Primera etapa: “La deuda de información” (2010-2011)

La veta de “Caballo Blanco” fue descubierta en 1995, y para 1998, dieron inicio los trabajos de exploración en la zona, de acuerdo con un documento publicado por la misma empresa (Poliquin, 2011). Así mismo, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) menciona que desde este año (1995) se han llevado a cabo trabajos de exploración (Candymin S.A. de C.V., 2011). Lo anterior pudo ser confirmado con fuentes periodísticas, donde se manejan ambos años.

Detalló que los trabajos de exploración de la minera en la zona iniciaron desde 1995, los de perforación en 1998 y luego de una denuncia ciudadana fue que la empresa gestionó en octubre de 2010 ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la Manifestación de Impacto Ambiental para hacer socavones. (Enciso, 2011).

Los trabajos de exploración en la región iniciaron alrededor de diez años antes de que los diversos grupos de la sociedad civil se pronunciaran en contra de este proyecto minero a cielo abierto. Sin embargo, fue en 2010 cuando se vislumbró un llamado de alerta ante un intento de pasar, de la etapa de exploración, a la fase de explotación de los recursos localizados.

La solicitud para la construcción de seis socavones fue presentada el 18 de octubre de 2010 (ver anexo), ante la instancia federal en el oficio No. SGPARN.02.IRA.1553/11 (Semarnat, 2011). En respuesta, para el mes de febrero de 2011, la organización ambientalista emitía un boletín de prensa en el cual notificaba que, con fecha del 7 de febrero, habían ingresado ante las oficinas de Semarnat una solicitud de reunión pública sobre el proyecto minero “Caballo Blanco” y su análisis de riesgo, y manifestaban que dicha solicitud había sido sustentada por 400 firmas de ciudadanos, que se sumaban a otras 500, desde la introducción de la Manifestación de Impacto Ambiental por parte de la empresa (LAVIDA, 2011). Ambos mecanismos de participación ciudadana, así como la solicitud de consulta y la reunión informativa, fueron necesarios en tanto que la diferencia residía en que la

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) reducía la consulta pública a la contestación de un cuestionario en un formato establecido, mientras que la reunión pública informativa otorgaba la oportunidad de exposición de motivos por ambas partes (LAVIDA, 2011).

Durante este tiempo, la consulta de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se vio entorpecida, pues la Semarnat no permitía obtener el documento. Lo cual complicaba obtener la información completa registrada en algún documento más extenso. Tal como lo muestra un texto dirigido al portal Infomex, en el que se solicitaba el acceso completo a la Manifestación de Impacto Ambiental y al documento por el que la empresa introdujo la solicitud de cambio de uso de suelo. El resolutivo para tal solicitud de información fue que dicha información era de clasificación confidencial (Semarnat, 2012).

El llamado a la participación ciudadana se hizo mediante la difusión de los formatos otorgados por la Semarnat, para solicitar la consulta y reunión pública informativa (ver anexo). Estos formatos fueron difundidos mediante redes sociales, ya fuese para participar de manera individual o como organización.

El apoyo por parte del gobierno estatal hacia “Caballo Blanco” se hizo presente cuando, el 11 de noviembre de 2011, el gobernador Fidel Herrera Beltrán hizo público, en su cuenta de la red social facebook, un comentario en torno a “Caballo Blanco”, en el que aseguraba que las “minas de oro era lo único que faltaba para confirmar que Veracruz tiene todo para ser el Estado que provea de justicia social a su gente”15, noticia que fue publicada por el portal Mundo Minero y en la cual se describía la primera visita del gobernador a las instalaciones en la localidad de Arroyo Agrio (Mundo Minero, 2011).

El 10 de diciembre de 2011 se realizó la primera voladura en el cerro de La Paila. En una nota proveniente del portal de noticias se leía:

teniendo como invitados presenciales a un grupo de representantes comunitarios, funcionarios de las presidencias municipales de Alto Lucero y Actopan, entre los varios agentes municipales de las comunidades vecinas Palma Sola, Ojital, Mesa del 24, Arroyo Agrio, Potrero Alto, El Viejón, Topilito, Villa Rica y Yerbabuena; autoridades del gobierno de Veracruz como el coordinador de promoción de minas y directivos de la Planta Nucleoeléctrica Laguna Verde de la CFE; se realizó la primera voladura en el Cerro de la Paila (_…) la detonación producida de un socavón en la parte alta del cerro (_…) prácticamente da inicio a una de las fases de exploración. (Mundo Minero, 2011).

La misma nota mencionó a Norberto Molina como la persona que fungió como representante de 103 comunidades del perímetro de la planta nucleoeléctrica y del proyecto “Caballo Blanco”. Mientras tanto, las notas periodísticas difundían la información proveniente de la empresa. “Está trotando el Caballo Blanco” afirmó Rick Irvine, gerente de Minera Cardel, al tiempo que aseguraba contar con los permisos correspondientes para las detonaciones (Morales, 2011).

El 14 de diciembre, se introdujo por segunda ocasión la Manifestación de Impacto Ambiental, ahora ante la instancia federal Semarnat. Esto sería llamado por los grupos opositores como “El sabadazo”16 (LAVIDA, 2012), pues consideraba que la empresa había jugado mañosamente al retirar el documento de la instancia estatal, para introducirlo en fechas decembrinas, cuando la sociedad civil se ocupaba de otras actividades.

Por otro lado, se señalaba que el margen de acción de la sociedad civil se reducía a actuar dentro de los 10 días hábiles posteriores para solicitar el mecanismo de revisión. Dos días después (16 de diciembre) el documento sería publicado en la

16 Haciendo analogía con la detención de luchadores sociales que eran detenidos por la policía en viernes para que no pudieran salir hasta el lunes día hábil.

Gaceta Ecológica de la Semarnat, separata Nº DGIRA/067/11. En tanto, la organización ambientalista, LAVIDA, introdujo el 18 de diciembre, en la Ciudad de México, tres solicitudes para la consulta pública, y la última semana del mismo mes otras ocho (OCMAL, 2012); al final se lograron introducir 900 solicitudes.

Este lapso se denominó “La deuda de información”, pues se observó un periodo en el cual la información que fluía en los medios de comunicación no mostraba una postura definida; por una parte, se consideraba como ventaja para la entidad el hecho de llevarse a cabo el proyecto aurífero y, por otra, se otorgaban espacios en los medios de comunicación a la empresa para legitimar sus trabajos.

Para el grupo ambientalista que lideraba la oposición significó un esfuerzo para articularse y llamar a iniciar acciones colectivas. El pronunciamiento de este grupo permitió la formación de una amplia red de solidaridades que, para el siguiente año, se verían reflejadas en la participación de la sociedad civil en la consulta y en la reunión pública informativa.