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IV. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ENFRENTAR LA DISCRIMINACIÓN EN ICA.

4.2 Propuestas de Políticas Públicas

4.2.1 Políticas Públicas.

193 Entre las diversas definiciones de “políticas públicas” que existen en la doctrina, creemos que una de las más completas es la de André-Noel Roth, quien señala que las políticas públicas son “un conjunto conformado por uno o varios objetivos

colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática”282. De esta manera, una política pública que luche contra la discriminación parte por reconocer que existe este problema, trazando las acciones para enfrentarlo.

Asimismo, Carlos Alza señala que una política pública es “un proceso social e

institucional que puede tener objetivos regulatorios (modificar conductas), distributivos (de bienes o servicios), redistributivos (recaudación en algunos sectores para beneficiar a otros), o constituyentes (de reorganización del Estado)”283. En este caso, creemos que la política contra la discriminación debería tener básicamente objetivos regulatorios, para modificar los comportamientos que existen en nuestra sociedad. Sin embargo, se hace necesario también pensar que podría ser necesario objetivos distributivos o redistributivos, especialmente en lo referente a la discriminación estructural.

Una vez que se aprecia la necesidad de contar con políticas públicas contra la discriminación, es importante tener objetivos regulatorios para disminuirla poco a poco a través de medidas a corto, mediano y largo plazo. Para ello sería

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Roth, André-Noel. Políticas Públicas. Formulación, implementación y evaluación. Bogotá DC, Ediciones Aurora 2002:27

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Alza, Carlos. Diseño de Políticas Públicas ene derechos humanos. Curso virtual para a Maestría en Derechos Humanos. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2010, p.8.

194 necesario tener previamente en cuenta las etapas de una política pública que Renata Bregaglio describe así284:

a. Planteamiento de la agenda.- empieza cuando una autoridad pública toma decisiones sobre lo que va implementar. Incluye el diagnóstico y recojo de evidencia para cambiar una situación determinada, y su colocación en agenda para el debate público.

En Ica, como hemos demostrado en los capítulos anteriores, el problema de la discriminación se agrava porque no aparece en la agenda de las autoridades locales. De esta manera, si bien se han emitido Ordenanzas, éstas no han partido de diagnósticos o recojo de evidencias, ni han sido parte de los debates públicos. Por el contrario, dichas normas, en lugar de buscar iniciar una política pública, han sido emitidas en cumplimiento de las solicitudes de otros entes estatales como el Ministerio de la Mujer (ordenanzas contra la discriminación por género) o la Defensoría del Pueblo (Ordenanza Regional 003-2013-GORE-ICA).

b. Diseño.- se elabora la misión y visión de lo que se quiere instalar, se da forma a las estrategias, programas, dispositivos y recursos para su realización.

Para plantear una política pública contra la discriminación, los legisladores, un ministerio, un gobierno regional, una municipalidad o cualquier otro ente deben primero tomar la decisión de enfrentarla, trazando la misión y visión. Para ello se asume que se diagnosticó el problema a través de casos presentados en la realidad, y se han diseñado las estrategias necesarias para contrarrestarlo según sus características propias del mismo. Sin embargo, las autoridades de Ica no

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BREGAGLIO LAZARTE, RENATA et al. “Políticas Públicas con enfoque de Derechos Humanos en el Perú. El Plan Nacional de Derechos Humanos y las Experiencias de Planes Regionales en Derechos Humanos”. Lima: IDEHPUCP, 2014.

195 toman la decisión para enfrentarla, y por ende tampoco se diseña las estrategias y recursos para su realización.

c. Implementación.-vinculada a la producción de bienes o servicios; es la etapa de gestión incluyéndose las acciones de control y monitoreo.

Una política pública contra la discriminación debe ser implementada a través de mecanismos como por ejemplo constante capacitación del tema para una sensibilización a los servidores públicos, al personal de las escuelas y de hospitales, trabajo directo con las poblaciones vulnerables, etc.

En Ica, como hemos señalado se carece de dicha implementación a las normas dadas contra la discriminación, quedando sólo en el papel.

d. Evaluación.-se focaliza en conocer los impactos y resultados de la intervención, bajo los criterios de eficacia y eficiencia.

En la evaluación de las políticas públicas, hay que sumarle al paradigma tradicional de la eficiencia, los indicadores vinculados al goce de derechos relacionados con los principios de participación, no discriminación y la rendición de cuentas como ejes transversales a cualquier intervención pública285. En Ica, ninguna autoridad hasta el momento ha evaluado los impactos o resultados de sus políticas públicas señaladas anteriormente en materia de discriminación.

En Ica, ha habido muy poco desarrollo de políticas públicas, la labor hasta el momento ha sido muy escasa. Únicamente se tienen resultados óptimos en las

196 políticas públicas para luchar contra la discriminación hacia los discapacitados en el ámbito laboral. Sin embargo, en los demás ámbitos, desde las alumnas embarazadas hasta los trabajadores de las empresas agroexportadoras aún se espera mucho por hacer.

Si bien realizar políticas públicas que luchen contra la discriminación no es fácil, el problema es que durante siglos hemos vivido con este problema, considerándolo como un orden natural de las cosas. En muchos casos, no existe una real voluntad política de enfrentarlo y solo se busca por un tema de “cumplimiento” con los estándares internacionales, se quiera realizar estas políticas públicas que quizá no tengan el éxito esperado.

En nuestra opinión, la ausencia de políticas públicas frente a la discriminación, muestra dos problemas, el primero es que las propias autoridades tienen interiorizados los prejuicios discriminatorios por lo que la publicación de una norma por más que sea positiva, no llega a ser una verdadera política pública, quedando sólo en el papel como de carácter retórico.

De otro lado, las víctimas de discriminación tampoco buscan o exigen cambiar esta situación. Ellos tienden a creer que sólo se les discrimina por un tema económico y al parecer no son consientes de que existen otros factores por los que se les discrimina. Muchas veces no perciben que la discriminación es en la mayoría de los casos la causal de su situación de pobreza.

Para que una política pública tenga efectos concretos, se necesita lo señalado anteriormente, es decir, un planteamiento, un diseño, una implementación y una evaluación del desarrollo de la misma. Junto con ello es necesario contar con voluntad política, personal comprometido con el tema, lucha constante, recursos,

197 y otros elementos necesarios en cada fase de una política pública que se quiera implementar.