Además de las acciones que para cada variable han sido reco-mendadas, no se puede dejar de tener en cuenta que la efectiva persecución y sanción de las conductas podría constituirse como una medida de disuasión. Tradicionalmente en Colombia se ha utilizado el incremento de penas justamente en busca de desin-centivar la comisión de conductas penales. Ejemplo de ello es la Ley 1142 con la que se aumentaron las penas previstas en el Código Penal para algunos de los delitos electorales1.
Sin embargo, como ya lo ha sostenido el análisis económico del derecho defendido por Gary Becker, la pena como tal no representa mayor parte del raciocinio criminal, particularmente si se analiza que existen pocas probabilidades de ser capturado y sancionado.
En ese sentido, el esfuerzo estatal podría enfocarse de mejor manera en aumentar las capacidades técnicas de las autoridades para investigar y realizar las acusaciones pertinentes ante los jueces competentes. Así, podría ser más probable que una perso-na que comenta algún delito electoral sea capturada y condeperso-nada. Esta situación serviría de precedente histórico en la sanción de conductas que atentan contra la transparencia electoral.
Por lo anterior, sería muy útil que la Fiscalía General de la Nación contase con una Unidad de delitos electorales. De esta forma se contaría con un grupo de fiscales especializados y de dedicación exclusiva en estos temas a los cuales se podría asignar la investigación y acusación de los Delitos Electorales. Si bien se podría afirmar que, por ahora, las cantidades de denuncias no ameritarían la creación de toda una unidad al interior de la Fisca-lía, el alto impacto que la comisión de estos delitos tiene sobre la democracia la hace necesaria.
1 Estos delitos fueron: perturbación del certamen democrá-tico, fraude al sufragante, voto fraudulento, y ocultamiento, reten-ción y posesión ilícita de cédulas,
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Misión de Observación Electoral - MOELos comicios electorales en Colombia han estado afectados por dos clases de riesgos que se diferencian por su naturaleza. En la primera parte del libro se presentó y explicó los riesgos y variables electorales que afectan un proceso electoral. La segunda parte de esta investigación está constituida por el análisis de los riesgos por factores de violencia que perturban de manera directa o indirecta los comicios electorales. De esta manera, el grupo técnico de la MOE ha estable-cido que la presencia armada de grupos ilegales en el territorio, el número de combates en los municipios, las violaciones a libertad de prensa, la violencia política y el desplazamiento forzado son factores que inciden en el buen desarrollo de las elecciones e impiden un ejer-cicio democrático claro y transparente.
Mediante un proceso estadístico y de análisis histórico estas varia-bles han permitido identificar en qué zonas del territorio y en qué municipios los factores asociados con la violencia influyen de algún grado (riesgo) un evento electoral.
La MOE espera con esta publicación poder ampliar un poco más el campo de estudio de factores asociados con la violencia y contribuir al análisis electoral. Los factores relacionados con la violencia tienen un fuerte impacto sobre diferentes variables socioeconómicas y una de ellas es la relacionada con la dinámica pre-electoral y electoral ya que factores de violencia pueden incidir en la escogencia de candidatos y partidos, en el conteo de votos, en la posibilidad o no de acercarse a un puesto de votación y ejercer el derecho al voto, entre otras.
Las variables por violencia permiten tener un análisis más comple-to sobre el significado e impaccomple-to de los riesgos eleccomple-torales en los terri-torios. Se pretende presentar una metodología que permita identificar y analizar cómo las variables que históricamente han estado asociados al fenómeno de la violencia en Colombia afectan e influyen en los procesos electorales. Cada variable aquí desarrollada cuenta con notas metodológicas con el periodo de tiempo seleccionado, una breve descripción de la tipología de la variable y la fuente de información para desarrollar la variable.
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Para las elecciones de 2010 el Grupo Técnico de la Misión de Observación Electoral MOE identificó 420 municipios en riesgo por facto-res de violencia para las próximas elecciones de Congreso.
Número de municipios en riesgo por variables de violencia para las elecciones
Congreso 2010
Riesgo Extremo=3 146 35% Riesgo Alto=2 83 20% Riesgo Medio=1 191 46% Total en riesgo 420 38% Tabla 34. Fuente: Cálculos del Observatorio de la Democracia – MOE
Al respecto vale la pena destacar varios hechos. En primer lugar, a diferencia del riesgo por varia-bles electorales, el riesgo por factores de violen-cia para las elecciones de 2010 bajó respecto de las elecciones locales de 2007, cuando 576 muni-cipios registraron riesgo por violencia, mientras que para las elecciones 2010 se prevé riesgo por violencia en 420 municipios. Segundo, a dife-rencia del riesgo por variables electorales donde prima el riesgo medio, en el riesgo por violen-cia priman el riesgo extremo y alto, que afecta al 55% de los 420 municipios en riesgo. Tercero, al igual que en las elecciones de 2007, el principal factor que influye en el riesgo por violencia es la presencia violenta de las guerrillas, en particular