de Juan Pablo Maestre, que había sido enterrado como “N.N.”.
Esta metodología continuó aplicándose luego contra Luis Enrique Pujals, dirigente del PRT-ERP, secuestrado el 8 de julio de 1971, en el marco de una investigación sobre un presunto atentado contra La- nusse. Su cuerpo tampoco pudo ser hallado.
Masivas detenciones sin juicio –colocados a disposición del PEN– torturas sistemáticas, régimen inhumano de prisión (“para detenidos de máxima peligrosidad”), sustracción de los detenidos a sus jueces naturales (se creó un tribunal especial para juzgarlos), modificacio- nes del Código Penal admitiendo el principio de analogía y crean- do figuras que en su ambigüedad se convertían en leyes penales en blanco, fueron los signos de esta profundización de la ilegitimidad intrínseca del régimen de por sí ilegítimo.
Así hasta llegar a lo que ha pasado a la historia como la masacre de Trelew. El día 15 de agosto de 1972, veinticinco detenidos en el Penal de Rawson, en la provincia del Chubut, lograron fugarse, transpo- niendo los muros y dirigiéndose en dos tandas al aeropuerto de la ciudad de Trelew. Seis de ellos lograron abordar un avión, quedando en tierra 19 de ellos –los que llegaron más tarde– quienes tras varias horas de negociaciones se rindieron a las autoridades, luego de reci- bir garantías del juez interviniente de que se les respetaría la vida y su integridad física.
Los detenidos quedaron bajo la jurisdicción de la Marina de Gue- rra y fueron alojados en la Base Almirante Zar. Pese a la ingente ac- ción de los abogados defensores de aquellos detenidos –entre los que se encontraba el autor de este libro– y de sus familiares, por preservar su vida, y a despecho de la denuncia pública efectuada de que estaba planificándose su asesinato, este se produjo el día 22 de agosto, pre- textando un intento de fuga. Dieciséis de los detenidos fueron acri- billados a balazos: Carlos Heriberto Astudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Capello, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos del Rey, Alfredo Elías Kohon, Clarisa Rosa Lea Place, Susana Graciela Lesgart, José Ricardo Mena, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Ana María Villarreal de Santucho, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi y Jorge Alejandro Ulla. Tres quedaron gravemente heridos: María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar. La obra criminal, respecto a estos tres últimos, se completó después del 24 de marzo de 1976: los tres fueron detenidos-desaparecidos.
Trelew es la prueba más palpable de que la metodología del terro- rismo de Estado ya estaba asumida por las Fuerzas Armadas argen- tinas cuatro años antes del golpe genocida. El trágico episodio par- ticipa de las características esenciales del modelo impuesto en 1976:
Eduardo Luis Duhalde
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- La política genocida: el aniquilamiento de los militantes populares fue su objetivo directo.
- La pedagogía del terror: frente al impacto que esta fuga significaba para el cesarismo militar, se buscó restablecer mediante el terror el principio de autoridad.
- La no asunción de la autoría del hecho criminal: como luego sucede- rá con la política de las detenciones-desapariciones, el gobierno militar de Lanusse dio un comunicado con una versión absoluta- mente falsa, pretextando la legítima defensa de los guardias. - El pacto de sangre: ya que la masacre se decidió en acuerdo de la
cúpula de las tres armas y, consecuentemente, ningún oficial hizo oír su voz para manifestar su desaprobación.
- La aplicación de la ley de fugas: como se hiciera reiteradamente lue- go durante la dictadura del “Proceso”, pretextando el intento de fuga de los prisioneros para justificar el asesinato.
Como si el crimen no fuera suficiente, el velatorio de las víctimas fue violentamente reprimido.
La dictadura lanussista finalmente dio paso a las autoridades elegi- das en las elecciones libres del 11 de marzo de 1973, que consagraron a la fórmula Héctor J. Cámpora-Vicente Solano Lima y concluyeron casi 18 años de proscripción del peronismo. El mismo día de la asun- ción del nuevo gobierno, fueron liberados la totalidad de los presos políticos, los que de inmediato fueron amnistiados por el Congreso Nacional. Pero la primavera camporista duró muy poco.
El 13 de julio de aquel año, Cámpora era obligado a renunciar por decisión del propio Perón, y asumió la presidencia Raúl Lastiri, un personaje tan grotesco como su suegro, el cabo 1.° José López Rega. Este hecho había sido precedido por los violentos sucesos ocurridos en Ezeiza el 20 de junio con motivo del arribo del general Perón a la Argentina donde, los comandos armados por López Rega, desde el Ministerio de Bienestar Social e integrados por conocidos fascistas y viejos represores bajo la dirección del Tte. coronel Jorge Osinde, coparon el palco y sus cercanías y recibieron a tiros a los sectores del peronismo combativo, especialmente a las columnas de la Juventud Peronista que respondían a FAR y Montoneros. El saldo de muertos en lo que se conoció como la masacre de Ezeiza nunca fue informado oficialmente: las cifras –según las distintas versiones– van de 13 a 200 víctimas fatales. Tal vez la verdad esté en un justo medio.
Tras el breve interregno de Lastiri, asumió Juan Perón la presiden- cia, que desempeñó hasta su muerte, el 1.° de julio de 1974.
Durante el gobierno del nombrado hubo claras muestras de vio- lencia generada desde el Estado. La más grave desde el punto de vista institucional ocurrió en Córdoba con la aquiescencia del presidente