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POLITICAS SOCIALES COMPARADAS CON LOS SUBSIDIOS AL BIODIESEL

PROGRAMA SOCIAL PROVINCIA

Presupuesto vigente a 30- 06-15 CUÁNTAS VECES SE PUEDE FINANCIAR C/PROGRAMA SOCIAL con transferencia al biodiesel PyME

AUH T. del Fuego 30,8 48,2

AUH Santa Cruz 74,8 19,9

AUH La Pampa 178,7 8,3

AUH Chubut 180,5 8,2

AUH La Rioja 214,9 6,9

AUH San Luis 226,5 6,6

AUH Catamarca 263,4 5,6

AUH Neuquén 266,5 5,6

AUH Río Negro 327,0 4,5

AUH Formosa 467,0 3,2

AUH Jujuy 493,7 3,0

AUH San Juan 548,2 2,7

AUH Entre Ríos 676,8 2,2

AUH Corrientes 824,1 1,8

AUH Sgo. Estero 906,2 1,6

AUH Misiones 947,6 1,6

AUH Salta 1.037,6 1,4

AUH Chaco 1.048,2 1,4

AUH Tucumán 1.153,9 1,3

AUH Mendoza 1.174,6 1,3

AUH TOTAL PAIS 27.618,0

Fuente: Elaboración propia, con datos de ASAP y SIDIF.

TRANSFERENCIA A FAVOR DE LAS PYMEs PRODUCTORAS DE BIODIESEL VS. AUH x PROVINCIAS

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CONCLUSIONES

La Argentina es un país en desarrollo considerado “emergente” por sus tasas de crecimiento económico, por la escala de su economía y por las perspectivas de inserción internacional favorables debido a su complejo agroexportador. Asimismo, el Frente para la Victoria (FPV) que se encuentra en el gobierno desde 2003 ha propiciado una política nacional en favor de la reindustrialización y el consumo local, valorando por lo tanto la ocupación de mano de obra genuina a través de industrias nacionales.

Atento a ello, la introducción de políticas activas de promoción industrial se visualizaba a comienzos del gobierno del FPV como una previsión factible de suceder, es decir que el FPV instrumentara numerosas políticas de promoción industrial para lograr el

objetivo de “re-industrialización” y de sustitución de importaciones. Y el sector de

biodiesel fue entonces un evidente ejemplo en este sentido. La legislación desarrollada (Leyes, Decretos y Resoluciones) estableció desde 2010 un marco legal altamente atractivo para el desarrollo de una industria que no existía hasta esa fecha.

La Argentina, por lo tanto, transitó el camino de una política de promoción industrial que tuvo indicadores de éxito a pocos años de su puesta en marcha. El crecimiento sostenido y a tasas siderales de esta nueva industria indicaba que el gobierno había tomado una decisión correcta.

Sin embargo, el gobierno decidió en 2012 modificar esta política de promoción industrial e introducir una nueva visión: la política de “proteccionismo ineficiente”. A partir de allí, no sólo hubo una diferenciación de precios y cupos entre empresas grandes y medianas, sino también falta de transparencia en los actos de gobierno (resoluciones de precios), haciendo desaparecer dos características fundamentales de toda política industrial: la estabilidad jurídica y la previsibilidad.

Otro de los aspectos cuestionables de esta política proteccionista es el relativo a la transferencia de recursos del consumidor hacia las empresas menos eficientes, que comenzó siendo de casi 550 millones de pesos en 2013 y que en 2015 ascenderá a 1.586 millones de pesos. Y estas transferencias no se encuentran ni siquiera fundadas en la necesidad de preservar la ocupación de mano de obra del sector, ni en

73 situaciones excepcionales que hayan ocurrido. Es evidente que con esta política el Estado Nacional está generando un exceso de gravamen a los consumidores de gasoil que son los que deben afrontar un mayor precio del combustible, con el fin de promover el segmento productor de biodiesel menos eficiente, cuando el segmento más eficiente cuenta con elevada y creciente capacidad ociosa para abastecer de producto al mercado interno. La significancia de la transferencia determinada queda plasmada también cuando se tiene en cuenta que es igual o mayor a las partidas de 80 de los principales 172 programas sociales financiados a través del Presupuesto del Estado Nacional, tal como se estableció en este Documento.

Sería conveniente que el Estado reinstale la política de promoción industrial que la Ley había fijado a los efectos de permitir la superación de la crisis de la industria de biodiesel y además otorgar previsibilidad y reglas de juego claras y transparentes en los próximos diez años.

La Argentina tiene condiciones naturales y competitivas para desarrollar una industria de biodiesel altamente competitiva:

 Porque cuenta con una industria de producción de biodiesel desarrollada

principalmente a partir de su complejo agroindustrial de soja y amplia disponibilidad de materia prima.

 Que cumple con estándares de calidad, escala y condiciones ambientales para

insertar en forma eficiente de este combustible renovable dentro de la matriz energética nacional.

 Que puede reemplazar cualquier necesidad de importación de gasoil con un

producto renovable de producción 100% nacional (contribuyendo a la independencia energética), y que también puede contribuir a sostener los precios de la cadena agroindustrial de la soja (una de las más importantes del país).

 Que la inserción en la matriz energética de combustibles requiere de

economías de escala en términos de producción y logística. La producción de combustibles se encuentra también por este hecho concentrada a nivel mundial en pocas empresas por países.

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 Que la política de priorizar la concentración de la producción y el suministro de

biodiesel al mercado interno a través de empresas PYMEs devino en ineficiencias que tuvieron un costo inicial de casi 550 millones de pesos en 2013 y uno de 1.486 millones de pesos en 2015. Y este costo para el consumidor final de combustibles, resultó muy superior al que hubiera sido necesario para asegurar los ingresos de los ocupados en el segmento menos eficiente de la industria productora de biodiesel.

Debiera permitirse aprovechar las ventajas competitivas que ofrece el agregado de valor del complejo agroindustrial sojero argentino, con el fin de lograr una inserción eficiente del biodiesel en la matriz energética nacional, haciendo uso de las economías de escalas para bajar costos de logística, a través de la integración de actividades de producción primaria, agroindustrial y del complejo logístico y exportador argentino, así como también para que los precios de los combustibles en el mercado interno puedan ser inferiores a los actuales, lo que le permitiría a las producciones argentinas mejorar su competitividad frente a las del resto del mundo.

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