1. LOS REGÍMENES DESPÓTICO-REACCIONARIOS
¿Por qué surge un tirano? ¿Qué es lo que sucede en un estado para que un cau- dillo se haga con el poder? ¿Qué ocurre cuando un país está gobernado despóti- camente? ¿Cuáles son los pensamientos que ocupan la mente de un gobernante todopoderoso?
Estas preguntas, que pueden parecer capciosas, no son gratuitas; sirven para repensar la historia política de la región centroamericana —aunque tampoco estaría de más re exionar sobre nuestra propia historia. En el caso que nos ocupa, el tirano tiene un peso tan sólido como relevante. Sin embargo, son pocas las obras que des- de la Ciencia Política han analizado en profundidad este fenómeno en contraste con la ingente producción literaria latina que puede satisfacer esta inquietud. La lectura de obras como El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez, Yo el supremo de Augusto Roa Bastos, El recurso del método de Alejo Carpentier, El Señor Presi-
dente de Miguel Ángel Asturias, Tirano Banderas de Ramón del Valle-Inclán o La esta del Chivo de Vargas Llosa son la mejor estrategia para comprender la esencia
Posiblemente, más allá de las múltiples anécdotas que se pueden ir desgranando del ejercicio despótico del poder de los caudillos a lo largo de la historia de los pe- queños países del istmo, lo más importante es observar que las dictaduras lo pudren todo. Como expuso Vargas Llosa: “La dictadura no es solo la violencia que se ejerce contra una población inerme, no es tampoco la mentira; es, sobre todo, la corrupción generalizada, donde es imposible mantener la dignidad, la honradez personal, porque cada uno está obligado a entrar en los mecanismos de la impostura. Y este es el peor legado para las generaciones futuras”. Quizás sea cierta la frase de Khalil Gibran donde sentenciaba que para que un tirano pueda mantenerse en el poder es necesario que su trono se encuentre en el corazón de cada hombre, de cada súbdito.
En Centroamérica, hablar de tiranos es hablar de Estrada Cabrera y Jorge Ubico en Guatemala; de Tiburcio Carías en Honduras; de Maximiliano Hernández Martí- nez en El Salvador; y de Anastasio Somoza García y sus dos hijos, Luis y Anastasio Somoza Debayle, en Nicaragua. Todos ellos son caricaturas del hombre de estado. Se trata de países en los que la frase que sintetiza la dinámica política es la que escribió Miguel Ángel Asturias en su obra El Señor Presidente, y que dice: “La lotería, amigo, la lotería... esta es la única ley en esta tierra, una ley por la cual uno cualquier día puede caer en prisión, ser fusilado, ser diputado, diplomático, traidor o ministro”. Por ello, la inocencia o la culpabilidad no son nada, lo que importa es el favor del gobierno; la Patria no es nada, las leyes tampoco y el crimen es necesario para conseguir ascensos. Se trata de personajes extraídos de historias de horror y de cción. Maximiliano Hernández Martínez, el dictador de El Salvador, era teósofo y creía que matar hormigas era más criminal que matar personas, por- que las hormigas no se reencarnaban. Este personaje cada domingo hablaba por la radio al país sobre la situación política internacional, los parásitos intestinales, la reencarnación del alma y el peligro del comunismo.
¿Cómo es posible la existencia de estos personajes que parecen guras defor- madas por espejos convexos? ¿Cómo se pueden clasi car? Con este n, distin- tos autores han observado las condiciones socioeconómicas de estos países tras el Crack de 1929 y la actitud que adoptaron las reaccionarias elites locales ante la amenaza de una insurrección popular. De uno u otro modo no resulta difícil com- prender cómo estas pensaron que la única solución para mantener su desmesurada riqueza era delegar el ejercicio del poder y la fuerza en un caudillo sin escrúpulos al que pensaban poder controlarr . Se trataba, como ya hemos señalado anteriormen- (1)
1) A menudo, sin embargo, no resultó fácil dilucidar quién controlaba esa relación de mutuo inte- rés. Somoza García, por ejemplo, en una entrevista en la revista Time, realizada el año 1948, expuso
te, de un tipo de régimen que puede ser clasi cado con el nombre de “despotismo reaccionario”, pues representa un modelo de dominación característico del capita- lismo incipiente basado en una coalición reaccionaria entre terratenientes y grupos nancieros que se concentran el poder económico, la existencia de instituciones excluyentes que a menudo están en manos de militares y la represión sistemática de cualquier tipo de oposición (Baloyra, 1983).
En las sociedades centroamericanas —siguiendo los análisis que expone Ba- rrington Moore (1968)— se observaba un modelo económico que ofrecía muy poco espacio al surgimiento de instituciones democráticas y veleidades reformis- tas. Se trataba de un modelo basado en la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, el cultivo de productos destinados a un mercado de exportaciones (desde las ncas cafeteras o las plantaciones de bananas), y la obtención del exce- dente y la competitividad mediante una ventaja comparativa muy poco exible: la mano de obra barata (2).
En momentos de profunda crisis social, lo que hicieron las oligarquías tradicio- nales de la región fue abandonar sus Repúblicas liberales y dirigirse a las Fuerzas Armadas para restaurar el orden mediante la represión, estableciendo así un pacto tácito de división del trabajo: los militares obtenían el poder político a través de regímenes autoritarios y la oligarquía se dedicaba a los negocios. A unos les corres- pondía mantener el orden y a los otros continuar acumulando riqueza. Al pueblo le quedaba la sumisión.
Si embargo, las relaciones entre el dictador y la oligarquía no respondieron siempre al mismo patrón, variaron de un país a otro. En El Salvador, el general Hernández y la oligarquía acabaron por establecer una alianza sólida a pesar de ser algo tensa; en Guatemala, Jorge Ubico, y en Nicaragua, Anastasio Somoza García, se consolidaron en el poder a pesar de algunas reticencias de la elite tradicional, aunque sí con el pleno consentimiento de los Estados Unidos; en Honduras, Ti- burcio Carías gobernó con el respaldo directo de la United Fruti Company y, por extensión, de la administración estadounidense. En Costa Rica, apareció una clase media que demandó y presionó en pro de una reforma del modelo económico y de las instituciones; posiblemente, esta “nueva coalición reformista” fue la que enca- minó este país hacia el itinerario de la transición democrática. En este sentido, es
claramente que él no dependía de la elite criolla de Nicaragua con la frase: “My opponents (la elite que quería participar del poder político) should remember that we, the ‘gente decente’, are only 6 percent; if trouble
arises, the 94 percent may crush us all” (D(( IEDERICH, 1982: 33).
2) Sobre este tema destaca el trabajo de CARDENAL IZQUIERDO (2002) en el que se analiza la relación entre dichos factores de producción y su impacto en el cambio político de El Salvador.
preciso mencionar la apertura política guatemalteca con Arturo Araujo y el intento reformista de Jacobo Árbenz (1945-1954) y su trágico desenlace. La intervención estadounidense para la desestabilización del régimen y la nanciación del golpe de estado del militar Castillo Armas conllevarían la vuelta de Guatemala a un régimen despótico reaccionario en una de sus más sangrientas expresiones.
Pero la recuperación económica a nales de los años treinta no supuso, en nin- gún caso, más libertad. Al contrario. Las repúblicas del norte (Honduras, El Sal- vador, Nicaragua y Guatemala) se convertirían en sangrientas dictaduras en las que no se toleraría ningún tipo de discrepancia ni oposición. Solo en Costa Rica, donde la tradición de elecciones libres y justas se mantuvo, se pudo evitar —no sin complicaciones y con una corta guerra civil en 1948— un régimen autoritario. A continuación, se verá la aparición y el desarrollo de uno de los regímenes más arbitrarios del istmo: el régimen somocista. Posteriormente se analizarán dos expe- riencias antitéticas frente a procesos de reforma: la consolidación democrática en Costa Rica y el colapso de la apertura democrática en Guatemala y su conversión en una de las dictaduras más sangrientas y genocidas del subcontinente.
Nicaragua: el estado patrimonial
Con el asesinato de Sandino, el presidente Juan Bautista Sacasa quedó solo frente a Anastasio Somoza. En ese contexto, el presidente fue el perdedor político de la contienda, ya que todo el mundo se dio cuenta que este no ejercía ningún control sobre la Guardia Nacional —institución que en ese entonces constituía la única fuerza real del país (pues los ejércitos partidarios “al viejo estilo” habían quedado de nitivamente atrás).
Durante dos años, tanto el presidente como el jefe director de la Guardia ma- nejaron los hilos de la política nicaragüense con el afán de ganar los favores de la administración norteamericana y de controlar el Congreso Nacional —donde cada uno de ellos tenía sus allegados respectivos. Con el tiempo, la tendencia visible fue la preeminencia, en cada una de las diversas arenas políticas, de Somoza. Ya a inicios de 1935, un alto funcionario estadounidense anotó en un informe destinado a sus superiores de Washington que (Walter, 1993: 42):
From many friends close to General Somoza I am informed that he is de nitely determined to be the next President.
Efectivamente, Somoza propugnó su candidatura a la presidencia para las elec- ciones de 1936, a pesar de la existencia de varios impedimentos constitucionales,
entre los que destacaban su parentesco con el presidente Sacasa y su status de mi- litar en activo. Sin embargo, tres factores dejaron a Somoza el camino libre hacia la presidencia: la actitud tolerante de los Estados Unidos respecto a los dictadores centroamericanos y caribeños (en aplicación de la doctrina del buen vecino); su re- nuncia como jefe director de la Guardia Nacional; y la posterior renuncia de Sacasa a la presidencia del gobierno de Nicaragua (consecuencia de disturbios y presiones ejercidas por la Guardia bajo la dirección de Somoza (3)).
Efectivamente, el 1 de enero de 1937, después de ganar la contienda electoral con el 80,1 % de los votos a favor y el 19,7 % en contra, Anastasio Somoza García fue nombrado presidente de la República por el Congreso Nacional y se dirigió a sus miembros repitiendo el mensaje que había proclamado constantemente durante su campaña: “Paz, orden democrático, justicia social, educación y trabajo”.
Si bien el “mensaje” de su campaña pronto fue olvidado, no cabe duda que el primer período presidencial de Somoza fue intenso y se llevaron a cabo tareas de suma importancia tanto para modernizar el Estado, como para consolidarse en el poder. En primer lugar, se redactó una nueva Constitución (la Constitución de 1939) que ampliaba las potestades del Estado en materia de intervención social, otorgando una abrumante preeminencia al ejecutivo. En dicho texto, también gu- raba la naturaleza constitucional de la Guardia Nacional y aparecía una disposición que permitía “arrestar, encarcelar y con nar personas consideradas peligrosas para la seguridad del Estado”. De esta forma, la nueva Ley Fundamental (que de nía al presidente de la República como la “personi cación de la nación”) fue redactada a la medida de las pretensiones del nuevo titular del ejecutivo. La segunda gran tarea de este período fue el desarrollo de medidas para hacer frente a la Gran De-
presión: se centralizaron las decisiones en materia scal, crediticia y monetaria, y
se implementaron medidas favorables a los sectores agroexportadores decretando devaluaciones sucesivas (Walter, 1993: 66-93). Finalmente, el tercer objetivo fue el de “modernizar” el poder estatal. A partir de 1937, la autonomía municipal des- apareció y se nombraron juntas municipales desde la presidencia —eliminando, de esta forma, la presencia de caudillos locales autónomos al régimen. También se incrementó el volumen de la burocracia estatal y se establecieron mecanismos de control político dentro de la administración pública.
En la misma dirección de a anzamiento en el poder, Somoza consolidó y dio forma a las dos instituciones más estrechamente vinculadas a su régimen: la Guardia Nacional y el Partido Liberal Nacionalista (PLN). La Guardia Nacional
se caracterizó por la absoluta delidad de sus miembros hacia su jefe y mentor, convirtiéndose —además de ser una fuerza pro-estadounidense— en un gendar- me doméstico (4) (Millet, 1977). El PLN, por su parte, se convirtió en el instru-
mento dispensador de bene cios y prebendas. El PLN, articulado a partir de una densa red clientelar, tenía como función prioritaria dar apoyo civil al régimen e intentar, en un inicio, crear un partido de masas (5) (González, 1992: 62-65).
Si bien en un inicio, Moncada, viejo caudillo liberal y expresidente de la Repú- blica, juzgó a Somoza con las palabras: “that young man on the hill not last later
than next July” (6), la verdad era que el nuevo presidente disponía de una tupida red
de alianzas que iban más allá de una mayoría de diputados en el Congreso Nacio- nal, un aparato partidario y una fuerza constabularia (7). Realmente, el fenómeno
del “somocismo” debe considerarse en términos más amplios de lo que normal- mente se ha hecho (8), pues Somoza ofreció un programa que, a pesar de contener
elementos contradictorios, presentaba claramente dos mensajes rupturistas, a saber, el establecimiento de un proyecto alternativo a la caótica y con ictiva dinámica bipartidista, y la ruptura con la política caciquil y elitista tradicional, incorporando elementos populistas a su “movimiento político”.
Evidentemente, el proyecto somocista no era ajeno a lo que ocurría en ese mismo período en otros países donde las débiles democracias liberales se enfren-
4) En virtud de este eje fundamental —la delidad a los intereses y humores del líder máximo— la consolidación y desarrollo de la GN tomó direcciones donde el nepotismo y el abuso llegaron a niveles propios de una novela de Valle-Inclán. De esta forma, la GN terminó convirtiéndose en un ejército patrimonial que gozaba de autonomía en función de los intereses de los Somoza. La dependencia per- sonal de estas fuerzas respecto al dictador se ejempli caba en cómo se organizaba la cúpula de dicho cuerpo: cualquier o cial con ambición personal o carisma era destituido y expulsado, lo mismo sucedía con aquellos que pretendían “modernizar” la institución. Para la creación y promoción del “sentimiento corporativo” los integrantes de la Guardia vivían en barrios separados, tenían hospitales y escuelas ex- clusivas y otros privilegios negados al resto de la sociedad. Sobre dicha institución existe cierta literatura, entre ella cabe anotar: BOOTH, 1982; CRAWLEY, 1979; DIEDERICH, 1982; MILLET, 1977; ROUQUIÉ, 1984. 5) En cierta forma, el PLN pretendió emular al PRI mexicano. Así, la pertenencia al partido o cial era un requisito esencial para obtener empleo en la Administración. Sus fondos provenían, básicamente, del 5 % de los sueldos de los funcionarios. Sus actividades se limitaban a movilizar a la ciudadanía —ya fuera con la participación en los diversos comicios o en las manifestaciones en apoyo al régimen de Somoza— y a la organización de actividades recreativas. La red civil del somocismo, nalmente, se completaba con la institución de los “Jueces de Mesta”, responsables del orden en las comunidades campesinas y, de hecho, instrumento del régimen para el control de los ciudadanos en las áreas rurales. Para mayor información en torno al PLN cabe dirigirse a: WALTER, 1993: 94-98, 207-212.
6) Extraído del informe “Long to Hull”ll de abril de 1937 en MILLET (1977: 189).
7) Cabe exponer, respecto a la GN, que Somoza, una vez presidente de la República, se autonom- bró jefe director de la Guardia, concentrando en su persona la máxima potestad civil y militar. 8) En este sentido ver: CHAMORRO, 1982; WALTER, 1993.
taban a los embates de las formaciones fascistas y autoritarias (9). En esta direc-
ción, si bien Somoza se identi caba como un político liberal, no tuvo escrúpulos en aproximarse y compartir intereses con conservadores, la extrema derecha, ciertos sindicatos, organizaciones agrarias y gremios comerciales. En de nitiva, Somoza se proyectó a sí mismo con un caudillo capaz de redimir, reconciliar y reconstruir Nicaragua.
Y ciertamente el establecimiento de alianzas con el mundo sindical, hasta ini- cios de los años cincuenta, fue un componente esencial de la estrategia de Somoza para debilitar a la oligarquía terrateniente, neutralizar a la oposición —que perte- necía, en gran medida, a sectores medios urbanos—, y mantener una posición he- gemónica en la contienda política (10) (Gould, 1986). Durante ese período, la mayor
parte del mundo obrero organizado mantuvo cordiales relaciones con el Comité Or- ganizador de la Confederación de Trabajadores Nicaragüenses (COCTN), de clara orientación somocista. Bajo ese clima, a mediados de la década de los cuarenta, la mayoría de los líderes sindicalistas atribuyeron el éxito del movimiento obrero or- ganizado a las buenas relaciones que mantenían con Somoza y la COCTN. El 31 de diciembre de 1944 —en reacción a la protesta de los partidos tradicionales respecto a la voluntad de Somoza de presentarse a la reelección presidencial—, los sindica- tos publicaron un mani esto que mostraba dicha sintonía (Pan eto de la época, en Gould, 1990: 50): “Los obreristas (11) de Chichigalpa y del Ingenio de San Antonio
saludan al Gran Protector del proletariado nicaragüense [...] el único gobernante en nuestra historia que quiere darnos aquello que justamente nos merecemos”.
La legalización del movimiento sindical y la política de cariz populista (12) ofre-
cieron a Somoza García la posibilidad de crear una amplia coalición sobre la base
9) Precisamente, uno de los grupos que apoyó la ecléctica candidatura somocista fue la extrema-derec- ha organizada bajo un movimiento llamado “Camisas Azules” —en inspiración directa de los fascis- mos europeos. En él guraban jóvenes de clase media de ciudades como Managua, Granada y León. Particularmente notable fue el grupo de jóvenes vinculado a las viejas familias granadinas cuya situación económica, con el tiempo, había ido a menos.
10) Son muy pocos los trabajos sobre los orígenes de la organización sindical en Nicaragua; entre ellos destacan: CHAMORRO, 1983; GOULD, 1986, 1990, 1995; GUTIÉRREZ MAYORGA, 1985; PÉREZY GUEVARA, 1981; ORTEGAY DELGADO, 1982. En GOULD (1990) se muestra un original y exhaustivo estudio sobre el movimiento obrero nicaragüense —basado en el caso del Ingenio San Antonio y la región de Chi- nandega— desde los años iniciales del somocismo hasta mediados de los ochenta.
11) El término “obrerista” hacía referencia a los miembros pertenecientes al incipiente movimiento sindical nicaragüense.
12) Entre las medidas de carácter populista del régimen de Somoza, destacan la aprobación de un Código del Trabajo netamente progresista para la época —aunque solo tuvo validez nominal— y la construcción de “Casas del Obrero” en diversas ciudades.
de la cual sustentarse en períodos de crisis (tal como sucedió en la reelección de 1944), neutralizar el movimiento obrero, golpear la oposición —ya de por sí dé- bil—, e intimidar a las elites políticas tradicionales. Ciertamente, en un mani esto titulado “Seis verdades sobre el General Somoza”, se percibe el tono anti-elitista y populista que adoptó el somocismo en sus inicios (Pan eto “Seis verdades sobre el General Somoza”, en Walter, 1993: 139): “El grupo de políticos profesionales que actualmente se oponen al presidente Somoza son de origen estrictamente burgués, incluyendo propietarios, industriales, comerciantes, traidores y, en general, gente que ha gobernado el país en el curso de los años a través de camarillas aristocrá- ticas que han explotado al pueblo [...] El pueblo de Nicaragua no aceptará la tesis