in-vestigaciones en este ámbito dan cuenta de que es un problema en dónde las muje-res son las principales afectadas, que la violencia de tipo sexual es la más frecuente y que existe una naturalización de muchas formas de violencia y discriminación, lo que, aunado a la revictimización y omisión por parte de las autoridades, promueve que se siga reproduciendo y constituye un obstáculo para la denuncia.
De acuerdo con diversos organismos internacionales, la erradicación de la vio-lencia sexista o de género demanda una estrategia de intervención a diferentes nive-les, que implica además de tratar las causas estructurales del problema para prevenirlo, proporcionar a las víctimas los servicios que requieran para su protección y recupera-ción. En ese sentido, el propósito de este trabajo es brindar algunas claves feministas para el acompañamiento psicológico a personas que han vivido violencia de género.
Como punto de partida se revisan algunas investigaciones sobre la violencia de género en las IES del país y se discuten sus hallazgos. Así, se presenta la descripción de un programa de formación en la práctica para la atención psicológica, dirigida a personas que han sido víctimas de violencia en el marco Protocolo de Atención a Casos de Violencia de Género en la UNAM y se discute la importancia de un abordaje desde una perspectiva feminista para este acompañamiento.
1. Reproducción de la violencia de género en las instituciones de educación superior
La violencia sexista o de género tiene sus cimientos en una organización social estruc-turada sobre la base de la desigualdad entre hombres y mujeres, que se ha naturalizado dando como resultado mandatos, creencias, actitudes, estereotipos y representaciones cognitivas misóginas, que legitiman su uso. Al estar profundamente arraigados todos estos aspectos en la sociedad y estar inmersos en el mismo proceso de socialización, los estudiantes, profesores y administrativos de las universidades no se encuentran exentos de reproducirla.
Angélica García (2017) aplicó una encuesta en línea sobre hostigamiento y acoso sexual (HAS) a 5154 estudiantes de universidades públicas del sureste de Mé-xico. El 40% respondió que en el último año y dentro de su centro de estudios ha-bía sufrido algún evento de HAS, sin embargo el 99% no denunció lo sucedido. La encuesta también arrojó que el acoso sexual era más frecuente que el hostigamiento sexual y que las principales víctimas eran mujeres. En otra fase de la investigación, se llevaron a cabo entrevistas en profundidad con quienes habían reportado ser ob-jeto de este tipo de violencia y grupos focales con autoridades escolares, con el fin de detectar obstáculos en materia de prevención, sanción y atención a estos actos.
Por medio de estas técnicas identificaron lo siguiente: 1) una gama amplia y variada de actos violentos conectados entre sí, en un continuum de menor a mayor severi-dad; 2) que los actos más frecuentes son cotidianos, escurridizos, reiterativos, leves y de “baja intensidad”; por lo tanto, están naturalizados y se consideran normales; 3) la ausencia de una respuesta institucional ante las pocas denuncias que se presentan; y 4) que las propias universidades, como organizaciones, obstaculizan sistemáticamente la denuncia e imponen de mil maneras el silencio, como una forma de no recono-cer la violencia de género que ahí sucede.
En otra investigación realizada por Roberto Castro y Verónica Vázquez (2008) en la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), se convocó a las estudiantes a participar en un concurso de relato autobiográfico en el que narraran las alegrías y vicisitudes de su paso por esa institución. Obtuvieron 53 relatos, en estos se pu-dieron advertir las siguientes problemáticas: violencia en el noviazgo, ejercicio de la sexualidad con sentimiento de culpa y sin protección, embarazos no deseados, ata-ques sexuales por desconocidos, hostigamiento sexual de profesores, compañeros y trabajadores, depresión e intentos de suicidio, anorexia y bulimia.
Por otra parte Rosalía Carillo (2014), en la Universidad Autónoma Metro-politana (UAM), encontró que dicha institución es un espacio donde todos sus ac-tores son vulnerables ante la violencia: estudiantes, profesoras (os) y administrativas (os). En el caso de estudiantes, coincidieron en que los (as) profesores ejercen abuso de poder. El porcentaje de estudiantes que reportó haber sido víctima de violencia osciló entre 64 y 69%, dependiendo de la unidad, siendo la UAM-Iztapalapa la que más violencia alcanzó. Lo preocupante de este hallazgo es que, en general, siete de cada diez estudiantes habían sido víctimas de algún tipo de violencia dentro del es-pacio universitario. La violencia psicológica ocupó el primer lugar, pues seis de cada diez estudiantes habían vivido insultos, gritos, amenazas, descalificaciones, humilla-ciones, marginación, chismes, chantajes, rechazo, discriminación, sobornos y abu-so de autoridad. En segundo lugar, se encontró la violencia física: dos de cada diez
estudiantes manifestaron haber sido blanco de golpes, empujones, patadas y golpes con objetos. Y en tercer lugar, se registró la violencia sexual, donde una de cada diez estudiantes fue víctima de insinuaciones sexuales, hostigamiento, acoso, tocamientos e incluso violación sexual dentro de la unidad. De los estudiantes víctimas de vio-lencia, el 54.4% eran mujeres.
Carolina Agoff y Araceli Mingo (2010) llevaron a cabo grupos focales con es-tudiantes universitarios de tres facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), encontrando como práctica común de los varones hacia sus compañeras: insultos, miradas, chistes, gestos, burlas, “piropos”, comentarios, rumo-res, chismes, insinuaciones, roces y apretones, entre otras. Todas estas prácticas fueron consideradas como una “bonita tradición” por parte de ellos. En el caso de las chi-cas, manifestaron que estos actos les producían tensiones y malestares, y que tenían efectos intimidatorios que se manifiestan en la adopción de conductas con las que buscan evitar ser blanco de tales prácticas (vestirse lo menos llamativamente posible, no participar en clase, evitar pasar por ciertos lugares, etc.).
Cabe destacar que pese a que en todas las investigaciones se reporta que estas prácticas de violencia sexual están presentes, hay una dificultad en el reconocimien-to de las mismas por parte de la comunidad universitaria, situación que obedece a creencias y estereotipos de género que promueven el sexismo y la misoginia. Otro punto de coincidencia es la baja denuncia, pues a la vez que se normalizan ciertas prácticas, hay una percepción generalizada de que la universidad no tomará cartas en el asunto, lo que provoca como respuesta la apatía o el silencio, además de reac-ciones revictimizantes por parte de compañeros y autoridades. Al respecto Araceli Mingo y Hortensia Moreno (2015: 153) señalan:
La iniciativa de denunciar el sexismo se enfrenta, en todas las instancias, con obstácu-los que forman parte de la estructura interna del orden de género: el sexismo contiene en sí mismo los mecanismos de su propia reproducción. Desalentar la denuncia de mil maneras es una de las fórmulas que utilizan las organizaciones para evitar las quejas por acoso sexual; así, el silenciamiento sistemático de este problema hace aparecer como un hecho aislado, ocasional, cualquier caso que logre vencer los obstáculos puestos a la denuncia. De esta forma, el acoso se atribuye únicamente al sujeto que lo perpetra y aparece como si fuera ajeno a las relaciones de poder asimétrico entre los sexos; re-laciones que forman parte de una cultura institucional que exhibe de muchas formas el privilegio que se otorga a los hombres.
El panorama de violencia de género en los espacios universitarios es parte de un sistema en dónde se conjugan una serie de valores machistas y de privilegios, en
dónde las mujeres, pese a un siglo de ingreso masivo a dichos espacios, no son vistas como iguales sino como cuerpos que tienen que estar disponibles para los hombres, como intrusas que transgreden el espacio al cuál “deberían estar confinadas”.1 Sheyla McIntyre (2000, citada en Mingo y Moreno 2015) apunta que la opción de no saber y no pensar, definida como “ignorancia cultivada”, les permite a los sujetos privile-giados, ignorar los beneficios que les acarrean las relaciones de dominio y reafirmar su inocencia individual respecto del ejercicio sistemático de hábitos opresivos de privilegio. Además, el cultivo recurrente de este tipo de ignorancia, permite justifi-car la falta de acción institucional frente a los reclamos contra la inequidad sistémica.
Frente al silencio que han mantenido las autoridades universitarias, la respuesta no se ha hecho esperar por parte de integrantes de la comunidad (principalmente estudiantes), que han decidido organizarse para hacer denuncias públicas sobre las prácticas de discriminación y violencia que viven cotidianamente. Dichas acciones, aunadas a la evidencia documentada en investigaciones como las anteriormente re-señadas, llevó a diversas universidades del país a desarrollar protocolos de atención para atender los casos de violencia de género.
En agosto de 2016 en el marco del movimiento HeForShe a favor de la igual-dad de género desarrollado por ONU Mujeres, la UNAM da a conocer el Protocolo de Atención a Casos de Violencia de Género, cuyo propósito es prevenir, atender, sancionar y erradicar dichos casos en la institución. El protocolo tiene como finalidad guiar a las instancias del Subsistema Jurídico (Unidad para la Atención y Seguimiento de De-nuncias, Oficina Jurídica y Unidad de Apoyo Jurídica) responsables de dar atención a los casos de violencia de género, para dar un tratamiento adecuado a los mismos.2
1 Muestra de ello es que en los tendederos en donde las estudiantes han denunciado diversos tipos de violencia que viven en las aulas, destaquen frases como las siguientes: “Me gusta sentarme aquí a ver la pasarela de las abogaditas”, “Las mujeres nunca sacan 10”, “Si no sabes barrer, menos vas a saber estudiar” “Las mujeres son objetos sexuales que los hombres se compran para cogérselas a diario”. (Amelia Huerta, La crítica, 11 de marzo 2015, http://www.la-critica.org/alumnas-de-la-unam-denuncian-machismo-de-profesores/)
2 El protocolo recibió diversas críticas, principalmente por el tiempo de prescripción para levantar la queja ante las instancias correspondientes, siendo este de 12 meses en caso de mayores de 18 años, en caso de menores de edad este plazo no expira. Otra de las principales críticas está relacionada con el “procedimiento alternativo”, lo que claramente deja de lado las relaciones de poder en el ejercicio de la violencia y es incongruente con lo que al respecto estipula la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: “Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de sometimiento entre el Agresor y la Víctima” (Art. 8 Fracc. IV). Derivado de estas críticas y como consecuencia de las asambleas interuniversitarias que cobraron fuerza a
par-Dentro del protocolo se consideran los lineamientos que los tratados inter-nacionales establecen en materia de atención, entre ellos la obligación para las autoridades de actuar con debida diligencia para proteger la dignidad e integri-dad de quienes padecen actos de violencia de género, entre las actuaciones desta-can: realizar investigaciones exhaustivas, establecer sanciones proporcionales que se traduzcan en una reparación suficiente y prevenir razonablemente estos actos.
Asimismo, se señala la necesidad de sensibilización y capacitación en el tema de violencia de género principalmente para quienes fungirán como orientadores (in-tegrantes de la comunidad universitaria que colaboraran voluntariamente y que serán el primer contacto con las personas en situación de víctima para darles una primera orientación de carácter informal) y del bienestar de la víctima evitando problemas de reincidencia y revictimización por parte de la comunidad.
Como parte del procedimiento de atención a casos de violencia de género, en el protocolo se estipulan tres etapas: 1) Primer contacto u orientación, 2) Inter-posición de la queja, definición de procedimiento de atención más adecuado para el caso (alternativo y/o formal) y su verificación y 3) Seguimiento a las sanciones y acuerdos de mediación. En cada una de estas etapas la víctima además de recibir orientación jurídica puede solicitar acompañamiento psicológico, y también en cada una de ellas el tipo de intervención será diferente.
Al adherirse a instrumentos jurídicos tanto nacionales como internacionales contemplados en el protocolo, la erradicación de la violencia sexista o de género de-manda una estrategia de intervención a diferentes niveles, que implica tanto tratar las causas estructurales del problema para prevenirlo, como proporcionar a las víctimas los servicios que requieran para su protección y recuperación desde una perspectiva de derechos y de género. Por lo tanto, los profesionales de la salud mental que brin-den este acompañamiento, deberán estar capacitados en estos temas e integrar dicha perspectiva en su práctica profesional.
2. Una perspectiva feminista en la atención