TERRITORIAL Y URBANÍSTICA CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales Artículo 324. Alcance y principios.

1. La intervención administrativa en garantía de la legalidad urbanística está constituida por el con- junto de potestades administrativas atribuidas por la presente ley cuyo objeto es controlar la legalidad de las actuaciones de construcción, transforma- ción y uso del suelo, vuelo y subsuelo, antes, du- rante y con posterioridad a su realización y, en ca- so de contravención, operar, en régimen de auto- tutela, el restablecimiento de la legalidad vulne- rada, la revisión de los actos habilitantes y, en su caso, la sanción y exigencia de responsabilidad de los infractores.

Las potestades referenciadas en el párrafo an- terior son de ejercicio inexcusable y estarán regi- das por los principios de legalidad, proporcionali- dad y menor intervención.

2. Se entiende por legalidad urbanística, a los efectos de las potestades de intervención, de res- tablecimiento y sancionadoras previstas en esta ley, el bloque normativo constituido por la legis- lación ambiental, territorial y urbanística, sus dis- posiciones reglamentarias de desarrollo, los ins- trumentos de ordenación ambiental, territorial y

urbanística y las ordenanzas locales que regulan la construcción, transformación y uso del suelo, vuelo y subsuelo.

Artículo 325. Competencia y colaboración. 1. Las potestades de intervención previstas en el presente título son competencia de los ayunta- mientos, sin perjuicio de las competencias que en materia de inspección y sancionadora se atribuyen a los cabildos insulares y a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (2).

2. Además del deber de asistencia conferido a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (1), los ayuntamientos que no dispongan de medios técnicos, jurídicos o materiales suficien- tes para el ejercicio eficaz de las potestades a que se refiere el artículo anterior podrán recabar la asis- tencia del correspondiente cabildo insular para el ejercicio de sus competencias, que se instrumen- talizará a través del oportuno convenio. Para ac- ciones concretas, se podrá recabar igualmente el auxilio del cabildo insular, que deberá prestarlo en el plazo de un mes o, en su defecto, de la Administración de la Comunidad Autónoma, en los términos establecidos en la legislación de ré- gimen local.

3. Las entidades públicas, en general, y los particulares tienen el deber de colaborar en el de- sarrollo de las funciones de control que esta ley atribuye a las administraciones con competencias en materia de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística.

Artículo 326. De la inspección urbanística. 1. La inspección urbanística es la potestad ins- trumental para el correcto y eficaz ejercicio de la in- tervención administrativa en garantía de la legali- dad urbanística y se concreta en las distintas atri- buciones de asesoramiento, orientación e infor- mación a la ciudadanía, así como de comproba- ción e inspección de los terrenos, actuaciones cons- tructivas, actividades y usos a fin de verificar el cumplimiento de la legalidad urbanística.

2. La función inspectora corresponde, en el ámbito de sus respectivas competencias, a los ayun- tamientos, los cabildos insulares, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (1) y a las demás administraciones que la tengan atribuida específicamente en su ámbito sectorial, y será ejer- cida, bajo la superior autoridad y dirección del ór- gano de gobierno que corresponda, por el personal al que se atribuya este cometido dentro de cada administración.

3. La inspección de las distintas administra- ciones podrá solicitar de las restantes la colabora- ción necesaria para el correcto y eficaz ejercicio (1) (1) Véase Decreto 124/2007, de 24 de mayo, por el que se

aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Valoraciones de Canarias (D124/2007).

(2) Se entiende que continua regulándose por Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protec ción del Medio Urbano y Natural, mien- tras el legislador no derogue el mencionado Decreto (D189/2001).

de sus atribuciones y, en particular, el suministro de cuantos datos, antecedentes e informes fueran ne- cesarios para ello.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad, en el ám- bito de sus respectivas competencias, colaborarán con la función inspectora, prestando su auxilio cuando se les solicite o denunciando los hechos que pudieran incurrir en cualquier tipo de infrac- ción.

4. El personal adscrito a la inspección urba- nística tendrá la consideración de agente de la au- toridad y estará capacitado para recabar, con di- cho carácter, cuanta información, documentación y ayuda material se necesite para el adecuado cum- plimiento de sus funciones.

Este personal está facultado para requerir y examinar toda clase de documentos relativos al planeamiento, comprobar la adecuación de los ac- tos de edificación y uso del suelo a la normativa ur- banística y territorial aplicable y obtener la infor- mación necesaria para el cumplimiento de sus fun- ciones. En su actuación deberá facilitársele libre acceso a las fincas, edificaciones o locales donde se realicen las obras o usos que se pretendan inspec- cionar, salvo las que requieran, por disposición le- gal, de autorización judicial o consentimiento ex- preso del interesado.

5. Cuando se estime necesario dejar constancia de cualquier actuación urbanística que se repute ile- gal, la inspección levantará la correspondiente acta, que contendrá los datos identificativos del inspector, de todas las personas intervinientes, sean propieta- rios, promotores, constructores, técnicos o respon- sables del uso o actividad, y describirá los elemen- tos esenciales de la actuación, además de las mani- festaciones vertidas al respecto por los interesados. 6. Las actas e informes de la inspección urba- nística tendrán la condición de documento público, presumiéndose, salvo prueba en contrario, la ve- racidad de aquellas circunstancias de mero hecho que en los mismos se declaren constatadas, siem- pre que hayan sido verificadas, de forma perso- nal, inmediata y sobre el terreno, por el inspector actuante, cuya identificación deberá figurar en to- do caso en el propio documento.

Artículo 327. De la legitimación para el ejer- cicio de acciones en defensa de la legalidad urba- nística.

1. Además de quienes resulten legitimados con arreglo a la legislación de procedimiento admi- nistrativo común y a la ley de la jurisdicción con- tencioso-administrativa, será pública la acción pa- ra exigir la observancia de la legalidad urbanística por la Administración, en los términos previstos en el presente artículo.

2. La acción pública prevista en el apartado anterior podrá instrumentalizarse, en vía adminis- trativa, por quienes ostenten capacidad de obrar ante la Administración y a través de los siguientes mecanismos:

a) La petición de incoación de oficio del pro- cedimiento sancionador para el restablecimiento de la legalidad urbanística y para la adopción de ór- denes de ejecución.

b) La solicitud de revisión de actos y convenios urbanísticos incursos en nulidad de pleno derecho, en los términos previstos en la legislación de pro- cedimiento administrativo común.

c) La interposición de recursos administrati- vos frente a actos u omisiones administrativas im- pugnables en dicha vía, dentro de los plazos esta- blecidos en la legislación de procedimiento admi- nistrativo común, si el acto ha sido publicado o notificado al recurrente, o dentro de los plazos es- tablecidos para el restablecimiento de la legalidad urbanística, en otro caso.

3. Las pretensiones, ante la Administración, de reconocimiento, satisfacción o restablecimien- to de situaciones jurídicas individualizadas que se consideren vulneradas o afectadas por actuacio- nes administrativas reguladas por la presente ley so- lo podrán ser ejercitadas por los titulares de aque- llas, sin perjuicio de su eventual reconocimiento de oficio por la Administración.

4. El ejercicio del derecho o deber de denuncia, ante la Administración, de hechos concernientes al cumplimiento de la legalidad urbanística se re- girá por lo dispuesto en la legislación de procedi- miento administrativo común.

5. La acción popular en asuntos medioam- bientales se regirá, en todo caso, por lo dispuesto en la legislación estatal aplicable.

Artículo 328. Cédula urbanística.

1. Los ayuntamientos habrán de expedir, a pe- tición de los interesados, cédula urbanística que expresará la clasificación y condiciones urbanísti- cas de una determinada parcela o emplazamiento. El plazo para su expedición será de quince días, cuando el solicitante indique la referencia catas- tral, y de un mes en los demás casos. La vigencia de la cédula urbanística será de un año salvo que con anterioridad a su vencimiento se produjera un cambio normativo o de ordenación que alterara los términos consignados en la misma, en cuyo caso su vigencia cesará con la entrada en vigor de la nueva ordenación.

2. La cédula urbanística, en cuanto documen- to informativo, no altera el régimen urbanístico aplicable a la parcela o emplazamiento analiza- dos, que será el determinado por la ordenación co-

rrespondiente. Ello no obstante, la adecuación a los términos consignados en una cédula urbanísti- ca en vigor por parte de los proyectos para los que se ha solicitado licencia o de las actuaciones ur- banísticas que han sido objeto de comunicación previa determinará:

a) La exoneración de responsabilidad por las actuaciones ajustadas a la cédula expedida y legi- timadas por comunicación previa o por licencia obtenida por silencio administrativo positivo.

b) La responsabilidad del ayuntamiento por: i) Los daños y perjuicios inherentes al resta- blecimiento de la legalidad urbanística a que re- sultare obligado el promotor, en los supuestos pre- vistos en la letra a), cuando la orden de restable- cimiento se apartara de los términos consignados en la cédula urbanística.

ii) Los gastos que hayan resultado inútiles en la confección y tramitación de los proyectos someti- dos a licencia, cuando esta fuere denegada apar- tándose de los términos consignados en la cédula urbanística.

3. El régimen de responsabilidad previsto en el apartado anterior no operará cuando el cambio de criterio de la Administración sobre los términos de la cédula urbanística expedida venga motiva- do por la concurrencia de errores de hecho o de derecho inducidos por el propio interesado.

4. En los supuestos en los que el cambio de criterio viniera fundamentado en un cambio so- brevenido de ordenación, se aplicará el régimen de responsabilidad establecido para tales supuestos por la legislación estatal.

5. Los ayuntamientos adoptarán las medidas pertinentes para la tramitación y expedición de la cédula urbanística a través de su sede electrónica.

CAPÍTULO II

Intervención a través de actos autorizatorios y comunicaciones previas

Sección 1ª Disposiciones generales Artículo 329. Delimitación.

1. Los títulos habilitantes para la realización de actuaciones urbanísticas podrán consistir en un acto administrativo autorizatorio o en una comu- nicación previa dirigida a la Administración com- petente.

2. Los actos administrativos autorizatorios son las licencias municipales y demás actos adminis- trativos de efecto equivalente establecidos en la presente ley, siendo su objeto:

a) Habilitar, con carácter previo a su inicio, la realización de las actuaciones urbanísticas que constituyen su objeto; o

b) Legalizar las actuaciones urbanísticas que hayan sido ejecutadas o se encuentren en ejecu- ción sin la preceptiva intervención administrativa previa que las habilite o contraviniendo, de cual- quier otro modo, la legalidad urbanística.

Artículo 330. Actuaciones sujetas a licencia. 1. Están sujetas a previa licencia urbanística municipal las actuaciones que seguidamente se re- lacionan:

a) Las parcelaciones, segregaciones u otros ac- tos de división de fincas en cualquier clase de sue- lo, cuando no formen parte de un proyecto de re- parcelación.

b) Los desmontes, las explanaciones, los aban- calamientos y aquellos movimientos de tierra que excedan de la práctica ordinaria de labores agrí- colas.

c) Las obras de construcción, edificación e im- plantación de instalaciones de nueva planta en el suelo, vuelo o subsuelo.

d) La ubicación de casas prefabricadas e ins- talaciones similares, ya sean provisionales o per- manentes.

e) La tala de masas arbóreas o de vegetación ar- bustiva en terrenos incorporados a procesos de transformación urbanística y, en todo caso, cuan- do dicha tala se derive de la legislación de protec- ción del dominio público.

f) Las obras de ampliación de toda clase de construcciones, edificios e instalaciones existen- tes, así como las de modificación general de la fa- chada o el acristalamiento de terrazas existentes afectante al conjunto de la fachada.

g) La demolición de las construcciones, edi- ficaciones e instalaciones, salvo que vengan am- parados en una orden de ejecución.

h) La constitución y modificación de complejo inmobiliario, salvo en los casos en que legalmente quede exonerada su autorización administrativa.

i) Los actos de intervención sobre edificios, inmuebles y ámbitos protegidos o catalogados en los términos señalados por la legislación de patri- monio histórico.

j) La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las características propias del paisaje natural, salvo que se encuentren sujetas a otro título o régimen distinto por esta ley.

k) La apertura de caminos, así como su modi- ficación o pavimentación.

l) La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos, vías públi- cas o privadas, puertos de abrigo, diques de protec-

ción y defensa del litoral, accesos a playas, bahías y radas, y, en general, cualquier tipo de obra o usos similares que afecten a la configuración del territorio. m) Los actos de construcción y edificación en los puertos, aeropuertos y estaciones destinadas al transporte terrestre, así como en sus zonas de ser- vicio.

n) Las talas y abatimiento de árboles que cons- tituyan masa arbórea, espacio boscoso, arboleda o parque, a excepción de las autorizadas en el me- dio rural por los órganos competentes en materia agraria o forestal.

ñ) La legalización de cualquier actuación sujeta a licencia o a comunicación previa, salvo por de- fectos subsanables afectantes a esta.

o) La realización de usos y construcciones de interés público o social en suelo rústico.

p) La instalación de andamiaje, maquinaría, grúas y apeos sobre la calzada o sobre la acera si, en este último caso, no se permite un paso libre de 1,20 metros.

q) Los usos y obras provisionales previstos en el artículo 32 de la presente ley.

r) Las obras que se realicen en instalaciones, construcciones, edificaciones e infraestructuras que se encuentren en situación de fuera de ordenación. s) La habilitación de edificaciones o instala- ciones preexistentes para uso complementario de vivienda de guarda y custodia de explotaciones agrarias.

t) La realización de cualquier otra actuación que en la presente ley se someta al régimen de li- cencia urbanística.

2. El Gobierno de Canarias, mediante decreto, podrá modificar la relación de actuaciones sujetas a licencia señaladas en el apartado anterior.

Artículo 331. Actuaciones amparadas por otro título habilitante.

1. Estará exceptuado de licencia urbanística la ejecución de proyectos y actuaciones que segui- damente se relacionan, siempre que se cumplan los requisitos del apartado 2:

a) Las actuaciones comprendidas en proyec- tos de urbanización, de obra pública o cualquier otro de contenido equivalente, amparadas por el acuerdo municipal que las autorice o apruebe.

b) Las parcelaciones urbanísticas incluidas en los proyectos de reparcelación aprobados por la administración municipal.

c) Los movimientos de tierra, la explanación de terrenos, la apertura, la pavimentación y la modi- ficación de caminos rurales y la tala de masas ar- bóreas o de vegetación arbustiva que se ejecuten bajo la intervención de la administración forestal competente.

d) Las obras e instalaciones, y sus respectivos usos, amparadas por autorización ambiental inte- grada o por título habilitante para la instalación de actividad clasificada.

e) La extracción de áridos y la explotación de canteras que cuenten con la preceptiva autoriza- ción o concesión de la administración minera com- petente, sin perjuicio del régimen de intervención aplicable a las instalaciones y construcciones ane- xas a la explotación.

f) Las actuaciones sobre bienes de titularidad municipal promovidas por terceros que cuenten con el preceptivo título habilitante de autorización o concesión demanial otorgado por el ayunta- miento, cuando en el mismo expediente se haya verificado adecuación a la legalidad urbanística del proyecto o actuación con los mismos requisitos establecidos para su licencia.

g) Los proyectos de interés insular o autonó- mico.

2. La exoneración de licencia urbanística en los supuestos previstos en el apartado 1 anterior solo operará cuando:

a) En su tramitación haya intervenido o podi- do intervenir la administración municipal compe- tente, emitiendo su parecer sobre la adecuación de dichas actuaciones a la legalidad urbanística, ya por vía de informe, ya a través de emisión de los actos administrativos autorizatorios u aprobatorios . b) El proyecto o actuación aprobada o autori- zada presente el suficiente grado de detalle para que la administración municipal haya podido pro- nunciarse sobre la adecuación a la legalidad urba- nística de su ejecución y emplazamiento.

3. El Gobierno de Canarias, mediante decreto, podrá modificar la relación de actuaciones exone- radas de licencia contenidas en el apartado 1 an- terior.

4. En todo caso, la ejecución de proyectos y actuaciones que vengan amparados en una orden de ejecución estará exceptuada de licencia urbanística . Artículo 332. Actuaciones sujetas a comuni- cación previa.

1. Estarán sujetas a comunicación previa, sin precisar licencia urbanística, las actuaciones si- guientes:

a) Obras de conservación, restauración, refor- ma, rehabilitación o reestructuración de edifica- ciones e instalaciones, siempre que no afecten a edificios catalogados ni supongan incremento de volumen o edificabilidad.

b) Obras exteriores en edificios no cataloga- dos, salvo que se refieran a la modificación gene- ral de fachada o al acristalamiento de terrazas exis- tentes mediante un proyecto conjunto de fachada.

c) Primera ocupación de las edificaciones y las instalaciones, concluida su construcción, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en materia de ordenación y calidad de la edificación. d) Cambio de uso de los edificios y las insta- laciones.

e) Vallado de obras, fincas y solares que no requieran cimentación y su reparación o manteni- miento.

f) Colocación de carteles y vallas de publicidad y propaganda.

g) Acondicionamiento de espacios libres de parcela consistentes en ajardinamiento, pavimen- tación, implantación de bordillos, salvo que se tra- te de parcelas incluidas en áreas o elementos pro- tegidos.

h) Limpieza de terrenos.

i) Actuaciones provisionales de sondeo de te- rrenos.

j) Apertura de zanjas y catas en terrenos pri- vados.

k) Instalación de andamiaje, maquinaría, grú- as y apeos, salvo que apoyen sobre la calzada o cuando la ocupación sobre la acera no permita un paso libre de 1,20 metros.

l) Ocupación provisional por aparcamientos en solares vacantes.

m) Cualquier otra actuación urbanística de uso o transformación del suelo, vuelo o subsuelo que no esté sujeta a otro título de intervención de los pre- vistos en los dos artículos precedentes ni esté exo- nerada de intervención administrativa previa.

2. El Gobierno de Canarias, mediante decreto, podrá modificar la relación de actuaciones sujetas a comunicación previa señaladas en el apartado anterior. 3. Los ayuntamientos vendrán obligados a la tramitación y resolución de las solicitudes de li- cencia que se formulen por los interesados aun en el supuesto de que la actuación para la que se so- licite esté sujeta al régimen de comunicación pre- via. En el primer trámite subsiguiente a la presen- tación de la solicitud, el ayuntamiento deberá in- formar al interesado sobre su derecho a acogerse al régimen de comunicación previa y de desistir, en cualquier momento, del procedimiento iniciado.

4. La legalización de las actuaciones que, su- jetas a comunicación previa, hayan sido realiza- das contraviniendo la legalidad urbanística solo podrá realizarse a través de licencia urbanística, salvo que se trate de la mera subsanación, dentro del plazo conferido, de la comunicación previa presentada o que la legalización se opere antes de la notificación de la incoación del expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística o que afecte a actuaciones de escasa relevancia o cuantía así determinadas en la respectiva ordenanza local.

Artículo 333. Actuaciones exentas.

1. No están sujetas a título o requisito habili- tante:

a) Las actuaciones auxiliares de la realización de una obra autorizada por licencia, acto autori- zatorio equivalente o comunicación previa y que no