Proceso de reordenación del Sector Público Autonómico

La evolución del número de entidades dependientes de la CA de la Región de Murcia ha estado marcada en el último decenio por su crecimiento continuo como consecuencia de la creación de nuevas entidades hasta el año 2010, ejercicio en el que se inició un proceso de reestructuración y que continua hasta la actualidad, en un contexto de racionalización del sector público obligado por las necesidades de reequilibrio presupuestario y a la vista de los solapamientos existentes.

A raíz de compromisos en materia de reordenación y racionalización del sector público instrumental autonómico asumidos en los Acuerdos del CPFF de 22 de marzo de 2010 y 17 de enero de 2012, las CCAA tuvieron que remitir al MHAP sus planes de reordenación, en los que incluyeron el conjunto de actuaciones previstas, fundamentando las medidas propuestas, y cuantificando el impacto esperado de dichos procesos.

El proceso de reordenación en la CARM se inició con las previsiones establecidas en la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas, modificada posteriormente por la Ley 1/2011, de 24 de febrero, recogiéndose en su art. 31 que el Consejo de Gobierno debería ordenar la realización de actuaciones necesarias conducentes a la reducción del número de unidades integrantes del sector público regional, de manera que, antes de la finalización del ejercicio 2011, dicho número no superara el 30% de los que a 31 de diciembre de 2010 recogía el Inventario de Entes del Sector Público de la Comunidad Autónoma.

Estas disposiciones se materializaron en varios Acuerdos del Consejo de Gobierno de 2 de julio de 2010, 25 de febrero de 2011 y 15 de junio de 2012, así como en el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio 2012-2014 aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de abril de 2012 y en la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público regional, previéndose, una reducción neta estimada de 61 entidades cifra que ha ido modificándose con frecuencia debido a que la citada reestructuración ha estado caracterizada por la existencia de continuos cambios tanto en la forma, como en el número de entidades afectas a la reordenación.Asimismo, la información facilitada a través de los informes trimestrales de seguimiento remitidos al MHAP ha presentado en algunos casos contradicciones e incoherencias, así como la aplicación de criterios diferentes en cuanto a la consideración de qué debía entenderse por entidad extinguida. Todo ello ha dificultado significativamente el análisis del proceso de reordenación, así como de la actualización del número de entidades existentes a la finalización de la fiscalización, habiéndose tomado como fecha de corte el 31 de julio de 2015.

Conforme a los plazos establecidos en el citado Acuerdo del CPFF se consideró como punto de partida del proceso de reordenación la fecha de 1 de julio de 2010. A esa fecha el número de entes era de 102. No obstante, este número también es dinámico y ha sufrido variaciones a lo largo del proceso debido a que se han producido altas en el inventario con posterioridad a la fecha de inicio del proceso, pero con efectos anteriores a dicha fecha y se han producido bajas a causa de la salida del Inventario de entidades que no deben formar parte del mismo en aplicación de los requisitos establecidos en el art. 11.4 de la Orden MHAP 2105/2012, de 1 de octubre.

El calendario establecido en los diferentes acuerdos y planes para la reducción del número de entes es el siguiente:

Cuadro 49. Situación global del proceso de reordenación a 31 de julio de 2015

TIPO DE ENTIDAD ^{Nº Entes a} 1/07/10 Reducción neta prevista en Planes de reordenación y medidas adicionales Bajas Netas Totales Nº de entes a 1/08/15 Nº de Entes pendientes de extinción

Org. y Entidades públicas 20 4 4 16 0

Sociedades mercantiles 25 19 17 8 2

Fundaciones 25 14 9 16 5

Consorcios 32 24 19 13 5

TOTAL ENTES 102 61 49 53 12

En el ejercicio fiscalizado, el Decreto 23/2013, de 15 de marzo, de racionalización del sector público, modificado posteriormente por Decreto 45/2013, de 10 de mayo, estableció la supresión las entidades SEREMUR, GISCARMSA, Fundación Parque Científico de Murcia, Fundación ARGEM y Fundación Alzheimur y la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas, dispuso la supresión del ISSL, el IVS y el EPA. Asimismo, durante 2013, por acuerdo de sus Juntas de Gobierno, se extinguieron los Consorcios turísticos

Mancomunidad del Noroeste de Murcia, Centro Turístico de Talasoterapia de San Pedro del Pinatar y Agencia para el desarrollo comarcal del Noroeste y Rio Mula.

Como se observa en el cuadro anterior, a 31 de julio de 2015 de la reducción total neta prevista (61 entidades) se habían llevado a cabo 49 bajas netas, lo que supone un grado de ejecución o realización de los compromisos asumidos por la Comunidad en el proceso de reordenación de su sector público del 80%, encontrándose pendientes de extinción otras 12 entidades. Dentro de estas entidades se encuentran los consorcios relativos a la construcción de instalaciones deportivas en los municipios de Abarán, Alguazas, Alhama, Ceutí y Cieza, que mantenían pendientes de amortización los contratos de préstamos bancarios cuyas cuotas de amortización e intereses han venido siendo aportadas anualmente por la Comunidad Autónoma en virtud de los convenios suscritos, para los que se ha previsto su vigencia hasta la finalización de los préstamos.

Así pues, a 31 de julio de 2015 el número de entidades dependientes de CA ascendía a 53, lo que representa en términos relativos una reducción del 48% de su sector público respecto a la situación existente al 1 de julio de 2010, de manera que, de no existir nuevas modificaciones en el número de entidades afectas al proceso de reordenación, al final del proceso el número estimado de entes ascendería a 41 entes.

El detalle nominal de las entidades afectas al proceso de reordenación así como el estado de las mismas se expone en el Anexo III.6.

En el análisis realizado sobre los efectos previstos de los procesos de reordenación descritos, se han puesto de manifiesto los siguientes resultados:

De acuerdo con los datos publicados por el MHAP en su Informe sobre reordenación del sector público de 1 de julio de 2014, el ahorro conjunto alcanzado por la CARM en el periodo ascendía a 33.548 miles de euros, según el detalle que figura en el siguiente cuadro, debiendo tenerse en cuenta que dicha magnitud ha sido cuantificada en términos de capacidad o necesidad de financiación como ahorros incrementales respecto al ejercicio anterior.

Cuadro 50. Ahorros anuales del proceso de reordenación en el periodo 2011-2015

(miles de euros)

Total Ahorro del periodo 2011-2015 respecto de ejercicio precedente

En 2011 (real) En 2012 (real) En 2013 (real) ^{En 2014} (estimado) Total ahorros 2011 a 2015 TOTAL previsto y ejecutado a 1/7/2014 ^{16.123 20.531 (3.878) 772 33.548} Fuente: MHAP

Respecto a la reducción neta de personal en la CARM, el número de empleados que causaron baja, incluidos los directivos, a 1 de julio de 2014, ascendió a 151 con un ahorro neto de 4.479 miles de euros. Sobre estas consideraciones, es preciso señalar que algunos de los trabajadores afectados, como, por ejemplo, los 19 pertenecientes al extinto Organismo autónomo Agencia Regional de Recaudación o los 27 de la empresa pública GISCARMSA, fueron objeto de reubicación en otros puestos ya existentes de la Administración Regional o del SMS; y en algún caso, como, por ejemplo, la reducción de 40 efectivos llevada a cabo en el Consorcio de las Vías Verdes de la RM, la misma ha correspondido a trabajadores contratados temporalmente que estaban siendo financiados a través de una subvención de empleo recibida por el Consorcio del Organismo autónomo Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia.

No obstante, como se ha señalado anteriormente, debe subrayarse la complejidad del proceso de reordenación analizado, que ha estado caracterizado por la ausencia de un plan integral de

reordenación, por continuos cambios normativos en el número y forma de entidades extinguidas, así como por discrepancias entre los datos recabados de la Administración Autonómica y el MHAP.