a cabo la técnica de inmovilización causante, al parecer, del coma seguía en su puesto en otra comisaría. Estaba pendiente la celebración de la vista de apelación.
El 15 de octubre, en el caso de Ali Ziri, argelino de 69 años que había muerto en junio de 2009, dos días después de haber estado detenido en la comisaría de Argenteuil, el juez de Pontoise concluyó que no se había determinado “ningún acto de violencia voluntaria que pudiera haber sido la causa directa o indirecta de la muerte de Ali Ziri”. Sin embargo, una autopsia realizada en abril de 2011 había confirmado que la muerte se había debido a las técnicas de inmovilización que le habían aplicado y a los repetidos vómitos que tuvo bajo custodia. El juez nunca había interrogado a
los agentes de policía implicados en la detención y el traslado de Ali Ziri y su amigo Arezki Kerfali. Estaba pendiente la celebración de la vista de apelación.
El 15 de octubre, un juez de instrucción también cerró el caso de Mahamadou Maréga, migrante maliense en situación irregular, que había muerto el 30 de noviembre de 2010 tras recibir dos disparos de un dispositivo eléctrico paralizante durante su violenta detención en Colombes. El 4 de mayo, el Defensor de los Derechos había exigido el inicio de un procedimiento disciplinario contra los agentes encargados de hacer cumplir la ley implicados, al considerar que habían hecho un uso
desproporcionado de sus dispositivos paralizantes. Estaba pendiente la celebración de la vista de apelación.
En diciembre se desestimó el caso de Mohamed Boukrourou, que había muerto en un furgón policial el 12 de noviembre de 2009. Seguía pendiente un recurso interpuesto contra esta decisión. Según la información recibida, al concluir el año los cuatro agentes de policía implicados en su detención en Valentigney continuaban en sus puestos y no habían sido objeto de procedimientos disciplinarios.
Continuaron las investigaciones sobre otros casos.
El 24 de febrero, el Tribunal Penal de Grasse impuso a 3 de los 7 policías implicados en la muerte de Abdelhakim Ajimi, ocurrida durante su detención el 9 de mayo de 2008, sendas condenas condicionales de 6, 18 y 24 meses de privación de libertad. Amnistía Internacional expresó preocupación por considerar que estas condenas no se correspondían con la gravedad del delito cometido. Los 3 policías recurrieron contra la decisión. Los otros 4 implicados en el suceso quedaron absueltos.
Apenas hubo avances en la investigación de la muerte de Lamine Dieng, ocurrida el 17 de junio de 2007 durante su detención en París. Lamine Dieng había sido inmovilizado por agentes de policía en la calle y más tarde en un vehículo policial, donde había perdido el conocimiento y finalmente había muerto por asfixia mecánica.
Tortura y otros malos tratos
El Código Penal aún no contenía una definición de la tortura conforme a las normas internacionales. No se llevaban a cabo investigaciones inmediatas, independientes, imparciales y efectivas sobre las denuncias de malos tratos a manos de funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley. El 19 de abril el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura pidió “tolerancia cero” frente los malos tratos policiales y que se limitase el uso de dispositivos eléctricos paralizantes.
Discriminación
Las minorías étnicas y religiosas y el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e
intersexuales continuaban sufriendo discriminación. En diciembre, el ministro del Interior presentó un nuevo proyecto de código deontológico de las fuerzas de seguridad que, por primera vez, regulaba los controles de identidad y los registros corporales. En septiembre, el ministro se había opuesto a la idea de llevar un registro oficial de todos los controles de identidad para combatir la utilización de criterios raciales. Diversas organizaciones de derechos humanos continuaron documentando controles de identidad basados en perfiles étnicos.
Continuaba vigente la ley que restablecía la prohibición de llevar el rostro cubierto en público. Con ella se discriminaba indirectamente a las mujeres musulmanas que decidían libremente utilizar el velo integral. En enero, el Senado adoptó un proyecto de ley destinado a prohibir que las personas empleadas en guarderías privadas llevasen prendas y símbolos culturales y religiosos. Continuaba vigente una circular, distribuida en 2011 por el anterior Ministerio de Educación, que ya prohibía la participación en las salidas escolares de las mujeres que llevasen este tipo de indumentaria.
En agosto, una ley sobre acoso sexual introdujo la “identidad sexual” como motivo prohibido en la ley contra los crímenes de odio y en la legislación destinada a combatir la discriminación en el lugar de trabajo.
El 5 de octubre, el Consejo Constitucional derogó varias disposiciones de una ley de 1969 sobre las familias nómadas, eliminando el requisito de estar tres años censadas en un municipio para poder votar y de llevar y renovar periódicamente un “carné de circulación” en el caso de carecer de ingresos regulares. Sin embargo, las que sí tenían ingresos regulares seguían obligadas a llevar un nuevo “permiso de circulación”. Asimismo, todas las familias nómadas tenían que figurar en el censo municipal y no superar el 3 por ciento de él.
El 7 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley sobre matrimonio entre personas
del mismo sexo; y estaba previsto que la Asamblea Nacional lo debatiese a partir de enero de 2013.
Desalojos forzosos
A lo largo del año se siguieron llevando a cabo desalojos forzosos para desmantelar viviendas improvisadas y campamentos de romaníes. Según cálculos de ONG, entre enero y septiembre de 2012 se procedió al desalojo forzoso de 9.040 romaníes en toda Francia.
El 26 de agosto, el gobierno distribuyó una circular interministerial con directrices discrecionales para los prefectos sobre cómo planificar y llevar a cabo desalojos forzosos y prestar apoyo a las personas afectadas por ellos. Sin embargo, al ejecutar las órdenes de expulsión, en el ámbito local se siguieron incumpliendo abiertamente las salvaguardas internacionales contra los desalojos forzosos.
Personas refugiadas, migrantes
y solicitantes de asilo
Continuó vigente el procedimiento prioritario aplicado a los solicitantes de asilo, que no protegía
adecuadamente sus derechos fundamentales, y también siguió negándoseles el derecho a interponer un recurso ante el Tribunal Nacional del Derecho de Asilo y a permanecer en el país hasta su resolución.
El 26 de marzo, el Consejo de Estado anuló la decisión adoptada en abril de 2011 por la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas (OFPRA), que añadía Albania y Kosovo a la lista de países de origen seguros para los solicitantes de asilo. El 3 de octubre, el Consejo de Estado condenó el hecho de que la OFPRA no llevase a cabo evaluaciones individualizadas al examinar las solicitudes de asilo de personas cuyas huellas dactilares parecían haber sido alteradas voluntariamente.
El 7 de julio, el gobierno emitió una circular que recomendaba el arresto domiciliario estricto de las familias de migrantes en situación irregular en las que hubiera menores de edad, en vez de su
internamiento en centros de detención. El 11 de julio, el Comité de la ONU contra la Tortura paralizó la expulsión de una mujer somalí detenida en la “zona de espera” del aeropuerto de Roissy-Charles de Gaulle. Su solicitud de asilo y el posterior recurso se habían rechazado en el plazo de una semana, pese a que el ACNUR, la agencia de la
ONU para los refugiados, se oponía a la devolución de personas a determinadas partes de Somalia.
En diciembre, la Asamblea Nacional aprobó una ley por la que se modificaba el Código de Entrada y Residencia de Extranjeros y del Derecho de Asilo. La nueva ley abolía el llamado “delito de solidaridad”, de modo que prestar apoyo a la residencia irregular de un extranjero ya no se sancionaba con multa ni pena de prisión, siempre que la persona que proporcionase la ayuda no recibiese a cambio compensación directa o indirecta.
Novedades jurídicas, constitucionales
e institucionales
En diciembre, Francia firmó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional visitó Francia en febrero, mayo, junio, agosto, septiembre y noviembre.Elección y prejuicio. Discriminación de personas musulmanas en Europa(EUR 01/001/2012)
The European Committee for the Prevention of Torture calls for “zero tolerance” of ill-treatment(EUR 21/005/2012) Chased away: Forced evictions of Roma in Île-de-France
(EUR 21/012/2012)
GAMBIA
REPÚBLICA DE GAMBIA
Jefe del Estado y del gobierno: Yahya Jammeh
Por primera vez en casi 30 años se llevó a efecto la pena de muerte: nueve condenados a la pena capital fueron ejecutados sin notificación previa. Los reclusos no habían agotado todos los recursos. Las autoridades también reprimieron la disidencia recurriendo al hostigamiento y la intimidación. Las fuerzas de seguridad practicaron con asiduidad la detención y la reclusión arbitrarias. Las condiciones de reclusión eran atroces.
Pena de muerte
En agosto, nueve condenados a muerte –siete hombres gambianos, un hombre senegalés y una mujer senegalesa– fueron fusilados, una semana después de que el presidente Jammeh anunciase su intención de ejecutar todas las condenas a muerte impuestas. Las ejecuciones no se notificaron con antelación a los presos, ni a sus familiares y abogados ni a las autoridades senegalesas. Las autoridades no confirmaron las ejecuciones –que causaron protestas
internacionales– hasta varios días después. Tres de los ejecutados, Malang Sonko, Tabara Samba y Buba Yarboe, murieron sin haber agotado sus recursos judiciales, lo cual vulneró las normas internacionales relativas a juicios con garantías. Otro de los ejecutados, Dawda Bojang, había sido condenado a cadena perpetua en 2007 por asesinato. Cuando recurrió su sentencia
condenatoria ante el Tribunal Superior en 2010, se cambió la cadena perpetua por la pena de muerte. Cuando fue ejecutado no había agotado su recurso ante el Tribunal Supremo. La Constitución establecía que a todas las personas condenadas a muerte se les debía garantizar el derecho a recurrir ante el Tribunal Supremo.
En septiembre, el presidente anunció la suspensión de las ejecuciones supeditada al índice de delincuencia, por lo que las vidas de las personas condenadas a muerte pasaban a depender de factores externos.
En octubre, el Tribunal Supremo confirmó las sentencias condenatorias por traición de siete hombres condenados a muerte en junio de 2010 por conspirar para derrocar al gobierno. No se permitió la presencia en el tribunal de observadores
internacionales.
Al terminar el año seguía habiendo al menos 36 presos condenados a muerte.
Detención y reclusión arbitrarias
El Servicio Nacional de Inteligencia y la policía practicaron de manera habitual detenciones arbitrarias. En muchos casos, y en contra de lo establecido por la Constitución, las personas detenidas fueron recluidas sin cargos y durante periodos que excedieron el máximo de 72 horas dentro del cual los detenidos debían comparecer ante un tribunal.En abril, durante una redada en un club nocturno, se detuvo a 18 hombres y 2 mujeres, que eran o a quienes se consideraba lesbianas, gays, bisexuales o
transgénero. Se los acusó formalmente de tentativa de cometer “actos antinaturales” y de “conspiración para cometer delitos graves”. En agosto se retiraron los cargos por falta de pruebas.
En octubre, los medios de comunicación y miembros de su familia informaron de que el ex ministro del gobierno Mambury Njie había sido detenido y estaba recluido bajo custodia del Servicio Nacional de Inteligencia. La reclusión superó el máximo de 72 horas y no se informó a su familia del motivo de la detención. Quedó en libertad bajo fianza unos días después, pero volvió a ser detenido en diciembre, tras presentarse ante la policía en cumplimiento de las condiciones de su libertad condicional. Lo llevaron ante el tribunal y le imputaron delitos económicos y abuso de poder, sin dar más detalles, antes de someterlo a reclusión preventiva en la prisión de Mile II. Ante el tribunal, Mambury Nkie no contó con representación letrada ni se le informó de su derecho a un abogado. Al terminar el año seguía recluido. Los medios de comunicación publicaron que, cuando era ministro de Asuntos Exteriores, Mambury Njie se había opuesto a las órdenes de ejecución de los presos condenados a muerte.
Represión de la disidencia
En enero, Amadou Scattred Janneh, ex ministro de Información y Comunicación, fue condenado a cadena perpetua con trabajos forzados tras ser declarado culpable de traición. Modou Keita, Ebrima Jallow y Michael Uche Thomas fueron condenados a tres años de prisión con trabajos forzados por sedición. Los cuatro habían sido detenidos en junio de 2011 por estar en posesión de camisetas en las que aparecía la consigna “Fin de la dictadura ya”. Michael Uche Thomas murió en julio en la cárcel debido a una enfermedad y, según la información recibida, a falta de atención médica. En septiembre, Amadou Janneh recibió un indulto presidencial y fue expulsado del país. Modou Keita fue excarcelado un mes más tarde. Ebrima Jallow continuó en la cárcel.
En septiembre, dos periodistas, Baboucarr Ceesay y Abubacarr Saidykhan, fueron detenidos
arbitrariamente tras solicitar permiso a la policía para manifestarse pacíficamente contra la ejecución en agosto de nueve presos condenados a muerte. Los dos
estuvieron recluidos arbitrariamente, fueron acusados de sedición y quedaron en libertad bajo fianza. En octubre se retiraron los cargos por orden del presidente. Unos días después, los periodistas recibieron amenazas de muerte, que la policía afirmó que investigaría, pero al terminar el año no se había avanzado en la investigación.
Libertad de expresión
En enero se cerró sin explicaciones la emisora de radio independiente Teranga FM. En agosto, unos meses después de su reapertura, agentes del Servicio Nacional de Inteligencia ordenaron de nuevo su cierre. La emisora ya había estado cerrada durante un breve periodo en 2011.
En septiembre, unos hombres vestidos de civil, presuntamente agentes del Servicio Nacional de Inteligencia, entraron en las oficinas de los periódicos
The StandardyDaily Newsy les ordenaron suspender sus actividades. No se presentó orden judicial ni documento alguno ni se ofrecieron explicaciones a los editores. Al terminar el año los periódicos continuaban cerrados.
El mismo mes, un periodista de la BBC, ciudadano francés, estuvo retenido durante más de cinco horas en el aeropuerto de Banjul. Se le ordenó salir del país en el plazo de 48 horas sin ofrecérsele explicación alguna y a pesar de que había obtenido autorización previa para informar desde Gambia. Había llegado al país para informar sobre las ejecuciones de agosto.
Desapariciones forzadas
En mayo, el inspector general de la policía afirmó que, de acuerdo con información recibida por Interpol, Ebrima Manneh, periodista desaparecido cuando estaba bajo custodia policial en 2006, había sido visto en Estados Unidos. Interpol no confirmó esta información y el nombre de Ebrima Manneh continuó en la lista de personas desaparecidas en el sitio web de la organización. La familia desmintió categóricamente la noticia de que se lo hubiera visto.
El 3 de diciembre, dos agentes del Servicio Nacional de Inteligencia detuvieron al imán Baba Leigh, destacado clérigo musulmán y activista de derechos humanos. Baba Leigh había condenado públicamente la ejecución en agosto de nueve reclusos en la prisión de Mile II, había calificado de “antiislámicas” las ejecuciones y había instado al gobierno a devolver los cadáveres a las familias para que pudiesen darles la
debida sepultura. Tras ser detenido, Baba Leigh no fue llevado ante un tribunal; el Servicio Nacional de Inteligencia no reconoció su detención y su familia y abogado desconocían su suerte y paradero. Por tanto, había sido sometido a desaparición forzada y corría peligro de sufrir tortura u otros malos tratos. Al terminar el año Amnistía Internacional creía que Baba Leigh permanecía bajo custodia de agentes del Estado y lo consideraba preso de conciencia.
Condiciones de reclusión
Las deficientes condiciones de salubridad, las enfermedades, la falta de atención médica, el hacinamiento, el calor extremo y la malnutrición asolaban las prisiones de Gambia. No se permitía el acceso de observadores externos. La falta de equipamientos como extintores de incendios ponía en riesgo la seguridad de los presos.
A los presos condenados a muerte no se les permitía recibir visitas de familiares o amigos. La alimentación en las prisiones era de mala calidad pero sólo se permitía recibir alimentos del exterior a los presos preventivos. Los programas de
rehabilitación eran inexistentes.
En octubre se supo que cuatro reclusos habían muerto debido a enfermedades, entre ellos dos condenados a muerte, Abba Hydara y el ciudadano de Guinea-Bissau Sulayman Ceesay; no se
disponía de más información. Según algunas fuentes, el recluso Amadou Faal, conocido como Njagga, fue brutalmente golpeado en octubre por un guardia de prisiones. Sufrió la pérdida de un ojo pero se le negó atención médica durante varios días. No se tomaron medidas disciplinarias ni se presentaron cargos contra el guardia.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
The Gambia must release four activists jailed for distributing anti-government T-shirts(AFR 27/001/2012)
The Gambia: Statement for 52nd Ordinary Session of the African Commission on Human and Peoples’ Rights(AFR 27/011/2012) Dos periodistas gambianos reciben amenazas de muerte
(AFR 27/012/2012)
The Gambia: Government must stop intimidation and harassment of human rights defenders, journalists, lawyers and government critics
(AFR 27/015/2012)
GEORGIA
GEORGIA
Jefe del Estado: Mijail Saakashvili Jefe del gobierno: Bidzina Ivanishvili (sustituyó a Vano Merabishvili en octubre, quien a su vez había sustituido a Nikoloz Gilauri en julio)
Las elecciones parlamentarias de octubre hicieron posible el primer traspaso democrático y pacífico de poder llevado a cabo en Georgia desde la
desaparición de la Unión Soviética. Sin embargo, hubo numerosas violaciones del derecho a la libertad de expresión antes y después de los comicios.
Información general
En octubre, la coalición Sueño Georgiano, liderada por el multimillonario Bidzina Ivanishvili, ganó las elecciones generales y puso fin a nueve años de dominio del Movimiento Nacional Unido, el partido del presidente Saakashvili. En los meses previos a los comicios se recibieron informes de hostigamiento a activistas y seguidores de Sueño Georgiano. Tras las elecciones, decenas de altos funcionarios y miembros del Movimiento Nacional Unido fueron interrogados y detenidos. Entre ellos se encontraban un ex ministro de Defensa y del Interior, el jefe del Estado Mayor y el teniente de alcalde de Tiflis, contra quienes se formularon cargos como tenencia de armas y drogas ilegales, abuso de poder, detención ilegal y tortura. Las detenciones suscitaron críticas internacionales, y se pidió al nuevo gobierno que evitase la persecución de rivales políticos.
Libertad de asociación
En el periodo previo a los comicios se recibieron informes de hostigamiento, intimidación, obstrucción e imposición de penas injustas a seguidores y miembros de la oposición. A menudo se imponían injustamente multas a seguidores de Sueño Georgiano y a organizaciones y personas vinculadas a la coalición. Se denunciaron ataques a partidarios de la oposición, desde amenazas hasta palizas y agresiones, que fueron aumentando mes a mes a medida que se acercaban las elecciones.
Decenas de empleados de los sectores público y