ESTADO NORMA Argentina Artículo 39 Ley 26.200 Cuando la persona requerida esté detenida

In document EL ESTADO COLOMBIANO Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL JOHANNA CAROLINA GONZÁLEZ PÁEZ (página 158-162)

en territorio argentino y esté siendo enjuiciada o cumpliendo una condena por un delito distinto por el cual se pide su entrega a la Corte, el Poder Ejecutivo efectuará consultas con la Corte respecto de las condiciones a las cuales se sujetará la entrega temporal.

la Corte Penal Internacional. Cuando se hubiere acordado la entrega a la Corte Penal Internacional y la persona que deba ser entregada estuviere cumpliendo condena en Colombia o sujeta a proceso por hechos distintos de los que han servido de base para la entrega/el Ministerio del Interior y de Justicia, de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia decidirá sobre la entrega temporal a la Corte Penal Internacional mediante resolución motivada, con las modalidades de la restitución a Colombia que se determinen y computándose en todo caso el período cumplido a disposición de la Corte Penal Internacional. Por el Ministerio del Interior y de Justicia se transmitirán las informaciones precisas a los órganos judiciales competentes, según los casos, para efectuar el desplazamiento y en su momento el retorno.

España Artículo 18 Ley orgánica 18. De la entrega temporal a la Corte. 1. Cuando se hubiere acordado la entrega a la Corte y la persona que deba ser entregada estuviere cumpliendo condena en España o sujeta a proceso por hechos distintos de los que han servido de base para la entrega , el Ministerio de Justicia, si no se opusiere el Tribunal sentenciador o el instructor, celebrará consultas con la Corte, a efectos de decidir sobre la entrega temporal a la Corte mediante resolución motivada, con las modalidades de la restitución a España que se determinen y computándose en todo caso el período pasado a disposición de la Corte.

2. Por el Ministerio de Justicia se transmitirán las informaciones precisas a los órganos judiciales competentes, según los casos, y al Ministerio del Interior, para efectuar el desplazamiento y en su momento el retorno.

Uruguay Artículo 57 Ley 18.026.. Solicitud de entrega temporal.

esté detenida en territorio uruguayo, siendo enjuiciada o cumpliendo condena por un delito diferente por el cual pide su entrega la Corte Penal Internacional, ésta podrá solicitar el traslado provisional o temporal a su sede, con el fin de proceder a su identificación, declaración testimonial u otro tipo de asistencia.

57.2. Si se recibiera de la Corte Penal Internacional una solicitud en tal sentido, la Suprema Corte de Justicia procederá de conformidad con lo previsto en el artículo 42 y con noticia del Fiscal de Corte, del Poder Ejecutivo, del defensor de la persona requerida, del Juez y del Fiscal del proceso que se tramita en territorio uruguayo, realizará una audiencia en la cual informará al detenido sobre la solicitud de entrega temporal y lo interrogará, en presencia de su defensor, si brinda o no el consentimiento para el traslado provisional a la Corte Penal Internacional.

57.3. Si la persona brinda su consentimiento, la Suprema Corte de Justicia, previa vista al Fiscal de Corte, al Poder Ejecutivo, al Juez y al Fiscal del proceso que se tramita en territorio uruguayo, resolverá en un plazo de diez días sobre las condiciones a que estará sujeto el traslado temporal, notificándolo a los órganos mencionados y al detenido.

57.4. El Poder Ejecutivo comunicará y acordará en consulta con la Corte Penal Internacional, las condiciones para el traslado temporal que hubiese resuelto la Suprema Corte de Justicia.

57.5. Si la persona no brinda su consentimiento, no se procederá al traslado temporal. La Suprema Corte de Justicia lo informará al Poder Ejecutivo, quien lo comunicará inmediatamente a la Corte Penal Internacional.

2.2.10 Ejecución de penas y reparación. Entre las penas que se establecen en los diferentes ordenamientos es importante analizar las que contempla en Colombia el proyecto de ley, por un lado la condena y con previa consulta al Ministerio de Interior y de Justicia quien comunicará a la CPI las condiciones en que el país estará dispuesto a aceptar el traslado de un condenado a pena privativa de la libertad o las razones por las que se impide la aceptación de dicha medida. Del mismo modo el proyecto de Ley de Colombia señala como condena las multas o las ordenes de decomiso y el trámite pertinente es estos casos.

Entre las medidas de reparación se establece la atribución del importe de la reparación a una organización intergubernamental o internacional eximiendo a éstas de cualquier impuesto, tasa o gravamen, así mismo que el Estado colombiano promoverá el conocimiento por parte de las víctimas desde el inicio mismo de las investigaciones, de los derechos en lo que concierne a las reparaciones de acuerdo con lo consagrado en el Estatuto y lo mismo que la difusión entre la población, igualmente establece la notificación a las víctimas de la orden de reparación individual o colectiva.

En Uruguay el Poder Ejecutivo es el encargado de ejecutar la pena privativa de la libertad y en lo que se refiere a multas, decomisos y reparación es la Suprema Corte de Justicia la que dispondrá de la ejecución del trámite ante la autoridad competente y anota que lo terceros de buena fe nunca se verán afectados. Dentro de los principios generales de la ley 18.026 se dispone la reparación a las víctimas y unos agravantes a ésta cuando es el Estado el responsable de la reparación por ser un agente del Estado el autor del el crimen.

Argentina por su parte establece en el capítulo VIII de la ley 26.200 la ejecución de penas y estipula entre otros la recepción de condenados como la ejecución de multas, el decomiso y la reparación a las victimas siendo el ejecutivo quien remitirá la documentación pertinente al órgano judicial competente para que inste la

ejecución y se pongan a disposición del Poder Ejecutivo los bienes o sumas obtenidas, para la transferencia a la CPI. Esto mismo se encuentra estipulado para España pero es el Ministerio de Justicia quien adelantará todos estos procedimientos. Perú por su cuenta en la sección V del libro séptimo del Código de Procedimiento Penal señala las bases y requisitos, el cumplimiento de condenas, el trámite para disponer del traslado de un extranjero condenado en el Perú y el trámite cuando es Perú quien solicita el traslado de un extranjero; y contempla cuándo las multas y el decomiso pueden ser ejecutadas en el país.

ESTADO NORMA

In document EL ESTADO COLOMBIANO Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL JOHANNA CAROLINA GONZÁLEZ PÁEZ (página 158-162)