En medio de las polémicas y enfrentamientos por razones del modelo de Estado y sociedad que se debía implantar, todos los bandos coincidieron en la nece- sidad de educar a los habitantes, en la importancia de conocer en detalle las riquezas y posibilidades que brindaba el territorio en el que vivían, y en la valía de compartir una misma explicación sobre aquello que les confería una iden- tidad singular frente a las demás naciones. En este sentido, el objeto de disputa entre ellos no era lo que había que hacer ni el cómo hacerlo, sino a qué debía dar lugar aquello que era necesario construir para vivir como una nación civilizada. La educación, y su sistema de instituciones que permitía controlar los conte- nidos; el conocimiento detallado del territorio y sus gentes, que además de faci- litar su gobierno permitió a los colombianos conocerse entre sí y distinguirse de otros grupos; y, junto con la defensa del idioma español, la construcción de un pasado que fuera adecuado para explicar el origen del Estado y de la nación, todo ello hizo posible que el país llegara al siglo XX con la seguridad de compartir una memoria común, factor que mostró su eficacia a la hora de construir una identidad cuyos rasgos se mantuvieron vigentes hasta los decenios finales de la misma centuria.
No es difícil entender la importancia dada a la educación en todo sistema democrático: la representación política y la elección de gobernantes están basadas en la toma racional de decisiones, lo cual solo es posible si impera la opinión pública y para ello se requiere ser alfabeto. Por esta razón, ya lo vimos, tanto la Constitución de 1832 como la de 1843, establecieron como requisito de la ciudadanía el alfabetismo y, comprendiendo que la mayoría de los habitantes no lo eran, difirieron su aplicación hasta que el nuevo Estado cumpliera con la tarea de educar a todos aquellos que podían ser ciudadanos: varones con cierto nivel de ingresos económicos. Las constituciones posteriores dejaron de mencionar esta condición, pues entendieron que era tarea indiscutible del Estado impartir la educación básica a todos los habitantes que así lo quisieran sin distingo alguno y de manera gratuita. Y eso hasta el día de hoy. El requisito básico, educar, era claro entonces desde el comienzo, y si no se logró de inmediato se debió más a la
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H iS to R iA C o n C iS A D E C o Lo M b iA (1 8 1 0 -2 0 1 3 )escasez de recursos durante gran parte del siglo XIX que a no considerarla funda- mental para la vida democrática del país.
Ahora bien, son las disputas por los contenidos de la educación las que real- mente nos interesan: al formar a todos los estudiantes según un mismo programa, y ser este de obligatorio cumplimiento en todos los rincones del país, se lograba unidad de conciencia y, por lo menos, las mismas habilidades básicas para enfrentar los requerimientos de la vida moderna. Todos partieron del mismo punto: formar en la democracia y adiestrar a todos en los requerimientos básicos de la escritura, la lectura y las matemáticas; más allá de esto, sin embargo, no hubo acuerdo ni tregua entre los contendores y ello, como todo en la Colombia de mediados del siglo XIX, se resolvió vía control del Estado a través de los partidos políticos. Un ejemplo de lo que llegó a generar estos desacuerdos fue la guerra civil de 1876: se gestó, entre otras razones, por el desacuerdo manifiesto del Partido Conservador y la Iglesia católica con las reformas educativas introducidas desde 1870 por el liberalismo radical en el poder, que impuso la enseñanza laica, la intervención del Estado en la educación, y contrató una misión pedagógica de origen alemán con el fin de crear un sistema de escuelas primarias para niños, niñas y normalistas en todos los estados de la Federación.
Dentro de esta misma lógica, la Constitución de 1886 dirimió en favor de la Iglesia católica para los siguientes cincuenta años la disputa por el control de la educación en el país: le entregó por completo el control de la educación pública y la capacidad de vigilar a la privada. En efecto, el Artículo 41 de la Cons- titución de 1886 estableció que “la educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica”. Este hecho lanzó a los disidentes al sector privado, soportados en el principio de libertad de enseñanza; sin embargo, dicha libertad fue limitada, pues en asuntos morales la Iglesia tenía capacidad de vigilarla e intervenirla. La reforma de 1936, como ya lo hemos expresado, limitó el poder del catolicismo en el Estado, situación que en materia educativa había cambiado desde 1930, año en que el Partido Liberal volvió al poder. Los educa- dores católicos y conservadores, ahora en la oposición, comenzaron a defender la libertad de enseñanza y, con ella, a refugiarse en la educación privada. El repunte conservador y católico de mediados del siglo XX, en materia educativa, siguió el mismo camino de los otros asuntos públicos de esos años: la intolerancia. Los años finales del siglo XX nos cuentan en este asunto la misma historia que hemos explicado para el Estado, los partidos y el sistema de creencias, y permiten ver cómo el proceso de urbanización y secularización de estos años hicieron que la Iglesia perdiera poder real sobre el sistema educativo.
De otro lado, al mismo tiempo que la polémica por la educación se adelantaba durante el siglo XIX, el Estado propició el desarrollo de expediciones científicas que permitieran un mayor y mejor conocimiento del territorio y sus
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M ic h ae l J. L aR o sa y G er m án R . M ej íahabitantes. La Comisión Corográfica, contratada durante la primera adminis- tración de Tomás Cipriano de Mosquera (1845-1849) y liderada por el italiano Agustín Codazzi, se realizó en prácticamente todo el país poblado a esa fecha e incluso en territorios todavía incultos al oriente del país, y ello durante los tumultuosos años del medio siglo XIX colombiano. Es de anotar que varios de los presidentes decimonónicos escribieron libros de geografía y estuvieron atentos a los adelantos que en esta materia se realizaban tanto en este como en los demás países de la región. Objeto de esta expedición, el desarrollo de la cartografía fue fundamental para el naciente Estado y sus gobernantes: darle un rostro al país y hacer que todos se apropiaran de él fue un objetivo que se logró financiando estas labores y difundiendo sus resultados por medio del sistema educativo: la cátedra de geografía se hizo obligatoria y los textos que se escribieron para hacerla posible llevaron a que los habitantes comenzaran a tener una misma idea de lo que era Colombia en sus regiones, sus habitantes, sus costumbres y sus riquezas. De esta manera, el geógrafo y el cartógrafo se hicieron imprescindibles para el Estado, y la necesidad de tener profesionales formados en estas áreas dio origen a la Oficina de Longitudes y Fronteras en 1902 y a la Sociedad Geográfica de Colombia en 1903.
La defensa del idioma español como el único de la nación se erigió desde los años mismos de la Independencia en bandera de los nuevos gobernantes. Junto con la religión católica, se acordó con relativa facilidad que eran los únicos legados de los siglos coloniales que debían ser conservados, todo lo demás, lo relacionado con la administración monárquica, los controles a la producción y al comercio y un sistema educativo alejado de la ciencias y los oficios mecá- nicos, debía ser abolido. Sin embargo, como ya lo explicamos, el acuerdo sobre la religión católica como asunto de Estado nunca fue unánime, algo que sí se logró respecto del idioma, pues las elites en el gobierno coincidieron en obligar a que todos hablaran la misma lengua. El Estado, liberal o conservador, siempre propició la difusión y la pureza del idioma español mediante su enseñanza en todas las escuelas (para las cuales se escribieron y publicaron textos de gramá- tica) y con el apoyo dado a una institución como la Academia Colombiana de la Lengua, en 1872, y a una disciplina como la filología, encargadas de velar por la buena salud del idioma y de garantizar, entre otras funciones, el control de los neologismos llegados inevitablemente con la exposición de los habitantes a las novedades del mundo.
De igual manera, desde mediados del siglo XIX comenzó la tarea de esta- blecer lo que se convertiría en el repertorio originario de la literatura colombiana, esto es, su historia. El asunto no es de menor valor, pues implicó definir qué era lo propiamente nacional, esto es, lo colombiano. De esta generación del medio siglo es José María Vergara y Vergara. Este, en 1867, dio a conocer su Historia de
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H iS to R iA C o n C iS A D E C o Lo M b iA (1 8 1 0 -2 0 1 3 )la Literatura en la Nueva Granada, primera de las muchas que irán apareciendo en los años posteriores. El valor de esta obra no es tanto ser la inicial como haber enfrentado el asunto de los orígenes y resolverlo con un catálogo de obras escritas con anterioridad a 1810. De hecho, los textos y escritores historiados en los capítulos relacionados con la época colonial sirvieron de base para confi- gurar durante los decenios siguientes el repertorio de los primeros siglos de las letras nacionales. Por ejemplo, unos años después, Isidoro Laverde Amaya, en su Ojeada histórico-crítica sobre los orígenes de la literatura colombiana, no
tiene ya problema en listar primero a Gonzalo Jiménez de Quesada, el bachiller fundador de Bogotá, y seguir con los cronistas Juan de Castellanos, Juan Rodrí- guez Freyle, Lucas Fernández de Piedrahita, Juan Flórez de Ocariz y Alonso Zamora; incluir luego a la Madre Francisca Josefa de la Concepción y Castillo, y terminar con el nacimiento del periodismo, esto es, Manuel del Socorro Rodrí- guez. El límite que hacía de la Independencia el primer momento de la historia de la nación, al menos en lo que toca a la literatura, había sido superado: la lista se irá haciendo más larga, las clasificaciones más complejas, los debates más arduos, pero las letras nacionales tenían ya una historia que había logrado remontar el parte aguas de la ruptura con España. Las letras colombianas tenían ya un pasado, el idioma era entonces patrimonio, esto es, herencia constitutiva de la nación.
Algo similar ocurrió con la historiografía. La construcción del Estado y su consolidación requirió también escribir su historia, la de sus orígenes, heren- cias y grandes gestas patrióticas. Esta tarea ya tenía claros sus perfiles cuando la celebración del centenario de la independencia, que se hizo coincidir con el 20 de julio de 1910, engalanó las calles bogotanas con la anuencia de los demás ciuda- danos del país: la historia de los colombianos había dejado de ser la de sus provin- cias para convertirse en una sola, común a todos, pues era la del Estado. En este sentido, el 20 de julio, que hace relación a lo sucedido únicamente en la entonces capital del Virreinato, significó la celebración del triunfo de todo un Estado democrático de claro talante centralista, tanto en su forma de gobernarse como de entender la nación. Con ello el país andino, y en él Bogotá, se erigió en el núcleo del proyecto civilizador que se desprendió de la carta de 1886. La historio- grafía hizo de este fenómeno el principio para edificar el pasado que las nuevas generaciones debían aprender, esto es, recordar. Así pues, todo lo sucedido con anterioridad a 1886 fue convertido en preparación; los personajes centrales de la gesta independentista fueron presentados como padres fundadores, acom- pañados ahora de nuevos héroes, aquellos que en las guerras civiles dieron su vida en la construcción del centralismo; el juicio sobre los presidentes anteriores a Núñez se edificó sobre el mismo principio de contribución a la consolidación del Estado colombiano de 1886. Este nuevo pasado se acompañó de una nueva
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M ic h ae l J. L aR o sa y G er m án R . M ej íaliturgia civil, los actos del 20 de julio, que se convirtieron en regla y así se repro- dujeron por décadas en muchas partes del país. Y, como ocurrió con el idioma o con la geografía, una Academia fue constituida para vigilar la verdad en estos asuntos: la Academia Colombiana de Historia nació en 1902.
El siglo XX heredó esta construcción y la ha mantenido vigente hasta el presente en algunos de sus estamentos sociales, aunque pueda verse que en grupos de jóvenes académicos y diversas etnias ya no tiene la fortaleza que era incues- tionable hace apenas unas décadas. Los textos de educación fueron los encar- gados de mantener como tradición la perspectiva del pasado colombiano que escribieron las generaciones de fines del siglo XIX e inicios del XX. No resulta extraño encontrar, entonces, que los primeros síntomas de un gran cambio se encuentran precisamente en estos mismos textos. Ya desde la década de 1960 fueron introducidos libros de historia para la educación secundaria que revisaban lo que se erigió en verdad a comienzos del siglo XX. Esto rápidamente pasó al nivel básico primario y, por supuesto, desde antes estaba en debate en la univer- sidad. Los movimientos sociales que de una u otra manera se gestaron desde esos años abrieron la posibilidad de otorgarle un marco histórico distinto, un nuevo pasado, a esta situación, pues muchos sectores de la sociedad comenzaron a no entenderse a sí mismos y a los demás dentro de los parámetros de la Constitución de 1886. No bastaba con erigir un Estado sobre fundamentos diferentes –lo cual empero tampoco implica negar la herencia sino más bien entenderla ahora como patrimonio, como el capital con el cual fundar la propia vida–, hacía falta también responder las peguntas que ahora interesaban: aquellas que hacen refe- rencia a la descentralización del Estado y de la política, a la pluralidad ideológica y a la heterogeneidad cultural de los colombianos.