La dictadura militar surgida del golpe del 24 de marzo de 1976 es la expresión de un nuevo realineamiento efectuado en el seno de la clase dominante en la lucha por la hegemonía en el poder. Es decir, es el resultado de la disputa por la hegemonía entre las diferentes fracciones de la burguesía, al cabo de la cual se opera el desplazamiento de la dirección del Estado de una de las fracciones en beneficio de las otras. Lo notable es que esta modificación sustancial en la correlación de fuerzas entre las clases sociales no puede producirse sino es en el marco de un cambio radical en la forma de Estado. De allí, el surgimiento de un nuevo régimen de excepción en la Argentina.
Decimos entonces, pero ahora más concretamente, que el golpe militar modifica sustancialmente la relación de fuerzas en la sociedad, a favor de la alianza acordada entre las Fuerzas Armadas y los sectores más concentrados de la burguesía. La contrapartida de esta nueva situación será el desplazamiento del aparato del Estado de sector empresarial nucleado en la C.G.E, la dirigencia sindica y el partido peronista.
a.- Golpe estratégico
El golpe de 1976 que consagra en el poder la alianza entre el liberalismo económico (que pone en práctica un programa monetarista) y las fuerzas armadas tiene, como ya ocurrió con el golpe de 1966, en diferente situación y con otros agentes económicos, pretensiones estratégicas. NO está destinado solamente, a diferencia de los anteriores (a excepción del de 1966), a poner “orden en casa” regularizando el manejo de los asuntos públicos, cubriendo el “vacío de poder” político dejado por el sistema de representación de partidos, para luego retornar en mejores condiciones a la república democrática. Ahora la alianza en el poder pretende estabilizar definitivamente la hegemonía de esta fracción de la burguesía en el poder del Estado y en el conjunto de la sociedad sobre la base de proyectar políticamente su predominio económico. Se propone entonces, reorganizar la estructura económica y social de la Argentina para reinsertarla, en condiciones más favorables, a las presentes exigencias del mercado mundial.
Dejemos hablar a los máximos representantes gubernamentales de esta alianza. El ministro de economía Martínez de Hoz en su discurso de la Conferencia Monetaria Internacional celebrada en México en mayo de 1977 (por otra parte, único
representante latinoamericano además del mexicano) dijo que: “La trayectoria de la Argentina se ha modificado después del 24 de marzo de 1976. pero esta transición significa un poco más que un simple cambio de gobierno, ella constituye la transformación de la estructura política y económico-social que fue eje del país durante casi 30 años”
Y en el libro que da a conocer apenas finaliza su función pública, señala:
“La resolución que orientó a las fuerzas armadas fue no solamente la de superar una crisis circunstancial de tremenda gravedad, sino la de sentar las bases para un desenvolvimiento sano, estable y progresista del país en todos los aspectos, que lo sacara de su estancamiento y frustración y lo insertara nuevamente en el contexto mundial en el nivel correspondiente a la plena y eficaz utilización de todos sus recursos humanos y materiales. Se decidió aplicar un programa económico que establecía claramente los objetivos básicos que, en la mayor parte de los casos, sólo podrán
ser alcanzados luego del periodo inicial de reordenamiento y reestructuración de la economía”12
El general Videla en su primer mensaje presidencial sentenciaba:
“Pero debe quedar claro que los hechos acaecidos el 24 de marzo de 1976, no materializan solamente la caída de un gobierno. Significan, por el contrario, el cierre definitivo de un ciclo histórico y la apertura de uno nuevo, cuya característica estará dada por la tarea de reorganizar la Nación...”13
Un año más tarde, en el primer aniversario del golpe, precisa un poco más la propuesta del régimen militar:
“Formular al país una propuesta bajo el signo de la unión nacional constituye, pues, la tarea fundamental que las fuerzas armadas han de encarar en este período. Esta propuesta tiene que dar
12 Martinez de Hoz, José A. (1981) Bases para una Argentina
lugar “a la convergencia cívico – militar constituyendo, así una nueva síntesis histórica”14
La concreción de este proyecto estratégico implicaría para la alianza gobernante morigerar las divisiones internas y las fricciones en el seno de la clase dominante, instaurar un nuevo tipo de Estado y de institucionalidad, modificando la estructura misma del poder político. De allí que la dictadura se proponga iniciar la edificación de un sistema de dominación estable para la sociedad, que ponga fin al circulo vicioso de gobiernos civiles interrumpidos por gobiernos militares.
Por consiguiente, el tipo de Estado al cual debe la burguesía recurrir en un primer momento es el de una dictadura militar, lisa y llana, pues es el que brinda el marco político más adecuado para realizar los reajustes más radicales y drásticos en la economía y la sociedad y porque podría llevarlos hasta sus últimas consecuencias. Pero la dictadura no es el objetivo final. El objetivo de fondo será la edificación de un orden estable, inscripto en otro contexto institucional, sobre el
cual el poder podría echas las bases de la fundación del nuevo régimen político, que aspira ser estable y legítimo. Es lo que planteó el general Videla con absoluta claridad en una cena de la Cámara Argentina de Anunciantes, el 20 de diciembre de 1977, cuando se refirió a las propuestas políticas que el gobierno formularía al país en 1978, cuyos fines, entre otros, serían la participación de las fuerzas armadas en el futuro orden político.
“—Reorganizar institucional y
políticamente el país, con la finalidad de concluir con los ciclos pendulares de gobiernos civiles y militares instaurando una democracia estable.
“—Asegurar la inserción de las FF.AA en el sistema político con el objetivo de posibilitar su participación en la toma de decisiones”15
En lo inmediato, el autoritarismo militar, debería poner en marcha el plan de recuperación económica y de reducción del intervencionismo estatal, de un lado y del
otro, el disciplinamiento social, acallando las voces de protesta y montando un feroz aparato represivo.
Con este régimen, la alianza gobernante, pretendía no sólo introducir una transformación profunda en la economía sino también en el comportamiento global de la sociedad, que favoreciera un disciplinamiento en las fuerzas gremiales, empresarias y políticas. El reajuste requería la drasticidad más completa:
“Para llevar a cabo este objetivo era necesario modificar las estructuras de la economía argentina, tanto en el sector público como en el privado. El cambio propuesto era muy profundo: no bastaba un simple proceso de ordenamiento, sino que había que transformar normas y marcos institucionales, administrativos y empresariales, políticos, métodos, hábitos y hasta la misma mentalidad de los agentes económicos privados y públicos”16
El autoritarismo militar se propondrá también redefinir la función del Estado para “revertir una política de creciente estatización que, con breves intervalos, rigió
durante tres décadas”17 y acabar con la aplicación de un
“esquema de economía cerrada” poniendo en marcha la “apertura de la economía, tanto hacia el exterior como el interior”18
El discurso del ministro de economía es importante porque finalmente el régimen militar no tuvo más plan político que el determinado por la continuidad y objetivos del programa económico, luego del fracaso del “Proyecto Nacional”, semi – corporativo, del general Díaz Pessone y de algunas definiciones generales del presidente Videla que nunca cuadraron en un plan político. Lo que vino después fuero intentos por reacomodar el gobierno militar a distintas situaciones políticas, sin mayor coherencia y sin ninguna posibilidad de concretar un plan político
El proyecto transformador a largo plazo, pretenderá también modificar la estructura de los partidos políticos y reforzar el liderazgo de los sectores más concentrados de la economía. Transcribimos un párrafo de un reportaje a Videla:
“Por eso creo que si esta convocatoria que hacen las fuerzas armadas para obrar la unión nacional detrás de objetivos trascendentes… se van a producir modificaciones sustanciales en los agrupamientos políticos argentinos, es muy probable que ya no se pueda o no se tenga que hablar de peronismo y antiperonismo. Otras serán las agrupaciones…”19
El resultado fue el abismo que separó lo acontecido en la realidad con el discurso e intenciones de los gobernantes. El régimen militar de 1976 pretendió entonces, fundar una nueva etapa en la vida argentina, que diera término al largo ciclo de disputas sectoriales, sobre la base de afianzar una nueva hegemonía en la sociedad. Para ello había que realizar ciertas modificaciones estructurales que impidieran que el populismo u otra experiencia similar –que se valen del “Estado benefactor” el mercado protegido, las industrias subvencionadas- encontraran en el futuro una base válida de sustentación. Ello requería además la reformulación de las fuerzas políticas argentinas para recortarle la base social de
apoyo a las experiencias populistas o estatizantes. La intervención del 76 rechazaba una función “ordenancista” en el golpe militar, para que no fuera un mero regulador de la cosa pública, aspirando, por el contrario, a jugar un papel estratégico, de cambio a largo plazo.
“Nuestro país en América Latina es, posiblemente, el que tiene más larga experiencia y, tal vez, numéricamente, uno de los que más ha cambiado gobiernos civiles por militares. La explicación de esto es que los gobiernos militares, generalmente, se han quedado enquistado en una etapa puramente ordenancista, lo que les ha quitado persistencia en el tiempo y han abierto las perspectivas de ser reemplazados por gobiernos civiles que han hecho de ese ordenamiento militar, justamente, la bandera de lucha para cambiar la situación”20
Por eso también, las pretensiones estratégicas del golpe de 1976.
b.- La legitimación del golpe
El golpe militar de 1976 busca la legitimación de la intervención mediante la ya conocida teoría del “vacío de poder”, el “caos económico y social” y el “peligro de la subversión terrorista”, que conducirán a la “disolución de la Nación” y a la “anarquía”. La proclama de la Junta de Comandantes del 24 de marzo dice en una de sus partes:
“Nuestro pueblo ha sufrido una nueva frustración. Frente a un tremendo vacío de poder, capaz de sumirnos en la disolución y en la anarquía, a la falta de capacidad de convocatoria que ha demostrado el gobierno nacional, a las reiteradas y sucesivas contradicciones evidenciadas en la adopción de medidas de toda índole, a la falta de una estrategia global que, conducida por el poder político, enfrentara a la subversión, a la carencia de soluciones para problemas básicos de la Nación cuya resultante ha sido el incremento permanente de todos los extremismos, a la ausencia total de
los ejemplos éticos y morales que deben dar quienes ejercen la conducción del Estado, a la manifiesta irresponsabilidad en el manejo de la economía, que ocasionará el agotamiento del aparto productivo, a la especulación y corrupción generalizada todo lo cual se traduce en una irreparable pérdida del sentido de grandeza y de fe”21
Así, caracterizaban los militares la situación previa al golpe y justificaba su intervención.
De nuevo las fuerzas armadas aparecen en la vida pública como los “salvadores de la Nación” ante su evidente disgregación. Por eso, “en cumplimiento de una obligación irrenunciable, han asumido la conducción del Estado. Una obligación que surge de serenas meditaciones sobre las consecuencias irreparables que podría tener sobre el destino de la Nación una actitud distinta a la adoptada”22
Quiere decir entonces que en un contexto de crisis como el definido los militares intervienen porque son la única 21 La Nación 25/3/76
fuerza capaz de realizar “serenas meditaciones” sobre las consecuencias irreparables que acarrearía al país si no intervención. Pretenden ubicarse, de esta manera, por “encima” de la sociedad y sus contradicciones.
En realidad, lo que legitima los golpes de Estado es otra cosa y no estos tipos de discursos engañosos y ampulosos. Por un lado, se puede ver ahora con mayor claridad que esa legitimación tiene relación con el funcionamiento del sistema político y con la formación, en consecuencia, de una cultura política que ofrece un espacio en la realidad a las intervenciones militares. Después de cada golpe de Estado hay una aceptación al mismo, aunque sea parcial y limitado. En la mayor parte de los casos ha sido la clase media la que ha esperado más de los pronunciamientos militares. Ante el fracaso de un gobierno civil, el gobierno militar aparece, en una determinada franja de la sociedad, como la probable solución de los problemas. Se los recibe con la esperanza que los militares pondrán “orden en casa” y resolverán las contradicciones. Será un nuevo fracaso de los militares lo que brindará el espacio para la existencia de otro régimen democrático. Es decir, el golpe militar no se legitima por sí mismo, son las condiciones políticas que se vivían en el país durante le gobierno de Isabel Perón, unido a las
características comentadas del sistema político y de la cultura política, lo que legitima finalmente las intervenciones militares.
Frente al desprestigio creciente del gobierno nacional los militares supieron trazar una táctica eficaz. Sabían que la descomposición del régimen peronista –aguda crisis económica, represión oficial, violencia generalizada, inseguridad para las inversiones, visible incapacidad de la presidenta- era el camino más corto al poder. Había que esperar solamente el momento oportuno. Los partidos políticos no supieron encontrar una salida institucional a la crisis y la dirigencia sindical no podía movilizar a la “decepcionada” clase obrera, detrás de la defensa de Isabel Perón. El golpe tenía las puertas abiertas. Una parte de la opinión pública esperó deseosa la intervención y la otra, mayoritaria, resignada. El golpe estaba legitimado, pero de todas maneras no lo sería por mucho tiempo.
c.- La estructura institucional del régimen militar
Importa analizar la forma institucional de organización del poder del régimen militar de 1976. Por cierto, que una de las modificaciones que trae consigo todo régimen
de excepción consiste en la reorganización del sistema jurídico-institucional del país.
Naturalmente, que las modificaciones operadas en las estructuras jurídicas del Poder en 1976 encuentran un antecedente inmediato en el golpe de 1966, como en el régimen militar de 1955 y 1958. Hay en los tres regímenes militares una cierta similitud en la estructura institucional que organiza el poder militar. En cambio, los golpes de 1930, 1943 y 1962 no lograron reunir determinadas notas en el plano institucional, como para que se los pueda asimilar –desde ese punto de vista- al último régimen militar.
Carácter de la Junta Militar
Como es sabido las fuerzas armadas mediante el golpe de Estado de 1976 se arrogan la totalidad del Poder de la Nación, a nivel provincial y municipal. Concentran así en sus manos el conjunto de las funciones de gobierno. Por consiguiente, surge de inmediato la necesidad de organizar políticamente el poder del nuevo régimen de excepción. Habrá que reemplazar las instituciones del derrumbado régimen democrático. Esa fue la primera tarea de los militares argentinos.
Las fuerzas armadas el mismo día del golpe crean un Supra-Poder, representado por la Junta Militar, formada por los tres comandantes en Jefe. Inmediatamente la Junta define en el Acta difundida el 27/3/76 los objetivos fundamentales del Proceso de Reorganización Nacional. Anteriormente, el 25/3/76, había dado a conocer el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, texto que va a reglamentar el propio funcionamiento de la Junta y de los poderes públicos del país.
Del Estatuto se desprenden las características principales de la organización del poder militar. Primeramente, el art.1 define a la Junta Militar como el “órgano supremo de la Nación”, integrada por los Comandantes en Jefes de las Armas.
Atribuciones y competencia de la Junta Militar 1.- Se arroga el Poder Constituyente
La Junta está investida del Poder Constituyente, por tanto, sus actos y normas tendrán prioridad sobre la Constitución Nacional. Es lo que establece el art. 14 del
Estatuto. “El gobierno nacional y los gobiernos provinciales ajustarán su acción a los objetivos básicos que fijó la junta militar, al presente Estatuto y la Constitución Nacional y las constituciones provinciales en tanto que no se opongan a aquel”
Quiere decir, que el gobierno militar se ajustará a las normas constitucionales en tanto ello no sea contrario a los “objetivos básicos” fijados por la Junta y al respectivo “Estatuto”. De allí, toda la voluntad fundacional que emana del Poder Constituyente.
Una fórmula similar se utiliza en los Estatutos de 1955 y 1966: los gobiernos militares se ajustarán a las normas constitucionales en tanto ello no se oponga a los fines de la “Revolución”.
Entonces, al atribuirse el poder constituyente la Junta Militar se arroga poderes ilimitados
a.- Puede dictar normas supranacionales si los “objetivos básicos” fijados por la Junta y el Estatuto así lo aconsejan. Salta a la vista la vaguedad y la generalidad del contenido de la fórmula. Entonces, el art. 14 mencionado establece el orden de prioridades en la jerarquía normativa: 1) Los objetivos básicos del Proceso de Reorganización Nacional; 2) el Estatuto para el
proceso de reorganización nacional; 3) La Constitución Nacional; 4) Las Constituciones Provinciales.
b.- Concentra las distintas competencias de la Nación al designar a los miembros de los tres Poderes Públicos: ejecutivo, legislativo y judicial (arts. 1, 2, 5, 9 del Estatuto) y establece –a su vez- los mecanismos de renovación.
c.- Sanciona el Acta de los objetivos básicos de la reorganización nacional y dicta el Estatuto para ese proceso, lo que constituyen normas supremas de la Nación.
2.- Se arroga el poder de superintendencia
-- Al velar el funcionamiento de los otros poderes públicos (art. 1 del Estatuto)
-- Al velar la estricta aplicación de los “objetivos básicos” y principios directores del proceso de reorganización nacional.
3.- Se reserva ciertos poderes constitucionales (poderes de guerra)
Los cuales apuntan a reforzar su autoridad, en consecuencia no los delega en los toros poderes públicos (art. 2 Estatuto)
Se reserva, entonces, los poderes del art 86 de la Constitución Nacional (incisos 15, 17, 18, 19) que normalmente están conferidos al presidente de la Nación. Y son:
Ser comandante en jefe de todas las fuerzas armadas
Tener la facultad de declarar la guerra
Tener la facultad de declarar el Estado de Sitio Se reserva igualmente los poderes del art. 67 (incisos 21 a 26), que son las atribuciones concernientes al poder legislativo, que se relacionan con el art. 86 y se refieren a los poderes de guerra, los cuales quedan en manos exclusivas de la junta.
4.- Posee facultades de árbitro superior
Es árbitro inapelable en la competencia legislativa cuando existen desacuerdos entre el presidente de la Nación y la Comisión de Asesoramiento Legislativo (C.A.L), según el procedimiento que establece el
reglamento dictado por la junta que organiza esa comisión.
5.- Posee facultades inherentes al poder judicial
La junta se arrogó mediante una norma de carácter super-legal la facultad de aplicar penas no establecidas previamente por la ley, a ex funcionarios públicos cuyo desempeño haya ocasionado un perjuicio al interés público.
Las sanciones que se desprenden del acto de responsabilidad institucional son las siguientes: a) pérdida de los derechos políticos o gremiales; b) inhabilitación para ejercer empleos y comisiones públicas; c) prohibición de administrar y disponer de bienes por actos entre varios.
La aplicación de la pena se concreta por la misma Acta