Omisión en el Acuerdo de las causas de separación matrimonial

Si la competencia de la Iglesia es exclusiva, el Estado es incompetente sobre el matrimonio de los bautizados, en atención al principio de libertad religiosa, que lleva a que los católicos se rijan por el Derecho Canónico en lo que al matrimonio se refiere. Eso no significa que no quepan remisiones a lo establecido por el Estado en su régimen matrimonial (por ejemplo en lo que atañe al impedimento de parentesco legal). Por ser remisión tiene valor para los bautizados lo dispuesto en la legislación civil, y por serlo permanece la posibilidad de su abrogación. Ni la Iglesia puede renunciar a su jurisdicción sobre el matrimonio (renuncia no es remisión), ni la remisión puede abarcar toda la materia matrimonial, porque hay aspectos que no son remisibles. Algo parecido puede decirse de la potestad judicial, ya que a veces la Iglesia ha concedido por vía concordataria que las causas de separación puedan ser juzgadas por los Tribunales del Estado. No hay precedentes en cambio de remisión de las causas de nulidad o del matrimonio rato y no consumado197

El c. 1692, que exige el recurso a la vía judicial o administrativa canónica para decidir sobre la separación solicitada, deja a salvo lo que para un lugar determinado se haya provisto legítimamente de otro modo. Esta salvedad alude, sin lugar a dudas, a aquellos países en los que las causas pueden tramitarse ante la jurisdicción civil, por condición expresa o tácita de la Santa Sede, convenida en Concordatos u otra clase de acuerdos.

En la Iglesia Católica hay una tendencia (sin renunciar a la competencia propia de este ordenamiento que la Iglesia tiene por Derecho propio, no por concesión de autoridades civiles), a encomendar a la jurisdicción civil el conocimiento de las causas de separación198_{. En el caso}

de España, la afirmación de la competencia estatal exclusiva en la materia ha sido consecuencia de la reserva de ley contenida en el artículo 32, párrafo 2º, de la Constitución199_{. Por otra parte, el Acuerdo Jurídico con la Santa}

197 _{Cfr. J. HERVADA, Una Caro: Escritos sobre el matrimonio, Pamplona 2000, p. 216.} 198 _{C. 1692 CIC.}

199 _{Art. 32-2: “La Ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para}

contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos”.

Sede de 3 de enero de 1979 atribuyó tan sólo a los Tribunales Eclesiásticos las resoluciones sobre nulidad y lo referente a la decisión pontificia sobre matrimonio rato y no consumado (artículo VI, apartado 2), sin hacer mención de las causas de separación en los matrimonios canónicos, con lo que implícitamente admitió la competencia de los órganos del Estado. Así lo entendió el R.D. Ley de 29 de diciembre de 1979200_.

La diferencia es clara frente al sistema tradicional. Antes se remitía el conocimiento de las separaciones del matrimonio canónico a los tribunales Eclesiásticos y actualmente es difícil encontrar decisiones jurisprudenciales canónicas sobre esta materia201_{, como consecuencia del silencio en el}

Acuerdo con la Santa Sede, al no haberse pactado los efectos jurídicos de la decisiones eclesiásticas sobre separación matrimonial202_.

Establece el Código Civil de una manera programática que se decretará judicialmente la separación, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio203 _{El Tribunal Supremo, de acuerdo con el}

principio de exclusividad jurisdiccional recogido en el artículo 117, párrafo 3, de la Constitución, entiende que será el Juez civil quien, con plenas facultades, habrá de decidir en materia de separación matrimonial, cuyo conocimiento ha quedado sustraído a los Tribunales Eclesiásticos (Sentencias de 15 de febrero de 1983 y 23 de noviembre de 1987). En parecidos términos se pronunció el Tribunal Constitucional (Sentencia de 26 de enero de 1981). Pero también ha resuelto el Tribunal Constitucional que, obtenida la nulidad del matrimonio canónico por sentencia de la jurisdicción eclesiástica, de la que se llevó constancia al Registro Civil, de acuerdo con el Concordato de 1953 y la legislación vigente antes de la reforma del Código

200 _{Cuyo preámbulo declaró que “por virtud de los Acuerdos desaparece la competencia}

hasta hoy atribuida a los Tribunales Eclesiásticos”, y en su parte normativa dispuso el trámite a seguir en los procesos de separación conyugal “cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio”.

201 _{Cfr. M.L. MARTÍNEZ DE MORENTÍN, Las Causas de separación matrimonial en el}

derecho comparado y en el derecho español, Madrid 2002, pp. 123 y 124.

202 _{Cfr. VV.AA (Coordina G. SUÁREZ PERTIERRA), Derecho matrimonial comparado,}

Valencia. 2005, p. 185.

de 1981, no podrá pretenderse luego por uno de los cónyuges el divorcio ante la jurisdicción estatal (Sentencia de 13 de enero de 1997)204_.

Es el momento de tener en cuenta la Doctrina del TC, cuando establece: “En la legalidad actual carecen los Tribunales Eclesiásticos de facultades para que sus resoluciones produzcan efectos civiles en los casos de procesos canónicos de separación. Desde la vigencia del Acuerdo con la Santa Sede (que lleva fecha de 3 de enero de 1979, ratificado por Instrumento de 4 de diciembre), sólo las separaciones decididas por los Jueces estatales producen los efectos en el orden jurídico civil, a salvo la transitoriedad contemplada en el ap. 2ª de las transitorias del Acuerdo. Con anterioridad se reconocía una jurisdicción eclesiástica, según lo dispuesto en los artículos 80 a 82 del Código Civil, acomodadas al artículo XXIV del Concordato con la Santa Sede, en orden a las causas de separación y la producción de efectos civiles, lo que no impidió que algunas interpretaciones (recordemos aquí las Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 3 de junio de 1966 y 26 de enero de 1974 y el auto de la misma Sala de fecha 4 de octubre de 1971), permitieran sostener que el Juez es el que determina y regula las consecuencias civiles de la separación, resolviendo con jurisdicción propia, según la legislación civil. Entre la legalidad actual y la regida por los artículos 80 al 82 del Código Civil y el artículo XXIV del Concordato, se ha producido un hecho capital, cual es la Constitución, vigente desde el 29 de diciembre de 1978, que proclama, a los efectos que importan en este proceso, la aconfesionalidad (artículo 16.3), y la exclusividad jurisdiccional (artículo 117.3), principios desde los que tenemos que interpretar las aludidas normas. Desde el acuerdo con la Santa Sede que hemos dicho, los procesos de separación matrimonial, para que produzcan efectos civiles, tendrán que seguirse ante los jueces ordinarios, siguiendo lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución Española y el artículo 51 del a Ley de Enjuiciamiento Civil. Se ha incorporado con ello España a lo que era un hecho general, bien por la vía expresa de lo

204 _{Cfr. DE CASTRO, Contestaciones de Derecho Civil al Programa de Judicatura (Tomo II),}

concordado, bien por el contenido implícito respecto a las causas canónicas, acabando con la singularidad que, en este punto, significaba nuestro sistema. Es común ahora que todos los procesos de separación, referidos a los dos tipos o formas del matrimonio, están atribuidos a la jurisdicción estatal, aunque, ciertamente, los casados canónicamente podrán acudir a la Autoridad Eclesiástica para obtener la separación canónica, si bien sin efectos civiles, y sí intraeclesiales”205_.

En definitiva la Iglesia se ha autolimitado en la práctica su competencia para juzgar de las causas de separación. Hoy de las causas de separación conocen los tribunales civiles. Al no tener la Iglesia conocimiento de las causas de separación, desaparece en gran medida la posibilidad de acción pastoral directa sobre los fieles. Lo cual puede suponer la pérdida de un medio jurídico de protección y defensa de la dignidad y verdad de la vida conyugal y familiar206_.

Las razones que llevaron a esta situación son las siguientes:

A. Consentimiento tácito reconociendo efectos a la separación civil,