Una diversidad de tipos con unos elementos comunes

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Derecho Constitucional y violencia en el trabajo en España

5. Una diversidad de tipos con unos elementos comunes

Como se ha tenido oportunidad de razonar, la violencia en el trabajo no es una noción de estructura simple; muy antes al contrario, su estructura es de una notable complejidad, pues integra una multiplicidad de tipos cuya identificación ha venido acompañada de un intenso debate,

produciéndose una situación en buena medida paradójica: mientras existe un alto nivel de consenso en la identificación nominativa de los tipos de violencia laboral, la identificación de los rasgos propios y definidores de cada uno de ellos evidencia un alto grado de discrepancia.

Pero ello declarado, no me parece que pueda discutirse el que la totalidad de las modalidades, encuadrables en ese concepto genérico que es la violencia laboral, participan de unos elementos comunes que cumplen una doble y relevante función. De un lado, una función de integración que les dota, a todos ellos, de unidad y singularidad internas; de otro, una función de diferenciación, que les permite distinguirse de figuras afines, situadas en zonas circundantes, como pueden ser el ejercicio abusivo del poder empresarial, una gestión empresarial de notable severidad, el autoritarismo de los mandos o, en fin, el conflicto laboral.

En un esfuerzo de síntesis, cuatro son, a mi juicio, los elementos comunes a todas las manifestaciones de violencia laboral. En primer lugar – y se trata de un elemento objetivo – en todas ellas hay un conducta calificable como antijurídica; esto es, una conducta que lesiona de manera directa y efectiva un bien jurídico que ha merecido protección por el ordenamiento jurídico. Cuál o cuáles son los bienes jurídicos agredidos, es cuestión que será objeto de análisis más adelante con el debido detenimiento. Por el momento, bastará anticipar que, en todas y cada una de las modalidades de violencia laboral, entra en juego y se vulnera un derecho fundamental. El segundo elemento se encuentra estrechamente relacionado con el anterior. En la medida, en efecto, que el conjunto de comportamientos integrantes de violencia en el trabajo inciden, violando, un derecho fundamental, el ordenamiento dispensa a las víctimas de la agresión habida en su patrimonio jurídico más preciado una protección de máximo nivel; una protección ajustada al bien jurídico implicado, de modo que las vías de protección arbitradas son las correspondientes a la defensa de los derechos fundamentales. En nuestro sistema normativo, tales vías, de ordinario, son las previstas en el art. 53.2 CE y las leyes de desarrollo, que se concretan en lo que, de forma sumaria, podemos calificar como el amparo ordinario (procesos de tutela de derechos fundamentales) y el amparo constitucional.

No son estos momento y lugar apropiados para profundizar en los mecanismos de protección frente a los supuestos de violencia laboral, bastando señalar, a los efectos que interesan, que sea cual fuere el concreto cauce procesal elegido, la tutela conferida a la víctima tiene un contenido complejo, comprendiendo estas tres dimensiones: 1) tutela inhibitoria, determinante del inmediato cese del acto o actos constitutivos de violencia laboral; 2) tutela restitutoria, que llevará aparejada la

inmediata reposición en la situación jurídica “quo ante”; y 3) tutela reparadora, que comportará la condena al agresor de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la víctima.

En relación con esta última dimensión, no me resisto a destacar la muy notable resistencia de nuestros tribunales – tanto del orden jurisdiccional social como del contencioso-administrativo – a fijar montos de cuantía razonablemente elevada en concepto de indemnización por los daños causados, señaladamente los morales. Entre los numerosos pronunciamientos que pueden servir para ejemplificar la anterior aseveración, traigo a colación los dos siguientes, expresivos, al menos hasta el presente, de la cicatera orientación mayoritaria.

El primer ejemplo lo ofrece la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña de 8-2-2012, que no dudará en reducir al diez por ciento la indemnización inicialmente reconocida por el juzgados de instancia: esto es, fija una cuantía de 6.000 €, en lugar de los 60.000 € establecidos en la resolución recurrida en suplicación. El segundo ejemplo lo suministra la tan debatida sentencia de la Sala 3ª del TS de 23-7-2001, que confirma sin titubeos una indemnización de 4.500 euros (750.000 de las antiguas pesetas) establecida en la sentencia de la Sala homónima del TSJ de Extremadura que había concedido a favor de un funcionario local al que el Ayuntamiento en el que prestaba servicios le había infringido, entre otras vejaciones difícilmente imaginables en un sistema democrático, la privación de sus funciones ordinarias, instalándole, durante más de 5 años, en un sótano, “sin hacer nada, sin ventilación ni luz natural”.

El tercer elemento común tiene una naturaleza subjetiva. En todas las manifestaciones de violencia laboral, la víctima es parte de una relación jurídica; en concreto, bien de una relación jurídica contractual (la relación laboral) bien de una relación administrativa, sea estatutaria, funcionarial o de otro tipo. Menos homogénea resulta la posición jurídica del agresor, que en ocasiones – y como se razonará de inmediato – puede no ser la otra parte de la relación jurídica de la que es titular el agredido. En todo caso y manejando criterios de normalidad jurídica, la imputación de la autoría varía en atención a la posición que el agresor ocupa respecto del sujeto agredido. En tal sentido, en las expresiones de violencia laboral vertical descendente el autor mantiene con la víctima una relación de jerarquía; por el contrario, en las formas de violencia laboral horizontal o, en las menos frecuentes, de carácter vertical ascendente, desaparece esa relación jerárquica. Por lo demás y no es éste un aspecto en el que podamos profundizar, no debe de confundirse imputación de autoría de la violencia laboral e imputación de responsabilidades.

el medio en el que la violencia se ejerce y manifiesta y que es, como ya fue indicado con anterioridad, una organización. Esta puede calificarse, desde luego, como organización productiva, es decir, dedicada a la producción de bienes o a la prestación de servicios para el mercado; pero también concurre este elemento en las organizaciones públicas, esto es, en las Administraciones Públicas (central, autonómica, local e institucional) o en una entidad de carácter público.

En relación con este último elemento, viene discutiéndose en la doctrina si el sujeto activo de los fenómenos de violencia laboral debe o no formar parte de la organización. De optarse por una respuesta negativa (Correa Carrasco), quedan automáticamente excluidos de la noción de violencia

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