La RSE y la industria extractiva

La expansión de la industria extractiva en América Latina ha implicado para el movimiento de la RSE quizá el desafío más grande en términos de conciliar el crecimiento económico y el desarrollo sustentable. Así como la inversión de la industria se multiplicó en la región, también lo hicieron las críticas y protestas de organizaciones medioambientales y de protección de los derechos humanos. Frente a esta situación, las empresas de petróleo, gas y minería se vieron inmersas en los últimos años y en forma progresiva, en el debate público en la región. La información que se produce de un lado y del otro en lugar de favorecer el diálogo, instaura una dinámica más

cercana a la denuncia y la defensa. La legitimidad de la información sobre cuanto aporta el sector al desarrollo sustentable está en duda y con ello, el movimiento de la RSE (se entiende como el conjunto de organizaciones promotoras de la temática) se encuentra con dificultades a la hora tomar decisiones. Avances en la industria existen, pero no está tan claro en qué temáticas. Más aún, en América latina no se conoce cuál es la percepción de los ejecutivos respecto del avance de sus empresas, dato relevante dado que de su diagnóstico dependen, en gran parte, los progresos que se puedan hacer para abordar los principales problemas del desarrollo de la región, foco clave de las demandas que enfrentan, y objetivo primordial de los promotores de la RSE.

En 2007 la demanda de metales por parte de China logró que las ganancias de las 40 compañías mineras más grandes del mundo creciera en un 40% (Agencia Católica para el Desarrollo, en adelante CAFOD, 2008). El crecimiento de la economía mundial ha implicado un aumento de la demanda sobre los recursos naturales y otras materias primas, lo que ha llevado a las empresas a ejercer presión para que los Estados abran sus territorios (Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad, en adelante, CIDSE, 2009). En efecto, la mayor expansión de la minería ocurrió desde 1989 cuando más de 75 países en desarrollo liberalizaron sus regimenes de inversión. La privatización de la bonanza, mentada bajo el supuesto de la estabilidad económica, se presentó como una gran oportunidad para empresas multinacionales que estaban buscando disminuir el impacto ambiental en sus países de origen a través de asegurarse la posibilidad de continuar con sus negocios en otros destinos (Feeney, 2002, p3). Y con ello, el concepto de deuda ecológica y social de los países del norte respecto de los del sur se fue cristalizando (Padilla en CIDSE, 2009).

En 2005, América Latina registraba el 10% de las reservas de petróleo, alrededor del 14% de la producción y solamente un 8,3% del consumo global. México y Venezuela como los principales exportadores. La región

tenía además, el 4% de las reservas de gas natural, cerca del 6% de la producción y 6% del consumo. En este caso, los principales exportadores son Argentina y Bolivia (OPEP, AIE y BP, 2005). Perú, Chile, Bolivia y Argentina tienen una larga trayectoria en la explotación de minerales y metales, Colombia y Ecuador, en la extracción de Petróleo, y Bolivia en el gas. Entre los productores de la minería reciente se han incluido Guatemala, Honduras y Nicaragua. Para esta última actividad, los principales capitales provienen de Canadá y Estados Unidos, y para el caso del gas y del petróleo los accionistas son principalmente europeos.

Es importante resaltar el rol del Banco Mundial, el Fondo Monetario internacional y la Corporación Financiera Internacional (CFI) en la financiación de los créditos para este tipo de operaciones bajo el supuesto que la industria extractiva colaboraría en el desarrollo sustentable y la reducción de la pobreza (CIDSE, 2009). Efectivamente, el Banco Mundial corroboró tal posibilidad con la salvedad de enunciar una serie de condiciones para que esto ocurra: que las políticas de la empresa estén enfocadas en los más pobres, que tengan un buen gobierno corporativo, políticas sociales y medioambientales y respeto a los derechos humanos (CAFOD, 2006).

Sin embargo, el continuo incremento de la minería en la región, significó el aumento del peso de esta actividad en el PIB de los países y por lo tanto una acentuación correlativa de su dependencia en torno a esta actividad. La tesis de la “desgracia de los recursos” indica que los países donde los recursos son abundantes, muestran un débil desarrollo económico ya que los capitales extranjeros de la minería empobrecen a las naciones antes que enriquecerlas (Jenkins y Obara, 2008). Esta situación se ve agravada en América Latina por la falta de regulaciones medioambientales y laborales y de políticas sociales en general, que con todo, ponen en duda los beneficios de la industria en la región. Igual ocurre con la debilidad democrática que incrementa las posibilidades de ampliar la corrupción y el conflicto social.

Azqueta y Delacámara (2008) plantean que la escasez de divisas que enfrentan algunos países en desarrollo se ha traducido en altos niveles de endeudamiento. Frente a esta situación, recurrir al mercado financiero internacional implica un costo alto en concepto de servicios de la deuda, de modo tal que la explotación de las ventajas comparativas que les otorgan sus recursos ambientales se presenta ser la opción más racional. Inclusive en algunos casos, por ejemplo en Ecuador, como varios yacimientos se encuentran próximos al fin de su vida útil, se están entregando licencias para explotación en zonas de alto valor ecológico, introduciendo el riesgo de la deforestación.

Los proyectos extractivos son de alto retorno, pero sus riesgos además de ser altos son muy variados. Así, progresivamente, se ha vinculado a la actividad quizá más que a otras industrias, con problemas relacionados a la soberanía de los Estados, la distribución de la riqueza, la baja calidad de las condiciones laborales, la corrupción, la degradación del medioambiente y la falta de consideración de los derechos humanos (Warhurst, 1998).

Frente a este escenario, la RSE ha significado para la industria una oportunidad. Como modelo de gestión que tiene como objetivo la sustentabilidad económica, social y ambiental de un negocio, la RSE se visualizó como una alternativa para ampliar la identificación de riesgos y oportunidades que favoreciera el logro de la licencia social para operar. De hecho el tema se instaló con la Conferencia sobre Medioambiente y Desarrollo de Naciones Unidas en Río de 1992, a partir de la cual múltiples iniciativas han sido establecidas desde la misma industria extractiva como el Global Mining Initiative (GMI) en 1998, el International Council for Mining and Metals (ICMM) en 2001 y el Extractives Industries Transparency Initiative (EITI) en 2002.

Desde 1992 se dejó en claro que la noción de desarrollo sustentable implica la distribución de los recursos en el presente pero en consideración del

futuro, y con ello, la industria extractiva quedó interpelada por expectativas de equidad intra – generacional pero también inter-generacionales (Joyce y Thomson, 2002) lo que se agudiza por las características de esta actividad económica en comparación con otras. La industria, además se enfrenta a diferentes demandas según el nivel de desarrollo de los países donde opera. Por ejemplo, en el mundo desarrollado donde las economías son diversificadas, se considera la actividad como altamente contaminante, en cambio en el subdesarrollado esta industria es mejor recibida. Así, mientras Noruega expulsa a Barrick, Chile y Argentina agilizan el inicio de sus operaciones.

Al mismo tiempo, los programas medioambientales y sociales de esas empresas se fueron incrementando. Por ejemplo, el programa Borax de Río Tinto que busca entender, medir, y maximizar las contribuciones hacia el desarrollo sustentable, basado en tres principios, la protección del medioambiente, el bienestar social y la prosperidad económica. Como Río Tinto, otras compañías extractivas están haciendo esfuerzos por enfrentar los desafíos de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y sus diálogos con las comunidades para prevenir futuras confrontaciones (Cottrell y Rankin, en Jenkins y Obara, 2008). Sin embargo, la tarea implica ciertas complejidades algunas de las cuales nos interesa esbozar en este estudio.

5.3. Toma de decisiones y transparencia

Riesco (2005) indica que la RSE a menudo ignora ciertas prácticas que atentan contra el desarrollo social, económico y sustentable. Algunas de estas prácticas se vinculan con los temas de transparencia, entre ellas, la subcontratación, las irregularidades en el pago de impuestos, las influencias políticas, los precios de transferencia y los flujos financieros intra- empresariales (traspasos de filiales en países en desarrollo para pagar préstamos de entidades financieras contraídos por sus matrices). Su investigación identifica que incluso mineras de Chile, líderes en temas de

RSE, se han involucrado en prácticas que resultan en alteraciones en el pago de impuestos al fisco.

En una línea similar, el informe Time for Transparency (Global Witness, 2004) revela la problemática de la transparencia para la industria. Por un lado, los gobiernos de países en desarrollo no informan los ingresos que reciben de sus recursos naturales, y por otro, las empresas multinacionales no publican los pagos que hacen a estos gobiernos. Sin duda, el resultado se vincula con la creación de oportunidades para la corrupción, pero además, se genera una incertidumbre que afecta públicamente a la industria.

Frente a esta situación, los temas de gobierno corporativo y combate a la corrupción han adquirido relevancia en el sector extractivo. Sandbroke y Mehta (2002) hacen referencia al buen gobierno empresarial indicando que implica un proceso de toma de decisiones transparente, predecible, ajustado a la ley y ejecutado por profesionales éticos.

5.4. Relaciones con la comunidad

Swanson (2002) indica que existe una correlación negativa entre las riquezas del petróleo y los indicadores básicos de desarrollo. Por ello, insta a las empresas a asumir ciertas responsabilidades que si bien son más propias de los gobiernos, son relevantes para esta industria. La definición de lo que le compete al Estado y a las empresas respecto de ciertos aspectos ha sido motivo de debate en el seno del movimiento de la RSE. Y, sin bien, Ruggie (2008), aclaró que al Estado le corresponde proteger los derechos humanos y a las empresas les compete respetarlos, en la práctica esta definición es aún imprecisa.

La ausencia de responsabilidades claramente delimitadas para el Estado y para las empresas puede resultar inclusive en la generación de cierta dependencia por parte de la comunidad respecto de la compañía. Es

habitual que esto ocurra cuando los programas que ejecuta la empresa están desvinculados de los planes de desarrollo que tiene el gobierno local (Jenkins y Obara, 2008). En la misma línea, Joyce y Thomson (2002) indican que existe en la industria una tendencia a invertir en infraestructura. Escuelas y hospitales son colaboraciones tangibles y generalmente bienvenidas, sin embargo, perpetúan el paternalismo. En cambio, la construcción de capital social sobre prioridades consensuadas fortalece el desarrollo de capacidades en la comunidad que permiten trasladar los beneficios de corto plazo derivados de la extracción, en oportunidades de largo plazo.

González (2002) plantea que en el nuevo contexto de conciencia social, las comunidades locales ya no aceptan quedar excluidas del proceso de toma de decisiones. Así, los movimientos “no a la mina” se han multiplicando y con éxito en más de un caso. Por ejemplo, en Tambogrande (Perú) una comunidad agrícola detuvo un proyecto minero en el año 2002. También, resulta interesante el ejemplo de Esquel (Argentina) donde se realizó una consulta en la cual el 81% de la población se opuso a un proyecto de Meridian Gold (Noticias Aliadas, 2005).

Sin embargo, es también necesario reconocer ciertos avances en el diálogo de las extractivas con las comunidades. Oxfam América y CooperAcción en Perú realizaron un diagnóstico de los problemas que tenía la comunidad de Tintaya con la empresa BHP. Oxfam llevó el caso a la matriz de la empresa en Australia y luego de tres años de negociaciones, la empresa firmó en 2004 un convenio con la comunidad en la que se comprometió a entregar tierras por una extensión equivalente a la adquirida por la compañía (Mego en Noticias Aliadas, 2005). La construcción de la cultura del diálogo puede verse favorecida por la interlocución de organizaciones mediadoras entre las solicitudes de las comunidades y las expectativas de las empresas.

La industria puede inclusive contribuir al desarrollo económico de las comunidades. El desarrollo de industrias no extractivas relacionadas, como abastecedoras o procesadoras pueden agregar valor a los productos locales (Carrasco, 2006). El dilema es cómo articular los intereses de los diferentes stakeholders de un modo que de cuenta del dinamismo característico de las sociedades actuales durante y con posterioridad a las operaciones. Ante semejante complejidad, parece oportuno reconocer que nuevas habilidades y herramientas son necesarias y deben ser desarrolladas por los diferentes grupos de interés, incluida la empresa (González, 2002).

5.5. Medioambiente

Si bien los estándares internacionales en el tema se han incrementado, es difícil indicar que el número de accidentes graves haya disminuido (Sandbroke y Mehta, 2002). Algunos intentos se desarrollan respecto de sustituir el petróleo por el gas al constituir ésta última una energía más limpia. Sin embargo, la alta demanda energética de los países del norte lo desacreditan como una fuente libre de efectos (González, Sáez y Lago, 2008). Más aún, las amenazas para el medioambiente se incrementan, si se considera que los inconvenientes no ocurren solo a propósito de la explotación o producción, sino también a partir del transporte. En el caso del gas, por ejemplo, en que distribución se hace desde la fuente hasta el consumidor vía gasoductos, el impacto puede producirse en todas las poblaciones por las que éste atraviesa (Oilwatch en CLAES, 2004).

Además, como los impactos medioambientales de la industria generalmente son de largo plazo, el CIDSE (2009) resalta el rol de los gobiernos en controlar que las mediciones respecto del medioambiente y la salud de las comunidades se realicen antes del inicio de las operaciones para poder efectuar comparaciones durante y después de la actividad.

Lo que parece claro es que mientras la transformación del escenario natural es inevitable, otras acciones son factibles a la hora de mitigar el impacto de las extractivas en el medioambiente. Es posible evitar la descarga de sustancias toxicas en ríos, la disposición inadecuada de residuos peligrosos, así como también es viable reparar el entorno natural luego del cierre de un mina. Es posible inclusive, lograr algunos impactos positivos, como ocurrió por ejemplo en Chile a partir de la inversión externa directa en la minería que facilitó el ingreso al país de tecnología de menor impacto ambiental, lo que impulsó también a los productores nacionales a adoptar estas medidas (Sandbroke y Mehta, 2002).

5.6. Relaciones con los trabajadores

Otro tema clave para la industria se vincula a las relaciones laborales y la creación de empleo. En Perú, la precariedad y temporalidad de los trabajadores de la industria se incrementó a medida que la legislación fue permitiendo la subcontratación, el uso de la intermediación, y la contratación temporal. Estos factores han contribuido negativamente en la afiliación sindical, pues se ha difundido varios temores, entre ellos, la no renovación en la contratación, la sanción, el despido y hasta represalia (Castellanos, 2007). En Chile ocurre algo similar en torno a la subcontratación. Codelco, la Corporación Nacional de Cobre, por ejemplo, en 1980 contaba con 28.500 empleados en planta permanente, pero este número se redujo consideradamente, siendo que en 2006 solo quedan 18.000 trabajadores a contrato indefinido. La subcontratación tuvo sus resultados: en 1995 los contratistas eran 9.000 y en 2006 llegan a los 24.000 (Caputo y Galarce, 2007).

Asimismo, algunos casos invalidan el argumento de la creación de empleo que genera un proyecto minero. En Honduras la mina San Martín subsidiaria de Glamis Gold empleó solo a 50 personas de los 40.000 habitantes del valle de Siria (Replogle en Noticias Aliadas, 2005). En Catamarca, Argentina,

Xtrata prometió 16.000 puestos en 1997, y en 2001, solo se registraban 24 empleados. La situación afecta también la equidad de género y las posibilidades de las mujeres, ya que el número que llega a ser contratado es mínimo y esto, en muchos casos, incrementa su dependencia respecto de los hombres (CAFOD, 2006).

Sin embargo, el problema no es solo la cantidad de puestos de trabajo que realmente crea la industria. En algunas operaciones la calidad de los empleos también es un tema irresuelto. Por ejemplo, los trabajadores de las 18 empresas privadas que trabajan en Potosí, Oruro y La Paz continúan operando sin máscaras de gas, siguen realizando la selección de los minerales a mano, y alimentándose con un bocado de coca. Los llamados “hombres topo” están expuestos durante largas horas a gases como el arsénico y el acido sulfúrico (Aruquipa en Noticias Aliadas, 2005).

Sintéticamente, es posible advertir que las demandas para el sector extractivas no sólo se vinculan a modificar sus modelos de negocios procurando que sean más sustentables. Las expectativas están también orientadas a considerar el futuro de las comunidades donde operan y cómo la región se encontrará cuando las operaciones culminen (Lapalme, 2003). Pareciera que la industria ha realizado ciertos avances en sus relaciones con la comunidad y en sus prácticas medioambientales sin embargo no está claro si esto ocurre en América Latina y cuánto se ha avanzado. Lo cierto es que la demanda social en la región para el sector de las extractivas parece bastante consensuada y se vincula a que el desarrollo que logra mientras una empresa está en funcionamiento, no desaparezca cuando el mineral, el petróleo o el yacimiento de gas se agoten.