ciones sean sostenibles, el trabajo infantil debe integrarse en los marcos de desarrollo socioeconómico a nivel nacional e internacional”. En ese sentido, el IPEC afi rma que “crear conciencia en todos los niveles y propiciar una amplia gama de alianzas y asociaciones para la acción continúan siendo estrategias clave”20.
En la Argentina existen varias alianzas entre gobiernos, empleadores y trabajadores, que se tienden a fortalecer y ampliar.
A modo de ejemplo, mencionamos dos alianzas estratégicas recientes que involucran tanto a nuestros mandantes como a otras agencias del Sistema de Naciones Unidas,
En el 2004, cincuenta y cinco empresas radicadas en Argentina fi rma- ron la “Declaración de empresas argentinas contra el Trabajo Infantil”21, mediante la cual se comprometieron a no vincular laboralmente a perso- nas por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, por sí o a través de las personas con quienes contratan y a aunar esfuerzos para prevenir y erradicar el trabajo infantil y convocar a otras empresas e instituciones a unirse a esta Declaración.
Profundizando esta iniciativa, en la actualidad un amplio grupo de empresarios –muchos de los cuales suscribieron a la Declaración de la OIT–, en forma coordinada con la CONAETI, prevén conformar un “Frente de empresas en contra del trabajo infantil”, con el fi n de desa- rrollar acciones conjuntas.
Con el mismo espíritu de coordinación de esfuerzos, agencias del Sistema de Naciones Unidas con mandatos vinculados a la prevención y erradicación de trabajo infantil (UNICEF, PNUD y OIT), junto con el MTEySS, fi rmaron en el 2007 un Memorando de entendimiento y cooperación con el propósito de elaborar “un plan de trabajo conjunto interagencial de cooperación técnica con el MTEySS”.
20 La acción del IPEC contra el trabajo infantil, hechos sobresalientes 2006, octubre 2006. IPEC/OIT, Ginebra, 2006.
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I. La perspectiva institucional
3. Trabajo infantil y agenda pública
Ya hemos mencionado cómo durante la última década22 el tema de la prevención y erradicación del trabajo infantil se ha convertido en una prioridad creciente para gobernantes y organizaciones de empleadores y trabajadores23, ingresando, de este modo, a la agenda pública argentina. Quisiéramos concluir el presente artículo con algunas refl exiones en torno al ciclo de las políticas públicas, en general, y a los procesos de construcción de la agenda pública en relación con el trabajo infantil, en particular.
3.1 La construcción del problema
Partimos de aceptar la siguiente premisa: no todas las cuestiones sociales se convierten en problemas públicos, y sólo algunas de ellas acceden a la agenda pública24 (Fernández, 1986; Aguilar Villanueva, 1993; Cobb y Eder, 1984; Downs, 1993).
Antoni Fernández (1986: 439) nos recuerda que para que una situa- ción trascienda sus límites iniciales y se convierta en un problema de política pública es necesario que se produzcan determinadas condiciones, y esto no siempre ocurre. Contrariamente a una visión popular de que los problemas son evidentes por sí mismos, y de que sólo hay que asumir su existencia y tomar las decisiones oportunas, el autor sostiene que “los problemas públicos no existen por sí mismos y que su objetividad es más supuesta que real”.
22 Cabe aclarar que no es la primera vez que la presencia de los niños trabajadores es una preocupación central para el gobierno y entidades privadas. Con otras características, este fue un tema central hacia fi nes del Siglo XIX y principios del XX en la República Argentina. Para ampliar este aspecto se puede consultar Suriano, 1990.
23 Ejemplos de estas iniciativas son el “Plan Continental para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, 2005-2009” (CIOLS/ORIT) y la Declaración Conjunta de Brasilia: “Acción inmediata para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil en las Américas”, mayo de 2006, Organización Internacional de Empleadores –OEI–, Organi- zación Interamericana de Trabajadores –CIOSL/ORIT–, Latinoamericana de Trabajadores –CLAT–.
24 Siguiendo a Aguilar Villanueva, entendemos por agenda de gobierno “el conjunto de pro- blemas, demandas, cuestiones, asuntos que los gobernantes han seleccionado y ordenado como objetos de su acción y, más propiamente, como objetos sobre los que deben actuar o han considerado que tienen que actuar” (Aguilar Villanueva, 1993: 29).
Desde esta perspectiva los problemas no tienen un valor en sí mis- mos, sino que lo adquieren como resultado de un complejo proceso de construcción social.
Coincidentemente con este análisis, Cobb y Elder (1984) señalan que los problemas que derivan en la construcción de una política no son datos a priori sino asuntos a defi nir. Según los autores, que una situación parti- cular o un conjunto de circunstancias se transformen en un problema de “interés público” dependerá de las creencias y valoraciones en juego, y no de los hechos en sí mismos25.
Varios autores coinciden en señalar que analizar el proceso de cons- trucción de un problema público permite, entre otros aspectos, conocer la visión de su posible solución implícita en la misma defi nición del pro- blema. Dicho en términos de Aguilar Villanueva (1993: 60), “la solución forma parte de la misma defi nición del problema”. El autor, siguiendo los planteos de Herbert Simon26, considera que el planteamiento de un pro- blema es determinante para la solución. Desde este análisis, la manera en que se ha defi nido el problema lo constituyen en soluble o irresoluble.
Si aceptamos que los problemas de la política pública son resultado de construcciones sociales, entonces también debemos aceptar que no habrá un solo modo de defi nirlos. Defi nir un problema no sólo estructura y encuadra elecciones posteriores a la política, sino que también sirve para afi rmar una concepción particular de la realidad (Cobb y Elder, 1984)27 y de las ideologías en juego28.