Medidas dirigidas a favorecer la integración laboral de las personas con discapacidad

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MEDIDAS DIRIGIDAS A FAVORECER

LA INTEGRACIÓN LABORAL

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

María ARETA MARTÍNEZ Universidad de Navarra

SUMARIO

I. INTRODUCCIÓN.

II. MEDIDAS DIRIGIDAS A FOMENTAR LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

1. Los centros ocupacionales. 1.1. Marco jurídico. 1.2. Medidas.

2. El empleo protegido. Los Centros Especiales de Empleo (CEE). 2.1. Marco jurídico.

2.2. Medidas dirigidas a fomentar la integración laboral de trabajadores disca-pacitados a través de Centros Especiales de Empleo.

3. El empleo con apoyo. Los enclaves laborales y proyectos de empleo con apoyo como fórmula de tránsito del empleo protegido al empleo en el mercado ordinario de trabajo.

3.1. Marco jurídico.

3.2. Requisitos para la celebración de enclaves laborales.

3.3. Medidas dirigidas a incentivar la celebración de enclaves laborales. 4. Contratación laboral ordinaria de trabajadores discapacitados.

4.1. Modalidades contractuales de fomento del empleo de trabajadores disca-pacitados.

(2)

4.1.2. Contrato temporal a jornada completa de fomento del empleo para minusválidos.

4.1.3. Contrato temporal de fomento del empleo para minusválidos a jornada completa o parcial.

4.1.4. Contratos formativos.

4.1.5. Transformación en indefinidos de los contratos temporales de tra-bajadores minusválidos.

4.1.6. Contrato de trabajo de interinidad para sustituir bajas por Inca-pacidad Temporal de discapacitados.

4.2. Cuota de reserva de empleo para trabajadores discapacitados.

4.3. Preferencia en la adjudicación de contratos por parte de las Adminis-traciones Públicas a empresas con trabajadores discapacitados.

4.4. El empleo selectivo. 4.5. Otras medidas.

5. Conciliación de la vida familiar y laboral. 5.1. Marco jurídico.

5.2. Medidas dirigidas a conciliar la vida familiar y laboral.

III. BREVE RESEÑA SOBRE EL ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO DE LAS PERSO-NAS CON DISCAPACIDAD.

1. Marco jurídico.

2. La cuota de reserva para personas con discapacidad. 3. Desarrollo de los procesos selectivos.

4. Puestos de trabajo.

5. Participación de las personas con discapacidad en los cursos de formación. 6. Realización de convenios o contratos con otras entidades para facilitar la

integra-ción en el sector público de las personas con discapacidad.

7. Información estadística sobre el acceso de personas con discapacidad al empleo público.

IV. CONCLUSIÓN. V. ABREVIATURAS.

I. INTRODUCCIÓN

Uno de los objetivos prioritarios de las actuales políticas de empleo es la incor-poración efectiva al mercado de trabajo de los colectivos con especiales dificultades, entre los cuales ocupan un lugar destacado las personas con discapacidad(1).

(3)

Con ocasión del Año Europeo de las personas con discapacidad (2003)(2), a la

luz de las directrices marcadas por el Derecho internacional y comunitario y de los objetivos marcados por el Plan de Acción para el empleo del Reino de España (2004)(3), el II Plan de empleo para las personas con discapacidad (2002-2004)(4)y

el II Plan de Acción para las personas con discapacidad (2003-2007)(5), se han

venido perfeccionando, desarrollando y adoptando una serie de medidas en nuestro Ordenamiento Jurídico interno tendentes a garantizar una mejor integración de las personas con discapacidad en el ámbito del acceso al empleo y la ocupación. Estas medidas se ordenan no sólo a través de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, sino también a través de la actuación de los interlocutores sociales por medio de la negociación colectiva(6).

El principio de igualdad de trato y no discriminación por razón de discapacidad en el ámbito del acceso al empleo y la ocupación constituye el punto de partida en el tratamiento de esta materia, y se reconoce ya de forma expresa a todos los niveles:

En el Derecho internacional:

— Convenio de la OIT núm. 111, sobre la discriminación (empleo y ocupa-ción), adoptado el 25 de junio de 1958 y ratificado por España el 26 de octubre de 1967 (publicado el 4 de diciembre de 1968), prohíbe la discrimi-nación en el acceso a los medios de formación profesional, la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones, así como, también, en las condiciones de trabajo, si bien es cierto que no menciona expresamente la discriminación por razón de discapacidad.

(2) La Decisión 2001/903/CE, de 3 de diciembre de 2001, del Consejo de la Unión Europea, que declaró el año 2003 «Año Europeo de las Personas con Discapacidad» (DO L 335, de 19 de diciembre de 2001).

(3) Plan de Acción para el empleo del Reino de España 2004, aprobado por el Consejo de Ministro el 19 de septiembre de 2003. Directriz 7, de conformidad con la Decisión del Consejo 2004/740/CE, de 4 de octubre de 2004, relativa a las Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO Serie L 326, de 29 de octubre de 2004).

(4) II Plan de Empleo 2002-2004, de 3 de diciembre de 2002, para las personas con discapacidad entre el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y el Comité Español de Representantes de Minusváli-dos (CERMI). Apartado II, sobre Formación e Inserción Laboral; Apartado III, sobre Contratación e Inserción Laboral y Apartado IV, sobre Promoción de la Iniciativa Empresarial. Consúltese también el Plan de Empleo para las Personas con Discapacidad en el SigloXXI, aprobado por el Comité Ejecutivo

del CERMI el día 13 de noviembre de 2000.

(5) II Plan de Acción para las Personas con Discapacidad, aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de diciembre de 2003. Área 2: Políticas Activas de Inserción Laboral de las Personas con Discapacidad.

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— El Convenio de la OIT núm. 181, sobre Agencias de Empleo Privadas, adoptado el 19 de junio de 1997 y ratificado por España el 19 de mayo de 1999 (publicado el 13 de septiembre de 1999), dispone en su artículo 5.1 que «con el fin de promover la igualdad de oportunidades y de trato en materia de acceso al empleo y a las diferentes profesiones, todo Miembro velará para que las agencias de empleo privadas traten a los trabajadores sin discriminación alguna por razones de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional, origen social o cualquier otra forma de dis-criminación cubierta en la legislación y la práctica nacionales, tales como la edad o la discapacidad».

— La Resolución de las Naciones Unidas 46/96, de 20 de diciembre de 1993, relativa a Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, dispone en su artículo 7.1 que «las disposicio-nes legislativas y reglamentarias no deben discriminar contra las personas con discapacidad ni interponer obstáculos a su empleo».

En el ámbito de la Unión Europea:

— El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea contempla en su artícu-lo 13.1 una cláusula general de no discriminación por razón de discapa-cidad(7).

— La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea(8) prohíbe

toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de discapacidad (artículo 21). Así mismo, su artículo 26 señala que «la Unión reconoce y respeta el derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su par-ticipación en la vida de la comunidad». La plena inclusión de la Carta de Derechos Fundamentales en el Tratado por el que se establece una Cons-titución para Europa (Parte II) hace que aquélla adquiera carácter vincu-lante y, con ella, los artículos concernientes de modo directo a la discapa-cidad(9).

— El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, además de incorporar la Carta de Derechos Fundamentales, recoge una cláusula

hori-(7) El contenido del artículo 13 fue modificado por el Tratado de Niza. Vid., versión consolidada del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (DO Serie C 325, de 24 de diciembre de 2002). El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea quedará derogado tras la entrada en vigor del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa (artículo IV.437.1 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa).

(8) DO Serie C 364, de 18 de diciembre de 2000.

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zontal de lucha contra la discriminación por motivos de discapacidad en su artículo III.118(10).

— La Directiva 2000/78/CE, del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación(11), tiene por objeto establecer un marco general para

luchar contra la discriminación por motivos de discapacidad.

— En la Segunda Conferencia Europea de Ministros responsables de políticas de integración de personas con discapacidad, celebrada en Málaga los días 7 y 8 de mayo de 2003, y bajo el título Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad:conseguir una política coherente y por la plena participación, los Ministros declararon que «la igualdad de acceso al em-pleo es un factor clave de participación social, así como la integración de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, preferentemente en el mercado de trabajo ordinario; debería en consecuencia estimularse, siendo nuestra prioridad por tanto la evaluación de las capacidades y la aplicación de políticas activas, y que la diversificación de la mano de obra por la promoción del acceso de las personas con discapacidades al mercado de trabajo ordinario supone un triunfo para la sociedad» (apartado 23). A través de dicha declaración se comprometieron a: 1) «mejorar la integración de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo haciendo hincapié en la evaluación de las aptitudes, en particular las aptitudes profesionales a la vez que les facilita el acceso al trabajo» (apartado 36), y 2) «poner en marcha los medios necesarios para conseguir la auténtica igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y un participación activa de las mujeres y jóvenes con discapacidad en el campo de la enseñanza y de la formación, el empleo, la política social, la participación en la toma de decisiones, la sexualidad, la representación social, la maternidad y la vida familiar, y para prevenir la violencia» (apartado 39).

— A través de la Resolución del Consejo, de 15 de julio de 2003, sobre el fomento del empleo y de la inclusión social de las personas con discapaci-dad(12), se invita a los Estados Miembros y a la Comisión, en el ejercicio de

sus respectivas competencias a: 1) «proseguir los esfuerzos para eliminar los obstáculos para la integración y la participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad», 2) «eliminar los obstáculos que impidan la participación de las personas con discapacidad en la vida social y, en particular, en la vida laboral, y prevenir que se levanten nuevos obstáculos», 3) «reflexionar acerca de la necesidad de nuevas medidas para fomentar el empleo y la inclusión social de las personas con discapacidad en la

socie-(10) El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa entrará en vigor el 1 de noviembre de 2006, siempre que se hayan depositado todos los instrumentos de ratificación o, en su defecto, el primer día del segundo mes siguiente al del depósito del instrumento de ratificación del último Estado signatario que cumpla dicha formalidad (artículo IV.447.2 del Tratado).

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dad», así como 4) «considerar la posibilidad de tomar medidas a escala nacional y europea, (...) para fomentar el empleo de las personas con discapa-cidad».

— La Decisión del Consejo 2003/578/CE, de 22 de julio de 2003, relativa a las Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros(13), señala

que «el acceso al mercado de trabajo constituye una prioridad muy impor-tante para las personas con discapacidad (unos 37 millones de personas en la UE), muchas de las cuales tiene la capacidad y el deseo de trabajar». Con el triple objetivo de: 1) pleno empleo, 2) la calidad y productividad económica y 3) garantizar la coherencia entre los dos objetivos anteriores; la Directriz 7 se centra en «promover la integración de las personas desfavorecidas en el mercado de trabajo y combatir la discriminación de que son objeto». Para ello, los Estados miembros fomentarán la integración en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad desarrollando su empleabilidad, aumentando las oportunidades de trabajo e impidiendo todas las formas de discriminación contra ellos(14). En este sentido, la Recomendación del

Con-sejo, de 14 de octubre de 2004, sobre aplicación de las políticas de empleo de los Estados miembros(15), señala que «la evaluación del Grupo

Euro-peo de Empleo y el análisis contenido en el Informe conjunto sobre el empleo acerca de la aplicación de las Directrices de la UE y de las

recomen-(13) DO Serie L 197, de 5 de agosto de 2003. La Decisión del Consejo 2004/740/CE, de 4 de octubre de 2004, relativa a las Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO Serie L 326, de 29 de octubre de 2004), señala en su artículo único que, «se mantienen las Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros establecidas en el anexo de la Decisión 2003/2003/CE del Consejo, de 22 de julio de 2003».

(14) Para lograr la plena efectividad del principio de igualdad de trato y no discriminación por razón de discapacidad, el Plan Nacional de Acción para el Empleo del Reino de España (2004) señala que la legislación española se ha adaptado al contenido de las Directivas comunitarias sobre la materia, poniéndose en marcha distintas medidas:

— Se ha incluido la atención a una persona con discapacidad como razón que permite a un trabajador acceder a la excedencia por cuidado de familiares con reserva de puesto de trabajo. — Se han incrementado las bonificaciones al empresario por contratación indefinida de

trabajado-res discapacitados.

— Se han determinado los mecanismos necesarios para establecer enclaves laborales para los trabajadores con discapacidad severa.

— El CES ha elaborado un Informe sobre «La situación de las personas con discapacidad en España», en el que se realiza un diagnóstico de la situación de las personas con discapacidad en España.

— Se mantienen los incentivos fiscales en el IRPF para los trabajadores activos discapacitados, a través de una elevación de reducciones y de la exención de la totalidad de prestaciones de desempleo y, en el IS, la deducción por contratación de trabajadores discapacitados (ver Direc-triz octava).

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daciones del Consejo de 2003 ponen de manifiesto que España debería dar prioridad inmediata a: Atraer a más personas al mercado de trabajo y hacer del trabajo una verdadera opción para todos», aumentando la cobertura y la eficacia de las medidas activas del mercado de trabajo para las personas desfavorecidas, en particular las personas con discapacidad.

En el Derecho interno y entre las normas más significativas en la materia: — Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos(16). Su

artículo 37.1, modificado por el artículo 38 LMFAOS/2004, dispone que «se-rá finalidad primordial de la política de empleo de los trabajadores con disca-pacidad su integración, en condiciones que garanticen la aplicación del prin-cipio de igualdad de trato, en el sistema ordinario de trabajo o, en su defecto, su incorporación al sistema productivo mediante la fórmula especial de tra-bajo protegido». A tal efecto se entiende por principio de igualdad de trato la ausencia de toda discriminación directa o indirecta basada en la discapaci-dad.

— El artículo 17.1 del ET, modificado por el artículo 37.cuatro de la LMFAOS/ 2004, señala que «quedarán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las deci-siones unilaterales del empresario que contengan discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad».

— La LMFAOS/2004 dedica la sección 3.ª del capítulo III, del título II a «estable-cer medidas para que el principio de igualdad de trato y no discriminación sea real y efectivo en el acceso al empleo», y supone, a tal efecto, la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón de la discapacidad. — La negociación colectiva ha prestado atención a esta cuestión y muchos

con-venios colectivos incorporan en sus cláusulas normativas el reconocimiento expreso del principio de igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de discapacidad en el acceso al empleo(17).

(16) BOE núm. 103, de 30 de abril de 1982.

(17) Un sector destacado es el de limpieza de edificios y locales:

— Artículo 11 del Convenio Colectivo provincial de trabajo aplicable al sector de Industrias de Tintorería y Limpieza de Ropa, Lavanderías y Planchado de Ropa de Zamora (Código 4905605) (BO de Zamora núm. 65, de 31 de mayo de 2004).

— Artículo 32 del Convenio Colectivo para las Actividades de Limpieza, Abrillantado y Pulimen-to de Edificios y Locales de Salamanca (Código 3700295) (BO deSalamancanúm. 178, de 2 de agosto de 2002).

— Artículo 16 del Convenio Colectivo Provincial para el Sector de Limpieza de Edificios y Locales de Valladolid (Código 4700275) (BO de Valladolidnúm. 221, de 26 de septiembre de 2002).

— Artículo 38 del Convenio Colectivo del Sector de Limpieza de Edificios y Locales de Palencia (Código 3400275) (BO dePalencianúm. 154, de 23 de diciembre de 2002. Corr. err., BO de

Palencia núm. 7, de 15 de enero de 2003).

— Artículo 40 del Convenio Colectivo Provincia de Limpieza de Edificios o Locales de Segovia (Código 4000255) (BO de Segovia núm. 62, de 23 de mayo de 2003).

— Artículo del Convenio Colectivo del Sector de Limpieza de Edificios y Locales de Soria (BO de

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II. MEDIDAS DIRIGIDAS A FOMENTAR LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El artículo 7.2 de la Resolución de las Naciones Unidas 46/96, de 20 de diciem-bre de 1993, relativa a Normas Uniformes sodiciem-bre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, dispone que «los Estados deben apoyar activamente la integración de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. Este apoyo activo se podría lograr mediante diversas medidas como, por ejemplo, la captación profesional, los planes de cuotas basadas en incentivos, el empleo reservado, présta-mos o subvenciones para empresas pequeñas, contratos de exclusividad o derecho de producción prioritarios, exenciones fiscales, supervisión de contratos u otro tipo de asistencia técnica y financiera para las empresas que empleen a trabajadores con discapacidad. Los Estados han de estimular también a los empleadores a que hagan ajustes razonables para dar cabida a personas con discapacidad».

Recientemente, el 7 de diciembre de 2004, el Comité Económico y Social en su Dictamen sobre la modernización de la protección social para crear más y mejores empleos(18), señalaba que «la discapacidad física y mental reduce significativamente

la oferta de trabajo, particularmente entre los trabajadores de entre 50 y 70 años, que son los destinatarios principales de una estrategia europea para hacer que el trabajo sea rentable». En este contexto, se advierte que, «aun protegiendo y atendiendo las necesidades de las personas con discapacidad, es esencial que en todos los Estados miembros exista una mayor cooperación para observar y mejorar los intercambios de mejores prácticas en materia de política de discapacidad. También es fundamental que exista un marco abierto de coordinación de buenas prácticas y acciones positivas para proporcionar unos subsidios que fomenten el empleo por cuenta ajena o propia de quienes sufren cualquier forma de discapacidad física o mental» (apartado 2.7).

Destaca igualmente:

— El Sector del comercio: artículo 27 del Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector de Comercio Metal de Palencia (Código 3400085) (BO dePalencianúm. 12, de 27 de enero de 2003); artículo 23 del Convenio Colectivo de Trabajo del Sector de Comercio de Soria (BO de

Sorianúm. 44, de 21 de abril de 2003) y artículo 25 del Convenio Colectivo Provincial del Comercio en General de Segovia (Código 4000085) (BO de Segovia núm. 116, de 26 de septiembre de 2003).

— También el Sector de la Hostelería: artículo 5 del Convenio Colectivo de la Actividad de Hostelería de Ávila (Código 0500065) (BO de Ávila núm. 128, de 6 de julio de 2004). — Artículo 18.II del Convenio Colectivo Sectorial de Empresas Concesionarias de Fibra Óptica

(Código 9912605) (BOE núm. 230, de 23 de septiembre de 2004).

— Artículo 9 del Convenio Colectivo de ámbito estatal de Administraciones de Lotería (Código 9900075) (BOE núm. 180, de 27 de julio de 2004).

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El artículo 49 de la CE, establece la obligación de los poderes públicos de llevar a cabo una «política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especia-lizada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que su título I otorga a todos los ciudadanos, entre los que se encuentra el derecho al trabajo» (artículo 35 de la CE).

En el marco del Plan de Acción para el empleo del Reino de España (2004), el II Plan de Empleo para las personas con discapacidad (2002-2004) y el II Plan de Acción para las personas con discapacidad (2003-2007), y de los diversos Planes aprobados a nivel autonómico, se han venido adoptando una serie de medidas en el ámbito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social que tienen por finalidad potenciar la inserción de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo y en el ámbito de la Administración Pública.

A continuación, se abordan las medidas dirigidas a la integración de las perso-nas con discapacidad en el mercado laboral como trabajadores por cuenta ajena:

1) Centros ocupacionales.

2) Empleo protegido (centros especiales de empleo y relación laboral especial). 3) Tránsito del empleo protegido al empleo ordinario (enclaves laborales). 4) Integración en el mercado ordinario de trabajo.

— Modalidades contractuales de fomento de la contratación laboral de trabajadores con discapacidad.

— Cuota de reserva de empleo.

— Preferencia en la adjudicación de contratos por parte de las Administra-ciones Públicas.

— Empleo selectivo. — Otras medidas.

5) Conciliación de la vida familiar y laboral.

Tal como reflejaba el Comité Económico y Social europeo en su dictamen de 26 de febrero de 2004(19), las personas discapacitadas precisan a menudo de

condicio-nes especiales que les permitan y les faciliten su incorporación o permanencia en el mercado de trabajo. Para ello, no basta con sensibilizar a todos los grupos sociales, sino que también deben crearse las condiciones adecuadas en materia de política económica y de personal. El objetivo prioritario de las medidas dirigidas a este colectivo debe ser la integración sostenible en todas las formas de empleo.

Finalmente, se hace breve referencia a la incorporación de las personas discapa-citadas en el ámbito de la Administración Pública.

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1. LOS CENTROS OCUPACIONALES

1.1. Marco jurídico

— Artículo 41.2 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos(20).

— Real Decreto 2274/1985, de 4 de diciembre, por el que se regulan los centros ocupacionales(21).

— Orden de 23 de julio de 1986, por la que se crea el registro de centros ocupacionales(22).

— Resolución de 5 de febrero de 2001, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre la Consejería de Trabajo y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, para la construc-ción, equipamiento y remodelación de centros ocupacionales de discapacita-dos psíquicos.

1.2. Medidas

Los centros ocupacionales tienen por finalidad asegurar servicios de terapia ocupacional y de ajuste de personal y social a los minusválidos cuando, debido al grado de incapacidad, no puedan integrarse en un centro especial de empleo (empleo protegido) o en el mercado ordinario de trabajo. Estos establecimientos tienen por objeto el desarrollo personal de los minusválidos en orden a lograr, dentro de sus posibilidades, la superación de los obstáculos que la minusvalía les supone para la integración social.

2. EL EMPLEO PROTEGIDO. LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO (CEE)

El objetivo prioritario de las políticas de empleo en esta materia es que las personas con discapacidad obtengan empleo en el mercado ordinario de trabajo (privado, público o autónomo) y, sólo cuando por razón de la naturaleza o de las consecuencias de su minusvalía no puedan realizar una actividad productiva ordina-ria, se incorporarán al mercado de trabajo mediante la fórmula especial del trabajo protegido a través de la prestación de servicios en CEE mediante la correspondiente relación laboral de carácter especial.

2.1. Marco jurídico

A) Relación laboral de carácter especial e inclusión en el correspondiente Régimen de Seguridad Social:

(11)

— Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos(23):

artículos 37, 41.1 y 44.

— Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, que regula la relación laboral de carácter especial de los minusválidos que trabajen en los Centros Especiales de Empleo(24).

— ET: artículo 2.1.g).

— LGSS: disposición adicional segunda. B) Centros Especiales de Empleo (CEE): a) Normativa estatal:

— Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos(25):

artículos 42, 43 y 45.

— Orden de 16 de marzo de 1983, por la que se establecen las condiciones que han de reunir las empresas protegidas, los centros especiales de empleo y los centros especiales de iniciación productiva para obtener su calificación e inscripción en el registro correspondiente de la Secretaría General de la Unidad Administradora del Fondo Nacional de Protección al Trabajo y para ratificar la situación registral de las empresas protegidas y Centros Especia-les de Empleo(26).

— Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-mento de Centros Especiales de Empleo definidos en el artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos(27).

— Orden de 16 de octubre de 1998, que establece las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de los minusválidos en centros especiales de empleo y trabajo autónomo(28).

— Real Decreto 2388/2004, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2005(29).

— Circular 3/004/2003, de 24 de marzo, de la Dirección General de la Tesore-ría General de la Seguridad Social, sobre bonificación de cuotas a Centros Especiales de Empleo por ocupación de trabajadores minusválidos(30).

(23) BOE núm. 103, de 30 de abril de 1982.

(24) BOE núm. 189, de 8 de agosto de 1985. Corr. err., BOE núm. 211, de 3 de septiembre de 1985.

(25) BOE núm. 103, de 30 de abril de 1982.

(26) BOE núm. 72, de 25 de marzo de 1983. Corr. err., BOE núm. 90, de 15 de abril de 1983. (27) BOE núm. 294, de 9 de diciembre de 1985.

(28) BOE núm. 279, de 21 de noviembre de 1998. (29) BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2004.

(12)

b) Normativa autonómica:

Andalucía:

— Decreto 141/2002, de 7 de mayo, sobre incentivos, programas y medidas de fomento a la creación de empleo y al autoempleo(31): artículo 14.

— Orden de 4 de octubre de 2002, que desarrolla los incentivos al fomento del empleo en Centros Especiales de Empleo(32).

Asturias: Resolución de 28 de mayo de 2003, que establece las bases regulado-ras de la concesión de subvenciones al fomento del empleo y la integración del minusválido(33).

Castilla La Mancha: Orden de 15 de mayo de 1998, que regula los Servicios de los Centros de Base de Atención a Personas con Discapacidad(34): artículo 1.c).

Castilla y León: Orden EYE/1904/2004, de 15 de diciembre, que convoca ayudas económicas, cofinanciadas en sus Programas IV y V por el Fondo Social Europeo, contenidas en el IV Plan Sectorial Regional de discapacitados para el año 2005(35):

— Programa I: Proyectos generadores de empleo estable para trabajadores discapacitados en CEE.

— Programa II: Mantenimiento de puestos de trabajo de las personas con discapacidad en CEE.

Extremadura: Decreto 48/2004, de 20 de abril, que aprueba el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad de Extremadura(36).

Galicia: Orden de 5 de abril de 2002, sobre Programas de fomento en empresas de economía social, para promoción del autónomo y para integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales y trabajo autónomo(37).

Progra-ma de apoyo a la creación, ampliación y Progra-mantenimiento de centros especiales de empleo.

(31) BO de la Junta de Andalucía núm. 71, de 18 de junio de 2002. (32) BO de la Junta de Andalucía núm. 132, de 12 de noviembre de 2002. (33) BO del Principado de Asturias núm. 142, de 20 de junio de 2003. (34) BO de Castilla-La Mancha núm. 23, de 22 de mayo de 1998. (35) BO de Castilla y León núm. 246, de 23 de diciembre de 2004. (36) DO de Extremadura núm. 48, de 27 de abril de 2004.

(13)

La Rioja: Orden de 26 de abril de 2004, que aprueba las bases reguladoras para la concesión de ayudas al programa de fomento del empleo de personas con discapa-cidad en centros especiales de empleo y empresas normalizadas(38).

Valencia: Ley 11/2003, de 10 de abril, que aprueba el Estatuto de las Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana(39): artículo 26.

c) Convenios Colectivos de ámbito empresarial (CEE):

— Convenio Colectivo de Centros Especiales de Trabajadores Disminuidos Físicos y/o Sensoriales de Cataluña (Código 79011565)(40).

— Convenio Colectivo de trabajo para la empresa CEE Iniciativas Carolinen-ses, S.L. (Código 2301422)(41).

— Convenio Colectivo de Centros Especiales de Empleo de Galicia (Código 8200775)(42).

Existe un tipo de relación laboral de carácter especial para los trabajadores minusválidos empleados en los CEE. La prestación de servicios a través de dicha relación laboral da lugar a su inclusión en el Régimen correspondiente de la Seguri-dad Social. Podrán ser contratados a través de esta relación laboral especial las personas que, teniendo reconocida una minusvalía en grado igual o superior al 33% y, como consecuencia de ello, una disminución de su capacidad de trabajo al menos igual o superior a dicho porcentaje, presten servicios laborales por cuenta y dentro de la organización de los CEE.

Los CEE son empresas cuya finalidad principal es proporcionar a los trabaja-dores discapacitados la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecua-do a sus características personales y que facilite la integración laboral de éstos en el mercado ordinario de trabajo. Los CEE pueden tener carácter público o priva-do, con o sin ánimo de lucro. Es necesario que estén inscritas en el Registro corres-pondiente.

2.2. Medidas dirigidas a fomentar la integración laboral de las personas discapacitadas

en Centros Especiales de Empleo

Con la finalidad de fomentar la integración laboral de los trabajadores minusvá-lidos en CEE se han previsto subvenciones, ayudas y bonificaciones a la Seguridad

(38) BO de La Rioja núm. 56, de 1 de mayo de 2004.

(39) BOE núm. 122, de 22 de mayo de 2003 y DO de laGeneralitat Valenciananúm. 4479, de 11 de abril de 2003. Corr. err., DO de laGeneralitat Valenciananúm. 4486, de 24 de abril de 2003.

(40) DO de la Generalitat de Cataluña núm. 4233, de 6 de octubre de 2004. (41) BO de Jaén núm. 76, de 2 de abril de 2003.

(14)

Social dirigidas a aquellos centros productivos que sean calificados como CEE, por tener en su plantilla, al menos, un 70% de trabajadores discapacitados, y consis-ten en:

— Ayudas para financiar parcialmente proyectos generadores de empleo (crea-ción o amplia(crea-ción de centros) consistentes en:

• Subvenciones para asistencia técnica.

• Subvención parcial de intereses de los préstamos que obtengan de entida-des de crédito, públicas o privadas, que tengan suscrito convenio. La subvención financiera será de hasta 3 puntos de interés.

• Subvención para inversión fija en proyectos de reconocido interés social.

La subvención no podrá superar los 12.020,24 euros por puesto de trabajo creado de carácter estable si el centro supera el 90% de trabajadores minusvá-lidos de la plantilla.

La subvención no podrá superar los 9.015,18 euros por puesto de trabajo creado de carácter estable si el centro está comprendido entre el 70% y el 90% de trabajadores minusválidos de la plantilla.

— Ayudas para el mantenimiento de puestos de trabajo en CEE. El empresario goza de los siguientes beneficios:

• Subvención de coste salarial: 50% del SMI vigente, por puesto de trabajo ocupado por minusválido que realice una jornada de trabajo normal y esté de alta en el sistema de Seguridad Social.

• Bonificación del 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social, incluidas las de accidente de trabajo y enfermedad profesional y las cuotas de recaudación conjunta.

• Subvención para adaptación de puestos de trabajo y eliminación de ba-rreras arquitectónicas. La subvención no podrá superar el coste real y será un máximo de 1.803,04 euros por los gastos que originen tales con-ceptos.

• Subvención destinada a equilibrar y sanear financieramente a los centros especiales de empleo para que alcancen niveles de productividad y rentabi-lidad que garanticen su viabirentabi-lidad y estabirentabi-lidad.

• Subvención dirigida a equilibrar el déficit presupuestario de aquellos CEE, que carezcan de ánimo de lucro, sean de utilidad pública e imprescindibi-lidad.

(15)

3. EL EMPLEO CON APOYO. LOS ENCLAVES LABORALES Y PROYECTOS DE EMPLEO CON APOYO COMO FÓRMULA DE TRÁNSITO DEL EMPLEO PROTEGIDO AL EMPLEO EN EL MERCADO ORDINARIO DE TRABAJO

3.1. Marco jurídico

A) Normativa estatal:

— Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapa-cidad(43).

B) Normativa autonómica:

— Andalucía: Decreto 85/2003, de 1 de abril que establece Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía(44): artículo 11, sobre

con-tratación de trabajadores discapacitados a través de empresas colabora-doras.

— Castilla y León: Orden EYE/1904/2004, de 15 de diciembre, que regula los incentivos para la contratación por empresas colaboradoras de trabajadores del enclave laboral (Programa VI)(45).

— Valencia: Ley 11/2003, de 10 de abril, que aprueba el Estatuto de las Perso-nas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana(46): artículo 27 (Empleo

con apoyo y enclaves laborales).

Por enclave laboral se entiende el contrato celebrado entre una empresa del mercado ordinario de trabajo, llamada empresa colaboradora, y un CEE para la realización de obras o servicios que guarden relación directa con la actividad normal de aquélla y para lo cual un grupo de trabajadores con discapacidad del CEE se desplaza temporalmente al centro de trabajo de la empresa colaboradora.

Se pretende que los trabajadores discapacitados contratados por un CEE pueden acceder al mercado ordinario de trabajo de manera paulatina y adaptada, de tal forma que el enclave laboral se conforma como un paso intermedio entre el empleo protegido del CEE y el mercado ordinario de trabajo.

(43) BOE núm. 45, de 21 de febrero de 2004.

(44) BO de la Junta de Andalucía núm. 79, de 28 de abril de 2003. (45) BO de Castilla y León núm. 246, de 23 de diciembre de 2004.

(16)

3.2. Requisitos para la celebración de enclaves laborales

Para la celebración de enclaves laborales es preciso que:

Los CEE:

— Lleven inscritos en el registro, al menos, seis meses y que en los seis meses anteriores a la celebración del enclave laboral hayan desarrollado una activi-dad de forma continuada.

— Mantengan una actividad propia como tales CEE.

— Podrán ser empresas colaboradoras cualquiera del mercado de trabajo que formalice con un CEE el contrato del enclave laboral.

— Respecto de los sujetos destinados al enclave serán los trabajadores discapa-citados del CEE sujetos a relación laboral especial. Al menos, el 75% de los trabajadores del enclave deberá tener una antigüedad mínima de tres años en el CEE. Se consideran trabajadores con discapacidad que presentan especia-les dificultades de acceso al mercado laboral a tal efecto:

S Las personas con parálisis cerebral, las personas con enfermedad mental

o las personas con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%.

S Las personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de

minus-valía reconocido igual o superior al 65%.

S Las mujeres con discapacidad no incluidas en los apartados anteriores

con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%.

3.3. Medidas dirigidas a incentivar la celebración de enclaves laborales

Algunas Comunidades Autónomas, como Castilla y León, dan ayudas económi-cas para las empresas colaboradoras ubicadas en la Comunidad de Castilla y León, que contraten por tiempo indefinido a trabajadores discapacitados provenientes de un CEE que presenten especiales dificultades para el acceso al mercado ordinario de trabajo por encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

— Parálisis cerebral, enfermedad mental o persona con discapacidad intelec-tual, con grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%. — Discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía reconocido igual

o superior al 33%.

Las ayudas económicas consistirán en:

— Subvención por importe de 7.814 euros por cada contrato de trabajo por tiempo indefinido y a jornada completa que celebre la empresa colaborado-ra. Si el contrato fuera a tiempo parcial, la subvención se reducirá proporcio-nalmente según la jornada de trabajo realizada.

(17)

4. CONTRATACIÓN LABORAL ORDINARIA DE TRABAJADORES DISCAPACITADOS

4.1. Modalidades contractuales de fomento del empleo de trabajadores discapacitados

Un bloque importante de medidas consisten en el reconocimiento y concesión de una serie de incentivos-beneficios económicos a las empresas que incorporen en su plantilla a trabajadores con discapacidad a través de alguna de las modalidades de contratación laboral ordinaria previstas como fomento de empleo de este colecti-vo. Con carácter general, para que el empresario resulte beneficiario de tales medi-das es necesario que el trabajador:

— Tenga un grado de minusvalía igual o superior al 33% y esté reconocido como tal por el Organismo competente, según lo dispuesto en la disposición adicio-nal sexta de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, adminis-trativas y del orden social, tras la redacción dada por la disposición adicional cuarta de la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad(47).

— Se encuentre inscrito en la Oficina Pública como demandante de empleo. — El contrato de trabajo se formalizará por escrito en el modelo oficial que se

establezca al efecto.

Marco jurídico:

— LPGE/2004: artículo 97.nueve.2.A).a) y b) párrafo 4.º.

— Orden TAS/368/2004, de 12 de febrero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004(48): artículos 27.2.1.1

y 28.1 párrafo 4.º.

La mayoría de las Comunidades Autónomas han asumido competencias en materia de inserción laboral y fomento del empleo regulando ayudas destinadas a subvencionar las diferentes modalidades de contratos de fomento de la contratación de trabajadores discapacitados. El marco jurídico contemplado en algunas de ellas es el siguiente:

Andalucía:

— Decreto 141/2002, de 7 de mayo, sobre incentivos, programas y medidas de fomento a la creación de empleo y al autoempleo(49): artículo 13.

(47) BOE núm. 289, de 3 de diciembre de 2003. (48) BOE núm. 43, de 19 de febrero de 2004.

(18)

— Orden de 24 de junio de 2002, por la que se desarrollan los incentivos al Empleo Estable regulados en el Decreto 141/2002, de 7 de mayo(50). Última

modificación por la Orden de 23 de marzo de 2004(51).

Aragón:

— Decreto 47/2004, de 9 de marzo, sobre promoción de la contratación estable y de calidad(52). Su capítulo V prevé ayudas dirigidas a las empresas que

contraten por tiempo indefinido y a jornada completa a trabajadores disca-pacitados (artículo 7, sobre contratación indefinida de trabajadores minusvá-lidos y artículo 9, sobre subvención del contrato temporal de fomento de empleo celebrado con trabajadores discapacitados).

Asturias:

— Resolución de 6 de marzo de 2003, que establece las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la contratación indefinida de personas con discapaci-dad(53): base cuarta.

Cantabria:

— Orden de 13 de marzo de 2002, que adapta el procedimiento de gestión de ayudas y subvenciones sobre fomento del empleo reguladas en el Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo de 1983 (BO de Cantabrianúm. 58, de 26 de marzo de 2002).

Castilla y León:

— Orden EYE/1903/2004, de 15 de diciembre, por la que se convocan las ayudas para el año 2005 para la promoción de empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales(54)(Anexo I. Sección 1.ª: incorporación como socios

trabajadores o de trabajo de personas desempleadas discapacitadas inscritas en el Servicio Público de Empleo).

— Orden EYE/1904/2004, de 15 de diciembre, que convoca ayudas económi-cas, cofinanciadas en sus Programas IV y V por el Fondo Social Europeo, contenidas en el IV Plan Sectorial Regional de discapacitados para el año 2005(55):

S

El Programa IV de la Orden hace referencia al Fomento e integración de trabajadores con discapacidad en empresas ordinarias.

(50) BO de la Junta de Andalucía núm. 85, de 20 de julio de 2002. (51) BO de la Junta de Andalucía núm. 77, de 21 de abril de 2004. (52) BO de Aragón núm. 34, de 22 de marzo de 2004.

(19)

— Resolución de 17 de diciembre de 2004, relativa al fomento del autoempleo en sectores de nuevos yacimientos de empleo, fomento del autoempleo de mujeres en profesiones u ocupaciones con menor índice de empleo femeni-no y de la contratación del primer trabajador por parte de autófemeni-nomos o profesionales que carezcan de trabajadores por cuenta ajena(56):

S

Programa II: Fomento de la contratación del primer trabajador.

— Resolución de 17 de diciembre de 2004, por la que se convocan subvencio-nes para el año 2005, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas a la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad y adaptación de sus puestos de trabajo o dotación de medios de protección personal(57):

S

Programa I, sobre contratación indefinida y transformación en

indefini-dos de contratos de trabajadores discapacitaindefini-dos.

— Resolución de 17 de diciembre de 2004, por la que se convocan subvencio-nes para el año 2005, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en los programas de fomento de empleo estable para jóvenes, mujeres y colectivos que presentan especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo(58):

S

Programa II: Fomento del Empleo Estable de Colectivos que presentan dificultades de acceso al mercado laboral; entre los que se encuentran los trabajadores de 25 o más años inscritos como desempleados, que tengan reconocida una minusvalía física, psíquica o sensorial, igual o superior al 33% [artículo 5.3.g)].

Cataluña:

— Orden TRI/349/2004, de 29 de septiembre, que aprueba las bases regulado-ras que deben regir el programa de inserción laboral de personas con dismi-nución y personas con dificultades de inserción laboral, y se abre la convo-catoria para el año 2004 (DO de laGeneralitat de Catalunyanúm. 4233, de 6 de octubre de 2004).

Extremadura:

— Decreto 180/2001, de 20 de noviembre, que establece el programa de fo-mento de la contratación indefinida por las PYMES, empresas de la econo-mía social y otras entidades (BO de Extremadura núm. 137, de 27 de no-viembre de 2001).

— Orden de 23 de junio de 2003, que adapta las previsiones sobre procedi-miento de concesión de las ayudas y subvenciones sobre fomento del em-pleo de los trabajadores minusválidos regulados en el Real Decreto

(20)

1451/1983, de 11 de mayo de 1983, a las especialidades que se derivan de la Organización Autonómica Extremeña (BO de Extremadura núm. 77, de 3 de julio de 2003).

Antes de analizar cada una de las modalidades contractuales que se recogen a continuación, existe una medida particular en materia de cotización por desempleo, que es común a todas ellas. Desde el 1 de enero de 2004, el tipo de cotización por desempleo en los contratos de trabajo, cualquiera que sea la modalidad, realizados con trabajadores discapacitados que tengan reconocido un grado de minusvalía no inferior al 33% será del 7,55%, del que el 6,00% será a cargo de la empresa y el 1,55% a cargo del trabajador, en todos los Regímenes de Seguridad Social que tengan cubierto tal contingencia(59). Este es el tipo de cotización por desempleo

más bajo de los tres previstos por la normativa (los otros dos tipos son del 8,30% y 9,30%).

4.1.1. CONTRATO INDEFINIDO DE TRABAJADORES MINUSVÁLIDOS O SU INCORPORACIÓN COMO SOCIOS A COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO

A) Normativa estatal:

— Artículos 7-12 del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que se regula el empleo selectivo y medidas de fomento de empleo para trabajado-res minusválidos(60), tras las modificaciones operadas por:

S

Real Decreto 4/1999, de 8 de enero, que modifica el artículo 7 (aparta-do 1) del Real Decreto 1451/1983, que en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos(61).

S

Real Decreto 170/2004, de 30 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos(62).

Modifica los artículos 7.1, 8 y 12 e incorpora la disposición adicional segunda.

— Orden de 13 de abril de 1994, que regula la concesión de las ayudas y subvenciones sobre fomento del empleo de los trabajadores minusválidos,

(59) La LPGE/2005, ha mantenido el mismo tipo de cotización. El artículo 100.Nueve.2.A).a) prevé el tipo de cotización por desempleo será del 7,55% para los contratos, cualquiera que sea la modalidad utilizada, realizados con trabajadores discapacitados.

(21)

establecidas en el capítulo II del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo de 1983(63).

— Disposición adicional primera de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad(64).

— Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Disposición adicional quinta, según redacción dada por el número 4 de la disposición adicional quinta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad(65).

— Artículo 41 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que aprue-ba el Texto Refundido del Impuesto sobre Sociedades(66).

Esta modalidad contractual se ha incorporado expresamente en algunos conve-nios colectivos(67).

B) Medidas dirigidas a incentivar esta modalidad contractual:

El empresario que contrate a un trabajador minusválido por tiempo indefinido, así como la Cooperativa de Trabajo Asociado que lo incorpore como Socio resulta-rán beneficiados por los siguientes incentivos:

— Subvención por cada contrato de trabajo indefinido celebrado con minusvá-lidos:

S

Por importe de 3.907 euros si el contrato indefinido se celebra a jornada completa.

S

Cuando el contrato se concierte a tiempo parcial, la subvención se reduci-rá proporcionalmente a la jornada pactada.

— Subvención para la adaptación de puestos de trabajo o dotación de medios de protección personal para evitar accidentes laborales al trabajador o para eliminar barreras u obstáculos que impidan o dificulten el trabajo, por im-porte de hasta 901,52 euros.

(63) BOE núm. 107, de 5 de mayo de 1994. (64) BOE núm. 164, de 10 de julio de 2001. (65) BOE núm. 298, de 13 de diciembre de 2002. (66) BOE núm. 61, de 11 de marzo de 2004.

(67) Artículo 26 del Convenio Colectivo de la Industria de Hostelería y Turismo de Cataluña para el período 1 de mayo de 2004 a 30 de abril de 2007 (Código 7900275) (DO de laGeneralitat de Catalunyanúm. 4247, de 26 de octubre de 2004); artículo 25 del Convenio Colectivo del Metal de Cuenca (Código 1600185) (BO deCuencanúm. 127, de 3 de noviembre de 2003); artículo 11.D) del Convenio Colectivo del Sector de Aparcamientos y Garajes de Murcia (Código 3002505) (BO de la

Región de Murcianúm. 100, de 2 de mayo de 2003); y artículo 9 del Convenio Colectivo de trabajo del Sector Masas Congeladas de Cataluña para los años 2002-2004 (Código 7900965) (BO de la

(22)

— Subvenciones para la formación profesional de los trabajadores minusvá-lidos.

— Deducción en la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades, por importe de 6.000 euros por cada persona/año de incremento del promedio de la plantilla de trabajadores minusválidos contratados por tiempo indefinido, experimen-tando durante el período impositivo, respecto a la plantilla media de trabaja-dores minusválidos con dicho tipo de contrato del período inmediatamente anterior.

— Bonificación en las cuotas empresariales a la Seguridad Social incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y las cuotas de recauda-ción conjunta, durante toda la vigencia del contrato (ya sea a jornada com-pleta o a tiempo parcial), en las siguientes cuantías:

S

70% por cada trabajador menor de 45 años. En el caso de contratación de mujeres minusválidas, dicho porcentaje será del 90%.

S

90% por cada trabajador mayor de 45 años. En el caso de contratación de mujeres minusválidas, dicho porcentaje será del 100%.

C) Requisitos necesarios para aplicar tales medidas: — Respecto del trabajador minusválido es necesario que:

S

En los veinticuatro meses anteriores a la fecha de la contratación no haya prestado servicios mediante un contrato indefinido en la misma empresa, grupo de empresas o en empresas a las que la empresa contratante haya sucedido en virtud de lo establecido en el artículo 44 del ET.

S

No hayan finalizado su relación laboral de carácter indefinido en el plazo de tres meses previos a la formalización del contrato.

S

No quede sujeto a una relación laboral de carácter especial. — La empresa beneficiaria de tales medidas queda obligada a:

S

Mantener la estabilidad de los trabajadores minusválidos contratados por un tiempo mínimo de 3 años y, en caso de despido procedente, deberán sustituirlos por otros trabajadores minusválidos.

S

Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

D) Otras cuestiones de interés son:

— Estos contratos podrán acogerse a la indemnización por despido de 33 días de salario por año de servicio y hasta un máximo de 24 mensualidades.

4.1.2. CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA DE FOMENTO DEL EMPLEO PARA MINUSVÁLIDOS A) Marco Jurídico:

(23)

minusváli-dos(68). Artículo 12 y disposición adicional segunda, modificado uno e

in-corporada la otra, respectivamente, a través del Real Decreto 170/2004, de 30 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos(69).

— Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas del orden social(70): artículo 44.Uno.1.c) y artículo 44.Dos.1.a), modificado por

la disposición final cuarta de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de me-didas de reforma económica(71).

— Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social(72). Disposición adicional sexta, de aplicación según lo

dispues-to en la disposición adicional tercera de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad(73).

B) Contenido de la medida:

— Bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante toda la vigencia del contrato:

S

75%, con carácter general.

-- Si el contrato se celebra con mujeres minusválidas de edad igual o superior a 45 años, las empresas tendrán una bonificación del 90% en la cotización empresarial por contingencias comunes, y del 80%, en caso de que sea menor de dicha edad.

-- Si es el primer trabajador en la plantilla desde el 1 de enero de 2004, la reducción de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingen-cias comunes será del 100%.

— Subvenciones por la contratación (varían por Comunidades Autónomas). — Subvención para la adaptación de puestos de trabajo o dotación de medios de protección personal para evitar accidentes laborales al trabajador o para eliminar barreras u obstáculos que impidan o dificulten el trabajo, por im-porte de hasta 902 euros.

(68) BOE núm. 133, de 4 de junio de 1983. (69) BOE núm. 27, de 31 de enero de 2004.

(70) BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1994. Corr. err., BOE núm. 40, de 16 de febrero de 1995.

(24)

C) Requisitos para aplicar la medida a los contratos temporales de fomento de empleo para minusválidos:

— La duración del contrato bonificado no podrá ser inferior a doce meses ni superior a tres años. Si se celebra por un plazo inferior al máximo estableci-do podrá prorrogarse antes de su terminación por períoestableci-dos no inferiores a doce meses.

— Respecto del trabajador minusválido contratado es necesario que:

S

No haya estado contratado en la empresa con posterioridad a 1 de enero de 2003.

S

No sea pariente por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o de quienes ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad y las que se produzcan con estos últimos.

D) Otras cuestiones:

— Para que la empresa resulte beneficiaria es necesario que no haya amortiza-do puestos de trabajo desde el 1 de enero de 2004 por despiamortiza-do improcedente, expediente de regulación de empleo o despido por causas objetivas basado en el artículo 52.c) del ET. Si durante la vigencia de las contrataciones la empresa amortizase puestos de trabajo por alguna de tales causas perderá el derecho a la reducción de cuotas derivadas de dichas contrataciones, debien-do ingresar, a partir del momento en que se haya producidebien-do la amortización, las cuotas empresariales por contingencias comunes establecidas con carác-ter general.

— A la terminación del contrato el trabajador tendrá derecho a una indemniza-ción de 12 días de salario por año de servicio.

— Existe posibilidad de obtener la indemnización por despido de 33 días de salario por año de servicio y hasta un máximo de 24 mensualidades.

4.1.3. CONTRATO TEMPORAL DE FOMENTO DE EMPLEO PARA MINUSVÁLIDOS A JORNADA COMPLETA O PARCIAL

En la Comunidad Autónoma de Castilla y León se conceden ayudas económicas a las empresas con ámbito de actuación en dicha Comunidad Autónoma que:

— Contraten a trabajadores con un grado de minusvalía igual o superior al 33% que no hayan mantenido relación laboral de ningún tipo con la empresa en los 6 meses anteriores a la contratación subvencionable.

— La duración de los contratos sea igual o superior a 1 año y a jornada comple-ta o parcial. En caso de celebrarse el contrato a tiempo parcial, la jornada de trabajo será igual o superior al 50% de la jornada ordinaria.

(25)

La cuantía de estas ayudas es una indemnización a tanto alzado por importe de 2.705 euros por puesto de trabajo ocupado por trabajadores discapacitados. En caso de contratos a tiempo parcial dicha cuantía se reducirá en proporción al prorrateo que resulte de aplicar sobre la jornada ordinaria a tiempo completo de 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.

La cuantía mencionada se podrá incrementar en un 10% si el trabajador discapa-citado contratado:

— Ha trabajado en un CEE ubicado en la Comunidad Autónoma. — Tiene una discapacidad psíquica o sensorial.

4.1.4. CONTRATOS FORMATIVOS A) Marco Jurídico:

— Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, que regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de trabajadores minusválidos(74):

artícu-lo 13. También su artícuartícu-lo 12 y disposición adicional segunda, modificado uno e incorporada la otra, respectivamente, a través del Real Decreto 170/2004, de 30 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos(75).

— ET: artículos 11 y 12.2 y disposición adicional segunda.

— Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artícu-lo 11 del Estatuto de artícu-los Trabajadores en materia de contratos forma-tivos(76).

— Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad(77):

dispo-sición adicional décima.

B) Medidas:

1. Comunes al contrato en prácticas y al contrato para la formación:

— Las empresas tendrán derecho a una reducción, durante toda la vigencia del contrato, del 50% de la cuota empresarial de la Seguridad Social correspondiente a las contingencias comunes, siempre que el contrato se celebre a tiempo completo (el contrato para la formación se celebra

(26)

siempre a tiempo completo, ya que la norma excluye expresamente su celebración a tiempo parcial).

— Subvención para la adaptación de puestos de trabajo o dotación de medios de protección personal para evitar accidentes laborales al traba-jador o para eliminar barreras u obstáculos que impidan o dificulten el trabajo, por importe de hasta 901,52 euros.

2. Características singulares del contrato para la formación de minusválidos, respecto del régimen general:

— El límite máximo de edad (21 años) para celebrar el contrato no será de aplicación cuando se concierte con trabajadores minusválidos [artículo 11.2.a) del ET].

— Los trabajadores minusválidos contratados para la formación no serán computados a efectos de fijar el número máximo de contratos para la formación que las empresas puedan celebrar (artículo 7.2 del Real De-creto 488/1998, de 27 de marzo, que desarrolla el artículo 11 del Estatu-to de los Trabajadores).

— Cuando el trabajador contratado para la formación sea una persona con discapacidad psíquica, la formación teórica podrá sustituirse, total o parcialmente, previo informe de los equipos multiprofesionales de valo-ración correspondientes, por la realización de procedimientos de rehabi-litación o de ajuste personal y social en un centro psicosocial o de rehabilitación sociolaboral [artículo 11.2.e), párrafo 5.º del ET](78).

3. Características singulares del contrato en prácticas para trabajadores minus-válidos, respecto del régimen general:

— Podrá concertarse dentro de los seis años siguientes a la terminación de los correspondientes estudios, frente a la regla general que establece su celebración dentro de los cuatro años siguientes (artículo 11.1 del ET y artículo 1.2 del Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo, que desarro-lla el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores).

4.1.5. TRANSFORMACIÓN EN INDEFINIDOS DE LOS CONTRATOS TEMPORALES DE TRABAJADORES MINUSVÁLIDOS

A) Medidas:

— En el caso de contratos transformados en indefinidos a tiempo completo, la empresa disfruta de:

S

Una subvención por importe de 3.907 euros.

(27)

S

Una bonificación en las cuotas empresariales a la Seguridad Social inclui-das las de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y las cuotas de recaudación conjunta, durante toda la duración del contrato, en las si-guientes cuantías:

-- 70% por cada trabajador menor de 45 años. -- 90% por cada trabajador mayor de 45 años.

— En el caso de contratos transformados en indefinidos a tiempo parcial la empresa resulta beneficiaria de:

S

Una subvención por importe de 3.907 euros, prevista para la conversión en indefinido a tiempo completo, se reducirá proporcionalmente a la jornada pactada.

S

Una bonificación en las cuotas empresariales a la Seguridad Social inclui-das las de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y las cuotas de recaudación conjunta, durante toda la duración del contrato, en las si-guientes cuantías:

-- 70% por cada trabajador menor de 45 años. -- 90% por cada trabajador mayor de 45 años.

Para que las empresas disfruten de la subvención y bonificación en las cuotas a la Seguridad Social, por la transformación en indefinidos de contratos temporales celebrados con minusválidos es preciso que:

— Mantengan la estabilidad de los trabajadores minusválidos contratados por un tiempo mínimo de 3 años y, en caso de despido procedente, deberán sustituirlos por otros trabajadores minusválidos.

4.1.6. CONTRATO DE TRABAJO DE INTERINIDAD PARA SUSTITUIR BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE DISCAPACITADOS

A) Marco jurídico: — ET: artículo 15.1.c).

— Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, que desarrolla el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en materia de contra-tos de duración determinada(79).

— Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad(80):

dispo-sición adicional novena.

(28)

B) Medida:

Las empresas que contraten trabajadores a través de un contrato de interinidad para sustituir a trabajadores minusválidos que tengan suspendido su contrato de trabajo por incapacidad temporal, y durante todo el período de tiempo que persista dicha causa de suspensión, tendrán derecho a una bonificación, durante todo el período de vigencia del contrato, del 100% de las cuotas empresariales a la Seguri-dad Social incluidas las de accidente de trabajo y enfermeSeguri-dad profesional y en las aportaciones empresariales de las cuotas de recaudación conjunta.

4.2. Cuota de reserva de empleo para trabajadores discapacitados A) Marco jurídico:

a) Normativa estatal:

— Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos(81):

artículo 38.1.

— Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, que regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de trabajadores minusválidos(82): artículo 4.

— ET: artículo 17.3.

— Real Decreto 27/2000, de 14 de enero, que establece las medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del 2% a favor de trabajadores discapacitados en empresas de 50 o más trabajadores(83).

— Orden de 24 de julio de 2000, que regula el procedimiento administrativo referente a las medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del 2% en favor de trabajadores discapacitados en empresas de 50 o más trabajadores reguladas por el Real Decreto 27/2000, de 14 de enero de 2000(84).

b) Normativa autonómica:

— Orden de 12 de diciembre de 2000, sobre adaptación de la Orden de 24 de julio de 2000, que regula el procedimiento administrativo referente a las me-didas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del 2% a favor de trabajadores discapacitados en empresas de 50 ó más trabajadores(85).

(81) BOE núm. 103, de 30 de abril de 1982. (82) BOE núm. 133, de 4 de junio de 1983. (83) BOE núm. 22, de 26 de enero de 2000. (84) BOE núm. 190, de 9 de agosto de 2000.

(29)

B) Medidas.

Las empresas públicas o privadas con 50 o más trabajadores reservarán en las contrataciones que realicen el 2% de puestos de trabajo a personas con discapacidad:

— En ese 2% no podrán computarse los trabajadores readmitidos en la empresa que hubieran cesado en ella por habérseles reconocido una Incapacidad Permanente Parcial, Total o Absoluta y después de haber recibido prestacio-nes de recuperación profesional hubieran recobrado su plena capacidad la-boral.

— Los trabajadores contratados para cubrir dicha cuota tendrán la condición legal de minusválido, reconocida por el organismo competente correspon-diente y estarán inscritos en el registro de la oficina pública de empleo. — En algunos convenios colectivos amplían la cuota de reserva de plazas para

trabajadores discapacitados hasta un 3%(86), un 4%(87) y el 5%(88).

— En el sector de la construcción y obras públicas, considerando que las actividades y trabajos en las obras comportan riesgos para la salud y seguri-dad de los trabajadores, el cómputo del 2% se realizará sobre el personal adscrito a centros de trabajo permanentes(89).

Las empresas pueden quedar excepcionalmente exentas de la obligación de reserva de plazas, adoptando alguna de las siguientes medidas alternativas:

— Realización de un contrato mercantil o civil con un centro especial de em-pleo, o con un trabajador autónomo discapacitado, para el suministro de materias primas, maquinaria, bienes de equipo, o de cualquier otro tipo de

(86) En este sentido, vid., artículo 19 del X Convenio Colectivo de Centros de Asistencia, Atención, Diagnóstico, Rehabilitación y Promoción de Personas con Discapacidad (Código 9900985) (BOE núm. 43, de 19 de febrero de 2003), extendiendo la cuota de reserva al 3%.

(87) Artículo 4 del II Convenio Colectivo para las Empresas de Atención Especializada en el ámbito de la Familia, Infancia y Juventud, en la Comunidad Valenciana (Código 8000545) (DO de la

Generalitat Valenciana núm. 4821, de 17 de agosto de 2004).

(88) Por ejemplo, amplían la cuota de reserva hasta un 5%: artículo 30 del Convenio Colectivo del Sector de Industrias de Confección de Peletería de Cataluña para los años 2003-2005 (Código 7900305) (DO de laGeneralitat de Cataluñanúm. 3928, de 18 de julio de 2003); artículo 53 del Convenio Colectivo estatal de la Industria del Calzado (Código 9900805) (BOE núm. 207, de 29 de agosto de 2002); artículo 18 del Convenio Colectivo del Campo de Albacete (Código 0200015) (BO deAlbacetenúm. 107, de 19 de septiembre de 2003) y artículo 48 del Convenio Colectivo estatal para Industrias de Curtidos, Correas y Cueros (BOE núm. 34, de 9 de febrero de 1994).

(30)

bienes necesarios para el normal desarrollo de la actividad de la empresa que opta por esta medida.

— Realización de un contrato mercantil o civil con un centro especial de em-pleo, o con un trabajador autónomo discapacitado, para la prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa. — Realización de donaciones y de acciones de patrocinio, siempre de carácter

monetario, para el desarrollo de actividades de inserción laboral y de crea-ción de empleo de personas con discapacidad, cuando la entidad beneficiaria de dichas acciones de colaboración pública cuyo objeto social sea, entre otros, la formación profesional, la inserción laboral o la creación de empleo a favor de los minusválidos que permita la creación de puestos de trabajo para los mismos y finalmente su integración en el mercado de trabajo.

Estas medidas alternativas deberán estar previstas mediante acuerdos recogidos en la negociación colectiva o, a falta de acuerdo, se adoptarán por decisión volunta-ria del empresario.

4.3. Preferencia en la adjudicación de contratos por parte de las Administraciones Públicas a empresas

con trabajadores discapacitados A) Marco jurídico:

a) Normativa estatal:

— Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas(90):

disposición adicional octava.

— Orden de 17 de diciembre de 2001, que aprueba la instrucción sobre el establecimiento de criterios de preferencia en la adjudicación de contratos sobre la base de la integración de las personas con discapacidad en las plantillas de las empresas licitadoras(91).

— Orden AEX/3119/2002, de 25 de noviembre, que aprueba los criterios de preferencia en la adjudicación de contratos a empresas licitadoras con perso-nal discapacitado en su plantilla(92).

— Orden FOM/3557/2003, de 10 de diciembre, por la que se aprueba la ins-trucción sobre el establecimiento de criterios de preferencia en la adjudica-ción de contratos sobre la base de la integraadjudica-ción de las personas con discapa-cidad en las plantillas de las empresas públicas(93).

(90) BOE núm. 148, 21 de junio de 2000. Corr. err., BOE núm. 227, de 21 de septiembre de 2000.

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