135 sujetos procesales en el mismo

In document Informe sobre el examen de México (página 135-142)

Código Federal de Procedimientos Penales

Artículo 141.- La víctima o el ofendido por algún delito tendrán los derechos siguientes: A. En la averiguación previa:

I. Recibir asesoría jurídica respecto de sus denuncias o querellas para la defensa de sus intereses;

II. Ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y demás ordenamientos aplicables en la materia;

III. Ser informado del desarrollo de la averiguación previa y de las consecuencias legales de sus actuaciones;

VII. Acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas; …

X. Ser auxiliados por intérprete o traductor cuando pertenezcan a un grupo étnico o pueblos indígenas, no conozcan o no comprendan bien el idioma castellano, o padezcan alguna discapacidad que les impida oír o hablar;

XII. Aportar todas aquellas pruebas que considere tiendan a acreditar el cuerpo del delito de que se trate, la probable responsabilidad del indiciado, la procedencia y la cuantificación por concepto de reparación del daño. Cuando el Ministerio Público estime que no es procedente integrarlas a la averiguación previa, deberá fundar y motivar su negativa;

B. En el proceso penal:

IV. A coadyuvar con el Ministerio Público por sí o a través de su abogado, en las mismas condiciones que el defensor del inculpado;

V. Aportar todas aquellas pruebas que considere tiendan a acreditar el cuerpo del delito de que se trate, así como la responsabilidad del inculpado durante el proceso penal;

VI. Manifestar lo que a su derecho convenga, en caso de que el Ministerio Público presente conclusiones no acusatorias, así como respecto de cualquier otro acto cuya consecuencia sea el sobreseimiento del proceso o genere la libertad del inculpado durante la instrucción, suspenda o ponga fin al proceso penal antes de que se dicte sentencia;

Ley General de Víctimas

Artículo 14. Las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal y deberán ser reconocidas

como sujetos procesales en el mismo, en los términos de la Constitución y de los Tratados Internacionales de derechos humanos, pero si no se apersonaran en el mismo, serán representadas por un Asesor Jurídico o en su caso por el Ministerio Público, y serán notificadas personalmente de todos los actos y resoluciones que pongan fin al proceso, de los recursos interpuestos ya sean ordinarios o extraordinarios, así como de las modificaciones en las medidas cautelares que se hayan adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad, vida o integridad física o modificaciones a la sentencia.

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México cuenta con disposiciones que establecen el derecho de las víctimas de presentar sus opiniones y preocupaciones en etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes.

(c) Éxitos y buenas prácticas

Se ha aprobado una ley específica sobre las victimas que reúne los temas de mayor interés para éstas.

Artículo 33. Protección de los denunciantes

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo

Al momento de la visita in situ, México no disponía de legislación para la protección de los denunciantes. Algunos aspectos de esta protección se encuentran regulados por el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otras leyes a través de la protección de todos los sujetos que intervengan en el proceso. No obstante, no se protege a los denunciantes que no intervengan una vez que se inicie el proceso, y no existen medidas de protección en el ámbito laboral.

Código Federal de Procedimientos Penales

Artículo 2o.- Compete al Ministerio Público Federal llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción penal ante los tribunales.

En la averiguación previa corresponderá al Ministerio Público: …

V. Solicitar el apoyo de la policía para brindar protección a víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público y de la policía, y en general, de todos los sujetos que

intervengan en el procedimiento, en los casos en que exista un riesgo objetivo para su vida o

integridad corporal;

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Artículo 34.- La Procuraduría General de la República prestará apoyo y protección suficientes a jueces, peritos, testigos, víctimas y demás personas, cuando por su intervención en un procedimiento penal

sobre delitos a que se refiere esta Ley, así se requiera.

Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2010

Transitorio Sexto:

Sexto. El Procurador General de la República y los Procuradores Generales de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, tendrán un año contado a partir de la publicación de este Decreto en el Diario

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Oficial de la Federación, para expedir las disposiciones administrativas correspondientes en materia de protección de personas en los términos que señala la presente Ley, sin menoscabo de las medidas de protección que otorguen previamente.

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

Artículo 4.- Corresponde al Ministerio Público de la Federación:

Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende: A. En la averiguación previa:

k) Ordenar a la policía que brinde protección a personas respecto de las cuales exista un riesgo

objetivo para su vida o integridad corporal por su intervención en procedimientos penales del orden federal, de conformidad con los acuerdos que para tal efecto emita el Procurador General de la

República; …

n) Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo, la imposición del arraigo, la prohibición de abandonar una demarcación geográfica u otras medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar el éxito de la investigación y evitar que el probable responsable se sustraiga de la acción de la justicia, la protección de personas o bienes jurídicos y el debido cumplimiento de la sentencia que se dicte;

C) En materia de atención y seguridad a la víctima o el ofendido por algún delito: …

i) Solicitar a la autoridad judicial dicte providencias para la protección a las víctimas u ofendidos y sus familiares, así como a los bienes, posesiones y derechos de dichas víctimas u ofendidos, cuando existan datos que establezcan la posibilidad de que se cometan actos de intimidación o represalias por parte de los probables responsables o por terceros relacionados con los mismos;

k) Promover la reserva de identidad y otros datos personales de la víctima u ofendido, cuando sean menores de edad; se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada, y en los demás casos que se considere necesario para su protección, y

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

Artículo 3. Para el cumplimiento de los asuntos competencia de la Procuraduría, de su Titular y del Ministerio Público de la Federación, la Institución contará con las unidades administrativas y órganos desconcentrados siguientes:

A) Subprocuradurías: …

II. Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo;

Artículo 25. Al frente de la Policía habrá un Titular, quien tendrá las facultades siguientes: …

XVII. Proporcionar el servicio de seguridad y protección a personas que intervienen en

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En este contexto, el 03 de marzo de 2011, el Titular del Ejecutivo Federal presentó la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, turnada para dictamen a las Comisiones de Gobernación; y Estudios Legislativos, la cual fue aprobada el 12 de abril de 2011, la Cámara de Diputados recibe la Minuta el 14 de abril 2011, la misma que en el momento de la visita se encontró pendiente de aprobación.

Los temas principales son:

 Otorgar beneficios económicos a los denunciantes de actos de corrupción.

 Establecer disposiciones para proteger a los denunciantes y a las personas que aporten información relacionada con el posible incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.

 Prever la creación de unidades específicas en las dependencias del Gobierno Federal para la recepción oportuna de denuncias.

 Establecer la posibilidad de atenuantes en la aplicación de sanciones para el servidor público colaborador en una denuncia43

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo

Se recomienda a México que considere la posibilidad de tomar medidas para proteger contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. Se recomienda de establecer en ese contexto protecciones amplias que incluyen, inter alia, protecciones en el ámbito laboral y medidas de restitución de la posición de los denunciantes.

En ese contexto, se alienta a México que apruebe el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, turnada para dictamen a las Comisiones de Gobernación; y Estudios Legislativos, y que asegure que tenga características amplias.

Artículo 34. Consecuencias de los actos de corrupción

Con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por terceros, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para eliminar las consecuencias de los actos de corrupción. En este contexto, los Estados Parte podrán considerar la corrupción un factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar sin efecto un contrato o a revocar una concesión u otro instrumento semejante, o adoptar cualquier otra medida correctiva.

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo

En la legislación mexicana sobre contratación pública, los artículos 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 15 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (LOPSRM) estipulan que los actos, contratos y convenios celebren en contravención a lo dispuesto en la Ley, serán nulos previa determinación de la autoridad competente.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

43 Desarrollo posterior a la visita: Minuta con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en materia de combate a la corrupción).Tiene por objeto establecer disposiciones en materia de responsabilidades de los servidores públicos y combate a la corrupción, y crea el órgano responsable de combatir la corrupción el cual estará a cargo de la prevención, investigación y sanción de las responsabilidades administrativas.

Con fecha 21 de abril de 2015, se aprobó en el Pleno del Senado de la República, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la CPEUM, en materia de combate a la corrupción. Se remitió a los congresos locales para su correspondiente aprobación de conformidad con lo señalado en el artículo 135 constitucional.

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“Artículo 15.- Los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos previa determinación de la autoridad competente. La solución de las controversias se sujetará a lo previsto por el Título Sexto de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en los tratados de que México sea parte”.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (LOPSRM)

“Artículo 15. Los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos previa determinación de la autoridad competente. La solución de las controversias se sujetará a lo previsto por el Título Séptimo de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en los tratados de que México sea parte.”

Además, conforme los artículos 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP, y 60 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (LOPSRM) prevén que los contratos pueden ser dados por terminados anticipadamente cuando concurran razones de interés general o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

“Artículo 54 Bis.- La dependencia o entidad podrá dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública. En estos supuestos la dependencia o entidad reembolsará al proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente.”

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (LOPSRM) “Artículo 60…

Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere este artículo. En estos supuestos, la dependencia o entidad reembolsará al contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.”

Las autoridades mexicanas confirmaron que si se hubiere incurrido en alguno de los actos de corrupción señalados en los artículos 8 y 9 y sancionados en términos del capítulo quinto “Sanciones Administrativas” de la LFACP, la dependencia o entidad contratante podría considerar aplicar la terminación anticipada del contrato que corresponda, siempre y cuando se justifique alguno de los supuestos que mencionan los artículos 54 Bis de la LAASSP o 60 párrafo segundo de la LOPSRM.

Finalmente, cabe señalar que la “acción reivindicatoria sobre la eliminación de contratos”, no está prevista en la LAASSP y la LOPSRM, ni en sus respectivos Reglamentos, sin embargo, la figura de la “reivindicación” se regula en ordenamientos jurídicos de carácter procesal civil, como por ejemplo en el artículo 4 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

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El artículo 70 de la misma ley prevé la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y los que de éste deriven, siempre que lo solicite el inconforme en su escrito inicial y se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las que de ella deriven. Sin embargo, la ley no define las razones de interés público, ni establece si un delito establecido en arreglo con la Convención podría ser considerado bajo el concepto de la nulidad de los actos que dieron origen al contrato.

Artículo 70. Se decretará la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y los que de éste deriven, siempre que lo solicite el inconforme en su escrito inicial y se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las que de ella deriven y, además, no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En su solicitud el inconforme deberá expresar las razones por las cuales estima procedente la suspensión, así como la afectación que resentiría en caso de que continúen los actos del procedimiento de contratación. Solicitada la suspensión correspondiente, la autoridad que conozca de la inconformidad deberá acordar lo siguiente:

I. Concederá o negará provisionalmente la suspensión; en el primer caso, fijará las condiciones y efectos de la medida, y

II. Dentro de los tres días hábiles siguientes a que se haya recibido el informe previo de la convocante, se pronunciará respecto de la suspensión definitiva. El acuerdo relativo a la suspensión contendrá las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para concederla o negarla. En caso de resultar procedente la suspensión definitiva, se deberá precisar la situación en que habrán de quedar las cosas y se tomarán las medidas pertinentes para conservar la materia del asunto hasta el dictado de la resolución que ponga fin a la inconformidad. En todo caso, la suspensión definitiva quedará sujeta a que el solicitante, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo relativo, garantice los daños y perjuicios que pudiera ocasionar, según los términos que se señalen en el Reglamento.

México no presentó casos de ejemplos.

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo

México cuenta con legislación para eliminar las consecuencias de los actos de corrupción, aunque no existen ejemplos prácticos.

Artículo 35. Indemnización por daños y perjuicios

Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con los principios de su derecho interno, para garantizar que las entidades o personas perjudicadas como consecuencia de un acto de corrupción tengan derecho a iniciar una acción legal contra los responsables de esos daños y perjuicios a fin de obtener indemnización.

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo

El Código Penal Federal establece que la sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño, incluso la indemnización del daño moral, el resarcimiento de los perjuicios causados, y el pago de la pérdida de ingreso económico y lucro cesante (arts. 29 y 30 del Código Penal Federal).

El Ministerio Público tiene la obligación de solicitar de oficio la condena en lo relativo a la reparación del daño, que tiene carácter de pena pública.

Si no se puede obtener la reparación del daño a través de la vía penal (p.e. por dictamen de sentencia absolutoria), se puede recurrir a la vía civil.

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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u

omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de

los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.

In document Informe sobre el examen de México (página 135-142)