Las investigaciones basadas en estudio de caso se pueden clasificar en dos tipos principalmente: las cualitativas y las cuantitativas. Las primeras se basan inicialmente en la generación de teorías, de este modo analizan la relación que existe entre fenómenos, la influencia social que tienen ciertos fenómenos sobre la sociedad o la interacción de diferentes palabras para lograr interpretar un pensamiento especifico (Murillo, 2010). Lo anterior se logra mediante métodos de recolección de datos, salidas a campo e interacción directa con la población objeto de estudio. Los datos que no son cuantitativos son aquellos que no requieren un soporte numérico para su análisis pues pretenden explorar principalmente las relaciones sociales que les permita describir una realidad —en cierto contexto— tal y como la están experimentando los sujetos de estudio. Así, la investigación cuantitativa consiste en “contrastar una teoría existente, mientras que las cualitativas solo generan las teorías”. (Murillo, 2010, pág. 5)
En este sentido, la presente investigación se basó en un análisis cualitativo soportado con datos cuantitativos obtenidos en el trabajo de campo y las entrevistas realizadas; por esta razón, lo que este capítulo pretende mostrar son los efectos que genera la explotación petrolera en el municipio de Puerto Gaitán y la influencia que tiene el Pacto Mundial sobre estos efectos. De igual manera se pretende analizar las posturas que los afectados han tomado frente a esta actividad: aceptación o resistencia.
Impactos de la actividad petrolera sobre la población del municipio de Puerto Gaitán
Para poder describir los impactos generados por la actividad petrolera en el municipio de Puerto Gaitán, se hace necesario brindar un marco general sobre el
32 tipo de población a investigar, edades promedio y grupo poblacional o cultural. Mediante el trabajo de campo en el municipio, se determinó que la población objetivo serían principalmente personas mayores de 30 años de edad; este parámetro se tomó en cuenta ya que se hacía necesario que dicha población hubiese sido testigo de los cambios y transformaciones que ha tenido el municipio en los últimos 20 años. De igual forma, se tenían dos grupos poblacionales como objetivos: la población en general y los pobladores del municipio; y la población de indígenas Sikuani. (Véase mapa 2)
En el año 1998 llega la empresa petrolera Pacific Rubiales Energy Corp. (instalada en el territorio con el nombre de Meta Petroleum Limited desde el año 1992) a realizar actividades no solo de exploración e investigación del suelo y subsuelo, sino a realizar la explotación de recursos mineros (petróleo) (Véase mapa 3); actividad impulsada mediante políticas del Estado Colombiano con el objetivo de “atraer inversión extranjera directa para brindar bienestar a la población” (Congreso de la República, 2006). A nivel internacional, la empresa petrolera ha alcanzado importantes niveles en términos de responsabilidad social y respeto al medio ambiente, incluso, fue seleccionada para ser incluida en el índice Dow
Jones de sostenibilidad de Norte América “Dow Jones sustainability north america
index” en reconocimiento a su compromiso con la responsabilidad social
corporativa. La multinacional opera en territorio colombiano y peruano, por lo que las denuncias que se han presentado en contra de la empresa son en su gran mayoría por parte de trabajadores de Colombia.
El municipio de Puerto Gaitán se ha caracterizado en los últimos años por un crecimiento económico importante debido a la acelerada inversión extranjera - principalmente en exploración y explotación petrolera- pero también en turismo y agroindustria, como la plantación de caucho (Luis Carlos Sarmiento Angulo), soya, maíz (grupo brasileño Mónica) y producción avícola y de cerdos (La Fazenda). A estas grandes inversiones se le suman las generadas por hoteles y centros financieros.
33 En términos generales, en menos de diez años, Puerto Gaitán pasó de ser un municipio con 1.200 millones de pesos de presupuesto anual, a recibir 96.000 millones de pesos en regalías en el 2011 (Sistema General de Regalías, 2012). Lo anterior explicado fundamentalmente por la exploración y explotación de petróleo en Campo Rubiales el cual es el yacimiento petrolero más grande del país, generando más de 10% de la producción nacional.
De igual manera, pasó de un promedio de 60 personas desplazadas al año, a 1600, según datos de CODHES (2013) y un promedio de ingresos mensuales de USD 3500 en el 2006 a USD 3000 en el 2011 (Alcaldía Municipal del Meta, 2012). En términos de las regalías causadas por la actividad petrolera en el país, desde el año 2006, el ex contralor Hernández Gamarra denunció el mal manejo de las regalías por parte de las contralorías General y regionales, lo que constituyó un conjunto de argumentos para realizar cambios de largo alcance en el manejo de estos recursos. Uno de los episodios que denunció el ex contralor fue en el Meta,
donde “agarraron $15.400 millones de las regalías y firmaron 14 contratos distintos
con el mismo proveedor, que era el acueducto del municipio, pero sin haber convocado una sola licitación pública”.9
El crecimiento económico ha sido evidente en la región y ha estado acompañado de avances en términos de infraestructura y reconocimiento del municipio como atractivo turístico. Sin embargo, este crecimiento económico no se ha visto reflejado en los términos de justicia social, pues los niveles de pobreza se han elevado (DANE, 2012), el desempleo es cada vez más preocupante para los habitantes del municipio debido a la contratación de mano de obra flotante. En este sentido, se han presentado externalidades que han recaído principalmente
sobre la comunidad campesina e indígena. La migración de la población —
principalmente campesina— es una de estas externalidades generada como
34 consecuencia de la inflación y de la necesidad de la petrolera y del Estado por realizar las actividades de exploración y explotación de petróleo en dicho territorio. En este sentido, se puede evidenciar cómo en el fenómeno de la migración ocasionada por factores económicos, las realidades geopolíticas son cambiantes en el tiempo y su influencia se hace cada vez más notoria en los procesos de migración. Tal es el caso de las estrategias de desarrollo principalmente basado en un crecimiento económico acorde con las exigencias de la globalización.
Este fenómeno migratorio está, en el municipio de Puerto Gaitán, explicado en gran parte por un modelo de acumulación de capital que se aleja de la noción de desarrollo. Si se parte del desarrollo como “un proceso dinámico que implica crecimiento, avance, poder y progreso, con el objetivo de aumentar las capacidades humanas, agrandar el alcance de las opciones de los seres humanos y crear un ambiente confiable y seguro donde los ciudadanos puedan vivir con dignidad e igualdad” (Organización Internacional para las Migraciones, 2011, pág. 6), se pensaría que dicho desarrollo no debería acarrear consecuencias negativas y devastadoras para la sociedad, como la migración.
Sin embargo, como lo afirma Aníbal Hernández, la migración causada por proyectos de desarrollo a gran escala, tales como represas o planes de construcción, puede ser considerada como arbitraria si esos proyectos no pueden ser justificados por un interés público primordial (Hernández, 2011). Aun cuando sea establecido el interés público, aquellas personas desplazadas por proyectos de desarrollo deben ser consultadas y compensadas. Los desplazamientos deben ocurrir de forma que no violen otros derechos humanos y que minimicen sus propios efectos adversos. (pág. 7)
En este sentido, si bien la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) plantea la idea de que “la migración y el desarrollo son procesos
interdependientes en el mundo de la globalización” (OIM, 2011, pág. 5) y que ha
35 migración, ya que promueve la expansión de vías de transporte y reduce los costos de viaje (Aroca, 2004; Greenwood y Hunt, 2003; Cardona y Simmons, 1975), autores como Zelinsky (1971) cuestionan la posibilidad de poder relacionar directamente la migración interna en función de un desarrollo económico y social. Este autor plantea un conflicto entre ambas variables al estudiarlas en el largo plazo, pues sostiene que el desarrollo económico puede incentivar a unas formas de migración, así como desincentivar otras. En este sentido, se pueden generar migraciones masivas de población expulsada por la necesidad de nuevas oportunidades y mejoramiento de su calidad de vida, así como migraciones impulsoras atraídas por las altas inversiones que suelen tener los proyectos de desarrollo económico. Es decir, que el proyecto de desarrollo implementado en el municipio de Puerto Gaitán, responde a una estrategia de dominación y de obtención de poder sobre la tierra, mediante intereses de capitales nacionales y transnacionales.
Lo anterior demuestra la prevalencia por generar un crecimiento netamente económico del país, dejando de lado los posibles impactos a nivel político, social y cultural que recaen sobre la población del municipio, convirtiendo la actividad minera en un conflicto que amenaza la construcción de tejido social y cultural del territorio Colombiano profundizando la historia de migración, el despojo y la usurpación de la población (Duque, 2012).
Si bien la Organización Internacional para las Migraciones encuentra en el desarrollo económico un estímulo para la migración causada por avances en infraestructura, puertos, acceso a vías principales, entre otros, el contexto colombiano demuestra que la explotación petrolera no genera beneficios para la población residente, los niveles de desempleo son elevados, los impactos ambientales son irreversibles y los recursos económicos son captados por actores del exterior.
36 Con lo anterior, se puede evidenciar una enorme desigualdad social a causa de los procesos migratorios. Entre estas desigualdades se destacan las diferencias en los niveles de empleo, ingresos, acceso a las redes laborales, educación, acceso a salud y pérdida de identidad. Por ejemplo, las regiones dotadas de abundantes recursos naturales son foco de atención para los diferentes planes de crecimiento y desarrollo económico; en estos casos se presentan políticas que alientan la migración de población que habita sobre -por ejemplo- el territorio destinado a estos planes. Dicho caso es el que afecta al municipio de Puerto Gaitán, sujeto de estudio en esta investigación.
Una de las teorías que se aproxima a la relación entre desarrollo económico y migración, es la expuesta por Robert Keohane y Joseph Nye, según la cual el Estado territorial, marcado política, económica y socialmente, está siendo eclipsado por actores no territoriales como multinacionales, transnacionales y organizaciones internacionales.
Peter Penz plantea tres perspectivas que pueden justificar las migraciones por causas económicas, específicamente por desarrollo: las que son de interés público, de determinación individual y de equidad. (Penz, 2002) Las primeras están relacionadas directamente con la noción de costo-beneficio, en este sentido se toma como beneficio los dineros percibidos por la minería, el costo que se genera debido a esta actividad es la migración de la población que reside en el territorio donde se llevan a cabo estos proyectos. El criterio es que los beneficios recibidos sean distribuidos de manera equitativa en su población para mitigar los costos causados por la migración. Así, el problema se da cuando los costos de esta actividad superan los beneficios; es decir, cuando los impactos negativos sobre la migración son más elevados que los beneficios causados por la distribución de recursos.
37 La segunda causa que plantea el autor está enfocada a la migración voluntaria por percepción de mejoras en calidad de vida, por modificación de su entorno o por conservación de su identidad.
Finalmente la tercera causa está enfocada en una noción de equidad; los gobiernos implementan modelos de desarrollo con la finalidad de reducir las brechas tanto económicas como sociales y políticas que se presentan en las comunidades. Lo anterior se da principalmente por medio de la competitividad que pueden tener las regiones o los países en términos económicos cuando se realizan este tipo de proyectos. Sin embargo, la implementación de megaproyectos puede generar resultados contrarios pues cuando el crecimiento económico implica la afectación del territorio, la contaminación ambiental, cambios en la actividad económica y demás factores, la población se ve obligada a migrar.
Por lo anterior, la empresa PREC junto con el Estado colombiano, han adoptado una serie de medidas para mitigar o contrarrestar este impacto generado por la explotación minera; estas medidas han estado enfocadas en planes de reducción de la contaminación, inserción laboral de la población e inversión en infraestructura. Lo anterior no solo por las consecuencias que esta actividad ha dejado sobre la población, sino como índice de cumplimiento de responsabilidad social inmerso en el Pacto Global. Sin embargo y pese a los objetivos expuestos en el Pacto Global y en la Red Local en Colombia, los resultados para el municipio de Puerto Gaitán no son los mejores. En términos de derechos humanos la empresa no ha garantizado la protección de los mismos y tampoco tiene un control sobre la población que ha sido vulnerada.
La migración por términos económicos o en este caso por el desarrollo de una actividad como la minera, es una clara violación a los derechos fundamentales de los individuos, no solo en términos de venta obligada de sus tierras, sino en el abandono de su identidad, cultura, empleos y demás condiciones de vida que le permitían sobrevivir en estos territorios. En cuanto a los estándares laborales, la
38 petrolera Pacific Rubiales no ha apoyado la libertad de asociación ni el reconocimiento de pautas de negociación. Por el contrario, pese a diferentes reuniones entre los directivos de la multinacional y miembros del sindicato de la USO no se ha podido llegar a ningún acuerdo concreto respecto de las exigencias laborales. Los miembros de la USO son vetados para ingresar a la empresa y a menudo son víctimas de persecución por parte de la empresa PREC. (El Espectador, 13 de Mayo de 2012).
En este sentido, Walter Kalin, uno de los creadores de la guía de principios
rectores para los desplazados internos , afirma que “el desarrollo relacionado con
el desplazamiento es permisible sólo cuando la demanda y petición de los intereses públicos justifica esta medida, eso es, cuando la necesidad y proporcionalidad requeridas son encontradas”; en este sentido, Bjorn Pettersson (2000) hace una relación directa entre la migración por desarrollo y plantea la necesidad de reflexionar sobre los conceptos “petición del interés público” y “necesidad y proporcionalidad”, ya que estos determinan si la migración de una población como consecuencia de un proyecto de infraestructura es una violación a los derechos humanos o a los proyectos de desarrollo legítimos. (Pettersson, 2002)
Las últimas dos áreas que rigen el Pacto Global, medio ambiente y anticorrupción, tampoco han sido cumplidas por la empresa; si bien la empresa ha desarrollado programas y técnicas con avanzada tecnología para la mitigación de efectos sobre el ambiente consecuencia de la explotación minera, los resultados son pobres e incluso nulos, pues los niveles de deforestación, pérdida de biodiversidad y contaminación del agua son elevados (Ministerio de Medio Ambiente, 2011). El problema puede radicar en el tiempo que pretende operar la multinacional en territorio colombiano, pues los planes y proyectos de sostenibilidad requieren cierta estabilidad en términos temporales para ser desarrollados. En este sentido el esfuerzo debe ser en mayor medida por parte del Estado. Así, tanto el Estado
39 como la multinacional PREC, se han enfocado en una sostenibilidad en términos productivos y económicos y no en un enfoque que permita cambiar las realidades sociales. Finalmente en términos de anticorrupción, la empresa petrolera no tiene un control claro sobre los grupos ilegales que operan en el municipio, incluso la USO ha denunciado complicidad por parte de la multinacional con estos grupos ilegales (USO, 2011).
La Responsabilidad Social Empresarial en el marco de la Organización de Naciones Unidas ONU
Con el objetivo de crear una visión de responsabilidad social por parte de las empresas y desarrollar mercados que sean inclusivos a nivel mundial, las Naciones Unidas proponen una iniciativa denominada el Pacto Mundial o Pacto Global (ONU, 2008). En él se pretende que las empresas de forma voluntaria adquieran un compromiso de responsabilidad social basado en derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción, “su fin es promover el diálogo social para la creación de una ciudadanía corporativa global, que permita conciliar los intereses de las empresas con los valores y demandas de la sociedad, los proyectos de la ONU, sindicatos y organizaciones no gubernamentales (ONG), sobre la base de diez principios en áreas relacionadas
con los derechos humanos, el trabajo, el medioambiente y la transparencia”
(Universidad Externado de Colombia, 2007). El Pacto Global está regido por diez principios básicos en cuatro áreas específicas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.
Por lo anterior, a nivel mundial el pacto Global ha ayudado a integrar en las nuevas agendas y proyecciones de las empresas, un componente de estrategia en su gestión, permitiendo un mundo más inclusivo, justo y además sostenible. A pesar de esto, incentivar a las empresas para aumentar su compromiso frente a temas sociales es un reto aún muy grande para los diferentes países y para
40 Naciones Unidas. Actualmente se hace necesaria la participación de organizaciones que estén comprometidas con el medio ambiente y la sociedad; por esta razón, anualmente Colombia lleva a cabo un congreso sobre el Pacto Global en el que resalta las empresas líderes en términos de responsabilidad social, e incentiva a las empresas que aún no hacen parte de este pacto para que desarrollen estrategias que permitan conciliar los intereses de la ciudadanía con los suyos. De igual manera, en el año 2004 con la contribución de recursos canadienses y el apoyo de Naciones unidas, se constituyó la Red Local del Pacto Global en Colombia cuyo propósito es establecer una plataforma de participación de las empresas donde se promueva el respeto y apoyo en la construcción de un desarrollo sostenible.
El Pacto Global y específicamente la Red Local han sido iniciativas que en el plano nacional han contribuido a mitigar los efectos ocasionados por diferentes actividades económicas de empresas nacionales y multinacionales. Así, actividades de fuerte impacto social, político y ambiental como la explotación minera cuentan actualmente con una estrategia por parte de las empresas para reducir los impactos negativos e incentivar la inclusión de la población mediante la generación de empleo, inversión en infraestructura, programas de atención a población vulnerable, etcétera.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cuenta
también con directrices para empresas multinacionales (OECD Guidelines for
MNEs) que se basan principalmente en recomendaciones de alto alcance para
que las empresas mantengan una conducta responsable. A esta iniciativa se han adherido 43 gobiernos, dentro de los cuales se encuentra Colombia.
La Norma de Principios de AccountAbility AA1000APS 2008, es otra iniciativa creada por una organización sin ánimo de lucro en la que participan empresas, académicos y organismos gubernamentales a nivel internacional. Lo que pretende esta organización es proporcionar a las empresas “un conjunto de principios
41 reconocidos internacionalmente para enmarcar y estructurar la forma en la que entienden, gobiernan, administran, implementan, evalúan y comunican su “accountability” frente a sus grupos de interés” (AccountAbility, 2008) . Ésta norma aporta fundamentalmente las bases para comprender y alcanzar las metas de sostenibilidad y el compromiso de forma responsable con los grupos de interés. Finalmente, en 1999 se crea el índice Dow Jones de Sostenibilidad; este índice es el primero que intenta evaluar la capacidad de las empresas en la generación de valor agregado determinando los riesgos que se derivan de la actividad económica desarrollada por dichas empresas. Entre ellos se encuentra es riesgo de migración