Factores que condicionan la incidencia de las organizaciones de población desplazada por la violencia en el desarrollo de políticas públicas de atención a población desplazada en Bogotá

Bogotá, D.C., Abril 01, 2009

Tesis doctoral Trabajo de Grado

Señores

BIBLIOTECA GENERAL

Cuidad

Estimados Señores:

Wendy Tatiana Muñoz Caicedo, con C.C. No. 1026256776 de Bogotá, autor del trabajo de

grado titulado

“Factores que condicionan la incidencia de las Organizaciones de

Población Desplazada por la Violencia en el desarrollo de Políticas Públicas de

Atención A Población Desplazada en Bogotá”, presentado y aprobado en el año 2008

como requisito para optar al título de

POLITOLOGA

; autorizo a la Biblioteca General de la

Universidad Javeriana para que con fines académicos, muestre al mundo la producción

intelectual de la Universidad Javeriana, a través de la visibilidad de su contenido de la

siguiente manera:

•

Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo de grado en Biblos, en los

sitios web que administra la Universidad, en Bases de Datos, en otros Catálogos y en

otros sitios web, Redes y Sistemas de Información nacionales e internacionales “Open

Access” y en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga

convenio la Universidad Javeriana.

•

Permita la consulta, la reproducción, a los usuarios interesados en el contenido de este

trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato

CD-ROM o digital desde Internet, Intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido

o por conocer.

•

Continúo conservando los correspondientes derechos sin modificación o restricción

alguna; puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un

acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y sus

conexos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de

la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad

de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e

inalienables.

Firma, nombre completo y documento de identificación del estudiante

Wendy Tatiana Muñoz Caicedo

CC. 1026256776

NOTA IMPORTANTE:

El autor y o autores certifican que conocen las derivadas jurídicas que

se generan en aplicación de los principios del derecho de autor.

FORMULARIO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE

GRADO

“Factores que condicionan la incidencia de las Organizaciones de Población Desplazada por

la Violencia en el desarrollo de Políticas Públicas de Atención A Población Desplazada en

Bogotá”

AUTOR O AUTORES

Apellidos Completos

Nombres Completos

Muñoz Caicedo

Wendy Tatiana

DIRECTOR (ES) TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO

Apellidos Completos

Nombres Completos

Gutiérrez

Martha Lucía

ASESOR (ES) O CODIRECTOR

Apellidos Completos

Nombres Completos

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE:

“POLITOLOGA”

FACULTAD

: Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales

PROGRAMA:

Carrera

X

Licenciatura ___ Especialización ____ Maestría ____ Doctorado

____

NOMBRE DEL PROGRAMA:

Ciencias Políticas

NOMBRES Y APELLIDO DEL DIRECTOR DEL PROGRAMA:

Adriana Castro Gonzales

CIUDAD:

Bogotá

AÑO DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO

: 2008

NÚMERO DE PÁGINAS

: 213

TIPO DE ILUSTRACIONES:

Tablas y Diagramas

SOFTWARE

requerido y/o especializado para la lectura del documento

:

Adobe Reader

MATERIAL ANEXO

: Entrevistas Escritas

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS

ESPAÑOL

INGLÉS

•

Participación ciudadana Civil Participation

•

Incidencia política Political Incident

•

Acción Colectiva Collective Action

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL

Actualmente, Colombia padece uno de los fenómenos más alarmantes en cuanto a seguridad

y derechos humanos: el desplazamiento forzado. Aquel que genera un impacto negativo, no

solo en las personas y familias víctimas sino también en el país y su desarrollo.

Es así como ante los hechos que conlleva esta situación y las múltiples tutelas interpuestas

por la PD ante entes del Estado, cabe afirmar que han sido pocos y muy limitados los

resultados evidentes relacionados con los esfuerzos del Estado para remediar o mejorar este

escenario, debido a que las respuestas dadas a la misma aún no dejan ver su efectividad. De

esta forma, la organización social de PD, se ha convertido, en este contexto de limitaciones y

realidades, en un mecanismo de presión, respuesta e integración a los sitios de recepción

donde se asientan; han ido conformando organizaciones que buscan alzar la voz en colectivo

frente a la situación de crisis que día a día enfrentan, para defender su derecho a la vida y

restablecer los mecanismos de diálogo, autonomía e independencia en una nueva y extraña

realidad que viven, la de la ciudad.

No obstante, a lo largo de la investigación se pone en evidencia la limitada participación de

las OPD en el marco del desarrollo de la atención a esta población y a la injerencia sobre la

política. Es por ello que aquí se pretende indagar a fondo los factores, situaciones y

condiciones que obstaculizan o limitan la participación plena y efectiva de las OPD en el

proceso de desarrollo de la política y la atención para PD asentada en Bogotá. Por tanto, el

estudio se acerca a comprender a través de un trabajo de campo realizado, las OPD y sus

dinámicas, los mecanismos creados para asegurar la participación e injerencia de la PD en el

desarrollo de la respuesta; los factores de contexto y la participación e incidencia política de

la misma.

RESUMEN DEL CONTENIDO EN INGLES

Nowadays, Colombia suffers one of the most alarming phenomena as for safety and human

rights: the forced displacement. That one that generates a negative impact, not only in the

people and victim families but also in the country and its development.

It is as well as before the fact that it carries this situation and the multiple guardianships

interposed by the PD before entities of the state, it is necessary to affirm that there have been

small and very limited evident results related to the efforts of the State to remedy or to

improve this scene, due to the fact that the answers started to the same one still do not stop

to see its efficiency of this form, PD's social organization, has turned, in this context of

limitations and realities, in a mechanism of pressure, response and integration to the sites of

receipt where they agree; they have been shaping organizations that seek to lift the voice in

group opposite to the situation of crises that day after day are faced, to defend its right to the

life and to restore the mechanisms of dialog, autonomy and independence in a new and

strange reality through that they live, that of the city.

Nevertheless, along the investigation it puts in evidence on the limited participation of the

OPD in the frame of the development of the attention to this population and to the interference

on the politics. It is for it that here one tries to investigate thoroughly the factors, situations and

conditions that prevent or limit the full and effective participation of the OPD in the process of

development of the politics and the attention for PD seated in Bogota. Therefore, the study

approaches to understand across a realized fieldwork, the OPD and its dynamics, the

FACTORES QUE CONDICIONAN LA INCIDENCIA DE LAS ORGANIZACIONES DE

POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA EN EL DESARROLLO DE

POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENCIÓN A POBLACIÓN DESPLAZADA EN

BOGOTÁ

WENDY TATIANA MUÑOZ CAICEDO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES

CARRRERA DE CIENCIA POLÍTICA

FACTORES QUE CONDICIONAN LA INCIDENCIA DE LAS ORGANIZACIONES DE

POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA EN EL DESARROLLO DE

POLÍTICAS PUBLICAS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA EN

BOGOTÁ

WENDY TATIANA MUÑOZ CAICEDO

Trabajo de grado para optar al título de Politólogo(a)

Director (a) de la Monografía

MARTHA LUCÍA GUTIERREZ BONILLA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES

CARRRERA DE CIENCIA POLÍTICA

Bogotá, Abril 01 de 2009

Señores

BIBLIOTECA GENERAL

Pontificia Universidad Javeriana

Ciudad

Respetados Señores,

Me permito presentar el trabajo de grado titulado

“Factores que condicionan la

incidencia de las Organizaciones de Población Desplazada por la Violencia en el

desarrollo de Políticas Públicas de Atención A Población Desplazada en Bogotá”

,

elaborado por el estudiante de la Carrera de Ciencia Política WENDY TATIANA

MUÑOZ CAICEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1026256776 de

Bogotá, para que se incluya en el catálogo de consulta.

Cordialmente,

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ... 7

1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ... 8

2.

JUSTIFICACIÓN ... 14

3.

OBJETIVOS ... 16

4.

DISEÑO METODOLOGICO ... 17

5.

MARCO CONCEPTUAL ... 18

5.1 Desplazamiento y Estado inconstitucional ... 18

5.2 Participación, un derecho de todos ... 21

5.2.2 Participación de las OPD

... 27

5.3 Colectividad y Acción Colectiva, una forma de supervivencia… ... 31

6.

PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS ... 35

6.1 Caracterización de las Organizaciones de Población Desplazada

estudiadas ... 35

6.2 De la participación y sus mecanismos ... 48

6.3 Del contexto en el que se desenvuelven las Organizaciones de Población

Desplazada ... 57

6.4 Acción colectiva y colectividad construida desde la OPD. Una fuerza que

busca cambios ... 62

7.

CONCLUSIONES ... 66

8.

BIBLIOGRAFIA ... 69

9.

ANEXOS ... 68

9.1 ANEXO 1 ... 68

9.2 ANEXO 2 ... 71

9.3 ANEXO 3 ... 72

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo, titulado

“Factores que condicionan la incidencia de las

Organizaciones de Población Desplazada por la Violencia en el desarrollo de

Políticas Públicas de Atención A Población Desplazada en Bogotá

”, tiene como fin

dilucidar las dinámicas en que se configura y se ejerce la participación e incidencia

política de las víctimas del desplazamiento forzado. Además, pretende brindar

elementos que aporten al estudio de la problemática actual con relación a la

población desplazada y a su proceso de participación; proceso que permite una

interlocución con las instituciones, permite la construcción de la tan anhelada paz,

pero, sobre todo, ayuda a afrontar las diversas situaciones que se presentan en el

actual contexto Colombiano. Para ello se analizarán los obstáculos y limitantes

que han restringido la influencia de las OPD, en representación de todos los

desplazados, en la formulación de planes y proyectos para la mejora y atención de

su situación, aquella que los estigmatiza como víctimas del desplazamiento

forzado. Así, se verán en el transcurso de este análisis las dificultades que han

hecho de la participación e incidencia procesos limitados y coartados. De este

modo, se recurrirá a la explicación de conceptos como “estado inconstitucional de

cosas”, aquel en el que se encuentran los desplazados, “participación ciudadana”,

“incidencia política”, “organización” y por ende, “acción colectiva”, para así poder

definirlos y valorarlos a la luz de esta investigación, todo esto en el contexto social

y político de la población desplazada. En efecto, los resultados obtenidos fueron el

producto del trabajo de campo realizado durante el primer semestre de 2008

(enero –mayo), en la ciudad de Bogotá. Fueron practicadas entrevistas abiertas

semi-estructuradas a diferentes líderes de OPD, instituciones y ONGs que

trabajan con y por la población desplazada.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Hoy Colombia padece uno de los fenómenos más alarmantes en cuanto a seguridad

de su población, dignidad y derechos humanos, me refiero al “Desplazamiento

Forzado por la Violencia”. Más de tres millones de colombianos y colombianas se ven

obligados a salir de sus viviendas, a abandonar sus tierras, su entorno familiar y

social por causa de la amenaza directa, el conflicto armado explícito y, los asesinatos

masivos y selectivos en amplias zonas del territorio colombiano. Se dice que el 90%

de los municipios del país se ven afectados por el desplazamiento, ya sea por ser

lugares que por el conflicto expulsa a sus habitantes o por que los recibe como

víctimas del mismo. Su magnitud y la manera cómo afecta, se manifiestan de

manera grave frente al bienestar de las poblaciones haciendo de este fenómeno uno

de los problemas prioritarios del país. Sin embargo, es un problema que perece

pasar inadvertido, inaparente, grave, nacional, exigible al Estado y sin el tratamiento

propio de un problema de derechos. (Conferencia Episcopal de Colombia, 1995)

Según el artículo 1 de la Ley 387 de 1997 un desplazado se define como

“Toda

persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su

localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad

física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente

amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado

interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los

Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias

emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden

público”.

económicas negativas, profundizando la crisis humanitaria que genera. (Alcaldía

Mayor de Bogotá, 2004)

El Desplazamiento Forzado produce un deterioro en la calidad de vida de las

personas que atraviesan tal situación. Disminuye en un 54 por ciento el consumo

agregado; tan solo el 33 por ciento de los niños en condición de desplazamiento

están vinculados al sistema escolar, por tanto la no asistencia en educación es del 56

por ciento (Ibáñez, Moya y Velásquez 2006); la tasa de desempleo es del 51,8 por

ciento en personas en edad de trabajar pero en mujeres alcanza el 53,4 por ciento y

en los hombres 50,6 por ciento (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004). Después de migrar

la PD vive en condiciones de hacinamiento crítico (45,1 por ciento de las familias

desplazadas, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004); sólo el 67 por ciento de la población

puede garantizarse las tres comidas diarias; “respecto a la seguridad social el 19 por

ciento de la población se encuentra desprotegida, en tanto que en los afiliados

predomina el régimen subsidiado (57 por ciento) y vinculado”. (Alcaldía Mayor de

Bogotá, 2004, p. 35). Debido a las infortunadas condiciones sanitarias se deteriora la

salud de la población desplazada (20 por ciento de los hogares reportan la aparición

de nuevas enfermedades, Ibáñez, Moya y Velásquez 2006).

Así, teniendo en cuenta estas evidencias empíricas y a pesar del avance en materia

normativa (Ley 387/97, sentencia T05/04, Decreto 2569/00, Decreto 250/05, ver

anexo No. 3), se puede apreciar las limitadas oportunidades que tienen la PD y la

ineficiente intervención del Estado para resolver estas imbricadas y complejas

realidades.

desplazados internos en el país, siendo 2.224.931 las personas registradas por el

Registro Único de la Población Desplazada (RUPD-SIPOD) en el periodo entre el 1

de enero de 1995 y el 30 de octubre de 2007” (ACNUR, 2007, a). Según

CODHES-SISDHES (2007) en los últimos diez años, desde agosto de 1997 a julio 2007, fueron

desplazadas por la violencia 2.853.445 personas. Estas cifras permiten afirmar que el

fenómeno del desplazamiento forzado por la violencia no ha cesado, siendo un

problema demográfico, humano, social y político relevante en el contexto de la

situación nacional, el 2 por ciento del total de la población colombiana es víctima del

desarraigo y las pérdidas materiales y humanas caudas por el desplazamiento

forzado. Uno de cada 60 colombianos fue obligado a migrar por factores violentos en

los últimos diez años. (Conferencia Episcopal de Colombia, 1995) No obstante, más

allá de las cifras es necesario reconocer que la situación del desplazamiento forzado

es un fenómeno que incide en el bienestar económico, social, político, psicológico y

cultural del país y que abarca un profundo y continuo irrespeto a los Derechos

Humanos consagrados en la CP de 1991 y al Derecho Internacional humanitario,

limitando el ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y

culturales y con ello, al disfrute pleno de los bienes y servicios sociales, en el marco

de la equidad, la justicia social y la democracia.

movilización; afectándose así los partidos, el Estado y la consolidación de la

Democracia. (Conferencia Episcopal de Colombia, 1995). Por último, entre los efectos

del desplazamiento en Colombia, se encuentran los psicológicos y culturales, que se

generan durante el proceso de desarraigo. El desplazamiento forzoso afecta de

manera significativa al individuo, al verse expuesto a traumas como el desarraigo y la

pérdida en todas sus dimensiones, dejando huellas imborrables en su ser y realidad

como desplazado. Desplazamiento significa para sus víctimas

“Dejar la vida atrás

perder todo sus amigos, su familia sus tierra” (Hernández, Gutiérrez, Restrepo, Conversa,

2005

).

Los hechos referenciados y las múltiples tutelas interpuestas por la PD ante entes del

Estado, permiten afirmar que han sido pocos y muy limitados los resultados

evidentes relacionados con los esfuerzos del Estado para remediar o mejorar este

escenario, debido a que las respuestas dadas a la población desplazada aún no

dejan ver su efectividad.

Igualmente, se observa que a pesar de la Ley 387 que marca la acción política frente

a la situación, la política pública no ha sido eficiente como respuesta positiva, para

que en primer lugar evite el fenómeno y en segundo lugar avance en la reparación de

las víctimas en la atención de emergencia y en el proceso de restablecimiento y

estabilización de su condición.

Pese a dicha situación y debido a que la población desplazada en Colombia ha tenido que

soportar en su condición indiscutible de víctima de la violencia, especialmente de la que

materializa el conflicto interno armado, ésta ha asumido en algunos contextos locales, en

forma propositiva y valerosa, su condición de constructora de paz desde la no violencia y la

resistencia civil. (Bello, 2004, p.445)

realizado por Acción Social, son reconocidas y registradas 155 organizaciones en

todo el país.

Datos de investigación que caracterizando 15 OPD en Bogotá aporta que, en la

mayoría de casos estas organizaciones trabajan “

tanto acciones de abogacía hacia el

cumplimiento general de los derechos consagrados en la Constitución, la Ley 387 y las

sentencias emitidas por la Corte, como actuaciones más definidas a la población, que van

desde la asesoría y acompañamiento a la realización de trámites para ser reconocidos como

sujetos y familias desplazadas, beneficiarios de los apoyos…; el tiempo de existencia

promedio va de 1 a 3 años… sus integrantes son prioritariamente familias en condición de

vulnerabilidad, que esperan que las organizaciones sean su punto de apoyo para …identificar

el medio urbano y para acceder a los beneficios y apoyos que el Estado ofrece”.

(Gutiérrez,

ML. 2005, p. 11, 12, 13)

población desplazada y sobre todos para resolver la crítica y muy urgente situación ya

descrita. Sin embargo, múltiples voces tanto de los investigadores del tema, como de

los propios desplazados y sus organizaciones se apartan de manera crítica a este fin:

“No hay participación real de los desplazados, la participación se reduce a reuniones en las

que las instituciones gubernamentales recogen listas de asistentes para legitimar sus

acciones”…

(Aparte citado de la relatoría 1 de reunión con líderes de OPD en Bogotá En:

Gutiérrez, ML. 2005, p.16)

;

“No se garantiza una verdadera participación de la población

desplazada y de sus organizaciones en el diseño y seguimiento de las políticas públicas de

atención a la población desplazada”.

(Mencoldes y Mesa de Trabajo de Bogota, 2007)

En adición a lo anterior, el boletín No. 15 de Mencoldes y la Mesa de Trabajo de

Bogotá (2006, b), plantea que existen limitantes para las OPD a la hora de participar,

y que la mayoría de las decisiones no son dadas a conocer a las mismas con

anterioridad para presentar observaciones. Además, de ello se dice en este

documento que los entes responsables de ejecutar la política pública no facilitan la

participación de la PD en las decisiones para la configuración de la política, sino su

papel lo convierten en la legitimación de las decisiones ya tomadas, generando así

una participación no real en la toma de estas.

Otras evidencias investigativas en Bogotá, muestran que la participación de la PD es

menor en los lugares receptores que en los lugares expulsores (Ibáñez, Moya y

Velásquez, 2006), debido a que enfrentan restricciones institucionales, de visión de

los funcionarios que conducen o animan estos espacios, de operacionalización de la

participación, y de debilidades de las mismas OPD que no logran una cohesión

significativa, ni una representatividad aceptada por todos, además del contexto en el

que actúan donde las amenazas al liderazgo son realidades que se acrecientan de

manera grave. (Gutiérrez, 2005, p.17).

participación e injerencia de la PD en el desarrollo de la respuesta; los factores de

contexto y la participación e incidencia política de las OPD como facilitadores u

obstáculos de este mismo propósito. En consecuencia las preguntas que orientan el

desarrollo de la investigación son

:

¿cuáles son los factores asociados que

condicionan y dificultan la participación de las OPD en el diseño y formulación de

políticas para su atención? ¿Bajo qué condiciones o situaciones la PD por la violencia

asentada en Bogotá y sus organizaciones ejercen la participación y llegan o no a

ejercer una incidencia significativa en las políticas y planes orientados a restablecer la

situación que vive? ¿Cuál es papel jugado por las instituciones, ONG’s y agencias

internacionales comprometidas con la PD, en su proceso participativo?

2. JUSTIFICACIÓN

Hoy, más que antes la Corte Constitucional viene haciendo un estricto seguimiento a

las instituciones del Estado para asegurar una efectiva reparación a las víctimas del

desplazamiento forzado, mediante informes trimestrales que deben presentar en

cumplimiento de la Sentencia T025/04 y sus autos, demostrando la acción e inversión

que al problema se está dando por parte del Estado y su institucionalidad, estrategia

legal que se instaura ante la incapacidad del Estado de responder a las demandas

de este grupo amplio de población. Pero las medidas no se han hecho esperar, los

desplazados asentados en Bogotá han generado diferentes formas de organización

para salirle al paso a tal dificultad, para presionar y mantener en la agenda social y

político la situación que viven. Las OPD se han convertido en un mecanismo de

visualización, presión y búsqueda de respuestas.

En suma para la PD la participación comunitaria y ciudadana tiene un doble

propósito, por un lado ser un vínculo de entrada a la ciudad y su apoyo, y por otro, ser

un mecanismo de incidencia clara y posible en escenarios de política social, de

definición de recursos y apoyos para la población que comparte su condición. Sin

embargo, poco se conoce acerca de su desarrollo, de su capacidad de incidencia y

de los factores que facilitan o limitan este accionar.

(sentencia T-025/04 auto 178 orden 3) para generar mecanismos efectivos para

lograrla en el marco de la restitución de sus derechos.

No obstante, a pesar de los avances, tanto de la población desplazada como de las

instituciones, la participación parece limitada, coartada o tutelada, su efectividad

parece dudosa para la PD y sus expectativas altas respecto a su concepción de

incidencia y acción colectiva. Aunque la población desplazada y las instituciones

declaran que la participación de los desplazados es el mejor mecanismo para lograr

acciones y respuestas más adecuadas, pareciera que un conjunto de factores inciden

en su pleno desarrollo, en su adecuado y promisorio impacto.

Estudios que apoyan y evidencian esta situación plantean que “no se garantiza una

verdadera participación de la población desplazada y de sus organizaciones en el

diseño y seguimiento de políticas públicas de atención a la población desplazada

(Mencoldes, Mesa de Trabajo de Bogotá, 2007)”, así mismo, constatan que las

instancias de participación tienden a centrarse en el ámbito de proyectos específicos,

pero no se amplía a espacios en los que no se limiten el análisis, conceptualización y

formulación de la política pública (ACNUR, 2002).

y organizativos, y a encontrar salidas más significativas para la situación de las

víctimas del desplazamiento.

3. OBJETIVOS

GENERAL

Analizar los factores que condicionan la incidencia de las OPDV (Organizaciones

de Población Desplazada por la Violencia) en el desarrollo de Políticas Públicas

de Atención A Población Desplazada por la Violencia en Bogotá.

ESPECÍFICOS

•

Caracterizar las OPDV (Organizaciones de Población Desplazada por la

Violencia) asentadas en la ciudad de Bogotá, en términos de estructura y

dinámica interna.

•

Analizar la dinámica que logran los espacios de participación existentes en

Bogotá para la PD y sus organizaciones (OPD); y el grado de interlocución

que se logra entre las OPDV que participan en estas mesas de trabajo o de

concertación y las instituciones territoriales o nacionales responsables de

la atención a la Población Desplazada por la Violencia.

•

Analizar los factores, situaciones y condiciones que afectan la participación

4. DISEÑO METODOLOGICO

Para responder las preguntas orientadores de esta investigación se desarrolló un

estudio descriptivo con enfoque cualitativo, que caracteriza la situación de las OPD

asentadas en Bogotá, desde su estructura y dinámica interna hasta los aspectos

correspondientes a su participación, para así capturar desde la visión de los lideres

de OPD, funcionarios gubernamentales y, de ONG y agencias internacionales las

condiciones, situaciones y factores asociados con la participación e incidencia de las

OPD en el proceso de resolución de la problemática de los desplazados y el avance

en la política pública de PD por la violencia. Para tal fin, como fuente primaria se

realizaron dieciocho entrevistas abiertas semiestructuradas (del 31 de Marzo al 25 de

Abril 2008) a tres grupos diferenciados de actores o informantes clave a saber : a)

Representantes de OPDV (15 de las 155 asentadas en la ciudad de Bogotá) , b)

Instituciones estatales (1), c) ONG’s que trabajan con y por el desarrollo de la PD (2).

Para obtener dichos focos de información, se accedió al Directorio Progresivo de

OPD de Acción Social, a través del cual se contactaron a las organizaciones; para

definir a cuales entrevistar se utilizó el método de Muestras no probabilísticas, que

supone un procedimiento de selección informal. Fue así como a través de los

teléfonos registrados en el directorio, se tomaron 20 a quienes se llamó y se presentó

la propuesta y de ahí en la adelante cada organización decidía si participaba o no

(Muestra de Sujetos Voluntarios). Finalmente, solo 10 aceptaron pero se logró

contactar por medio de estos otros cinco, generándose así una Muestra en cadena.

Las variables exploradas fueron: a) Estructura y dinámica de las OPD estudiadas

asentadas en Bogotá, b) La participación y sus mecanismos, formas y niveles; c) El

contexto en el que se desenvuelven y actúan las OPD. Cabe resaltar que a estas

variables, a raíz de la investigación se le sumaron dos subvariables: La primera

relacionada con el contexto sociopolítico de los territorios y la segunda con la

condición misma de desplazamiento.

Para el procesamiento de la información obtenida y a la luz de las variables ya

explicitadas, que jugaron el rol de ejes trazadores del estudio, se utilizó la técnica de

análisis de contenido mediante el uso de una matriz de relato y la triangulación por

tipo de fuente y actores relevantes. (Ver anexo 1.)

5. MARCO CONCEPTUAL

En el análisis Político de las OPD se hace necesario abordar elementos teóricos que

ayuden a entender la pregunta de la investigación. En consecuencia se desarrollarán

tres ejes fundamentales: el primero abarcará el estado inconstitucional de cosas en el

que se encuentra la situación de la PD para ir comprendiendo los motivos de su

organización; el segundo, incluirá el “derecho a la participación” y dentro de este, el

tema de la participación ciudadana y sus componentes, con el fin de aproximarse al

término participación en la presente investigación. No obstante, en la discusión de la

participación se articula el concepto de incidencia política como forma y ejercicio de

participación. Se cerrará este aparte con la referencia a estudios investigativos que

aluden a la participación de las OPD. El tercer eje, abordará los conceptos

relacionados con la organización y acción colectiva; términos que posibilitan entender

y analizar el proceso organizativo de las OPD que, al menos en teoría, son la unión

de las fuerzas de aquellos que fuesen víctimas de la violencia, del terror y la angustia

que genera el conflicto interno de nuestro país.

5.1 Desplazamiento y Estado inconstitucional

Ello hace que el desplazamiento forzado y el restablecimiento de los derechos de la

población desplazada sean hoy un problema de gran relevancia, pues vulnera los

derechos a la vida, integridad personal, seguridad, alimentación, educación, salud,

libre desarrollo de la personalidad, expresión, asociación, entre muchos otros

consagrados en la Constitución Política de Colombia. La misma que declara a nuestro

país como un Estado Social de Derecho, entendiéndose este como aquel “Estado”

que garantiza el efectivo cumplimiento de las disposiciones expuestas en la carta

política y que pone a las personas como sujetos de derechos, a quienes deben

cumplirse en igualdad de condiciones como lo establece el artículo primero de la

misma.

“El desplazamiento forzado es consecuencia de la falla en el deber de protección por parte

del Estado. Así el causante directo del desplazamiento no sea un agente del Estado, este no

puede sustraerse de su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de la

población desplazada. El desplazado se encuentra en condición de vulnerabilidad, la cual

exige respuesta del Estado y de la Sociedad. El Estado debe promover; en los términos del

artículo 13 de la Constitución Política, la protección de las personas que, como los

desplazados, se encuentran en condición de debilidad manifiesta, y la sociedad en su

conjunto debe obrar en conformidad con su deber de actuar bajo el principio de solidaridad

social previsto en el artículo 95 de la carta (numeral 2)

”.

(Defensoría del Pueblo, 2002)

Sin embargo, esto no se ha hecho visible de manera completa, por el contrario es

mínimo su nivel de efectividad y la condición de aquellos desplazados por la violencia

no mejora.

Gracias a la existencia de la brecha entre la producción de normas y la formulación

de políticas, la adopción de medidas y aplicación de las mismas, a través de las

cuales se brinde una verdadera y real atención a las víctimas del desplazamiento, y a

pesar de las normas y la jurisprudencia (ley 387/1997, Sentencia T025/04, entre

otras) que implican la exigencia a las instituciones competentes, la ayuda para el

restablecimiento de los derechos de la PD y la creación de políticas públicas que

garanticen la realización de los mismos; la ley se ha preocupado más por el diseño

de mecanismos para la prevención, que por la efectiva implementación, acción,

mejoramiento y cumplimiento de las políticas públicas en materia de desplazamiento

forzado.

ciudadanos, cualquiera sea su religión, color de piel o ideología, ve vulnerados sus

derechos fundamentales en reiteradas ocasiones y, usando los mecanismos de

participación política y ciudadana, no encuentran en la autoridad demanda las

garantías para el cumplimiento de sus derechos ni la solución de su problemática.

La Corte ha declarado dicho estado en 7 ocasiones (sentencia T-025/2004); el

argumento para la toma de la decisión ha sido símil en todos los casos, “la

vulneración de derechos fundamentales a un mismo grupo de personas y en

repetidas situaciones”. Así pues, se ve como la PD comparte las mismas

características, y por este motivo, se encuentra en un “estado de cosas

inconstitucionales”.

Son cientos los casos de tutelas indebidamente negadas para miles de familias

desplazadas (mediante el auto de 10 de noviembre de 2003, la corte dictamina mas

de 108 folios de acciones de tutela entabladas por 1150 núcleos familiares), familias

que han visto como sus derechos son vulnerados y sus acciones ignoradas, por lo

que se ven OBLIGADAS a interponer tutelas para proseguir con planes de protección

establecidos por el gobierno, mismo gobierno que ven como el mayor de sus

detractores.

Ahora bien, el estado de cosas inconstitucionales para la PD no cambia; según

Mencoldes (2007) la vulneración de derechos fundamentales a la misma es

reiterante,

“se continúan violando los derechos fundamentales de forma sistemática y

continua a la población desplazada”

– también afirman-

“no existe una política de Estado

que garantice el cumplimiento de los derechos…

”. Es por este motivo que la Corte

Constitucional mantiene vigente el “estado de cosas inconstitucionales” para los

desplazados, ya que los niveles de cumplimiento son bajos o nulos (Mencoldes,

2007) y el fenómeno del desplazamiento no cesa.

OBLIGADO a dar efectivo cumplimiento a los Derechos fundamentales de los

ciudadanos (La corte obliga a las instituciones encargadas de dar atención integral a

la PD mediante sentencia T-025/04), dándole mayor importancia a aquellos que de él

más necesitan, aquellos ciudadanos que se ven en condición de debilidad serán los

más protegidos, y

¿qué condición de debilidad puede ser superior a la de un

desplazado por la violencia?.

5.2 Participación, un derecho de todos

En la Constitución de 1991 se define a Colombia como una democracia

representativa que da reconocimiento a la participación ciudadana en los asuntos del

Estado. La Carta política hace notar el derecho a la participación estableciéndolo de

manera expresa en su artículo 40 (ver anexo No. 3) y en el título IV de la

“participación democrática y de los partidos políticos”. Además, establece que el

Estado tiene como fines esenciales

facilitar la participación de todos los ciudadanos en las

decisiones que los afectan y en la agenda económica, política, administrativa y cultural de la

Nación

… y …

contribuir a la

organización, promoción y capacitación de las asociaciones

profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias… sin detrimento de su autonomía con el

objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes

instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se

establezca

.

(CP, 1991).

a causa de la pérdida de capacidad de representar y canalizar los intereses de la

sociedad, como actualmente lo hacen numerosos movimientos sociales y las

organizaciones comunitarias (Organizaciones de Población Desplazada).

Por ende, el ordenamiento constitucional consagra un Estado democrático que

facilita el acceso del ciudadano a la participación directa en la toma de decisiones, no

limitadas solo al espacio electoral, sino que trasciende; razón para decir que se ha

creado una amplia gama de canales e instrumentos para participar y promover la

participación ciudadana. Sin embargo, y a pesar de ser Colombia un régimen basado

en la democracia formal, no puede decirse que esas libertades y derechos se estén

ejerciendo de forma plena en todos los ámbitos sociales.

Es por eso que la presente investigación hace hincapié y analiza los nuevos

mecanismos creados para la participación de comunidades vulnerables,

especialmente de la población víctima del desplazamiento forzado, quien para

garantizar este derecho tiene a su favor como jurisdicción la Sentencia T025/04, en

donde se estipula

“Garantizar la participación oportuna y efectiva de las organizaciones de

población desplazada, tanto a nivel nacional como en el ámbito territorial, en el proceso de

diseño e implementación de los correctivos a los problemas detectados por las distintas

entidades que participaron en el proceso de evaluación del cumplimiento de la sentencia

T-025 de 2004, así como en el seguimiento y evaluación de los programas y componentes de

atención a la población desplazada a cargo de cada entidad, con el fin de asegurar el goce

efectivo de los derechos de la población desplazada”

( Auto 178 de la Sentencia T 025/04,

Considerando 11 numeral VIII)

;

y ordena

“al Consejo Nacional de Atención a la Población

Desplazada por la Violencia…diseñe, implemente y aplique prontamente todos los

procedimientos y correctivos que sean necesarios para superar las dificultades señaladas en

el párrafo 2.4

(ver anexo No.3). …relativo a la “Evaluación del cumplimiento de la orden

contenida en el literal c) del ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia T-025 de

2004,” (ver anexo No. 3) a fin de que…se establezcan las condiciones necesarias orientadas

a garantizar el goce efectivo del derecho de participación a la población desplazada…”

(Auto

178 de la Sentencia T 025 de 2004. Orden Tercera de la Parte Resolutiva del Auto).

De esta forma, es posible decir que el derecho a la participación está plasmado en

nuestro país, y caracterizado por su establecimiento para todas y cada una de las

personas en las condiciones que se encuentre.

desplazada, dado que es un término amplio, que toma diferentes formas y ha sido

definido por numerosos estudiosos, con matices que van desde la acción directa

hasta la acción política y decisoria.

La participación, hoy es entendida como “un acto voluntario de toma de partido en los

procesos en los cuales se es actor, lo que la presenta como un acto individual, pero

que en el momento de los procesos sociales se manifiesta y expresa como un acto

colectivo”. Es decir, “Participar significa un acto voluntario de interacción social

dirigida a tener parte en alguna actividad pública de modo de intervenir en su curso y

beneficiarse de ella” (Guimares, 1987).

En Colombia, se establecieron a través de la ley 134 de 1994, unos mecanismos de

participación ciudadana, como normas fundamentales por las que se regirá la

participación democrática de los individuos y las organizaciones civiles. No obstante,

la instauración de estos mecanismos no imposibilita el desarrollo de otras formas de

participación ciudadana en la vida política, económica, social, cultural, en el ejercicio

de sus derechos y la búsqueda de los mismos. Así, se puede decir que el principio y

derecho de participación no se queda en los mecanismos de participación política,

sino también hace parte de este la defensa, salvaguarda y promoción de los derechos

sociales, económicos, culturales y colectivos; y a su vez la participación en el control

de la gestión pública, en la discusión de los planes de desarrollo, en la veeduría, entre

otros aspectos.

Entonces, debido a que el término Participación puede designar diferentes

cuestiones, y no siempre es clara la diferencia existente entre sus modalidades

(participación ciudadana, política, social o comunitaria), es necesario acercarnos y

precisar un poco estas diferencias.

Se refiere al conjunto de individuos organizados en el ámbito de la sociedad civil para

satisfacer sus necesidades sociales relacionándose no con el Estado, sino con otras

instituciones sociales; finalmente la

Participación Comunitaria

: Es la participación por

los ciudadanos mismos en busca de mejorar su nivel de vida más inmediata,

suponiendo una relación con el Estado pero en un sentido de impulso asistencial de

acciones, hechas por los ciudadanos mismos (Cunill, 1991). No obstante no se deben

confundir estas últimas dos clases con la Participación Ciudadana, pues esta no es

solo la organización de la comunidad sino también su participación activa.

Por tanto, el término de participación al que aludimos en esta investigación es la

participación ciudadana

, que se asume como un medio de fortalecimiento para el

desarrollo y la sociedad civil; ya que a través de dicha participación se logrará la

realización de aquellos intereses y derechos sociales que requieren de la actuación

pública y de la implicación de manera explícita de la sociedad civil en la toma de

decisiones y construcción de políticas públicas.

Es importante aclarar que la participación ciudadana surge realmente como una

necesidad ante las condiciones de creciente desigualdad social: Colombia presenta

uno de los índices más altos de concentración del ingreso en América Latina, la

exclusión signa la vida social, económica y política de sus ciudadanos, alto porcentaje

de población por debajo de la línea de pobreza, población ocupada en el sector

informal de la economía, el desempleo, entre otras (Velásquez y González, 2003).

Esta participación es el medio que servirá para reorganizar las estructurales de la

democracia y transformarlas en medios idóneos que sean capaces de responder,

atender e interpretar la voluntad, demandas y necesidades de la población, aunque

estos se desenvuelvan en un contexto viciado por el clientelismo.

intentado transformarla para que responda a sus intereses colectivos (Guerrero,

1997, p.2000).

Así, la participación ciudadana será, el tipo de práctica social que requiere de una

interacción expresa entre el Estado y actores de la sociedad civil, a partir de la cual

los mismos influyen en el actuar del Estado, “representando intereses que no se

integran en el sistema tradicional de mediación” (Cunill, 1991), como los

representados por estas OPD. Cabe destacar que dicha participación no es posible

sin un alto grado de organización de la población, ya que solo así es posible que los

intereses representados y las numerables tareas por realizar puedan presentarse

verdaderamente en un sentido de unidad, pero encarnando el sentir y querer de la

población.

No debe olvidarse que los ámbitos en que la participación ha de desplegarse serán

aquellos que involucren un proceso de toma de decisiones, sobre todo en aquellas

que afecten global, directa e intensamente a la población; y en aquellos procesos

durante la ejecución de las decisiones, para evitar la no realización de los intereses y

el olvido por parte del Estado. Por ello, la participación puede asumir un papel

determinante en la orientación de las políticas públicas y en la transformación de las

relaciones entre la ciudadanía y el gobierno.

ensayos) a cambio de ciertos incentivos (materiales, sociales, capacitación), el proyecto

requiere su participación sin incidencia directa en las decisiones

; 5)

Participación Funcional

:

Las personas participan formando grupos de trabajo para responder a objetivos

predeterminados por el proyecto. No tienen incidencia sobra la formulación, pero se les toma

en cuenta en el monitoreo y ajuste de actividades

; 6)

Participación Interactiva

:

Los grupos

locales organizados participan en la formulación, implementación y evaluación del proyecto,

esto implica procesos de enseñanza-aprendizaje sistemático y estructurado, y la toma de

control en forma progresiva del proyecto

; 7)

Auto-desarrollo

:

Los grupos locales

organizados toman iniciativas externas; las intervenciones se hacen en forma de asesoría y

como socios

”. Esta permitirá constatar el grado de participación que tiene la población

desplazada, extrapolando la teoría y la percepción de los mismos.

Siendo otra de las particularidades de la participación ciudadana, incidir en el proceso

de una actividad pública, es necesario definir el concepto de incidencia política

,

para

entender a que alude en nuestra pregunta de investigación.

Según el CCLA

la incidencia política es “el conjunto de actividades realizadas por grupos de

personas y/o organizaciones con el objeto de influir en una autoridad, este conjunto de

actividades se orientan a lograr cambios en políticas y programas del Estado, así como en el

comportamiento de las autoridades públicas”.

Este conjunto de actividades es la

manifestación de la participación ciudadana, ya que a través de esta los ciudadanos

tienden a intervenir en la vida política del país, siendo una de las ventajas que tienen

los mismos a la hora de organizarse en busca de la satisfacción de sus intereses. Se

encuentra así que las personas que intervienen para incidir políticamente son los

ciudadanos, por medio de organizaciones sociales, gremiales, políticas y toda clase

de movimientos ciudadanos. Buscando sean resueltos problemas concretos que

afectan a los mismos y a sus representados, se fortalezca su capacidad de influencia

en la vida pública y por ende, que el sistema democrático funcione con transparencia,

equidad, evite la violación de los derechos humanos, haga efectiva la participación

ciudadana y así funcione mejor el Estado en función de todos sus ciudadanos. Por

tanto, la Incidencia Política, supone la participación ciudadana y el proceso de

organización de la comunidad, en tanto es la organización quien debe hacer que se

logre dar orientación a los cambios que se pretenden realizar. (Red de Ciudadanías

del PARAGUAY, IDEA)

subjetivas. Las Primeras hacen referencia a: la existencia de un contexto de

libertades políticas y sociales, ya que siendo Colombia una democracia participativa,

no puede decirse que esas libertades y derechos estén plenamente garantizados; la

apertura de canales apropiados para la participación, la existencia de un tejido social

de las organizaciones, que sirva como base para los procesos de participación; y

finalmente, una cuarta condición obedece al rol que deben asumir las instituciones

que desarrollan un trabajo para fortalecer los procesos organizativos, pues a través

de ellas será abierta y fortalecida la participación.

Por otro lado, las segundas (condiciones subjetivas) se refieren a aquellas medidas

importantes que direccionan la creación y fortalecimiento de espacios para la

participación ciudadana desde los sujetos. El sujeto, es y será de significativa

importancia para realizar cualquier proceso de participación, pues este a partir de su

propia configuración, se da a la tarea de intervenir en diferentes espacios en función

de sus intereses determinados y objetivos concretos. De este modo las condiciones

subjetivas necesarias para que se dé un verdadero proceso de participación

ciudadana, habrán de ser las relativas a : las

motivaciones y razones

que tiene cada

persona para cooperar y empujar a la acción colectiva y participativa , a los

recursos

(tiempo, dinero, información, experiencia)para llevar a cabo un dinámico proceso

participativo, al

conocimiento, habilidades y capacidades

que los individuos

desarrollan a través de la experiencia y de los procesos de capacitación para afrontar

las exigencias del entorno social en el que se desarrolla la participación. Todas y

cada una de estas condiciones aseguran que el proceso participativo pueda tener

lugar, se sostenga y produzca algún impacto e incidencia.

5.2.2 Participación de las OPD

Hoy el trabajo de las organizaciones, compuestas por personas y familias

desplazadas, se centra en acciones que buscan la restitución de sus derechos y la

reconstrucción de sus proyectos de vida. Ello a través de lo que anteriormente

llamamos participación ciudadana, pues es de esta forma que intentan expresar sus

puntos de vista, intercambiar y discutir opiniones frente a su situación, y a la vez

incidir en los procesos de decisión, formulación, desarrollo y ejecución de acciones

encaminadas al restablecimiento de sus derechos.

PD ha de hacerse bajo el marco y desde una perspectiva de realización y goce

efectivo de derechos. En ese sentido, ordena que se garantice la participación

efectiva de la PD en el diseño, planeación, gestión, seguimiento y evaluación de la

política pública creada para la atención de los mismos.

En el auto 266 de 2006 (ver anexo No. 3), la Corte desarrolla este criterio, pues

indica que

“en la definición de los contenidos básicos de cada uno de los derechos y de los

criterios mínimos de atención, se debe incluir la garantía de la participación efectiva de la

población desplazada”.

Sin embargo, ello no parece acercarse a lo deseable. Según la

Procuraduría General de la Nación (2007), ha sucedido lo contrario. Se evidencia en

los informes presentados por el gobierno nacional a la Corte Constitucional, que en la

definición de objetivos, mecanismos, sistema de seguimiento y evaluación en materia

de atención a la PD, no se garantiza la participación de la misma. Esto se constata en

el aparte relativo a la participación del informe de seguimiento a la T025 presentado

por la Defensoría del pueblo - Mesa departamental de PD de Nariño, con el apoyo de

ACNUR a la Corte:

“El 100% de las organizaciones de población desplazada señala que no

ha sido invitada a participar de reuniones de seguimiento a la Sentencia T-025 y por este

mismo motivo, no conocen los resultados de estas reuniones, no se ha recibido convocatoria

abierta para la participación a estas reuniones tanto en el ámbito territorial o nacional, no

conocen las agendas ni los temas específicos a tratar, como tampoco conocen los criterios

empleados para escoger a las organizaciones que finalmente son invitadas a participar”.

presentar observaciones , la poca información que han conocido no llega a tiempo o

no llega para que puedan opinar sobre la misma, las entidades responsables de

ejecutar formular y ejecutar la política pública no facilitan la participación de la

población desplazada en la toma de decisiones para la configuración de la política”.

Pese a que se ha creado los espacios y los escenarios ordenados por la ley (Consejo

Nacional y Distrital de Atención a la PD, Mesas de Fortalecimiento, Consejos

territoriales etc.) en estos no se ha ofrecido la capacidad real de incidir en las

decisiones de las políticas del distrito (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2003); por ello, el

boletín de la Mesa de Trabajo de Bogotá (2006) continúa añadiendo que, no hay

recursos para el accionar de esas instancias, no se ha facilitado la función que tienen

las OPD de veeduría, control, evaluación y seguimiento del cumplimiento de las

políticas y programas de atención, ni se promueve la participación en la elaboración

de las políticas públicas den solución a la situación del desplazamiento, y el papel que

el gobierno le ha otorgado a la población desplazada es de legitimación de las

decisiones ya tomadas y no de una injerencia real en la toma de las mismas. En

consecuencia, afirman que, se hace creer acerca de la existencia de un proceso de

interlocución legítimo en el cual se facilita la participación de la población desplazada

en la formulación, planeación, ejecución y evaluación de la política pública en materia

de desplazamiento, cuando en realidad la situación es muy diferente.

sobre el interés colectivo de la población desplazada; d) Proliferación de organizaciones y

poco control social y estatal sobre las organizaciones ficticias de desplazados…; e) La

inseguridad y las amenazas explícitas a líderes de organizaciones…; f) Deficiencias

percibidas al interior de las organizaciones y sus miembros acerca de sus capacidades

negociadoras y del maneja de conocimientos específicos sobre temas técnicos…; g) El bajo

nivel educativo de los representantes y miembros de las organizaciones…”.

(Gutiérrez,

2005, p. 18, 19,20)

Entre otros estudios que analizan la participación de la PD, se encuentra el estudio de

la Universidad de los Andes

“HACIA UNA POLÍTICA PROACTIVA PARA LA POBLACIÓN

DESPLAZADA” (Ibáñez, 2006)

, pretendió estudiar cual era impacto del desplazamiento

y sus programas de asistencia en el bienestar de la población desplazada en

Colombia. En cuanto a la organización de la PD identificó que

“El desplazamiento

genera obstáculos para la conformación de organizaciones comunitarias e implica la

destrucción de las redes sociales y del capital social, los cuales son fundamentales para

minimizar los riesgos y mitigar las consecuencias de los choques externos, así como para

posibilitar la toma de decisiones en comunidad y el desarrollo de proyectos de vida…”

.

(Ibáñez, Moya y Velásquez, 2006, p. 4, 5) Frente a la participación en organizaciones

comunitarias encontró los siguientes aspectos : a)

“El desplazamiento forzoso tiene un

efecto negativo sobre la participación en organizaciones comunitarias porque, mientras en

los municipios de origen el 21.7 por ciento de la población participaba en alguna organización

comunitaria, tres meses después del desplazamiento sólo el 10.1 por ciento lo hacía y una

vez los hogares se habían asentado en los municipios receptores, la participación era del

17.9 por ciento de la población…”

, y b)

“…aún después de un año de haber sido

desplazados, la población desplazada no participa en organizaciones comunitarias como lo

hacía en los municipios de origen. Lo cual resulta ser de gran importancia para el bienestar

de los hogares desplazados puesto que estas organizaciones son instrumentales para

acceder a información necesaria y para mitigar el impacto derivado del desplazamiento

”.

(Ibáñez, Moya y Velásquez, 2006, p. 43, 45).

Aspectos que pueden ser interesantes y fundamentales para comprender el

propósito de esta investigación, porque los desplazados se organizan y a que se debe

su baja y limitada incidencia.

asegurar la apertura a la participación en el diseño, implementación, aplicación y

evaluación de la política pública de atención a la población desplazada, pero aún

queda mucho por hacer. (Mencoldes, 2005)

Todo lo anterior hace énfasis en que la participación de las OPD es baja, limitada ó

tutelada, por tanto es necesario ahondar qué otros factores generan ésta situación y

porque a pesar de las consideraciones constitucionales y los autos de la Corte, la

situación pareciera inamovible para la PD y sus organizaciones, aspecto que será

central en esta investigación.

5.3 Colectividad y Acción Colectiva, una forma de supervivencia…

Para entender a la PD vinculada a organizaciones, es necesario entender a que se

refiere el término

organización

como construcción social basada en la

acción

colectiva

, como fundamento de su lógica y funcionamiento interno.

Es así como

“Organización social”

, según Gonzáles (1996) es

“el grupo de individuos

que se identifican con determinados intereses y que deciden actuar en común acuerdo con el

propósito de defenderlos y resolver de manera colectiva problemas compartidos”

. Buscando

la ejecución de iniciativas y propuestas que les ayuden a resolver sus problemas,

establecer relaciones de negociación, cooperación e interlocución tanto con el Estado

como con otros sectores de la sociedad. Por esto, la organización social hoy es vista

como

“una colectividad instituida con miras a unos objetivos definidos, un orden normativo

propio, unos rangos de autoridad y unos sistemas de acción coordinados”

(Torres,

2002)

.

Además, las organizaciones sociales (siendo asociaciones cívicas, benéficas,

comunitarias, sindicales, etc.) son las formas de organización de la sociedad, que

tienen como objetivo promover los intereses de sus miembros y del grupo social que

representan, pero sobre todo conformar, el tejido social, cuya importancia para la

democracia radica en que allí se configuran procesos sociales de movilización y

participación en la conformación, ejercicio y control del poder público (Agudelo

Sedano, 2002, p. 11).

del trámite alternativo de los conflictos y la manera como se deben establecer las

relaciones entre el Estado y la sociedad. (Agudelo Sedano, 2002).

Las organizaciones comunitarias, desde la Constitución de 1991, se asientan en la

participación como principio definitorio del Estado, buscando un papel estratégico en

la construcción de una sociedad democrática, e intentando construir relaciones con el

Estado, que se basen en el derecho de la participación de los ciudadanos en la toma

de decisiones y en la forma de resolver conflictos. Una de las formas de tipificarlas, es

de acuerdo a su ámbito social, lo cual permite ubicar a las OPD en una de estas de

acuerdo al contexto en que se desenvuelven. Estas, según Agudelo Sedano (2000),

pueden ser Primarias (

su interés radica sólo en la satisfacción de las necesidades básicas,

sin otra visión del futuro

),

Desarrollo Comunitario (

cuando además de preocuparse por

sus necesidades básicas promueven la integración y la identidad cultural entre sus

miembros

),

Estratégicas

(

aquellas que se preocupan por adquirir capacidades de

movilización, gestión y constitución de redes sociales para incidir en las decisiones públicas y

la solución pacífica de conflictos

).

Se puede aludir que estas juegan un papel decisivo a la hora de buscar soluciones a

las necesidades colectivas y realizar aspiraciones comunes. Ello debido a su misma

dinámica organizativa, que se basa en la definición de nuevos propósitos, nuevas

relaciones que garantizan su unidad, nuevas condiciones materiales y nuevas

significaciones que definen su identidad y la de todos sus integrantes, creando su

significatividad social.

Así, Gonzáles (1996), desde su perspectiva afirma, que el papel crucial jugado por las

organizaciones en el contexto actual obedece a que: representan intereses, fortalecen

y promueven el desarrollo de las comunidades locales.