Para comprender este tipo de tribunal es necesario comenzar por distinguir el control concentrado y el control difuso.
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En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto al tema del Control Difuso y Con trol Concentrado en México estableció las diferencias entre uno y otro , a través de la siguiente tesis:
Época: Décima Época Registro: 2010143 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II
Materia(s): Común
Tesis: 1a. CCLXXXIX/2015 (10a.) Página: 1647
“CONTROL CONCENTRADO Y DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SUS DIFERENCIAS. De los artículos 1o. y
133 de la Constitución Política de los Estados Un idos Mexicanos, deriva que el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad respecto de normas generales por vía de acción está depositado exclusivamente en los órganos del Poder Judicial de la Federación, quienes deciden en forma terminal y definitiva, por medio del análisis exhaustivo de los argumentos que los quejosos propongan en su demanda o en los casos en que proceda la suplencia de la queja, si una disposición es contraria o no a la Constitución Federal y a los tratados internacionale s sobre derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el
control difuso que realizan las demás autoridades del país, en el ámbito de su competencia, se ejerce de manera oficiosa, si y sólo si, encuentran sustento para ello, respal dándose en el imperio del cual están investidas para juzgar conforme a la Constitución.
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Por tanto, el control ordinario que ejercen estas autoridades en su labor cotidiana, es decir, en su competencia específica, se constriñe a establecer la legalidad del asunto sometido a su consideración con base en los hechos, argumentaciones jurídicas, pruebas y alegatos propuestos por las partes, dando cumplimiento a los derechos fundamentales de audiencia, legalidad, debido proceso y acceso a la justicia. Es aquí donde el juzgador ordinario, al aplicar la norma, puede contrastar, de oficio, entre su contenido y los derechos humanos que reconoce el orden jurídico nacional (esto es, realizar el control difuso) en ejercicio de una competencia genérica, sin que la reflexión que realiza el juez común, forme parte de la disputa entre actor y demandado. En ese sentido, la diferencia toral entre los
medios de control concentrado y difuso estriba, esencialmente, en que en el primero es decisión del quejoso que el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley forme parte de la litis, al plantearlo expresamente en su demanda de amparo; mientras que en el segundo, ese tema no integra la litis, que se limita a la materia de legalidad (competencia específica ); no
obstante, por razón de su función, por decisión propia y prescindiendo de todo argumento de las partes, el juzgador puede desaplicar la norma que a su criterio no sea acorde con la Constitución o con los tratados internacionales en materia de derechos humanos.”
Destaca de lo anterior la diferencia toral que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los medios de control concentrado y difuso, al referir que en el primero es decisión del quejoso que el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley forme parte de la litis, al plantearlo expresamente en su demanda de amparo; mientras que en el segundo, ese tema no integra la litis, que se limita a la materia de legalidad (competencia específica ).
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También aclara que, no obstante, por razón de s u función, por decisión propia y prescindiendo de todo argumento de las partes, el juzgador puede desaplicar la norma que a su criterio no sea acorde con la Constitución o con los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Así, en términos muy generales, se trata de dos modelos de justicia constitucional. En el control concentrado, únicamente un tribunal, que suele no formar parte del poder judicial, ejerce el control. El rasgo más característico de este modelo es que se puede cuestionar la inconstitucionalidad de una Ley en abstracto. Esto es, sin que se plantee con motivo de un caso o controversia, tal y como se hace a través de la acción de inconstitucionalidad.
En caso de declararse la inconstitucionalidad de la L ey, por regla general, la disposición es expulsada del ordenamiento jurídico. Como se sabe, el control concentrado fue diseñado por Kelsen y sus principales representantes son los tribunales europeos.
Por el contrario, en el modelo difuso, el examen de validez lo puede llevar a cabo cualquier juez en el curso de un caso concreto que se le presente.
El significado de Control Difuso es el de una facultad constitucional concedida a los órganos revestidos de potestad jurisdiccional para revisar la constitucionalidad de las normas, haciendo prevalecer la Constitución sobre la Ley y ésta sobre cualquier otra norma de rango inferior.
En el supuesto de estimar que cierta disposición es inconstitucional, sólo puede desaplicar la disposición en el caso concreto, resolviendo como si ésta no existiera.
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Así, cuando un tribunal constitucional local emplea el control difuso al ejercer sus funci ones de control abstracto de normas, está facultado para decretar una inaplicación de cierta disposición con efectos extensivos, en virtud de que tal procedimiento ordinario no recae sobre una situación jurídica en particular, ello a efecto de tutelar el orden jurídico constitucional y siendo tal resolución recurrible acorde al esquema planteado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.165
En ese sentido, lo que la resolución de la Corte permite a partir de ahora, es que cualquier juez de la República cuando conozca de un asunto de su competencia, pueda inaplicar una norma cuando considere que es contraria a la Constitución (control difuso) o a los tratados internacionales firmados por México (control
convencionalidad), pero sin que por ello pueda expulsarla del orden
jurídico.
Una vez aclarado esto, llamo la atención en primer lugar sobre la manera en que se hizo dicha mutación. Como ya he mencionado, fue a través de una resolución de la Corte que interpretando el artículo 133 constitucional d e manera distinta a como lo venía haciendo (Tesis P.J. 74/99), estableció el control difuso.
Dicha jurisprudencia es de tenor literal siguiente:
Época: Novena Época Registro: 193435 Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Agosto de 1999
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Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 74/99
Página: 5
“CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS
GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN. El texto expreso del art ículo 133 de la Constitución
Federal previene que "Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.". En dicho sentido lit eral llegó a pronunciarse la Suprema Corte de Justicia; sin embargo, la postura sustentada con posterioridad por este Alto Tribunal, de manera predominante, ha sido en otro sentido, tomando en cuenta una interpretación sistemática del precepto y los principios que conforman nuestra Constitución. En efecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 133 constitucional, no es fuente de facultades de control constitucional para las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, respecto de actos ajenos, como son las leyes emanadas del propio Congreso, ni de sus propias actuaciones, que les permitan desconocer unos y otros, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.
a. El Control Difuso en América Latina.
Del análisis de los sistemas imperantes en el área de Control de Constitucionalidad, puede afirmarse que la justicia constitucional desarrollada desde el siglo pasado, es una de las más completas del mundo contemporáneo.
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En la mayoría de los países de América Latina, existe el método difuso de control de constitucionalidad de las leyes, que como ya se indicó es consecuencia del principio de supremacía constitucional y de su garantía objetiva, conforme a la cual todos los jueces tienen el poder-deber -siguiendo el modelo norteamericano- de no aplicar las leyes que estimen inconstitucionales y que rigen la solución del caso concreto que deben decidir, con efectos inter partis.
Pero además del método difuso, se ha establecido -
paralelamente- el Método Concentrado de Control de
Constitucionalidad de las Leyes, atribuyéndose en general, poder anulatorio -en algunos países "erga omnes"— por inconstitucionalidad, a las Cortes Supremas de Justicia (Venezuela, Panamá, Costa Rica, México, El Salvador) o a Tribunales Constitucionales (Colombia, Guatemala, Perú, Bolivia). Aunque en algunos casos, la decisión de la Corte Suprema que ejerce el control concentrado sólo tiene efectos entre partes (Honduras, Uruguay, Paraguay).
El sistema de control difuso ha sido adoptado en varios países latinoamericanos.
El artículo 133 de la Constitución Mexicana reproduce casi textualmente el artículo VI, sección 2 de la Constitución Norteamericana. Las Constituciones de otras repúblicas -Bolivia, Chile Colombia, Uruguay, Venezuela, etc., - acuerdan, con algunas variantes entre ellas, atribución a la Corte Suprema para declara r la inconstitucionalidad de las leyes.
También, en otros continentes han sido establecidos regímenes que acuerdan facultades semejantes al más alto Tribunal
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Judicial, como Suiza, Irlanda, India, Japón, etc. Pero estos sistemas no deben ser confundidos con el norteamericano.166
b. El Control Difuso en México.
Desde épocas muy tempranas, se generaron una serie de interpretaciones del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dejaban ver que el control de regularidad constitucional ha estado encomendado a todas las autoridades. Las apreciaciones brindadas por los mismos, son las siguientes:
I. Debe prevalecer siempre el imperio de la Carta Magna, y cuantas leyes secundarias se opongan a lo dispuesto en ella, no deben ser obedecidas por autoridad alguna.
II. Todos los jueces de la República tienen la oblig ación de sujetar sus fallos a la Constitución, a pesar de las disposiciones que en contrario pudieran existir en las otras leyes secundarias; pues resultaría ilógico y antijurídico pretender que cumplieran con esa obligación, si no tuvieran a la vez la fac ultad correlativa de discernir si las leyes que rigen los actos, materia de la contienda, se ajustan o no al Código Supremo de la República, cuando esa cuestión forma parte del debate, ya que de aceptarse la tesis contraria, sería imponer a los jueces una obligación, sin darles los medios necesarios para que pudieran cumplirla.
III. La disposición del artículo 133 de la Constitución Federal, no distingue entre Jueces de derecho y Jueces de
166 Fernandez Segado, Francisco. El Control de la Constitucionalidad en Ibero América, en el colectivo "Perspectivas Constitucionales", Editorial
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conciencia, por lo que su observancia es obligatoria para los Juece s locales de toda categoría.
IV. Si bien es verdad que las autoridades judiciales del fuero común no pueden hacer una declaración de inconstitucionalidad de la Ley, si están obligadas a aplicar en procesos en los que intervienen, será cada vez menos neces ario el recurrir a los órganos que ejercen un control constitucional concentrado.
Este control difuso, es simplemente la facultad de cualquier Juez del sistema jurídico mexicano, para dejar de aplicar alguna Ley o dispositivo legal en los asuntos sometido s a su jurisdicción, por concluir que aquéllos transgreden el texto constitucional. Este juicio –como operación mental–, debe ser planteado bajo una exhaustiva argumentación jurídica, pues la inaplicabilidad declarada, no puede ser fundada en concepciones subjetivas, porque a través de argumentos [objetivos] debe patentizarse la incompatibilidad de la L ey –o artículo– con el texto constitucional. Además, tiene como peculiaridad, que no existirá jamás, una declaración de inconstitucionalidad de la Ley que se dejará de aplicar, pues ello, tendría graves consecuencias.
En primer lugar, sí esta declaratoria tuviese efectos generales, implicaría que la norma inconstitucional debe salir del sistema jurídico, pues la manifiesta incompatibilidad, hace inconcebible su vigencia y aplicación, ya que no se puede desarrollar algún proceso, ni mucho menos fundar un fallo judicial, en lo que no está apegado a nuestra Constitución; pues tal idea, resultaría aberrante, ya que no se cumpliría con la garantía fundamental del debido proceso. Y en segundo lugar, porque realizar tal declaratoria implicaría que no sólo se dejé de aplicar la norma en disenso, sino que también, impondría la obligación a los órganos legislativos, de adecuar la norma al texto constitucional; pudiendo c rear así, una
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descontrolada función legislativa en la Federación, en las Entidades Federativas y en el Distrito Federal.
Así, los retos que esta clase de control impone a los juzgadores, son teóricos; es decir, se vinculan con los conocimientos que deben tener. Porque aquellos que ejercen actividades jurisdiccionales, deben prepararse suficiente y permanente sobre el modo en el que se debe realizar el análisis de las normas que rigen su actuar, para que de este modo estén en a ptitud de determinar si alguna Ley o dispositivo legal tiene que ser inaplicado, por contrariar el texto constitucional.
Este ejercicio necesita parámetros que determinen las condiciones en las que se efectúe, porque de otro modo, existe la posibilidad de que algunos operadores jurídi cos lo empleen y otros no, generando un singular problema, ya que el texto constitucional impone la obligación de tomar en cuenta su contenido, siempre de forma previa, a las normas que de ella emanen, y en general, de aquellas que jerárquicamente se posic ionen por debajo de la misma. Este punto en particular, es vital en la protección del texto constitucional, pues si aquellos que se localizan en la base del sistema judicial mexicano, no practican esta clase de control, su existencia sería absurda.
Por tanto, este ejercicio necesita parámetros que determinen las condiciones en las que se efectúe; porque de otro modo, su ejercicio por parte de los operadores jurídicos podría ser intermitente y no constante.
En el caso de ejercer el control de manera oficio sa, debe ponderarse el perjuicio que causa la norma inconstitucional en la esfera jurídica primaria de los justiciables.
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Tampoco debemos perder de vista que este control difuso, tiene como eje rector el atender de modo correcto la problemática social surgida por la dinámica de nuestra nación, que cada día exige más y mejores modelos de interpretación, que sean capaces de responder a las reclamaciones de justicia de la sociedad; pues ello, contribuye a la protección de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por esta sencilla razón, debe ser ejercido de forma cuidadosa, pues los que lo practican no debe incurrir en excesos ni mucho menos caer en defectos, porque ese actuar, es resentido por la parte más sensible del Estado, es decir, la población. Ya que son los justiciables, la razón de ser de toda actuación jurisdiccional que debe legitimarse en la emisión de fallos justos, conformes al irrestricto respeto y protección de los derechos fundamentales que son reconocidos, e incluso sobre aqu ellos que se advierten por obviedad y no por legalidad.
Ahora bien, es de suma importancia el tener en cuenta que el control difuso de constitucionalidad, debe ser desplegado de manera previa al control difuso de convencionalidad, pues éste es subsidiario de aquél; de modo que no deberá realizarse sin antes ponderar si la Constitución por sí misma, es suficiente para lograr la protección más amplia de los derechos humanos que reconoce. Para que en ningún escenario, se cometa el error [por desconocimiento] de ejercer un control difuso de convencionalidad, sin contar con los elementos indispensables; porque sin duda, el bloque de constitucionalidad del que se habló, es lo suficientemente vasto para iluminar el actuar de todos aquéllos que ejecutan una función jurisdiccional en nuestro país; sin olvidar que existe una imposición implícita en todo esto, que redunda en la necesidad de una constante y permanente preparación de los que se vean inmersos en esta clase
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de control, hablamos aquí de los justiciables [en algunos casos] y principalmente, de los operadores jurídicos mexicanos. 167
En ese ordene de ideas, si bien es cierto que, acorde con los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales ordin arias, para hacer respetar los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pueden inaplicar leyes secundarias, lo que constituye un control difuso de su constitucionalid ad y convencionalidad, como ya se dijo, también lo es que subsiste el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, las co ntroversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, como quedó expuesto en el capitulo segundo de esta tesis.
La diferencia entre ambos medios de control (concentrado y difuso), estriba en que, en el primero, la competencia específica de los órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de su ejercicio es precisamente el análisis de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, por tanto, la controversia consiste en determinar si la disposición de carácter general impugnada expresamente es o no contraria a la Constitución y a los tratados internacionales, existiendo la obligación de analizar los argumentos que al respecto se aduzcan por las partes; en cambio, en el segundo (control difuso) el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad no integra la litis, pues ésta se limita a la materia de legalidad y, por ello, el juzgador por razón de su función,
167 Uribe Arzate, Enrique y Gutiérrez Silva, José Roberto. El Control Difuso de Constitucionalidad en México, Sus Retos y Alcances. Revista In Jure Anáhuac Mayab [online]. 2014, año 3, núm. 5, ISSN 2007-6045. Pp. 136-155.
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prescindiendo de todo argumento de las partes, puede desaplicar la norma.168
Época: Décima Época Registro: 2010144 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II
Materia(s): Común
Tesis: 1a. CCXC/2015 (10a.) Página: 1648
“CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO NO LIMITA NI CONDICIONA EL DEL CONTROL CONCENTRADO. En atención a los artículos 1o. y
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso que realizan los Jueces ordinarios, en el ámbito de sus competencias, constitu ye una herramienta en su labor de decir el derecho conforme a la Ley Suprema. Esta facultad se ha entendido en el sentido de que el órgano judicial puede ejercerla ex officio, esto es, en razón de su función jurisdiccional y sin que medie petición alguna de las partes; sin embargo, es factible que en un juicio contencioso el actor solicite que el juzgador ejerza control difuso respecto de alguna norma. En este caso, al existir un argumento de nulidad expreso, se dan dos posibilidades: 1) que el órgano jurisdiccional coincida con lo expuesto por el actor y considere que
168 Tesis: 2a./J. 16/2014 (10a.), Registro: 2006186, Instancia: Segunda Sala, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, P. 984, rubro: CONTROL DIFUSO. SU
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debe desaplicar la norma; y, 2) que no convenga con lo solicitado. En este último supuesto, si el órgano del conocimiento considera que la