LAS VOCES DE LOS FALSOS POSITIVOS: MEMORIA DEL CONFLICTO LAS CARAS DEL HORROR
OMAR ANDRÉS VÁSQUEZ OCAMPO
MELISSA ANDREA DE LA HOZ PIMIENTA
Trabajo de Grado para Optar por el título de:
Comunicador(a) Social –Periodista
Director
Pedro Valenzuela Gruesso
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO
BOGOTÁ DC
Reglamento de la Pontificia Universidad Javeriana
Artículo 23
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católicos
FORMATO RESUMEN DEL TRABAJO DE GRADO CARRERARA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Este formato tiene por objeto recoger la información pertinente sobre los Trabajos de Grado que se presentan para sustentación, con el fin de contar con un material de consulta para profesores y estudiantes. Es indispensable que el Resumen contemple el mayor número de datos posibles en forma clara y concisa.
FICHA TÉCNICA DEL TRABAJO
Autor (es):
Nombre(s): MELISSA ANDREA Apellido(s): DE LA HOZ PIMIENTA
Nombre(s): OMAR ANDRÉS Apellido(s): VÁSQUEZ OCAMPO
Campo profesional:
PERIODISMO
Asesor del Trabajo
PEDRO VALENZUELA GRUESSO
Título del Trabajo de Grado:
LAS VOCES DE LOS FALSOS POSITIVOS: MEMORIA DEL CONFLICTO LAS CARAS DEL HORROR
Tema central:
FALSOS POSITIVOS Subtemas afines:
MEMORIA – IMPUNIDAD
II. RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO
1. Objetivo o propósito central del trabajo:
Mediante un documental periodístico cargado de investigación darle rostro a las cifras de impunidad en los casos de „falsos positivos‟, desde el punto de vista de sus actores para contribuir con la memoria histórica de Colombia.
2. Contenido
INTRODUCCIÓN
LAS MADRES QUE SIGUEN SIN JUSTICIA
IMPUNIDAD Y FUERO PENAL MILITAR
MEMORIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ACERCAMIENTO AL DOCUMENTAL: LA INTIMIDAD DEL PROCESO
3. Autores principales
Maurice Halbwachs nació el 11 de marzo de 1987 en Francia. Fue un sociólogo de la escuela
Durkheiminiana, en 1938 lo nombraron presidente del Instituto francés de sociología. Es el autor de numerosas obras, pero su libro más celebre es "La Mémoire collective" en donde estudia el la memoria colectiva, concepto creado por él mismo.
Para nuestro trabajo de investigación es importante dicho autor debido a que se interesa por profundizar la idea de que la "memoria" es saber, huella, recuerdo, evocación del pasado y que "todo pensamiento social es una memoria". En el caso de los falsos positivos queremos que estos hechos causen recordación en los colombianos para que así se tome conciencia y se actúe.
John Thompson, nació en Estados unidos y es sociólogo de la Universidad de Cambridge. Ha
estudiado la influencia en las sociedades modernas de los medios de comunicación. En 2001, ganó el premio europeo Amalfi de sociología y ciencias sociales.
Thompson estudia cómo la historia atraviesa las dinámicas de los medios de comunicación. Proceso que es necesario que los periodistas entiendan para poder hacer un análisis de los hechos.
Edward Hallet Carr, nació en Londres en 1892. Fue un periodista e historiador británico, definió la
historia como un proceso continuo en donde el historiador interactúa con los hechos. Un departir entre el presente y el pasado.
El autor enfatiza en la idea para conocer los hechos es necesario llegar a las fuentes principales. El primer interés no son los datos sino quien los proporciona.
4. Conceptos clave
MEMORIA. IMPUNIDAD. FALSOS POSITIVOS. FUERO PENAL MILITAR. MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
5. Proceso metodológico.
Este es un documental periodístico que busca hacer memoria. Primero se indagó por todas las noticias que habían salido en los medios de comunicación: Semana, El Tiempo, El Espectador, Caracol Televisión y Caracol Radio, RCN Televisión y la desaparecida Revista Cambio sobre los “falsos positivos”.
de las historias centrales del documental. Mantuvimos su identidad protegida para evitar poner su vida en riesgo. Con las madres de Soacha veníamos haciendo un acompañamiento desde 2011, y este año seleccionamos tres historias: las de Idaly Garcerá, Luz Edilia Palacio y Elvira Vásquez, que dieron el rostro humano a los hechos. Empezamos un proceso de producción periodística para contactar a personalidades que desde el periodismo, los derechos humanos, el gobierno y el sector judicial estuvieran involucrados en esta temática. Durante la ejecución de esta tesis obtuvimos una serie de entrevistas destacadas que tuvimos que fraccionar y seleccionar, algunas de ellas se quedaron fuera del documental porque consideramos no cumplían con nuestro objetivo audiovisual y de hacer memoria.
Iniciamos una serie de vínculos con artistas que quisieron colaborar con este proyecto. Después de llamados a través de las redes sociales y de voz a voz finalmente obtuvimos la respuesta de Diana Ángel, actriz y cantante. Skyland, grupo joven de villavicencio, quienes compusieron música original para este documental, como también los derechos de las canciones sobre el tema ya compuestos con anterioridad por el grupo systema solar.
El diseño de la imagen “portada” del producto fue hecho por el caricaturista javeriano Cristian Sánchez, quien logró plasmar en un fotomontaje la contundencia del horror.
Obtuvimos la colaboración con el material de archivo de RCN televisión a través de la presentación de la Universidad Javeriana y compromisos adquiridos con el canal.
6. Reseña del Trabajo
Las caras del horror es un documental que pretende hacer memoria en los casos conocidos en Colombia como “falsos positivos”. El trabajo audiovisual hace hincapié en la impunidad que hoy predomina en estos hechos.
La posición de los medios de comunicación y su labor importante en la construcción democrática del país desde la memoria y la reactivación de los hechos es parte de los objetivos propuestos por los documentalistas.
Las voces de analistas complementan las vivencias de las madres de Soacha, quienes son la historia central del material. Una crítica a la sociedad que olvida fácilmente y hoy se sumerge en falsas ideas de felicidad queda explícita en la forma como es contado este documental.
III. PRODUCCIONES TÉCNICAS O MULTIMEDIALES
1. Formato (Video, material escrito, audio, multimedia).
Video – documental
2. Duración audiovisual (minutos): 45 minutos
Número de casetes de vídeo: No aplica
Número de disquetes: No aplica
Número de fotografías: No aplica
Número de diapositivas: No aplica
3. Material impreso Tipo: Monografía Número de páginas: 60
4. Descripción del contenido
AGRADECIMIENTOS Y DEDICATORIA
A este país que vive en el día a día y que ya nada le aterra. Al país más feliz del mundo, al que olvida…
A la memoria de las víctimas de los dolorosos casos de falsos positivos en Colombia.
A las madres de Soacha por su importante labor, por hacer que no olvidemos los periodistas nuestra función social.
A los periodistas que por denunciar son amenazados y asesinados en el país.
A nuestras familias por apoyarnos en este proceso de crecimiento personal y profesional.
Una justicia real es aquella que evita que los casos de falsos positivos se sigan presentando en el país. Somos soñadores que pensamos que no debemos sumergirnos en el afán del día a día excluyendo a quienes son víctimas de esta guerra de mierda. Creemos que podemos cambiar de alguna manera la forma de hacer periodismo joven en el país.
I. DATOS GENERALES
Profesor Proyecto Profesional II: Maryluz Vallejo
Asesor de tesis propuesto: Pedro Valenzuela
Campo profesional: Periodismo
Titulo del trabajo: Las voces de los falsos positivos: memoria del conflicto. Las caras del horror.
TABLA DE CONTENIDO
Objetivos...Pág 13
CAPITULOS
1. Introducción...Pág 14
2. Las madres que siguen sin justicia...Pág 19
2.1 Una borrachera que no deja vivir
El caso de La Paisa...Pág 22
2.3 Un sábado que no acaba
El caso de Elvira Vásquez...Pág 25
2.4 De un pantalón grande a una fosa común ...Pág 27
3. Impunidad y fuero penal militar...Pág 28
3.1 Amenazas y renuncia al proceso...Pág 29
3.2 ¿Fue la respuesta a la guerra o un paño de agua tibia?...Pág 30
3.3 Soacha...Pág 31
3.4 Desaparición forzada...Pág 32
4. Memoria y medios de comunicación...Pág 33
5. Acercamiento al documental: la intimidad del proceso...Pág 39
6. Hallazgos y
conclusiones...Pág 41
7. Bibliografía...Pág 50
OBJETIVOS
Objetivo General
Mediante un documental periodístico cargado de investigación darle rostro a las cifras de impunidad en los casos de „falsos positivos‟, desde el punto de vista de sus actores para contribuir con la memoria histórica de Colombia.
Objetivos Específicos (Particulares):
• Registrar los retrocesos en la justicia en el caso de los „falsos positivos‟ por amenazas y trampas a la ley.
• Denunciar la ineficiente reparación a los familiares de las víctimas por homicidio en persona protegida.
• Mostrar que son más los casos que permanecen en la impunidad que los que han sido fallados y sancionados.
• Seguir de cerca la vida que llevan las familias de los civiles asesinados por el Ejército.
• Demostrar que contar la historia de los personajes involucrados en ejecuciones extrajudiciales contribuye a la reflexión sobre el caso.
• Registrar el papel de los medios de comunicación como gestores de memoria en una democracia como la colombiana.
INTRODUCCIÓN
Las falsas bajas del Ejército Nacional de Colombia, conocidas eufemísticamente como „falsos positivos‟, se convirtieron en uno de los crímenes de Estado más graves en la historia reciente de la Nación. El 99.4% de los casos permanecen en impunidad, según la organización defensora de derechos humanos MINGA, con sede en Bogotá.
Las familias de las víctimas esperan justicia con el temor latente de que estos casos terminen condenados al olvido. Estos hechos, aunque narrados y cubiertos por los medios de comunicación, no tienen regularmente seguimiento, a menos de que se trate de condenas o acontecimientos extraordinarios. Es limitada o invisible la labor de recordar en este tipo de casos. Esta investigación está dirigida a hacer memoria, a buscar todas las respuestas que den cuenta del estancamiento de los procesos.
Desde el escándalo mediático a finales de 2008, el municipio de Soacha (Cundinamarca) se convirtió en el „epicentro‟ de las ejecuciones extrajudiciales. Desde entonces se revelaron casos de jóvenes, campesinos y colombianos „desconocidos‟ que se convirtieron en la cuota de ascenso dentro del Ejército, bonificaciones económicas o salidas esporádicas de descanso. Los ciudadanos, en su mayoría desempleados o de bajos recursos, eran visitados por los que hoy se conocen como „reclutadores‟ y convencidos de obtener un empleo muy bien remunerado. Sin más ni más fueron secuestrados y asesinados en Ocaña (Norte de Santander) -noroccidente del país en límites con Venezuela-, luego presentados como guerrilleros caídos en combate. La práctica ilegal que conmovió al país se hizo recurrente en todo el territorio y en la agenda pública.
En 2010, cuando tomó posesión como presidente de la República y desde entonces, Juan Manuel Santos Calderón ha manifestado que la práctica no sigue, que los hechos fueron aislados y los asesinatos de civiles por parte de las fuerzas armadas cesaron. El presidente afirmó el 23 de marzo de 2010 en el debate presidencial de RCN, revista Semana, la FM y NTN24 que “los
falsos positivos dejaron de ser un problema a partir de noviembre de 2008”. 1
Para la Revista Credencial en ese mismo mes Santos aseguró que “sobre el tema de los falsos positivos puedo asegurar que ya se acabaron. Los acabé yo con el apoyo del presidente Uribe y del comandante general de las Fuerzas Militares. Desde octubre de 2008 no ha vuelto a haber un solo falso positivo. Hasta el Cinep ha dicho que lo que se hizo fue suficiente. Lo que hay que hacer ahora es llevar a juicio a los culpables y liberar a los inocentes”.
Sin embargo, el CINEP –Centro de Educación y Formación Popular- publicó un comunicado como respuesta a dichas declaraciones que decía que “en ningún momento se ha afirmado que lo
1“Los falsos positivos dejaron de ser un problema a partir de noviembre de 2008”. (2010) [En
línea] Consultado 14 marzo de 2013. Disponible en:
hecho hasta ahora en materia de „falsos positivos‟ haya sido suficiente. Ese es un término que no dimensiona la problemática que golpeó al país”.2
En uno de sus informes de 2012 el centro de investigación confirmó que hay registrados 9 casos de falsos positivos durante la presidencia de Santos. Mauricio García Durán, director del Cinep, y el padre Javier Giraldo, coordinador del Banco de Datos, concluyeron que “se ven disminuciones en el gobierno Santos, sí, pero el punto es que estas prácticas no se han acabado. Y deberíamos preguntarnos por qué no se han acabado. Son la muestra de lo deteriorados que están la ética y la moral pública”.3
En Abril de 2012, el vocero del MOVICE –Movimiento de Víctimas de Estado- Iván Cepeda, aseguró que en lo corrido del año se presentaron 69 casos de ejecuciones extrajudiciales, aseveración que el Ministerio de Defensa negó categóricamente. Cepeda también dijo que de 1100 procesos solo 72 han ido a juicio. En un reciente informe de la fiscal de la CPI –Corte Penal Internacional- se dijo que si no hay cambios importantes en la política penal colombiana este organismo procederá a actuar.
Los casos de homicidios en persona protegida, como también son denominados estos hechos, poco a poco visibilizan errores en el Ejército y en instituciones como el INPEC, la Fiscalía y Medicina Legal, entre otros. La justicia penal militar es quien investiga y sanciona la mayoría de estos casos; esta puede entenderse como “una jurisdicción especializada que se encarga de la investigación y juzgamiento de hechos relacionados con el servicio, cometidos por miembros de la Fuerza Pública en actividad”, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal Militar, Ley 522 de 1999. Sin embargo, sectores de la opinión pública consideran que ese tipo de justicia oculta la verdad, promueve la impunidad y no juzga de manera objetiva.
El excandidato presidencial Antanas Mockus refirió en el debate público en City Tv del 4 de junio de 2010 que había responsabilidad política por no haber tomado los correctivos necesarios en estos casos. El político también señaló para la Revista Semana “sigo pensando que no veo responsabilidad penal, pero sí moral”, cuando se le interrogó por los líderes a cargo en el
Gobierno. Aunque aseguró que era necesaria la intervención de la justicia internacional como subsidiaria si las instituciones colombianas fracasaban en su intento por esclarecer los hechos.
La Corte Suprema de Justicia ha reconvenido en repetidas ocasiones a la justicia penal militar porque dejó impune hechos por falta de investigación. “Es evidente pretensión de impunidad”,
señaló la Corte, que además se refirió a supuestos enmascaramientos de los casos para lograr ese cometido.
2“Comunicado del CINEP/PPP ante afirmación de Juan Manuel Santos”. (2010) [En línea],
consultado 4 de abril de 2013. Disponible en: http://cinep.pasosdejesus.org/node/809
3“En Colombia no se han acabado los falsos positivos”. (2011) [En línea], consultado 4 de abril
de 2013. Disponible en:
Ahora bien, los casos fallados en contra de los militares también son objeto de crítica por parte de la opinión. Publicaciones en los medios nacionales han dado cuenta del libertinaje de los condenados en diferentes cárceles militares del país; en Tolemaida –donde se encuentra el centro nacional de entrenamiento del Ejército y centros de reclusión-, por ejemplo, muchos estaban gozando de la libertad sin haber cumplido las penas impugnadas, y aprovechaban su estadía en el penal para montar negocios o disfrutar de derechos que la justicia ordinaria no contempla, tal como lo titula la revista Semana en su edición del 2 de Abril de 2011: “Tolemaida Resort”, el
lugar podría compararse con un club o un espacio vacacional.4
En 2013 Semana volvió a publicar un informe similar, una segunda versión llama “Tolemaida Tours”, que demostraba que los hechos no tuvieron correctivos y siguieron presentándose. Incluso añade vídeos con militares condenados por falsos positivos que se encontraban de compras en un centro comercial de Bogotá. Como de costumbre, la sorpresa y el repudio duraron apenas unos días.5 Tras el escándalo, el gobierno anunció el cierre definitivo de la cárcel de Tolemaida.
En febrero de 2011, la ONU estimó que “las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, practicadas en su mayoría por el Ejército, superarían las 3.000 y de ellas el 89% ocurrieron entre 2004 y 2008, durante el Gobierno de Álvaro Uribe”. El CINEP afirmó que existen nuevas modalidades en este crimen: “no presentan a las víctimas como miembros de grupos guerrilleros, sino como personas asociadas a la delincuencia común”, y en otros se atribuyen a “errores de operación por parte de la Fuerza Pública”.
En Mayo de 2011, el CINEP alertó por el aumento de casos en el país; también se refirió a los hechos que infringen el DIH –Derecho Internacional Humanitario-, como la ineficiente reparación y justicia. Recordó el problema que en 2010 se presentó cuando se dio el retroceso significativo en la colaboración de la justicia penal militar con la ordinaria.
En la actualidad, buena parte de los condenados gozan de libertad. Solo en el caso de Soacha 17 militares involucrados en tres de los casos han sido cobijados por la Ley 906 de 2004, en el numeral 7º de su artículo 332, que prevé la preclusión por vencimiento del término máximo previsto en el inciso 2º del artículo 294 del Código Penal; en otras palabras, están libres por falta de eficiencia en la resolución de los casos.
Mediante el proyecto de reforma a la justicia el Gobierno Nacional ha intentado fortalecer el fuero militar, otorgándole ciertas „capacidades para matar‟ a los combatientes, sin recibir retaliaciones por parte de la justicia ordinaria. Cuando se desempeñaba como Ministro del Interior, Germán Vargas afirmó: “vamos a pedir que se retire y estudiar una reforma integral en el tema. Se pensó que era una buena oportunidad, pero ya no va en ese proyecto de reforma a la justicia”. Precisó entonces que se fortalecería y llegaría en otra propuesta.
4“Tolemaida Resort” (2011) [En línea], consultado 01 de enero de 2013. Disponible en:
http://www.semana.com/nacion/articulo/tolemaida-resort/237791-3
5“Tolemaida Tours” (2013) [En línea], consultado 13 de abril de 2013. Disponible en:
Para junio de 2012, el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, catalogó como retroceso en el Estado Social de Derecho la reforma que ampliaría el fuero militar. En enero de 2012 el entonces Ministro de Justicia y del Derecho, Juan Carlos Esguerra, afirmó que “el artículo del fuero militar seguirá formando parte del proyecto de Reforma Constitucional a la Justicia que cursa en el Congreso”. Los principales opositores aseguran que este proyecto garntizaría la impunidad en las equivocaciones de la fuerza pública.
En 2013 una nueva propuesta ha encendido mucho más las alarmas, pues ciertas imprecisiones que serán objeto de análisis en esta tesis y delimitaciones inconsistentes podrían asegurar la impunidad de los casos. Hecha la ley, hecha la trampa. Según Ariel Ávila, investigador del Centro Nuevo Arco Iris, con la reforma al fuero penal militar el presidente Juan Manuel Santos estaría gestando la posibilidad de que los militares se traguen los sapos del proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba, con el grupo criminal de Las Farc.
Las familias de las víctimas han sido amenazadas, pero no denuncian por miedo a posibles retaliaciones, lo que dificulta verdaderamente establecer un número entero. También se presentan situaciones de múltiples amenazas que solo se denuncian una vez por la poca efectividad que recibieron en su primer acercamiento a la justicia. Esos son los casos de la totalidad de las familias de los falsos positivos de Soacha, por ejemplo. Estas madres, cinco años después del escándalo en ese municipio cundinamarqués, siguen exigiendo justicia por la muerte de sus hijos.
No solo las víctimas han sido presionadas para que callen y no insistan, sino que han sido de conocimiento de la opinión pública casos de jueces que han recibido acciones intimidantes. El caso del juez primero penal de Cali, Víctor Flower Ortiz –encargado de condenar a nueve militares por falsos positivos en esa ciudad-, es el reflejo de todos los que suceden frecuentemente en el país, que más tarde terminan en solicitudes de protección a sus vidas ante el Gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es poco el conocimiento o el registro que se tiene porque la mayoría no denuncia oficialmente.
Esta tesis surgió en medio de la impotencia de sus realizadores frente a una realidad que no conmueve ya, que no vende las primeras planas de periódicos y los titulares de los noticieros. Esta realidad que aún permea la actualidad merece una investigación exhaustiva, pero más allá de revelar es importante revivir, recordar, analizar, y desde el periodismo hacer memoria, ser lo que el periodista colombiano Hollman Morris muy bien llama „testigo incómodo‟.
Las madres que siguen sin justicia
Soacha ha sido considerado como un espacio de peregrinación de víctimas de la violencia. El desplazamiento forzado que han vivido los colombianos, producto de los enfrentamientos en el campo, ha provocado que campesinos y poblaciones vulnerables se vean obligadas a buscar un lugar donde puedan asentarse sin el riesgo latente de perder lo poco que tienen o de convertirse en víctimas del fuego cruzado.
Ese es el caso de algunas de las madres que empezaron a ser visibles, infortunadamente también por un episodio de violencia, este quizá más degradado y monstruoso. En 2008 el país y el mundo fueron testigos de una serie de revelaciones que apuntaban a que miembros del ejército de Colombia, organismo destinado a la defensa del territorio y por ende de sus ciudadanos, habían asesinado a civiles para ser presentados como bajas de combate. Esos muertos que eran posteriormente asignados en fosas comunes, la tropa los mostraba como guerrilleros.
Incluso los medios de comunicación entraron en la lógica del parte oficial del Ejército y en las primeras noticias el país seguía afianzando una falsa sensación de seguridad, uno de los propósitos más fuertes de la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Miembros de las „águilas negras‟, combatientes de Las Farc o de la delincuencia común fueron abatidos por el Ejército, pensaban los colombianos. Los periodistas en su afán por comunicar se olvidaron del valor de la investigación y fue ahí donde las madres de Soacha empezaron a tener un rol mucho más impactante.
La búsqueda de la verdad hizo que estas mujeres empezaran a buscar en medicina legal, en la Fiscalía, la defensoría del pueblo, la personería, en donde fuera posible explicaciones sobre el paradero de sus hijos desaparecidos. Una de las imágenes más fuertes de una madre que reconoce que su hijo es uno de esos supuestos guerrilleros en una fosa común y rompe en llanto, primero por confirmar su muerte y segundo porque en sus propias palabras “no era ningún guerrillero”, hizo que empezaran las preguntas y cambiara el relato. Fue ahí cuando el olfato de los periodistas empezó por fin a oler la verdadera historia, hechos que aún saben a mierda.
Los medios de comunicación cambiaron sus titulares. Hablaban de un término que pronto se popularizó y que daba cara al término legal de homicidio en persona protegida: “falsos positivos”, que de alguna manera era más impactante y de mayor recordación, por lo que empezó a calar en ciertos sectores de la opinión pública. Un eufemismo que a lo mejor no dimensionaba el horror pero que por lo menos causaba curiosidad.
La presión de los medios, de las organizaciones de derechos humanos, incluso de la sociedad civil que para entonces estaba bastante alarmada por los hechos, hizo que Uribe y el entonces ministro de defensa, Juan Manuel Santos, hoy presidente de Colombia, tomaran decisiones en la tropa, sacando del cargo o como se conoce en el argot popular, “dando de baja” a algunos generales del Ejército, por acción u omisión.
Aunque en declaraciones del mismo José Miguel Vivanco, director de Human Rigths Watch, organización defensora de derechos humanos, se develó el poco interés de Juan Manuel Santos y del mismo Uribe por evitar los hechos. Vivanco asegura que Uribe se negaba a aceptar esa “prevención” de la que le alertaban. Según él, era un acto de desprestigio internacional contra su tropa y de desconocimiento de la guerra que ganaban. Según el mismo director de la organización, el expresidente se molestaba mucho cuando se le hablaba del tema.
Desde entonces las historias, los relatos y el acompañamiento de los medios fue notable. Sin embargo, la justicia no ha ido de la mano del conocimiento de los casos; por el contrario, se ha mostrado lenta y torpe en las sanciones correspondientes a los culpables.
Hoy, tras cinco años del escándalo en Soacha, se habla de más de 3000 casos en todo el país, una cifra que como bien lo refiere el representante y director del Movimiento de Víctimas de Estado – Movice- Iván Cepeda, no es exacta. Son muchos los casos que se registran día a día y muchos también los que no se denuncian por miedo a retaliaciones. Y es que pelear contra el Estado no es tarea fácil.
El ejemplo de la impunidad que se asoma o de una justicia inoperante es que tan solo en los hechos más visibles, los de Soacha, hay un caso fallado: el de un joven especial, Fair Leonardo Porras, que fue arrebatado de los brazos de su madre para volverse polvo que no importa en una zona lejana del país, en Ocaña, Norte de Santander.
Tras un poco más de 4 años del insuceso, las madres de Soacha se encuentran divididas. Tres madres, a la cabeza de Luz Marina Bernal, madre de Fair Leonardo Porras, parecieran estar distantes del resto de madres. Aunque se han conformado como una organización y se habían apoyado mutuamente, lo cierto es que ahora la situación no es la mejor.
Luz Edilia Palacio, “la paisa” como es conocida en Soacha, pareciera ser la cabeza de ese grupo de familias inconformes porque no ven el dinero, los premios o las invitaciones que recibe este otro grupo de madres. “La paisa” lanza fuertes acusaciones como “ellas están haciendo negocio
con nuestros hijos finados”.
hincapié en esta tesis escrita, pues fue parte del aprendizaje de dicha realización, entender que las familias de las víctimas también son seres humanos, con intereses, con dolores, con peleas.
Quizá la poca celeridad en los casos, las trabas en los juicios, los constantes cambios de juez que terminan siendo un nuevo comenzar han hecho que la desesperanza se apodere de ellas. Mientras realizábamos la investigación las madres convocaron a una reunión para aclarar los disgustos, ya que se había pronunciado el distanciamiento tras el documental del programa de RCN televisión “Pirry”.
En dicho documental se muestran las imágenes de algunas madres que fueron a Barcelona a recibir un premio que también traía consigo dinero por la labor de paz y de búsqueda de justicia que venían realizando. Sin embargo, como ya se ha dicho, esas madres no tuvieron en cuenta al resto del grupo y hasta la fecha no habían dado cuenta de lo que recibieron.
Pero lo más drámatico de sus casos es ver sus condiciones hoy. No solo es extrema pobreza, sino que a esto se ha sumado la soledad. Carecen de un proyecto de vida. Suele pasar que los padres pierden sus proyectos y metas y los hilan a los de sus hijos. Cuando sus hijos mueren en condiciones como estas también sus madres parecieran irse. Hoy algunas de ellas hablan fuertemente y dicen que preferirían estar muertas, pero mientras no haya justicia no podrán descansar en paz. La búsqueda por limpiar el nombre de sus “pequeños” puede darles la fuerza que ni siquiera la carestía de un plato de comida puede quitarles.
Visitarlas y ver que algunas de ellas les hablaban a sus plantas, cambiaban de ánimo rápidamente, ver su preocupación, nos hizo consultar a una experta psicóloga de conflicto. Claudia Tovar, de la Universidad Javeriana, nos explicó que es necesario hacer el duelo, pero no es posible para ellas puesto que no han logrado estar en paz consigo mismas. Sus hijos aún son vistos como delincuentes y eso no les permite conciliar en muchos casos ni siquiera el sueño.
Episodios como flash backs, ansiedad, cambios repentinos de temperamento, pesadillas, entre otros, se manifiestan en algunas de ellas. Pero su esfuerzo loable porque no olviden los colombianos sus casos y por encontrar verdad hizo que nos interesamos mucho más en hacer memoria como un ejercicio de resarcimiento con ellas, de acompañamiento a sus casos.
Una forma de sanear a las víctimas es reconocerlas y acompañarlas en los procesos para esclarecer los hechos. Investigaciones epidemiológicas han demostrado que ser víctima de violencia extrema provoca cuadros sintomáticos en aproximadamente un 25-40% de las víctimas.
Estos son los hechos que marcaron la vida de tres de estas familias de Soacha; nos centraremos en la realidad de Luz Edilia Palacios, Idaly Garcerá y Edilia Vásquez.
UNA BORRACHERA QUE NO DEJA VIVIR El caso de La Paisa.
En 2011 conocimos a Luz Edilia Palacio. “Estamos en confianza chinos, díganme La Paisa, así me dicen todos”. Sonrío. De inmediato supimos que tras ella había más que una historia triste. Cuando la vimos por primera vez nos llamó la atención que no parecía una víctima del conflicto colombiano, no bajaba nunca la mirada, siempre nos veía a los ojos con algo de rabia eso sí, y hablaba fuerte. La Paisa ha sido una mujer que a pesar de tanto dolor ha aprendido a sonreír.
Abril de 2013. Habíamos entrado a la casa de La Paisa que los fines de semana hace las veces de bar de pueblo en Soacha. Su esposo, padrastro de sus 5 hijos, había quedado al mando mientras nosotros grabábamos parte del documental “las caras del horror”. De repente, las lágrimas que había derramado mientras filmabamos se fueron; entró una fiera a apoderarse de su territorio.
Un joven tendido en el piso, algo ebrio y sangrando, una mujer del barrio lloraba al lado del que según ella ya era un cadáver, un grupo de espectadores comentaba la escena. Un grito irrumpió
“malparidos ¿qué pasó?, levántese hombre, tráigame agua y café, quítese de ahí y deje de chillar”.
Se había ido por completo la madre de Soacha, esa que hemos visto reiteradamente en los medios de comunicación; estaba ahora la dueña del chuzo dando órdenes y apoderada de lo suyo. La Paisa levantó al joven, lo curó y lo llevó hasta su cama hasta que una mujer costeña, seguramente la madre del ebrio, se lo llevó.
Entonces apareció la mujer, la matrona inquiriendo a su marido: “es que él es una gueva completa, se me mata ese man en el baño y viene la polícia y la que se arma y a parte todos esos pendejos viendo ahí en vez de ayudar, no, yo no lo puedo dejar a él solo ni un segundo”. Nos
sorprendía ver el carácter con el que Luz Edilia hacía respetar su casa.
Dista mucho de la madre que vimos por primera vez en un salón comunal de Soacha, lejos de su casa, y en el rol materno victimizado por el Ejército de Colombia. Es indudable que ha aprendido, que no se deja de nadie, pero se mantiene en una frase que le hemos escuchado a viva voz en cada documental en el que participa, en cada entrevista que da: “así me maten voy a limpiar el
nombre de mi hijo”.
se estableció en una casa con polvo por piso. Pero sobrevivía con sus hijos, hasta que en 2008 una nueva desgracia llegó a su familia.
En una loma de Cazucá, un sector conflictivo y peligroso cercano a Soacha, estaba La Paisa. Mientras ella buscaba la forma de ganarse unos pesos como empleada de servicio, su hijo Jader Andrés Palacio había desaparecido. Pero se enteró 8 días después.
El 25 de agosto de 2008 recibió una llamada de otra de las madres, que le advertía que un familiar la había llamado para decirle que su hijo estaba en un reporte de medicina legal con dos jovenes más, que aparecían como N.N, que lo había visto en un computador, muerto. Pero lejos del susto y la preocupación La Paisa no entendía lo que pasaba.
Media hora más tarde su hijo menor la llamó. Rondaban las 7 de la noche. Le pidió que se fuera para el barrio. “Amá, véngase, que hay una noticia donde dicen que a los muchachos se los llevaron y que Andrés se lo llevaron y que lo mataron en Ocaña. Entonces yo le dije a mi hijo, ¿Cómo así Ocaña, dónde es eso? ¿Y a él quién se lo llevó? ¿Pero por qué? Yo me volví loca en ese momento”.
Los vecinos de Soacha encendieron uno a uno las luces para descubrir lo que pasaba afuera. Cuando Luz Edilia llegó al barrio solo se escuchaban sus gritos y lamentos: ¿Dónde está? ¿Alguien lo ha visto? Nadie podía darle respuesta.
Cansada de buscar explicaciones en puertas, establecimientos y lugares que su hijo frecuentaba, decidió finalmente a las cuatro de la mañana ir a medicina legal a exigir que le dieran razón del combate del que ya otra madre le había dado explicación. Encontró un calambre por todo el cuerpo que la dejó en silencio. Ahí estaba otro de sus hijos, el más querido, el ejemplar, muerto.
Al amanecer del siguiente día buscó en la Personería de Soacha. Tal vez por lo temprano no encontró al personero; se dirigió entonces a la Fiscalía, pero su nerviosismo, su intranquilidad, su dolor, hacían que los otros la vieran como una loca. Ella solo pedía explicaciones: “¿Por qué el Ejército me lo mató?
Radicó la denuncia en el CTI. Ahí, esperando a ejercer su derecho, tenía un sinnúmero de preguntas. ¿Por qué se había ido sin decirle nada? Más tarde llamó a su familia en Medellín, quienes le aconsejaron ir a Ocaña a enterrar a Jader. Sin embargo, no aceptó: “dicen que los militares están pasando a los muchachos como guerrilleros, ¿qué tal que me maten a mí también?
Tras un viaje que prefiere no recordar pudo finalmente enterrar a su hijo en Campos de Cristo, cementerio adjunto al municipio de Soacha. Nos reiteró que “ahí no se presentó ninguna ONG, que ahorita sí se presentan para llevar a las mamases a viajes para hacer cosas, ahí no, en ese momento no apareció nadie”.
Su hijo, que buscaba cualquier trabajo informal, que solo tenía la esperanza de ganarse la lotería o de salir adelante para poder comprarle un „rancho‟ más digno, se había ido dejándole la responsabilidad de la crianza de Andrés Palacio, su nieto.
Ha sido para Luz Edilia una tragedia muy dolorosa, puesto que otro de sus hijos ha crecido alimentando un rencor peligroso por policías y miembros del ejército. Este joven recientemente tuvo un accidente que lo incapacitó: un carro lo arrolló y casi pierde su brazo derecho. Una mano menos trabajando en casa. Su hija se partió la pierna derecha en tres partes. Así que La Paisa olvidó la posibilidad de estar fuera de casa y buscó una nueva opción para vivir.
Montó una especie de bar en su hogar, nadie más que ella tiene el carácter para lidiar con los borrachos, y aunque pudiera embriagarse y acabar con el producido, solo toma cervezas de forma moderada, cada una y todas en nombre de la justicia por el caso de su hijo.
Quizá una indemnización por parte del Estado colombiano sea vista por muchos como una forma de darle valor económico a su hijo. Pero lejos de esto sería una forma de solventar y darle tranquilidad a la vida de La Paisa que ve crecer a su nieto en medio de imposibilidades, de pobreza y de preguntas del pequeño sobre la muerte de su padre.
Y aunque a veces se sienta a ver y conversar con los borrachos de siempre que llegan a alimentar su necesidad de escapar de la realidad, y aunque de vez en cuando quisiera estar en esa posición, huyendo de sus problemas, mitigando el dolor, sabe que a su lado tiene un motor de vida, su nieto Andrés, que hoy le da fuerzas para soportar.
La firma de abogados Javier Villegas Posada lleva el caso del hijo de La Paisa. En 2011 curiosamente era ella la que anunciaba lo que venía sucediendo en los juicios: “cada que hay
audiencia ellos buscan una estrategia, llega un abogado nuevo, entonces el nuevo tiene que estudiar todo, ese es el pretexto de ellos, nosotros hemos hablado mucho sobre eso”, Y ese
pensamiento que despertaba sospecha en Luz Edilia al parecer no es tan errado, ya que en este año volvieron a cambiar al juez que llevaba su caso. Un asunto que vuelve a encontrar una dilatación odiosa.
Las preguntas de Luz Edilia no son las de una madre débil que ve al gobernante de turno con respeto y sumisión. En la entrevista de 2011 le pidió al presidente Juan Manuel Santos hacer memoria: “En qué asilo tiene al doctor Uribe y al general Padilla, para que se reúnan los tres y hablen para ver qué pasó en el caso de los mal llamados falsos positivos”.
bien es cierto que muchos han olvidado los casos y los vieron como anécdotas de guerra, los pocos que tienen memoria se acercan gracias a eso: “si nos ponemos a decir que las ejecuciones extrajudiciales la gente queda neutra. Ya todo el mundo dice que los mal llamados falsos positivos de Soacha. Aunque ese es un nombre que no debería sonar, pero ya toca así”.
Ha recibido panfletos y ha visto situaciones raras que denunció, pero al ver la poca ayuda que recibió decidió seguir luchando por su cuenta: “no tenemos apoyo del Gobierno, la única ayuda
de nosotros es mi Diosito que nos ampare y nos favorezca. Pero nosotros estamos peleando contra el Gobierno, después de que maten a algún familiar de nosotros qué. Matado se quedó y ya. Como si nada pasara”.
Tal vez los recuerdos negativos en Soacha hacen que La Paisa piense en irse; si tuviera quizá los medios para hacerlo, no viviría cerca de los recuerdos que tanto daño le hacen: “Yo quisiera
salirme de Soacha, ¿pero para dónde pega uno?, yo soy una de las que más ha peleado con la reubicación, no entramos en el plan de reubicación, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada porque no tenemos quien nos apoye”.
Huir, de cualquier forma, tratar de pensar en su hijo no como el que yace bajo tierra, sino en el que la abrazaba el día de las madres, le decía cosas bonitas, la besaba, la acariciaba, el que le prometía un ranchito para vivir los últimos días de vida. Ese malestar de tener a su lado las calles que su hijo recorrió de joven, las polvaredas donde un balón de fútbol se paseaba entre las piernas de los niños jugadores, ese mismo que se estrellaba en una ventana vecina de donde salía una mujer furiosa a pedir que le pagaran el daño.
No podríamos explicar lo que es ser madre, pero sí lo que es ser hijo. Y tal vez pensar siquiera en los recuerdos que día a día tiene Luz Edilia y saber que su hijo fue una cuota para una salida espóradica un fin de semana de un militar criminal o una cuota para un ascenso ¿qué tanta rabia podría sentir?
Y la borrachera que ve en sus clientes no es tan fuerte y no tiene consigo el “guayabo” emocional con el que esta mujer se levanta todos los días. Imaginen la peor resaca; tal vez ese malestar no es ni siquiera comparable con el dolor de esta madre a la que un día el Ejército le quitó su hijo.
UN SÁBADO QUE NO ACABA
El caso de Elvira Vásquez
Un sábado es un día deseado por muchos, las familias salen a pasear, van a comer, comparten, nos quedamos en casa viendo películas, pasando el tiempo, descansando. Mientras cumplimos con nuestra rutina, Elvira en Soacha pasa sus manos sobre las fotos de su hijo. Ese que ya no está.
Hoy Elvira vive con su esposo Melciades, que gana un salario mínimo. Pobres dignos que cubren su desprotección en una casa prefabricada en Soacha. Sobreviven. Su hijo les proporcionaba un ingreso a casa que los hacía vivir en condiciones algo más cómodas. Pero ahora escasea el dinero, y si hay para comer no hay para llevarle un ramo de flores al cementerio a quien miembros del ejército asesinaron para demostrar que la guerra se estaba ganando.
Su hijo trabaja con su padre en fundición de hierro. Mientras salían chispas al aire venían los comentarios entre machos, hablaban de mujeres, de sueños, de cosas que Elvira seguramente hubiera visto mal, y hubiera reprimido.
“¿Dónde está? No aparece, me volví loca…no aparecía y no apareció. Fueron ocho meses sin saber nada de él” Ser pobre en Colombia no solo significa una situación de desprecio absurdo de los que juran representarnos, también simboliza una lucha increíble por lo que se quiere. Qué horrible que los sueños de una madre se trunquen y lo que busque no sea ya ver a su hijo con un técnico o un tecnólogo porque soñar con ser profesional es un exabrupto…sino que sea en cambio encontrarlo, ocho meses sin saber de él.
Desde el punto de vista psicólogico la desaparición es uno de los más terribles dolores que puede sentir un ser humano, la incertidumbre es dañina y podría llevar a un colapso emocional. Elvira supo por medicina legal finalmente que su hijo estaba muerto. Y su última imagen es la de él en un computador, amoratado, con un tiro de gracia, una imagen que viene a su cabeza y que se desborda por sus ojos.
Conoció a las otras madres de Soacha en medicina legal, con ellas compartió luchas, las vio buscar a sus hijos, inquirir por su paradero y también persistir para poder traerlos de vuelta a casa, tenerlos cerca para por lo menos sobre la tierra húmeda abrazarlos, hablarles y contarles sus problemas.
Tanto tiempo fuera de casa hizo que su hijo volviera en una caja sellada y con un olor insorportable. Elvira quisiera justicia, no sabe cómo hacerla, no entiende de eso, ni siquiera entiende el significado de la palabra “Estado”, no sabe que su caso es un crimen de ellos, del “Estado”.
Sus abogados al parecer tampoco es que hagan mucho. Se propusieron ayudarla en el momento del escándalo, pero como no hay honorarios, por el momento estos “buenos samaritanos” tampoco es que se esfuercen por presentar más pruebas y dilucidar la verdad.
DE UN PANTALÓN GRANDE A UNA FOSA COMÚN El caso de Idaly Garcerá
Cuando la vimos por primera vez nos ofreció café y algo de comer. Su nevera se caracterizaba por estar vacía. Su aparente obsesión porque estuviéramos bien alimentados en esa mañana de domingo nos causaba gracia; con el tiempo de entrevista nos ofreció tristeza.
Idaly perdió a su hijo único, Diego Tamayo. Se lo llevó el Ejército con falsas promesas de trabajo. Le dieron un tiro que cegó la posibilidad de que su madre lo tomara nuevamente de las manos y sonriera como cada día en su apartamento en Soacha.
Entra al cuarto de su hijo todos los días a orar. No ha vendido nada, el televisor sigue en la misma posición, la cama con el mismo tendido impregnado con olor de Diego. Solo se han sumado a la colección de fotos que adornan la habitación algunas imágenes que nunca hubiera querido tener. Esas que en la parte inferior lo bautizan “falso positivo”.
Pero en vez de lágrimas esta madre trata de quedarse con los recuerdos que no solo son un tesoro, sino su única motivación para vivir. Con nostalgia nos cuenta que siempre le compró pantalones mucho más grandes, así que Diego tenía que sostenerlos siempre metiendo sus manos en los bolsillos y halando hacia arriba.
Las marchas y las arengas las ha dejado para las calles del país que ha recorrido pidiendo por la justicia que tras cinco años de iniciado el proceso no llega. Para su casa ha guardado las esperanzas y los sueños cada vez más deteriorados.
Idaly suspira cada vez que escucha salsa. Según ella su hijo era un gran bailarín, la tomaba y le daba vueltas como todo un profesional. Aunque había nacido en Bogotá ella piensa que por algún lado se le había colado el „gen‟ valluno.
En su último cumpleaños, Idaly cambió la torta por tierra y los regalos por flores. Tuvo que enterrar a su mamá. Se fue la única fuerza que tenía, y hoy aunque tiene familiares en Kennedy y pese a que los visita seguido encuentra su compañía en lo más vivo que tiene a su alcance, las matas que tiene en su apartamento. Les habla y las consiente.
La fuerza sigue; su lucha por encontrar justicia no se desvanece, a pesar de que recientemente les volvieron a cambiar el juez que lleva el proceso. Su pensión es lo único que le ha garantizado por lo menos tener un lugar donde meter cabeza.
Sobrelleva con fuerza su vanidad estropeada. Sufrió de cáncer de seno y hoy extraña a Diego para que le diga cosas que la animen, que le exalten su feminidad.
IMPUNIDAD Y FUERO PENAL MILITAR
En un país como Colombia hablar de impunidad pareciera ser la constante; se dice que esta es la regla y la justicia en cambio es la excepción. Y si no se tiene cómo pagar un abogado para demostrar la inocencia, la complejidad aumenta. Las instituciones al parecer son las que más impunidad generan. En 2004 surgió la ley 906 que buscaba mediante un sistema penal oral acusatorio agilizar trámites, pero la verdad es que la realidad de muchos crímenes no pueden medirse bajo esa norma.
Como bien lo refirió Ariel Ávila, exinvestigador de la fundación Nuevo Arco Iris para esta investigación, este tipo de sistema está funcionando muy bien para pequeños casos, los robos y casos menores, pero en los que se topan directamente con los derechos humanos y la vulnerabilidad de las víctimas de la guerra la cosa no parece estar funcionando.
Es cierto que frecuentemente desde la opinión pública atacamos porque la justicia toma medidas y también porque no lo hace. Sin embargo, la búsqueda por la celeridad podría estar sacrificando investigaciones más profundas, como también pasando por encima casos tan difíciles en materia de derechos humanos como los conocidos falsos positivos, amparados en nuestra jurisdicción como “homicidio en persona protegida”.
La respuesta a la conflictividad social que vive el país es en parte la paz anhelada que han buscado distintos gobiernos. No garantizar justicia es generar impunidad y se ha dicho ampliamente que esta última es generadora y partera de nuevas violencias.
Pero habría que ir más allá en esta materia. La impunidad considerada como la mera ausencia de castigo podría darnos luces sobre una sintomatología social mucho más compleja. Aparecen entonces cuestionamientos sobre por qué no hay justicia y quiénes estarían detrás de que ese tipo de procesos no avancen, se dilaten o no lleguen a ninguna concreción.
Luis Hernando Barreto Nieto, columnista en el portal Razón Pública,podría dar luces sobre una
realidad que va mucho más allá de cuestiones técnicas para el mejoramiento del aparato judicial, o de la inclusión de un mayor número de jueces para que sancionen. Es realmente un cuestionamiento por la base de la sociedad lo que debe interesarnos.
¿Qué hacer para que no haya más falsos positivos en Colombia? Barreto habla de voltear la mirada hacia la familia. Y esa es la solución que para los investigadores de esta tesis es viable, no como una mirada excluída, pero sí como un entramado que encuentra valor cuando se edifica. ¿Qué clase de valores y educación tiene un militar que asesina a mansalva a un civil en estado de indefensión?
La consecuencia del problema es generar justicia, que los casos cometidos no queden en la impunidad, pero el llamado real debería ser para que los falsos positivos no se vuelvan a presentar, uno, dos o tres. Ninguno. Sería bueno que el Estado viera las políticas públicas no como un conjunto de métodos para aplicar soberanía o poner paños de agua tibia a las crisis, sino como formas sólidas de unificar la sociedad. Hay que invertir en educación, no podemos permitir que la formación de nuestros ciudadanos se modere a través de la guerra, del lente de la sangre y la barbarie, y que ese sea el lenguaje por el que respondemos.
Y el señor Barreto define de forma clara este hecho: “la impunidad es el reflejo de que la ve-locidad con la que se generan conflictos es mayor que la veve-locidad con la que el Estado los atiende”.
Debemos entender la realidad colombiana como lo que es y no en la utopía de la justicia perfecta. Hoy ni siquiera hay suficientes cárceles para tantos criminales. Los problemas de hacinamiento llegan a tal punto que ya se han empezado a gestar proyectos donde se elimine la privación de libertad para delitos menores, por lo menos en centros de reclusión como los entendemos hoy en día.
Ese es un claro ejemplo de que la solución no es hacer más cárceles; la solución está en reinsertar estas personas a la sociedad con un proyecto de vida estable y digno. También debemos hacerlo con los posibles y latentes criminales, que en su gran mayoría son personas que han tenido condiciones de vida indignas, pobres, desconocedores del real valor de la vida del otro.
En términos sencillos, la búsqueda es por encontrar caminos hacia la reconciliación y convivencia de la sociedad. El Estado debe garantizar que haya espacios de diálogo entre sus ciudadanos, que se respeten, disminuir las barreras culturales, las barreras ideológicas, ese es el gran reto que ha enfrentado Colombia desde el principio de su proyecto democrático.
Pero el país lejos de intentar escuchar la divergencia, la ha aplastado. El ejemplo son las guerrillas, los grupos al margen de la ley, que claro, hoy ya han prescindido en gran parte de su ideología para convertir el aparato criminal en un negocio, pero la aceptación de quien piensa diferente y la tolerancia harían que este tipo de hechos no tuvieran cabida.
Amenazas y renuncia al proceso
Las madres de Soacha, quienes tienen sobre sus hombros los ojos del mundo, han sido amenazadas, vulneradas. Si ellas que son de alguna manera víctimas visibles para organizaciones de derechos humanos, para el propio Estado, son amedrantadas aún, cinco años después del suceso, para que desistan en su tarea por esclarecer la verdad ¿pueden imaginar qué sucede con personas que desde el anonimato y la invisibilidad de su proceder intentan denunciar?
La impunidad social como la definen algunos autores es un agravante para los falsos positivos. Si bien es cierto que hoy las denuncias entre el momento del escándalo y la actualidad bordean los 3000 casos, cifra no unificada, también es claro que muchos no han hecho su labor de encontrar sanción punitiva por miedo a enfrentar una retaliación del Estado. Las víctimas temen entrar en una discusión con la Nación. En términos coloquiales, “pelea de tigre con burro amarrado”.
Los derechos humanos también tienen su propia definición de impunidad, y esta logra ser entendida allí incluso como la falta de acceso a la justicia, que en el caso colombiano es alta.
Hoy ya no sabemos si hablamos de riesgo de impunidad o si podemos entrar propiamente a hablar de impunidad. Tal vez los hechos nos dejen en silencio contemplando la manera en la que la justicia no opera.
¿Fue la respuesta a la guerra o un paño de agua tibia?
Cuando el país enfrentaba una de las crisis más graves en materia del conflicto armado, cuando este se había agudizado, los colombianos vieron en la política de seguridad democrática que el entonces candidato Álvaro Uribe Vélez la solución que proponía la forma de enfrentar vía armada y casi que sangrientamente a los grupos irregulares.
Álvaro Uribe fundamentó su lucha aduciendo una forma de combatir el terrorismo, razón por la cual el gobierno de Estados Unidos apoyó económicamente ese enfrentamiento. La lucha codo a codo en la selva, la recuperación de territorio cedido a los terroristas y la protección de la población vulnerable hizo que Uribe y su política tuvieran gran acogida en el país.
Tal vez por eso algunos seguidores del mandatario no solo han negado los hechos de falsos positivos y los han catalogado como conductas aisladas, sino que además entre líneas podríamos leer una forma de justificar los asesinatos de civiles cometidos por miembros de la Fuerza Pública. En Colombia somos tan inconscientes de la realidad que nuestros comentarios, poco agudos por cierto, se limitan a decir “algo tenían que estar haciendo esos muchachos para que los mataran”. Nuestra solidaridad como colombianos no solo es indiferente sino mezquina.
Tomado de informe Soacha: La punta del iceberg. Falsos Positivos e Impunidad
Los más arriesgados asemejan la estrategia uribista para „ganar la guerra‟ con la „política‟ del
body count aplicada en la guerra de Vietnam, donde lo que importaba era sumar y sumar muertos,
sin importar lo que se tuviera que hacer. Noción que fue ilustrada por el columnista de opinión y documentalista Felipe Zuleta en el documental “las caras del horror”.
El decreto 1400 del 25 de mayo de 2006 y la directiva ministerial 029 de 2005 del ministerio de defensa pasarán a la historia como la forma más evidente para incentivar a matar y conseguir resultados del presidente Uribe. Aunque, claro, desde su posición cómoda puede decir que ellos pedían resultados, más no irregularidades. También es cierto que ponen en situaciones de estrés y presión a la tropa, en muchos casos, como lo hemos dicho anteriormente ajena a los reglamentos internacionales de regulación de conflictos.
Haya sido o no una directriz de Estado es claro que fue una grave equivocación y como lo han señalado organismos internacionales, una grave afrenta al derecho internacional humanitario.
Soacha
Sobre el municipio incrustado en el sur de Bogotá mucho se ha dicho: que los criminales abundan, que los robos y homicidios son de los más altos del país, que hay expendios de drogas, apartamenteros, paramilitares, bacrim, que es tierra de nadie, ni siquiera del Estado que no ha logrado hacer frente a estas denuncias.
El punto clave está en que incluso las desapariciones y muertes de Soacha, no solo las de falsos positivos podrían venir de miembros de la fuerza pública, la policía e instituciones, eso que en Colombia es conocido macabramente como “limpieza social”.
Si vamos nuevamente a la raíz del problema veríamos que en la mayoría de los reclutamientos de jóvenes, antes de ser asesinados, eran engañados con falsas promesas en principio, y sobretodo de trabajo, al encontrarse desempleados o con salarios bajos que poco sirven para sobrevivir o alcanzar un estatus social.
Engañar a un joven mientras se emborracha o se le droga es mucho más fácil cuando los valores son pocos. No queremos decir con esto que por su carencia de educación hayan aceptado ser asesinados, de ninguna manera, sino que eran mucho más vulnerables para ser parte de un registro oficial de la tropa.
Cuando eran reclutados, incluso algunos de ellos aún bajo sustancias alucinógenas, eran puestos a caminar para luego ser atravesados por una bala. Tan mal hacían su trabajo que en algunos casos los vestían con uniformes guerrilleros, después de haberlos matado, es decir, la vestimenta muy limpia permanecía sin agujeros. ¿Por dónde entró la bala? Ese tipo de preguntas como ¿por qué las botas eran nuevas y no tenían tierra? Hacen que pensemos que por más que haya sido una empresa criminal con todo previamente armado tampoco tenían suficiente maldad como para armar un montaje por lo menos creíble. Insistimos, no solo es esta una guerra de pobres contra pobres, sino de inocentes contra inocentes puestos en muchos casos contra la pared.
Desaparición Forzada
Antes de tener el nombre de “falsos positivos” estos ciudadanos eran parte de una práctica que desde todo punto de vista es reprochable y horrorosa. La desaparición forzada es una vulneración impresionante para cualquier familia. No conocer el paradero de su hijo, que puede ser cualquier N.N de los que diariamente se reciben en medicina legal de todo el país, personas sin documentos para que no haya posibilidad de investigarse el caso.
Cerca de 8 meses en algunos casos eran claramente una afrenta contra la tranquilidad de las familias.
El fuero militar existe en muchas democracias y más en las que tienen conflictos internos. Es una forma de permitir que los militares que arriesgan su vida por protegernos tengan garantías procesales de acuerdo a la lógica de la guerra. Es un resguardo por delitos cometidos en servicio.
El problema en Colombia parece ser que han atribuido funciones judiciales a un órgano que pertenece al Ejecutivo: la Justicia Penal Militar depende directamente del ministerio de defensa; sí, los militares juzgándose ellos mismos. ¿Dónde está la independencia en la investigación del proceso y posterior sanción?
Ya la Corte Constitucional aceptó una demanda interpuesta por un grupo de personas, incluidas víctimas de falsos positivos, por vicios del proceso y por olvidar que solo en estos hechos atroces la impunidad ronda el 98%. Un militar juzgando a un par no es la forma más adecuada de propender porque la impunidad no siga.
oficio. La opinión pública podría preguntarse si es posible también que haya justicia especializada para periodistas, médicos, abogados, etc.
En el caso de los falsos positivos son tantas las especificaciones que probar un caso será más difícil que ahora. Casi que hay que poner a hablar al muerto para que explique cómo lo mataron.
"El que matare a otro incurrirá en prisión de.." dice nuestra actual constitución; en esta reforma determinar y especificar el delito podría ser más engorroso:
“Ejecución extrajudicial”. El servidor público que con ocasión del ejercicio de sus funciones matare a una persona y puesto con este propósito después de haberla dominado en estado de absoluta indefensión, incurrirá en prisión de…”
Además, con esta adaptación al fuero los militares tendrían cómo soportar en sus pruebas, en algunos casos fabricadas, -como lo hemos comprobado en denuncias reiteradas de organizaciones- que quien mataron, ojo, era un blanco legítimo. Atribuirle esa potestad al combatiente es otra forma de legitimar sus equivocaciones o su despreocupación por matar.
¿Será que son algunos exagerados al creer que pretenden impunidad? ¿Tanto como para que la misma Corte Penal Internacional haya dicho que tiene puesta su mira en el fuero o para que el mismo José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, diga que se trata de una pretensión de impunidad?
¿Nos están metiendo nuevamente un gol a los colombianos y como cosa rara no nos importa?
MEMORIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
“Uno no puede ser periodista de un país que no conoce su pasado”: Alberto Donadío, Periodista.
La memoria colectiva puede ser entendida como “el conjunto de conocimientos, valores, reglas y patrones de comportamiento, que adquiridos mediante la interacción entre los miembros del colectivo y su entorno, son compartidos por el grupo con la finalidad de homogeneizar representaciones del pasado y mejorar el resultado de sus decisiones tomando ventajas de las regularidades producidas en el ámbito de su actividad”6
Freud y Bartlett por su parte plantean los hechos traumáticos como una afectación directa al proceso de memoria colectiva; esto hace que los procesos de olvido, distorsión y reconstrucción positiva del pasado puedan aparecer.
En nuestra investigación pudimos reconocer que gran parte de la sociedad colombiana tiende al olvido y se enmarca en una visión positiva del pasado. Alejandro Angulo, coordinador del Centro de Investigación y Educación Popular –CINEP-, aseguró que “los colombianos no saben que
estamos en guerra, no piensan que estamos en guerra”. Y es alarmante que no haya una conciencia del dolor.
6
La vida de los colombianos está realmente distorsionada, ¿cómo ser el país más feliz del mundo teniendo encima tantos muertos? ¿No tenemos memoria para afrontar nuestra Historia con más respeto y conciencia para no repetir los hechos que nos preceden?
Es más, los colombianos somos supremamente indolentes ante las realidades de las víctimas, a tal punto que muchos justifican los hechos con frases como “a nadie lo matan por ser bueno”. Ese tipo de creencia en un mundo justo7, como lo plantea reiteradamente Janoff Bulman, es una visión cuestionable donde todos tienen lo que merecen; cobra un valor simbólico indignante para quienes han visto cómo una guerra como la nuestra no merece ni repudio.
Es Halbwachs el que mejor dilucida en este sentido la importancia de la memoria en los medios de comunicación. Así lo vemos nosotros, quienes decididamente planteamos nuestra posición de incluir dentro de los espacios informativos un referente para que la sociedad no olvide. Para el autor, la memoria es una actividad social: “se recuerda lo que se procesa informalmente, lo que se conmemora institucionalmente y el recuerdo se apoya en los marcos de referencia dados socialmente”.8
Es decir, solo lo que es de conocimiento público, lo que se comenta como un día especial, la conmemoración de días festivos, las fechas de referencia para la Nación. Pero en este caso, donde son realidades que incomodan, esto no es divulgado por el Estado, por lo que vendría bien que los medios de comunicación contribuyeran significativamente en las experiencias sensibles de la sociedad.
No se puede reprimir un hecho como el de los falsos positivos. Hay que afrontarlos y buscar la manera de no encubrir y rescatar a las víctimas del olvido y en muchos casos de las amenazas.
Maurice Halbwachs explicó la constitución de la memoria como una experiencia que luego es atravesada por “un conjunto de reflexiones, de forma que lo que entendemos por „marco de la
memoria‟ es, asimismo, una „cadena de ideas y juicios‟.9 Que desde los medios de comunicación podrían o deberían intentar ser más justos y cercanos a la realidad. ¿Cómo logrrlo? Con la investigación y la inclusión de todas las fuentes para dinamizar los procesos.
Hoy es noticia solo lo que representa novedad, pero desde cierto punto de vista es una negación para la memoria. La noticia también debería ser un marco para recontar, para mostrar otro punto de vista, para expresar los hechos más importantes del país desde un punto de vista crítico. Finalmente en las noticias también hay opinión, un tema que no entraremos a debatir en esta
7“Violencia Colectiva y creencias básicas sobre el mundo, los otros y el yo. Impacto y reconstrucción.” (2010) [En
línea], consultado 10 de febrero de 2013, disponible en:
http://www.ehu.es/pswparod/pdf/materiales/Cap_5_FINAL_Creencias%20basicas%20e%20instrumentos.pdf 8 T au a políti o y e o ia ole ti a: F eud, Hal a hs y la psi ología políti a o te po á ea . 1993 E
línea], consultado marzo 14 de 2013, disponible en: http://www.uv.es/garzon/psicologia%20politica/N6-1.pdf
9
HALBWACHS, Maurice. Los marcos sociales de la memoria. Barcelona: Anthropos, 2004,
tesis, pero que es ampliamente reforzado en foros y contiendas de periodismo alrededor del mundo.
Los periodistas e investigadores sociales debemos construir algo así como un presente que no se olvida, una forma de que la opinión pública tenga claro siempre que los hechos no deben repetirse.
La labor de una persona que tiene impacto dentro de la sociedad es mucho más importante y compleja de lo que parece. Los ciudadanos y en especial los colombianos casi que creen ciegamente en las informaciones que llegan desde la pantalla de un televisor o lo que leen en la primera página del periódico. Por tanto sí hay una responsabilidad en la construcción de memoria en el país tan convulsionado que tenemos; no podemos tener pincelazos de graves violaciones, sino el registro de la pintura completa y eso también aparece con los años.
Hay que aprehender la realidad que nos es dada y además constituirla como un objeto de estudio. Edward Carr, historiador británico, dijo que “la función del historiador no es ni amar el pasado ni emanciparse de él, sino dominarlo y comprenderlo, como clave para la compresión del presente”.10
Y aunque los periodistas no hacemos historia, no es nuestra misión por lo menos en el papel, sí tenemos que romper con los paradigmas viejos que no funcionan y hoy son obsoletos. Como comunicadores somos concientes que la poca historia que conocen los colombianos es a través de los medios de comunicación. Preguntéle a un colombiano quién fue Pablo Escobar y seguramente una serie de televisión o las noticias de la época servirán para darle una explicación.
Tenemos que ser responsables con el ejercicio, y eso involucra una serie de clarificaciones que debemos hacer los periodistas, como la composición de contextos elaborados para poder explicarles a los receptores de la información por qué el hecho del presente tiene un claro vínculo con hechos que le antecedieron.
El mismo John Thompson, sociólogo estadounidense, explica cómo “el desarrollo de los medios de comunicación ha dado lugar, de esta manera, a lo que podríamos describir como una historicidad mediática: nuestra percepción del pasado y nuestra percepción de las maneras en que el pasado afecta a nuestra vida actual, depende cada vez más de una creciente reserva de formas simbólicas mediáticas”.11
Nuestra percepción del pasado está imbrincada en los medios de comunicación y no puede ser una excusa afirmar que la agenda que se impone no permite que se haga memoria y que se deje la
10CARR, Edward H.
¿Qué es la historia? Barcelona: Ariel, 1993, p. 71
11
