das las organizaciones estudiantiles.
Se prohibieron programas de radio y televisión, y se clausuraron temporaria o definitivamente diarios, periódicos y revistas. También fueron clausurados teatros y prohibidas determinadas películas.
La política negatoria de los derechos de los trabajadores, las me- didas dispuestas de “racionalización” de las empresas y del Estado con los despidos masivos, así como las sucesivas devaluaciones del peso argentino con el consiguiente espiral inflacionario, llevaron a sucesivas huelgas de casi todos los gremios y a paros generales de la CGT. En represalia, el gobierno intervino sindicatos y les suspendió la personería gremial a otros.
En algunas provincias como Tucumán y Córdoba, esta política se hizo sentir con mayor intensidad. Así sucedió con relación a los inge- nios tucumanos, que condenaba a la desocupación a gran parte de los trabajadores del sector, lo que motivó un fuerte estado colectivo de movilización, con marchas y protestas en toda la provincia. “Tucu- mán arde”, fue la expresión que sintetizó aquella protesta social. La represión militar produjo muchísimas detenciones, y las manifesta- ciones de los trabajadores fueron disueltas a balazos, matando en una de ellas, a la obrera Hilda Guerrero de Molina (12 de enero de 1967). También las protestas estudiantiles de 1969 fueron disueltas con el efecto disuasivo de las armas de fuego: así fueron asesinados los estu- diantes Juan José Cabral, en Corrientes; y Alberto Ramón Bello y Luis Norberto Blanco de 15 años de edad, en Rosario.
En este período se produce la mayor eclosión popular de protesta de la historia argentina –el Cordobazo– el 29 y 30 de mayo de 1969. La represión violenta del Ejército ocasionó 14 muertos y los dirigentes sindicales que habían dispuesto el paro activo de los trabajadores cor- dobeses, que fuera el origen de la movilización colectiva, fueron so- metidos a la justicia militar: Jorge Canelles fue condenado a 10 años de prisión, Agustín Tosco a 8 años y Elpidio Torres a 4 años.
Tras el Cordobazo, el 27 de junio del mismo año, es asesinado por la policía en la Capital Federal el periodista y dirigente de prensa Emilio Jáuregui. Las torturas más crueles se convirtieron en el común denomi- nador de las detenciones. El caso más notorio fue el de la maestra Nor- ma Morello, dirigente cristiana de las ligas agrarias, en la provincia de Corrientes. Entre los presos conocidos estaban el dirigente de la juven- tud peronista Jorge Rulli y Juan García Elorrio, director de Cristianismo y Revolución. También sufrió sucesivas detenciones el dirigente gráfico y secretario general de la CGT de los Argentinos, Raimundo Ongaro.
Durante el gobierno de Onganía se produce la “desaparición” de Ale- jandro Baldú, militante de izquierda, quien es detenido por Coordina- ción Federal y luego negado su apresamiento. Su cadáver nunca apareció.
Eduardo Luis Duhalde
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El 8 de junio del ’70 es reemplazado Onganía por las Fuerzas Ar- madas. Le sucedió en la presidencia de facto el general Roberto Mar- celo Levingston, antiguo secretario de la SIDE (presenciaba las tortu- ras a los presos Conintes) y en ese momento, delegado ante la Junta Interamericana de Defensa en Washington.
El espiral de violencia siguió en aumento. La aparición de las mo- dernas organizaciones guerrilleras intensificó el accionar represivo de la dictadura. En diciembre de 1970 fue secuestrado y “desapare- cido” uno de los más notorios defensores de presos políticos, Néstor Martins, junto a su cliente, Nildo Zenteno. Nunca fueron hallados sus cuerpos. Las protestas sociales –entre ellas el “Viborazo” en Córdo- ba– fueron violentamente sofocadas. Continúa habiendo manifestan- tes muertos en estas represiones.
Las tibias y contradictorias medidas proteccionistas intentadas por el gobierno de Levingston llevan a su rápido reemplazo por la cúpula militar: el 26 de marzo de 1971 asume el general Alejandro Agustín Lanusse, quien sintetizaba, por su doble pertenencia, la unidad entre el Ejército y los poderosos intereses económicos de la oligarquía ver- nácula. La Unión Cívica Radical le dará su “legitimación” política a través de uno de sus principales cuadros, Arturo Mor Roig, quien se hace cargo del Ministerio del Interior.
Desde el punto de vista de este análisis, el de la violencia institu- cional al margen y en oposición al Estado de Derecho, esta alcanza su pico más alto.
Aparece la metodología de la desaparición con el sentido que adqui- rirá masivamente después del golpe del ’76. Es decir, secuestrar para hacer desaparecer. Hasta entonces (casos Vallese, Baldú y Martins) se trató de detenidos que murieron en la tortura, razón por la cual se bo- rró las constancias de su detención y se ocultó el cadáver. Sin que ello pueda ser un eximente de culpabilidad por estos crímenes, puede de- cirse que al detenerlos, no existía el propósito de hacerlos desaparecer.
En cambio, las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Lanusse comienzan a ensayar la nueva metodología de secuestrar para matar: la aplican en la investigación de la muerte del teniente Mario César Asúa, que perdiera la vida en la localidad bonaerense de Pilar, al ser asaltado por un comando de las FAR, un camión del Ejército que transportaba armas (29 de abril de 1971). Se secuestran así dos ma- trimonios: el del odontólogo Marcelo Verd y su mujer Sara Palacio en San Juan, y en la Capital Federal al ejecutivo de una importante empresa, Juan Pablo Maestre y su esposa Mirta Misetich. Fracasó, por la intervención de los vecinos, igual intento con relación al abogado Roberto Quieto. Todos ellos sospechados de ser cuadros de conduc- ción de las FAR. En estos casos no hubo el propósito de legalizarlos posteriormente. Secuestrar para torturar, extraer información y lue-