LA DINÁMICA DEL SECUESTRO POLÍTICO EN COLOMBIA UNA APROXIMACIÓN CUANTITATIVA
INGRID JOHANA MOLINA BERBEO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA
LA DINÁMICA DEL SECUESTRO POLÍTICO EN COLOMBIA UNA APROXIMACIÓN CUANTITATIVA
INGRID JOHANA MOLINA BERBEO
DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO
CESAR CABALLERO Politólogo
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN ... 1
2. EL PROBLEMA ... 3
2.1 Justificación ... 4
3. METODOLOGÍA ... 6
3.1 Descripción de la base: ... 6
3.2 Construcción de la base de datos para este trabajo: ... 7
4. LA VIOLENCIA POLÍTICA EN COLOMBIA ... 9
4.1 La regionalización en el marco de la relación violencia-política... 11
4.2 Elecciones y violencia ... 13
5. EL SECUESTRO COMO FORMA ESPECÍFICA DE VIOLENCIA ... 18
5.1 El marco legal ... 18
5.2 Una definición de secuestro ... 20
5.3 La literatura y la descripción del secuestro en Colombia ... 22
6. RESULTADOS ... 27
7. CONCLUSIONES ... 39
REFERENCIAS ... 41
1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo tiene como objetivo realizar una estimación sobre el volumen y características del secuestro de personas con algún nivel de representatividad política, en el periodo 1980-2009 que permita una descripción cuantitativa del secuestro político en Colombia. Cuenta con cuatro objetivos específicos:
1. Construir una base de datos para el periodo 1980-2009 respecto a casos de secuestro político en Colombia.
2. Determinar cuáles han sido los movimientos y partidos políticos más afectados. 3. Describir los patrones regionales del secuestro político.
4. Describir las principales características de las víctimas de secuestro político.
Colombia se ha caracterizado por una larga persistencia de diversas formas de violencia. La literatura es amplia en indagar la forma como ella es utilizada como un mecanismo de acción política. Sin embargo y a pesar del alto volumen de secuestros que han ocurrido en el país, son pocos los estudios que abordan la relación entre el secuestro, como una de las formas de violencia, y la política.
Uno de ellos, realizado por la Fundación Seguridad y Democracia, presenta los resultados de una base de datos que contiene 724 casos de secuestro político para el periodo 1998-2006. Esta monografía presenta como uno de sus resultados principales una base de datos de secuestro político con 2.130 casos.
El cuarto capítulo construye un marco de referencia para conocer la forma como se ha entendido, en la literatura, la relación entre violencia y política en Colombia. Se enfatiza en la perspectiva regional como la forma más adecuada para entender la dinámica del secuestro político en el país.
El quinto capítulo tiene tres propósitos específicos: exponer el marco legal del secuestro; presentar la definición que este trabajo adopta y dar a conocer su caracterización, haciendo énfasis en el secuestro político y en la geografía de este delito que varios estudios han tratado de realizar.
2. EL PROBLEMA
El problema de investigación de este trabajo de grado se inserta en la relación entre violencia y política que ha caracterizado al país en diferentes etapas de su formación como Estado y Nación. La política en Colombia se ha configurado como arena de fenómenos violentos como las guerras bipartidistas del siglo XIX o el periodo de La Violencia de los años 50, mientras que los grupos guerrilleros, el paramilitarismo o el narcotráfico han encontrado en la política la manera de incidir en las decisiones públicas del país. La política ha adoptado formas violentas para eliminar la oposición y ejercer control y la violencia ha tomado representaciones políticas para obtener participación y representatividad.
La relación entre violencia y política ha sido estudiada desde diferentes perspectivas. Sin embargo, son pocas las aproximaciones académicas que abordan una de las formas específicas más características de violencia en Colombia: el secuestro. Como práctica distintiva se ha convertido en un instrumento de guerra dentro del conflicto armado, empleado en dos sentidos, como fuente de financiación y como forma de presión política. Tradicionalmente se explica la prolongación del conflicto armado por sus dimensiones sociales y económicas. Este trabajo explora la dimensión política de una de las formas de violencia: el secuestro
El propósito de esta investigación es buscar la relación entre secuestro y política, entendiendo el primero como una forma específica de violencia, en un periodo de tiempo determinado: 1980 a 2009. El análisis explora el nivel regional y local. El interrogante que orienta el texto es: ¿cuáles son las características de los secuestros políticos en Colombia? De forma secundaria el trabajo se plantea una serie de preguntas:
1. ¿Se pueden identificar grupos políticos específicos como los más afectados por el secuestro?
2.1 Justificación
El volumen de casos de secuestro en Colombia (Ver Anexo No.1) lo justifica como área de investigación, así como la necesidad de indagar por la razón y sus consecuencias políticas. El tema es pertinente para la ciencia política pues el secuestro contiene en sí una intencionalidad política reflejada no solo en el argumento de un discurso que, en algunos casos intenta justificar una acción, sino también en el ejercicio de esta práctica sobre personas con representatividad política que aspiran o están posesionadas en un cargo público. Es también un medio de consolidación en un territorio específico o una estrategia de control y presión política, de redes de poder configuradas regional y localmente.
Durante el periodo de estudio se pudo identificar el secuestro de 404 alcaldes, ex alcaldes o aspirantes a alcaldías, 380 concejales, ex concejales o aspirantes a concejo y 86 miembros del Congreso de la República.
A pesar de estas evidencias son pocos los esfuerzos académicos para explicar las consecuencias políticas del secuestro. Este delito como estrategia política tiene motivaciones y efectos claros. Tres ejemplos lo ilustran:
1. El secuestro del liberal Víctor Ochoa Daza, político del departamento del César secuestrado por orden del ex jefe del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, Jorge 40, presuntamente por una petición, del ahora ex senador Álvaro Araújo Castro y su padre Álvaro Araújo Noguera con el fin de lograr el apoyo del grupo político de Ochoa a la lista del Senado de Araújo Castro para las elecciones de Congreso de 2002 (Verdad Abierta.com, 2009, 17 de abril).
3. El secuestro de los 12 diputados de la Asamblea del Valle del Cauca1 el 12 de
Abril de 2002 a manos de las FARC que terminó con el asesinato de 11 de ellos el 18 de Junio de 2007 y la liberación del único sobreviviente el 5 de Febrero de 2009.
Se aborda un escenario departamental y municipal ya que el efecto del secuestro y en general, de la violencia política, se evidencia de forma diferenciada sobre regiones específicas del país dependiendo del grupo armado ilegal que haga presencia en la zona. Como lo indica la Fundación de Seguridad y Democracia (2006, p.6), los alcaldes, concejales y funcionarios municipales y departamentales son las víctimas principales de la violencia política en tanto se presentan como un eslabón importante de movilización de electorado para las campañas a Congreso y como un factor importante para el estudio de la violencia respecto a la lucha por el poder local.
Este trabajo es una contribución a los estudios con una larga trayectoria en Colombia sobre violencia política y efectos electorales. Pretende realizar dos aportes centrales: primero, la construcción de una base de datos sobre secuestro político que aporte un mayor volumen de casos identificados respecto a otros estudios sobre el tema. Segundo, realizar una descripción sobre filiación política, características regionales y personales del secuestro político en Colombia.
3. METODOLOGÍA
Para este análisis, se considera en primer lugar, la presentación de una revisión de literatura respecto a la relación violencia y política teniendo en cuenta su acentuada manifestación en el nivel regional y local con el fin de evidenciar las formas políticas tomadas por la violencia en la historia de Colombia. Dentro de esta revisión se pretende evidenciar el secuestro como práctica específica de violencia política y como un tema poco estudiado y caracterizado desde la ciencia política.
Posteriormente, como objetivo principal de esta investigación, se desarrolla el acopio de un volumen considerable de datos que además de tener casos identificados de secuestro, logre proporcionar información respecto a ciertas variables útiles para el análisis. Por ello, el aporte más significativo del trabajo es la construcción de una base de datos que sirva para posteriores análisis y pueda ser complementada por los mismos.
Por lo anterior este trabajo de grado fundamenta su análisis cuantitativo sobre una parte de la base de datos en proceso de construcción desde 2008, del Proyecto Secuestro de la firma Cifras y Conceptos S.A.; Treinta años del secuestro en Colombia Una visión estadística (1980-2010). La base de datos de dicho proyecto construida a partir de una metodología de fuentes contrastadas, intenta contribuir a los problemas de medición estadística del secuestro: la información fragmentada, el subregistro y la escasa información que existe de este delito antes de los años noventa.
3.1 Descripción de la base:
juzgamiento). La investigación se basó en la información obtenida, principalmente, de cinco categorías:
- Información sobre la víctima: Con el fin de identificar la víctima en relación con su nombre completo, número de veces secuestrado, edad, actividad económica, cargo, antecedentes laborales y filiación política, intentando encontrar en estas tres últimas variables una justificación para indicar que el secuestro se explica por representatividad o vinculación política.
- Información sobre el momento de secuestro: Para determinar fecha de secuestro, lugar de secuestro (departamento, municipio y lugar exacto), motivo argumentado por el secuestrador y relato del secuestro.
-Información sobre el secuestrador: Con el fin de establecer quién es el autor, ya sea confirmado o presunto.
-Exigencias: Orientado hacia el análisis de las peticiones de los secuestradores para la libertad del secuestrado para analizar el contenido político de las mismas.
-Circunstancias de desenlace: Para analizar la información sobre tipo de desenlace, fecha, lugar (departamento, municipio y lugar exacto y tiempo de secuestro).
3.2 Construcción de la base de datos para este trabajo:
Posteriormente se realizó un segundo trabajo de selección para reducir el universo de análisis a casos de secuestro político. A partir de la definición presentada en el capítulo de secuestro, los criterios de escogencia de los casos fueron el cargo y ocupación de la víctima, sus antecedentes laborales en algún puesto del escenario público y la filiación política. De este proceso resultaron 2.668 casos de secuestro con alguna vinculación a la esfera pública y política. El trabajo que siguió fue de depuración con el fin de encontrar casos repetidos que pudieran complementarse entre sí para dejar solo un registro del mismo obteniendo 2.130 secuestros políticos registrados desde 1980 hasta 2009.
CUADRO NO. 1
FUENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS DE SECUESTRO POLÍTICO
Fuentes No. de casos
tomados
Total de Casos en cada fuente
Fondelibertad (1996-2009) 1557 24204
Cinep (1978-2000) 744 5735
Voces del secuestro
(información pública 1988-2009) 112 2429
País Libre (1992-2009) 234 5396
Sentencias 21 1700
TOTAL SIN DEPURACIÓN 2668
TOTAL CON DEPURACIÓN 2130
Del total de los casos solo el 6.9% (150 secuestros) contenían inicialmente información sobre filiación política, por ello fue necesario complementar estos datos a partir la de la revisión de los paquetes estadísticos electorales de la Registraduria Nacional desde 1997 hasta 2007, las consultas a 15 parlamentarios y la investigación a través de internet. Obteniendo, finalmente 800 casos con filiación política identificada (38%).
4. LA VIOLENCIA POLÍTICA EN COLOMBIA
La relación entre violencia y política ha jugado un papel principal en la construcción del Estado Nación en Colombia. Gonzalo Sánchez (2000), ha señalado que dicotomías como guerra/política; orden/violencia o violencia/democracia han atravesado la historia del país, constituyendo un escenario donde la guerra, siguiendo el argumento de Clausewitz, hace parte de las relaciones políticas y la política se presta como arena para el desarrollo de la misma guerra.
En el caso colombiano, según Sánchez (p. 20), el vínculo guerra-política ha tomado diferentes formas en la historia. Durante el siglo XIX, las guerras civiles fueron empleadas como el instrumento para alcanzar la independencia, mantener luchas entre caudillos con apoyo popular y fundar tanto el orden político como el jurídico lo cual fortaleció una cultura política de paternalismo y autoritarismo regional y local (p. 25).
La guerra, como manifestación específica de la violencia se consolidó, durante la primera etapa de formación del Estado, en el mecanismo de movilización de los pobres en las zonas rurales a través de los partidos políticos. Para Fernando López-Álves (2003), la hacienda suministraba milicianos y los partidos se convirtieron en vehículos para solucionar el conflicto y canalizar las demandas de un determinado grupo de interés y llevarlas hasta Bogotá. La resolución de problemas de propiedad y distribución de poder sucedía dentro de los límites de la región.
La construcción del Estado pasó por las manos de los partidos políticos y la configuración de una Nación se hizo efectiva sobre las bases de la división. Al respecto, Andrés López Restrepo considera que en esta etapa temprana de formación de Colombia en el siglo XIX:
al conjunto de la población. Socialización fragmentada, sí, porque daba identidad a la población sobre la base de su división” (en Bejarano y Dávila, 1998, p. 37)
La guerra rural tomó matices políticos convirtiéndose en una guerra partidista, donde se configuraron alianzas de élites bajo rótulos de Liberal y Conservador con líderes poco autónomos: la gestión colectiva representaba éxito electoral. La acción colectiva y la lucha armada fortalecieron los partidos políticos, frente a un Estado incapaz de llegar a la población rural y un Ejército Partidista; existía contacto directo entre jefes políticos y oficiales y soldados rasos tanto en Bogotá como en las regiones cuyas élites demandaban la presencia de caudillos y milicias para su protección.
En el periodo denominado La Violencia, la guerra es utilizada como instrumento. Una división entre la sociedad y entre dominados y dominadores fomentará, luego, el surgimiento de una violencia insurrecta con un proyecto mesiánico que se extiende desde la década de los cincuenta por casi toda América Latina. Francisco Leal (citado en 2000, p.40) advierte la existencia de una desmilitarización del conflicto bipartidista hacia una militarización de la polarización social, reflejado en la aparición de grupos guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares.
Fernando Cubides, Ana C. Olaya y Carlos M. Ortiz (1998, p. 19), entienden dentro de esta relación violencia-política, una forma de violencia organizada como un recurso de poder o de negocio, donde intervienen grupos armados organizados, y donde existe un cálculo racional de costo-beneficio y el uso de recursos como tecnología, capital, estructura e información. Además, se identifica dentro de esta categoría una forma de violencia organizada política fundamentada en “fines políticos, o sea relacionados con la distribución del poder, factual o formal en el ámbito de lo público” (p.19) la cual es posible caracterizar principalmente, a partir de la adhesión a un partido o movimiento político o social de la víctima, el tipo de autor y el motivo de los hechos de violencia política. (p. 20)
movilización a cargo de los partidos políticos que construyó una nación acostumbrada a solucionar sus conflictos en los límites de la región y lo local, donde la política, ha sido fácilmente intervenida y reconfigurada a través de la práctica de una violencia que mantiene identidades partiditas y fragmentadas dentro del país.
4.1 La regionalización en el marco de la relación violencia-política.
Al menos cinco trabajos académicos han resaltado la importancia regional y el uso de la violencia con fines políticos.
En su artículo sobre el fenómeno de autoritarismo subnacional en países democráticos, Edward Gibson (2007, julio-septiembre), pone de presente la importancia de la dimensión territorial de la democratización que ha sido poco estudiada. Las investigaciones abordan variables nacionales y escasos estudios tienen en cuenta una “política territorial” que explique “cómo la política se organiza y se dirime a través del territorio” (p. 167) a partir de estrategias de diferentes actores políticos que no pertenecen ni a un espacio ni a un ente territorial únicos. Este proceso configura paulatinamente diferentes arenas y niveles de acción, donde las “estrategias locales pueden ser un medio para la consecución de otros objetivos en el sistema político” (p. 168) al mismo tiempo que permiten el control
de recursos y personas del territorio local.
Para Ingrid Bolívar (2003, p. 10), el Estado es una construcción diferenciada en términos territoriales y sociales puesto que depende de la relación con distintos grupos sociales y diferentes tipos de poder local. En este sentido, “la violencia política puede evidenciar rutas específicas de la configuración del Estado” (p. 8) que llevan a configurar una diferenciación regional y temporal por ejemplo, la época de La Violencia durante el proceso de configuración del Estado en Colombia.
Daniel Pécaut (2003) describe el escenario de lo político, dentro del cual los
éstos tengan de imponer una representación de la política en términos de una división “amigo-enemigo””(p. 20).
Pécaut advierte que,
“los actores revolucionarios tratan de demostrar que la violencia ha sido fabricada por el mismo régimen y por las relaciones sociales de las cuales este último es la expresión para hacer de su propia violencia el único instrumento susceptible de responder a una situación de injusticia fundamental” (p.20)
La violencia se convierte en una herramienta para hacer política que reconfigura las relaciones sociales y redefinen a los actores políticos respecto “a los recursos que controlan, a las regulaciones que mantienen, a los intercambios y conflictos que los ligan a los otros actores” (pp. 23-24). La dimensión de lo netamente político, en este contexto se desdibuja así como los fenómenos violentos se
despolitizan ya sea por prácticas cercanas al bandidaje que se convierten en fines en sí mismo o la mediación de actores ilegales con poder económico en el sistema político2.
Patricia Pinzón de Lewi (1989) aborda el comportamiento electoral de Colombia a partir de la descripción de regiones y municipios. Partiendo de un criterio geográfico, Pinzón encuentra la localización como una característica de la afiliación política que permite establecer patrones de comportamiento electoral homogéneo y delimitar zonas tanto liberales, conservadoras o de filiación no tradicional, a lo largo del país.
Respecto al conflicto armado en Colombia, Camilo Echandía (1999, 2002) presenta un esfuerzo por explorar la presencia de la guerrilla, los grupos paramilitares, cultivos ilícitos, la geografía y tendencias del secuestro y el homicidio con el fin de establecer una práctica de la violencia a nivel regional que
2 Al respecto Daniel Pécaut (p. 23) indica como ejemplo, la “tendencia de los protagonistas políticos (guerrillas, pero también militares o paramilitares), a organizar prácticas como el cobro
sistemático de rescates, después de los secuestros, o la fijación de impuestos a la población” y las
corresponde a las acciones de actores armados determinados y permite hablar de diferentes manifestaciones de una violencia considerada como generalizada.
Este trabajo de grado entiende la importancia del nivel regional y local, pues permite establecer características propias. En el marco de la violencia política, la regionalización expone las diferentes relaciones sociales y de poder que subyacen el dominio de unos recursos, un territorio y una población determinados. Existe un vínculo entre el control de los grupos armados al margen de la ley y el sistema político. Por ello presenta a continuación algunas aproximaciones respecto a los efectos de la violencia como instrumento político y viceversa sobre diferentes momentos de Colombia en elecciones del poder local y legislativo.
4.2 Elecciones y violencia
Ana María Bejarano y Andrés Dávila (1998) atribuyen a las elecciones un papel primordial dentro de un régimen democrático: contribuyen a su continuidad y reproducción, permiten el establecimiento de una institucionalidad específica aun con limitaciones y carencias y, se presentan como un escenario de competencia entre diferentes proyectos políticos.
Las elecciones también reflejan la situación del conflicto armado, “…los comicios locales y regionales han servido también para hacer manifiesta la situación geográfica y territorial del conflicto armado que vive Colombia” (p.78) expresada en las diversas estrategias que los grupos armados emplean.
de apertura democrática el caldo de cultivo para lo que sería un clientelismo armado fomentado por débiles relaciones entre población e instituciones y por la apatía que encontraron los grupos armados dentro de la comunidad. Como segundo argumento, se encuentra que la violencia política ha tenido como víctima central a los representantes de gobiernos locales y regionales. En su Informe Especial de Violencia Política en los procesos Electorales, la Fundación Seguridad y Democracia indica que,
“No son precisamente los congresistas ni los candidatos a Senado y Cámara, los más afectados, al menos en términos absolutos. De hecho estos pueden dejar de hacer campaña en áreas rurales, asunto muy difícil de medir, y se pueden concentrar en la utilización de los medios y hacer más énfasis en las ciudades y en los cascos urbanos. […] Por el contrario, los más afectados son en términos absolutos son los alcaldes y concejales, así como los funcionarios de los municipios y departamentos, que son los que reciben la mayor presión. A este respecto es importante considerar que son un eslabón político muy importante en el desenvolvimiento de las campañas para el Congreso, pues son ellos los que mueven el electorado en los municipios. Si bien a primera vista no son pertinentes para el análisis, bien miradas las cosas, son esenciales a la hora de caracterizar la violencia electoral en las elecciones parlamentarias y más que eso, para describir la violencia asociada a la lucha por el control del poder local.” (2006, p. 6)
De forma complementaria, Gary Hoskin y Miguel García (2003) indican como víctimas principales de la violencia política a los alcaldes y gobernadores y a los partidos no tradicionales, siendo el caso más relevante el de la Unión Patriótica. Mientras que, los congresistas, si bien no son víctimas directas, recientemente, se han visto afectados de manera creciente por los grupos armados.
Para Rodrigo Losada, la práctica de una violencia política no es un fenómeno nuevo,
“dejando de un lado épocas todavía más antiguas, desde el mismo año, 1988,
en que empezó a elegirse mediante voto popular a los alcaldes del país, aparecieron, con intensidad particular en los meses inmediatamente anteriores a los comicios, los fenómenos de asesinatos y secuestros, tanto de alcaldes y concejales municipales, como de quienes aspiraban a sustituirlos” (2000, p.27)
“guerra sucia” y la identificación de la población con los grupos al margen de la ley. Según los datos, desde el inicio de las campañas electorales en 1986, fueron asesinados 140 políticos3 y sólo desde el 1 de Enero hasta el 13 de Marzo de
1988 se registraron 167 casos de atentados contra personas con algún cargo público (p. 65)4.
Los comicios fueron declarados objetivo militar por los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN mientras que los grupos paramilitares llevaron a cabo respuestas violentas a las acciones de la guerrilla (p.82,) empleando como medio fundamental amenazas de muerte a la población y a candidatos de izquierda. En zonas de disputa de territorio entre estos dos actores armados (guerrilla y paramilitares) se presentaron hechos de amenazas, intimidación y secuestros. Sin embargo, en las zonas de control consolidado la estrategia fue de protección al proceso electoral.
Dávila y Corredor, describen la jornada electoral como un escenario donde,
“Tanto la guerrilla como el paramilitarismo buscaron en estas elecciones posicionarse y ganar territorio. Para ello recurrieron a la intimidación y el sabotaje, en las zonas en disputa, y a la protección del proceso en las zonas bajo control. Terror y proselitismo electoral armado fueron combinados indistintamente por los dos principales actores armados irregulares.” (p. 96)
Como consecuencia inesperada de la apertura de canales de descentralización y de la elección popular de alcaldes, los comicios de 1997 evidencian el uso de los canales democráticos por parte de los grupos armados ilegales para hacer evidente el conflicto armado y consolidar su poder en zonas específicas del mapa colombiano ejerciendo control político sobre los representantes del poder local y regional.
Esta incidencia de la violencia sobre la política, y de la notable influencia de los grupos guerrilleros y paramilitares en el poder se agudiza para las elecciones del
3Se incluyen Alcaldes, concejales, candidatos a alcaldía y concejo, consejeros intendenciales, comisariales y diputados.
29 de Octubre de 2000. Fernando Giraldo (2001) advierte, junto con la agudización del conflicto, un debilitamiento de la democracia, una pérdida de la capacidad de representación nacional en manos del Congreso y una
ingobernabilidad afrontada por el poder local y regional condicionado al conflicto armado.
En contraste con las elecciones de 1997, en el proceso electoral de 2000, los grupos armados ilegales permitieron su desarrollo pretendiendo ejercer una participación activa en los mismos. Para el politólogo Rubén Sánchez David (2001) esta estrategia traduce la intención de legitimar políticamente su control militar. Además, el uso de la violencia política es útil para “deslegitimar a los partidos políticos, imponer candidatos, y demostrar su capacidad de control en los municipios y las zonas donde hacen presencia” (p. 15)
En un estudio sobre la táctica adoptada por las FARC en estas elecciones, Rodrigo Losada (2000) concuerda con la explicación de Sánchez David frente al deseo de participar en las elecciones locales por parte del grupo guerrillero. Su interés en los comicios estaría orientado a complementar sus acciones militares, pero además, hacia el intento por demostrar el apoyo a los diálogos de paz que en ese momento se realizaban con el gobierno de Andrés Pastrana y por preparar un espacio electoral hacia un futuro.
En conclusión, la violencia en coyuntura electoral resulta un escenario idóneo para hacer más evidente el vínculo entre violencia y política y el control territorial por parte de grupos armados que encuentran en el nivel local un canal favorable para sus acciones. Así,
5. EL SECUESTRO COMO FORMA ESPECÍFICA DE VIOLENCIA
5.1 El marco legal
Para el caso colombiano, en el marco del Derecho Internacional Humanitario, se aplican el Artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo adicional II de 1977. Las dos normas contemplan la protección a las personas privadas de la libertad por motivos relacionados con el conflicto, pero no reconoce el secuestro. Lo más cercano a ello es la prohibición de la toma de rehenes que es considerada por el Estatuto de la Corte Penal Internacional como un crimen de guerra y definida por la Convención Internacional así:
“Toda persona que se apodere de otra o la detenga y amenace con maltratarla, herirla o mantenerla detenida a fin de obligar a un tercero, a saber, un Estado, una organización internacional intergubernamental, una persona natural o jurídica o un grupo de personas, a una acción u omisión como condición explícita o implícita para la liberación del rehén, comete el delito de toma de rehenes en el sentido de la presente convención” (Asamblea de las Naciones Unidas Convención Internacional contra la toma de rehenes, 1979)
El Código Penal colombiano define condenas sobre aquél que “con ocasión y en
desarrollo de conflicto armado, prive a una persona de su libertad condicionando ésta o su seguridad a la satisfacción de exigencias formuladas a la otra parte, o la utilice como defensa”. Sin embargo, la tendencia del sistema de justicia en el país es tipificar el delito como secuestro pues la noción de toma de rehenes implica el reconocimiento de un carácter político y de la existencia de un conflicto armado interno.
No son pocos los esfuerzos jurídicos que Colombia ha llevado a cabo para tipificar como secuestro un conjunto de conductas. El código penal colombiano ha sufrido diferentes modificaciones orientadas a aumentar la cuota punitiva sobre los victimarios por la vía de la inclusión de atenuantes y agravantes5.
En el marco jurídico de Colombia la primera aproximación al secuestro se realiza bajo la noción de detención privada en el artículo 719 del Código Penal de 1837 que define el castigo legal para aquel que: “…de propia autoridad y sin ejercer alguna pública, arrestare o prendiera a alguna persona para oprimirla, mortificarla, o detenerla en custodia privada…”
Posteriormente, en 1936, se incluye una distinción entre los secuestros con alguna exigencia y otro tipo de motivos, sin hacer referencia explícita al secuestro extorsivo y simple, definiendo sanciones legales en al artículo 305 para aquél que: “…secuestre una persona con el propósito de conseguir para sí o para otro un provecho o utilidad ilícitos…” así como también para quien “… injustamente prive a otro de su libertad, fuera del caso previsto en el artículo anterior”.
En contraste, luego de varias modificaciones en las penas por secuestro, el Código Penal de 1980 establece nuevos penas legales para quien
“arrebate, sustraiga retenga u oculte a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político”
Lo anterior, se define bajo la noción de secuestro extorsivo, mientras que de delimita como secuestro simple el acto de arrebatar, sustraer, retener u ocultar a una persona con propósitos diferentes a los que se mencionan arriba.
Desde éste año en adelante, las modificaciones a la definición no han sido radicales, las transformaciones se concentran más bien, en los atenuantes y agravantes de las penas por secuestro. Así, el Decreto No. 180 de 1988 mantiene como secuestro el acto de arrebatar, sustraer, retener u ocultar a una persona. Mientras que la Ley 40 del 19 de Enero de 1993 agrega a la definición de secuestro extorsivo el acto de arrebatar, sustraer, retener u ocultar a una personalidad de reconocida notoriedad o influencia pública.
Para el código vigente, se mantiene la tipificación de secuestro simple y extorsivo (artículo 168 y 169 respectivamente) para los cuales, entre los agravantes se encuentra el ejecutar el delito sobre una persona a causa de ser periodista, dirigente comunitario, sindical, político, étnico o religioso lo cual configura un secuestro extorsivo político.
5.2 Una definición de secuestro
Para efectos de esta monografía la definición principal de secuestro que se adopta es la propuesta por el proyecto de investigación de la empresa Cifras y Conceptos, Treinta años del secuestro en Colombia, Una visión estadística (1980-2010), la cual entiende por secuestro la “Situación ocurrida en territorio colombiano, en la cual una persona ha sido retenida en contra de su voluntad, sin justificación legal, para obtener algún provecho de la víctima o de un tercero a cambio de su libertad.”
Igualmente, tres aportes específicos del trabajo de Jon Elster (2006), contribuyen a caracterizar de forma más profunda la definición de secuestro de este trabajo de grado.
[image:23.595.64.549.501.725.2]En primer lugar, es posible diferenciar secuestro y toma de rehenes CUADRO No. 2
DIFERENCIA ENTRE SECUESTRO Y TOMA DE REHENES
SECUESTRO TOMA DE REHENES
Los secuestrados son mantenidos en un lugar
secreto con el fin de obtener publicidad y notoriedad Los rehenes están en una situación creada Intención de ser excepcional que termina con la
liberación y la satisfacción de las demandas de los secuestradores. Si el secuestro se es por
dificultades en la negociación
Los rehenes son tratados como garantías de buen comportamiento, por un tiempo
indeterminado
Las demandas realizadas se deben cumplir luego
de la liberación o como condición de la liberación Las demandas se deben realizar durante la retención de los rehenes
Se decide mantener en secreto Se decide hacer público
Fuente: Elster, J. (2004) “Los secuestros en las guerras civiles”. Jon Elster en: Mockus, A. y Cante, F. (comps,),(2006) Acción Colectiva, racionalidad y compromisos previos, Bogotá, Universidad de Los Andes.
En segundo lugar, el secuestro se puede estructurar de forma triádica donde “A secuestra a B para forzar a C a que haga algo que de otra forma no haría” (2006, p. 238) Sin embargo, dentro del trabajo estadístico realizado por Elster, a partir de una base de datos proporcionada por el National Memorial Institute for the Prevention of Terrorism (MIPT)6, el autor encuentra que los secuestros políticos
locales o funcionarios del poder local o regional presentan un esquema diádico: “A secuestra a B para forzarlo a hacer algo que de otra forma B no haría. La intención detrás del secuestro de políticos locales y funcionarios es, claramente atemorizarlos para que abandonen sus cargos” (2006, p. 238)
[image:24.595.11.578.392.575.2]Finalmente, siguiendo a Elster, es posible encontrar, más allá de la distinción legal entre secuestro extorsivo y simple, una tipología de secuestro alternativa, que complementa la idea de secuestro político para este trabajo.
CUADRO No. 3
DEFINICIÓN DE SECUESTRO
Fuente:Elster, J. (2004 Elaboración propia.
La Fundación Seguridad y Democracia (2006, p. 6) considera el secuestro de representantes del poder local en cierta medida, como una fase anterior al homicidio7 donde se ejerce intimidación y amenaza con el fin de exigir rendición de cuentas, contraprestaciones, cuotas burocráticas y manejo del presupuesto
6 MIPT es una organización cuyo propósito es prevenir las acciones terroristas y sus efectos en Estados Unidos. Cuenta con un base de conocimientos sobre terrorismo, de incidentes y organizaciones terroristas (Save Democracy Foundation, 2010)
7 Esta afirmación no implica el secuestro como una etapa necesaria y anterior al homicidio. El asesinato es un posible desenlace de este delito.
SIMPLE
Lograr el control de una
persona retenida CRIMINAL
PRAGMÁTICO Para obtener lucro
Para obtener fondos a favor de la causa revolucionaria
DEMOSTRATIVO POR CONCESIONES
Que bus can publicidad. Bus can producir un efecto con la retención de
las pers onas no con s u liberación (s ólo s ecundariamente)
Que bus can acciones a cambio de la liberación
IDEOLÓGICO
Promover la causa revolucionaria de forma más directa
SECUESTRO
POLÍTICO
público a favor del secuestrador. En adición, la Fundación País Libre (2009, p. 25) considera el secuestro político dentro de la categoría de secuestro extorsivo empleado para el dominio de territorio, presionando sobre cargos y finanzas públicas y con el fin de obtener decisiones estatales a su favor.
A partir de lo anterior, este trabajo de grado se aparta de la definición legal de secuestro y lo define como:
“una retención ilegal ocurrida en territorio colombiano, donde la victima ejerce o está relacionada con algún tipo de liderazgo político regional o nacional. En la mayor parte de los casos tiene una estructura diádica, en la cual se busca infundir temor, amenaza, intimidación y exigencias para afectar la gestión o mostrar el dominio sobre un territorio determinado”.
5.3 La literatura y la descripción del secuestro en Colombia
El secuestro en Colombia tiene sus primeras manifestaciones en el periodo de La Violencia. Sin embargo, empieza a tener un comportamiento ascendente a finales de los años ochenta cuando la guerrilla generaliza esta práctica. (País Libre, 2009). Desde 1997 hasta 2000 se presenta una tendencia ascendente. Después del disparado ascenso de las cifras, a partir de 2001, el número de secuestros empieza a descender de forma constante hasta registrar 79 casos confirmados de secuestro en el 20108.
El alto nivel de secuestros en Colombia es abordado, generalmente, desde la teoría económica del crimen. Daniel Mejía Londoño (en Martínez, 2001) justifica la escalada del secuestro en Colombia a partir de la utilidad que perciben los delincuentes en el momento en que sus exigencias son cumplidas a cambio de la liberación de la víctima:
“la decisión tomada de manera descentralizada por cada familia o firma de pagar por la liberación de una persona secuestrada lleva a que los grupos de secuestradores perciban que aumenta la probabilidad de que en el próximo
secuestro también recibirán la suma de dinero o la concesión política que exijan para la liberación del rehén y el resultado será, para estos grupos, un incentivo cada vez mayor a cometer nuevos secuestros” (2001, p. 214)
Lo anterior, sumado al análisis costo-beneficio de estos actores armados donde el costo que tienen que pagar es mínimo frente al beneficio obtenido, a causa de la debilidad de la justicia. (Echandía, 1999, pp.123-124)
EL uso del secuestro por grupos armados vincula la ilegalidad y la confrontación armada como fuente de recursos económicos. (País Libre, 2009, p. 15) conformando mercados de violencia basados en estrategias específicas, los cuales, para el caso colombiano, fueron fomentados por la incursión de los grupos guerrilleros en los años ochenta que hicieron del secuestro una práctica transable.
Siguiendo una lógica de regionalización, Echandía (1999) encuentra que el secuestro en el periodo 1987-1995 se localiza principalmente en zonas que “se dedican a la agricultura comercial: las de tipo colonización interna y, más recientemente, las de colonización de frontera” (p.128) (Ver Anexos, 2, 3 y4). Para el periodo 1996-2007, la Fundación País Libre (2009) ubica la relación geográfica del secuestro con la confrontación armada.
El estudio expone, la alta correspondencia que existe entre la confrontación armada y la práctica del secuestro estableciendo 150 municipios como los más afectados (Ver Anexo 5) y Antioquia como el departamento con mayor número de secuestros en el periodo 1996-2007. (ver Anexo 6)
Los datos estadísticos respecto al secuestro político son de menor volumen y por lo tanto, las tendencias cuantitativas son menos sólidas que las existentes para el delito en general. No obstante, se han realizado varios esfuerzos para tipificarlo.
de 1988, se registraban 167 víctimas de violencia política incluyendo el secuestro. (Ver anexo 7)
La Fundación Seguridad y Democracia (2006) registra las cifras de secuestro a partir del estudio de tres periodos de tiempo que enmarcan coyunturas electorales.9 Para el primer periodo (julio 1997- junio 1998) se conocen 507
secuestros políticos; en el segundo (julio 2001-junio 2002) 210 políticos son víctimas de este delito mientras que para el periodo que cubre julio de 2005 hasta inicios de abril de 2006, son registrados 7 casos.
Para los tres periodos de estudio la investigación ubica a las FARC y al ELN como los grupos responsables del delito, en primer y segundo lugar respectivamente. Los grupos no identificados se ubican terceros durante 1997-1998, mientras que para los periodos restantes los paramilitares toman este lugar.
Los concejales son las víctimas principales del secuestro durante 1997-1998. En el lapso de tiempo desde 2001 hasta 2002, otros funcionarios del Estado cuya función no está identificada encabezan la lista de víctimas. Para el periodo 2005-2006, tanto concejales como otros funcionarios del Estado son las víctimas principales.
Respecto a la geografía del secuestro político el estudio ubica el mayor número de secuestros políticos en la región nororiente, para el primer y tercer periodo, mientras que para el segundo periodo la zona asediada es el norte. (Ver Anexo 8, 9 y 10)
La localización del secuestro político retoma la importancia de la regionalización como canal de configuración de acciones políticas y relaciones de poder a través de un territorio determinado. El trabajo de María del Rosario Marín (2004) resulta pertinente para esta investigación pues ubica el secuestro político, como práctica violenta que varía dependiendo de la coyuntura electoral y el nivel territorial de la misma. Marín se centra en el estudio de las elecciones de 1997, 2000 y 2003 y en
los secuestros de índole político cometidos por las FARC y el ELN. Basado en los datos del Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal Fondelibertad, para los años estudiados, la variación de las cifras de secuestro indica que este delito tiende a aumentar en la coyuntura electoral, principalmente en la local, menos fuerte en la parlamentaria y considerablemente débil para las elecciones presidenciales. El número de secuestros es menor en tiempos no electorales.
Para 1997 y 2000, los datos que ofrece Fondelibertad no permiten identificar una ocupación específica de las víctimas de secuestro político. Sin embargo, es posible identificar dos motivos del secuestro: 1.Sobre candidatos a cargos públicos para obtener la renuncia a su aspiración y 2. Sobre funcionarios ya elegidos como forma de control de gestión y rendición de cuentas. (2004, p.19)
Existe un punto de quiebre definido por la existencia de un proceso de paz en Colombia. Antes de los diálogos de paz el secuestro es de carácter regional y local para hacer visible el poder ejercido en ciertas zonas del país. Sin embargo, luego del proceso de paz, las víctimas del secuestro político tienen un carácter nacional que entran a hacer parte de un juego de nuevas exigencias como el intercambio humanitario. (p.53)
CUADRO No.4
CAREACTERIZACIÓN DEL SECUESTRO
COMO PRÁCTICA GENERAL COMO PRÁCTICA POLÍTICA
PERIODOS DE TIEMPO
Desde 1997 hasta 2000 se presenta una tendencia ascendente. A partir de 2001, el número de secuestros empieza a descender de
forma constante
Aumenta en coyuntura electoral, el periodo más fuerte de 1997 a 2003
AUTORES La delincuencia común ocupa el primer lugar seguido de las FARC y el ELN Encabezadas por las FARC y el ELN.
DEPARTAMENTOS Antioquia, Valle, Cesar y Cundinamarca. Antioquia, Norte de Santander, Bolívar, Santander, Cesar.
VÌCTIMA Comerciantes, Agricultores y ganadero y miembros de la Fuerza Pública. Concejales, alcaldes y otros funcionarios públicos.
Este capítulo se ha orientado a caracterizar la dinámica del secuestro en Colombia. El esfuerzo por diferenciar la práctica política del grueso de los casos permite entenderla como un recurso de disputa de poder en un territorio determinado. Mientras que el secuestro como práctica generalizada se sitúa principalmente, en regiones económicamente estratégicas, el secuestro político se vincula a un lugar específico, determinado por las relaciones de poder entre los actores principales que generan acciones de respuesta, orientadas a la consecución de metas políticas basadas en el control de la gestión pública sobre los representantes del poder local, evidentes principalmente en coyuntura electoral, generando prácticas políticas específicas en los límites de una región que se articula a un sistema político y democrático mayor.
[image:29.595.43.567.111.299.2]6. RESULTADOS
[image:30.595.113.499.232.391.2]La base de datos de secuestro político en Colombia 1980-2009 cuenta con un total de 2.130 casos. Se exploraron un total de 12 variables. El siguiente cuadro muestra el porcentaje de cubrimiento en cada una de ellas sobre el total de los casos analizados. A causa del bajo porcentaje de las variables de antecedentes laborales y autor confirmado, estas no se incluyen en el análisis
CUADRO No. 5
CUBRIMIENTO DE VARIABLES DE LA BASE DE DATOS (%)
Variable % Variable %
Nombres y apellidos de la víctima 100 Departamento de secuestro 97
Número de veces secuestrado 100 Municipio de secuestro 90
Sexo 100 Motivo argumentado 53
Cargo 51 Autor Presunto 83
Antecedentes laborales 5 Autor Confirmado 7
Filiación Política 38 Desenlace 24
Año de secuestro 97
De los 2.130 casos la gran mayoría son hombres, representando el 87.6%. El 97.37% de las víctimas han sido secuestradas una vez. El 2.63% de casos restantes han sufrido 2 o más secuestros.
Los resultados evidencian que el 77.46% de los secuestros fueron cometidos entre los años 1997-2003 (Ver Anexo 11), periodo en el cual se desarrollan 2 elecciones regionales y locales (1997 y 2000) y dos elecciones presidenciales (1998 y 2002). Vale la pena resaltar que el Informe Especial sobre Violencia Política en los procesos electorales de 1997, 1998, 2002 y 2006 (2006) identificó 724 casos para los años que estudia. Así mismo, para el periodo 1997-2003 registra aproximadamente 717 secuestros políticos.10La base de datos de este trabajo halló 1.650 casos de secuestro político para este mismo periodo de tiempo.
10
Del total de la muestra, 1.298 víctimas fueron en algún momento aspirantes o electas para algún cargo público. Los demás se identifican como víctimas sin cargo de representación, y son funcionarios como inspectores de policía, registradores, personeros, etc.
Los alcaldes, ex alcaldes o aspirantes a serlo, aparecen como las víctimas principales en el universo de secuestro político, 404 casos que representan el 19%. Es de resaltar el volumen de congresistas que han sido víctimas del flagelo contradiciendo lo dicho por la Fundación Seguridad y Democracia: “No son precisamente los congresistas ni los candidatos a Senado y Cámara, los más afectados, al menos en términos absolutos” (2006, p.6). Este estudio encuentra que 87 miembros de esa corporación han sufrido este delito.
[image:31.595.92.527.405.632.2]La magnitud de estas cifras se entiende al reconocer que en cada periodo electoral, hay más de 1.100 alcaldes, más de 10 mil concejales y solo 265 congresistas.
CUADRO No. 6
SECUESTRO POLÍTICO SEGÚN CARGO DE LA VÍCTIMA
Cargo Número de
casos %
Ediles 3 0,1
Gobernadores, ex gobernadores y candidatos a Gobernación 29 1,4
Diputados, ex diputados y candidatos a Asamblea 58 2,7
Congresistas, ex congresista 87 4,1
Alcaldes, ex alcaldes o aspirantes a la Alcaldía 404 19,0
Concejales, ex concejales o aspirantes a Concejo 380 17,8
Políticos y aspirantes a cargo público sin identificar 337 15,8
Funcionarios públicos sin cargo de representación 832 39,1
Total 2130 100,00
el tema por tasas de incidencia sobre 100 mil habitantes11, el panorama es
diferente (Ver Anexo 13), los principales departamentos con secuestro político resultan ser: Caquetá, Cesar, Arauca, Casanare y el Grupo Amazonía12.
[image:32.595.80.569.244.717.2]Pero esta incidencia diferenciada no se presenta solo a nivel de los departamentos. El Cuadro No. 8 muestra 35 municipios dentro de estos departamentos que logran explicar casi el 26% del total de secuestros políticos en el periodo. Con ello se evidencia la importancia no solo de la variable regional
CUADRO No. 7
MUNCIPIOS CON MAYOR NÚMERO DE SECUESTROS POLÍTICOS
Departamento Municipio Número de
casos % Departamento Municipio
Número de
casos %
Antioquia (16.43%)
Yondó 47 2,2
Nariño (6.57%)
Leiva 42 2,0
Medellín 25 1,2 Los Andes 9 0,4
San francisco 11 0,5 Tumaco 8 0,4
Cocorna 10 0,5 Ipiales 7 0,3
Yarumal 10 0,5 Ricaurte 7 0,3
SubTotal 103 4,8 SubTotal 73 3,4
Bolivar (9.30%)
San Pablo 61 2,9
Cauca (5.49%)
Patía 13 0,6
Santa Rosa 27 1,3 Suárez 13 0,6
Simití 21 1,0 Argelia 10 0,5
Arenal 9 0,4 Cajibío 9 0,4
Pinillos 8 0,4 Morales 7 0,3
SubTotal 126 5,9 SubTotal 52 2,4
Cesar (7.75%)
Aguachica 27 1,3
Norte de Santander (5.31%)
Convención 18 0,8
Valledupar 16 0,8 Ocaña 13 0,6
Pailitas 12 0,6 San Calixto 13 0,6
Curumani 11 0,5 Sardinata 9 0,4
La paz 10 0,5 Cúcuta 8 0,4
SubTotal 76 3,6 SubTotal 61 2,9
Santander (6.95%)
Matanza 18 0,8
Barrancabermeja 14 0,7
Bucaramanga 11 0,5
El Playón 9 0,4
Guavatá 7 0,3
SubTotal 59 2,8
11 El cálculo de la tasa se realiza a partir de la proyección de población que realiza el DANE para el año 2010.
(departamento en este análisis) sino también la local. El control territorial ejercido por los grupos al margen de la ley, guerrilla y paramilitares, es más claro en el nivel municipal.
Para el total de los casos se conoce el desenlace del secuestro de 627. En la mayoría se sabe que la persona fue liberada sin mayores detalles, luego ocupan un lugar muy importante los liberados sin pago, e intercambio humanitario, (23% combinados) lo cual señala la diferencia clara con los secuestros extorsivos.
[image:33.595.177.435.360.580.2]Es necesario resaltar que en el 14.5% de casos, el secuestro terminó con la muerte de la víctima, porcentaje que es muy superior al presentado por Fondelibertad. Allí solo el 2% de los casos cuyo desenlace se conoce terminaron en la muerte de la víctima13.
CUADRO No. 8 TIPO DE DESENLACE Tipo de desenlace Número de
casos %
Liberado sin más información 323 51,5
Liberado sin pago 97 15,4
Muerte durante cautiverio 91 14,5
Liberado en intercambio o
acuerdo humanitario 50 8,0
Rescate 34 5,4
Liberado tras pago 17 2,8
Fuga 15 2,4
Total 627 100,00
Un total de 530 casos registra algún tipo de exigencia realizada por el autor del secuestro. Para la liberación de la víctima se pide, en primer lugar, dinero u otro tipo de recursos como bienes inmuebles o muebles los cuales son exigidos principalmente a la víctima o a su familia (Ver Anexo14). Sin embargo, al
comparar estos resultados con el tipo de desenlace (Cuadro No. 9) se encuentra que solo el 2.8% de los casos con información disponible para esta variable se terminan luego de un pago. Esto puede ser explicado por que la mayoría de las víctimas son funcionarios públicos y si reconocen el pago de su rescate, pueden quedar incursos en delitos como “abuso de autoridad por omisión de denuncia”.
[image:34.595.146.460.360.551.2]Los comunicados a terceros y las influencias sobre decisiones públicas ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente evidenciando el carácter político del secuestro. Dentro de estas exigencias, las más recurrentes son la renuncia al cargo por parte de la víctima, la rendición de cuentas (un juicio político si se sospecha que tiene vínculos con otros grupos armados de la zona) y los mensajes que expresan la posición política del grupo frente a la situación del país, el conflicto armado y frente a la coyuntura electoral.
CUADRO No. 9 TIPO DE EXIGENCIA
Tipo De exigencia Número de
casos %
Dinero o recursos 342 64,5
Influencia de decisiones públicas 56 10,6
Presencia de comisión o persona específica 11 2,1
Despeje militar 8 1,5
Comunicados a terceros 88 16,6
Otras exigencias 25 4,7
Total 530 100,0
No obstante, al revisar el motivo argumentado por el autor en el momento del secuestro, los resultados difieren con los presentados en el cuadro anterior. El 83.5% se argumentan por un motivo político.
CUADRO No. 10
MOTIVO ARGUMENTADO EN EL MOMENTO DEL SECUESTRO Motivo
argumentado de casos Número %
Político 952 83,6
Económico 187 16,4
[image:34.595.129.485.651.764.2]¿Cómo se puede explicar esta aparente contradicción entre tipo de exigencia y motivo argumentado? Varias hipótesis pueden contribuir a entender:
- Los delincuentes al argumentar un fondo político buscan enviar un mensaje de una mayor organización para la realización del delito, es por eso que aun en el caso de la delincuencia común, en 45.8% de los casos dan este tipo de argumentación.
- En el caso de los grupos guerrilleros y de los paramilitares, presentar argumentos políticos y no extorsivos, es parte de su estrategia. No obstante, es claro que también hacen demandas económicas, como en el caso de Jaime Felipe y Juan Sebastián Lozada Polanco hijos de la ex congresista Gloria Polanco y del ex gobernador del Huila Jaime Lozada. Tres años después de su secuestro en el 2004, fueron liberados tras el pago de más de 400 millones de pesos. (El Tiempo.com, 2006, diciembre 9)14
- El secuestro es utilizado frente a otras formas de violencia como una manera de atacar la estructura económica de otro partido o movimiento político además de infundir terror y persuadir a los demás integrantes de renunciar a su participación política.
- Al contrario, el asesinato implica un debilitamiento a largo plazo de la estructura del liderazgo político de la organización afectada, esto puede ser parte de la explicación del “bajo” volumen de militantes de izquierda que han sufrido de este flagelo en comparación con los dos partidos tradicionales. Sobre ellos se ejerció el asesinato y la desaparición forzada.
Lo anterior es más evidente al analizar el motivo identificando el autor:
CUADRO No. 11
MOTIVO ARGUMENTADO SEGÚN AUTOR (%)
Los grupos paramilitares son los que más acuden a un motivo político para argumentar el delito seguidos por el ELN, otros grupos guerrilleros y las FARC, lo cual puede explicar el carácter político históricamente más acentuado, en el Ejército de Liberación Nacional. Es importante resaltar el porcentaje de casos de secuestro a manos de la delincuencia común que argumentan una acción política.
El secuestro político se concentra en 1997-2004 (Ver Anexo 15). Durante este periodo las FARC cometen 733 secuestros de 847, el ELN realizan 531, mientras que los paramilitares ejecutan 55 secuestros.
Si se indaga por el autor del secuestro los resultados muestran que el 83% de los casos tienen identificados un autor presunto. Mientras que solo en el 7% (149 casos) se ha logrado confirmar el grupo secuestrador.15 Las FARC son el grupo
armado que menos reconoce su autoría. Dos posibles explicaciones para ello; primero, posiblemente las FARC no tienen como objetivo reivindicar el secuestro. Segundo es probable que sea mayor el número de secuestros adjudicados que el volumen de delitos cometidos.
Indagando por la concentración espacial del secuestro según autor, se encuentra que las FARC tienen una presencia extensiva por el territorio colombiano, mientras que el ELN concentra su actividad, en Antioquia, Bolívar, César, Norte de Santander y Santander. Las acciones paramilitares se acentúan en Antioquia, Casanare, Meta, Bolívar, Santander y Córdoba.
15 La base de datos construida asume que un grupo es el autor confirmado del secuestro si se emite un comunicado por parte de este reivindicando la acción o si existe sentencia judicial de este caso.
Motivo
argumentado FARC ELN Paramilitares Delincuencia Común Otros
Sin información
disponible
Político 83,2 89,5 91,7 45,8 84,4 73,2
Económico 16,8 10,5 8,3 54,2 15,6 26,8
Existen departamentos que registran presencia de los tres principales grupos armados, lo que contribuye a la delimitación de zonas geográficas del la práctica de violencia política sistemática en el país: Antioquia, Cauca, Santander y Bolívar, como lo muestra el siguiente cuadro.
CUADRO No. 12
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL SECUESTROPOLÍTICO
Frente a la variable de filiación política se encuentra que el grueso de las víctimas con información identificada, pertenecían al Partido Liberal en el momento del secuestro. El Partido Conservador ocupa el segundo lugar con un 27%. El porcentaje de víctimas de izquierda es apenas un 5.5% del total de casos.
AUTOR AUTOR
Departamento FARC ELN Paramilitares Departamento FARC ELN Paramilitares
Antioquia 13,0 23,3 27,3 Arauca 1,9 2,2 2,3
Nariño 9,1 6,9 0,0 La Guajira 1,4 2,4 2,3
Caquetá 8,0 -- 3,4 Casanare 1,2 0,3 14,8
Cauca 7,1 4,0 5,7 Caldas 1,1 -- --
Cundinamarca 6,8 -- -- Chocó 1,1 3,1 --
Meta 6,1 0,1 8,0 Risaralda 1,1 0,3 --
Bolívar 5,6 17,8 5,7 Magdalena 0,9 1,5 1,1
Huila 5,3 0,3 0,0 Vichada 0,9 -- --
Santander 4,9 7,6 5,7 Boyacá 0,8 0,4 1,1
Tolima 4,9 2,4 2,3 Bogotá 0,4 0,7 1,1
Cesar 4,3 13,3 4,5 Quindío 0,1 -- --
Valle del Cauca 4,1 1,8 3,4 Amazonas 0,1 -- --
Sucre 2,7 1,3 4,5 Guaviare 0,1 -- --
Vaupés 2,3 -- -- Atlántico -- 0,1 --
Norte de
Santander 2,2 7,8 1,1 Córdoba -- 0,3 5,7
Putumayo 2,1 -- --
Información
no disponible 0,5 1,8 --
CUADRO No. 13
SECUESTRO POLÍTICO SEGÚN FILIACIÓN POLÍTICA Filiación Política de casos Número %
Partido Liberal 388 48,5
Partido Conservador 222 27,8
Movimientos o partidos de izquierda 44 5,5
Movimientos Indígenas y Afrocolombianos 16 2,0
Movimientos Religiosos 9 1,1
Coalición 14 1,8
Otros partidos y movimientos políticos 107 13,4
Total 800 100,00
El alto porcentaje de víctimas liberales de puede entender si se tiene en cuenta que hasta el año 2002, el Partido Liberal fue mayoritario y sus militantes tienen presencia significativa en todo el territorio nacional. Además, hasta el año 1998, detentaron el poder nacional y un buen porcentaje de los cargos de elección popular. Por ello podría ser natural que fueran el mayor volumen de las víctimas del secuestro.
El bajo nivel de secuestros a movimientos o partidos de izquierda es posible explicar por varias razones:
- La coincidencia ideológica con los principales autores del secuestro.
- El nivel de representación política es menor respecto a los dos partidos tradicionales.
- Al no detentar un número considerable de cargos públicos el secuestro de personas de izquierda no resulta efectivo para realizar exigencias de tipo político. - Las formas más efectivas de violencia política en contra de los movimientos de izquierda han sido la desaparición forzada y el asesinato, siendo la Unión Patriótica el caso emblemático.
Es importante resaltar que este mismo orden se encuentra para los grupos que cometen secuestros sobre los movimientos de izquierda, donde los paramilitares también tienen participación.
CUADRO No. 14
SECUESTRO POLÍTICO SEGÚN FILIACIÓN POLÍTICA Y AUTOR AUTOR
FILIACIÓN
POLÍTICA FARC ELN Paramilitares
Disidencias, desmovilizados
y otros grupos guerrilleros
Delincuencia
común Otros
Información no disponible
Partido Liberal 165 112 18 16 3 1 73
Partido
Conservador 92 71 9 9 4 3 34
Otros partidos y movimientos
políticos 52 28 5 4 3 -- 15
Movimientos o partidos de
izquierda 16 9 6 1 2 1 9
Movimientos Indígenas y Afrocolombiano
s 7 3 -- -- 2 -- 4
Coalición 8 2 1 -- 1 -- 2
Movimientos
Religiosos 5 1 -- -- 1 -- 2
Total 345 226 39 30 16 5 139
Frente al motivo argumentado por el secuestrador los resultados muestran que un 93.8% de los secuestros ejecutados sobre liberales y el 90% cometidos sobre conservadores tienen un motivo político. El 100% de los casos de grupos de izquierda se argumentan bajo móviles políticos, sin embargo, al indagar por el tipo de exigencia realizada a estas víctimas se encuentran solo 2 peticiones de tipo económico y no hay ninguna otra exigencia específica.
El porcentaje más representativo respecto a un argumento económico lo presentan los movimientos indígenas y afrocolombianos. En el 55.6% de los casos los grupos armados justifican su secuestro con este motivo.
CUADRO No. 15
SECUESTRO POLÍTICO SEGÚN FILIACIÓN POLÍTICA Y MOTIVO ARGUMENTADO (%)
MOTIVO ARGUMENTADO
Filiación Política No. De casos Político % Económico %
Partido Liberal 208 93,8 6,3
Partido Conservador 120 90,0 10,0
Otros partidos y movimientos políticos 70 81,4 18,6
Movimientos o partidos de izquierda 13 100,0 0,0
Movimientos Indígenas y Afrocolombianos 9 44,4 55,6
Coalición 9 88,9 11,1
Movimientos Religiosos 7 100,0 0,0
Finalmente, al observar la filiación política respecto a su dinámica territorial 9 departamentos explican el 67% de la filiación política de los casos con esta información disponible.
CUADRO No. 16
SECUESTRO POLÍTICO SEGÚN FILIACIÓN POLÍTICA Y DEPARTAMENTO (%)
DEPARTAMENTOS
FILIACIÓN
POLÍTICA Antioquia Nariño Bolívar Cesar Santander Cauca Tolima Norte de Santander Huila Partido
Liberal 4,8 4,1 5,1 5,4 2,3 3,3 2,8 1,3 1,8
Partido
Conservador 4,8 3,0 2,9 1,5 3,3 0,6 0,6 2,3 1,6
Otros partidos y movimientos
políticos 2,9 1,3 -- 0,9 1,0 0,5 1,0 0,5 0,6
Movimientos o partidos de
izquierda 2,0 1,3 0,1 0,3 -- 0,3 -- 0,4 --
Movimientos Indígenas y Afrocolombia
nos 0,1 0,1 -- -- -- 0,8 0,1 -- --
Coalición 0,4 -- -- -- 0,4 0,1 0,5 0,1 --
Movimientos
Religiosos 0,1 -- 0,1 -- -- 0,1 -- -- 0,1
Total
7. CONCLUSIONES
El principal logro de este trabajo de grado ha sido la construcción de una base de datos de secuestro político en Colombia para el periodo 1980-2009. El acopio de 2.130 casos identificados es una contribución significativa para posteriores análisis sobre el tema y presenta, como ventaja comparativa frente a los estudios recientes sobre secuestro político, la identificación de 800 casos con filiación política identificada. A partir de allí presenta una aproximación estadística de este delito.
El marco de referencia y el análisis de esta base de datos permiten afirmar que el secuestro ha sido una de las formas de violencia que intervienen la acción política, confirmando la relación violencia política en Colombia. El volumen de casos permite caracterizar el secuestro como una de estas formas y demuestra que es necesario diferenciar esta práctica con fines políticos del delito en general.
A partir de la definición de violencia organizada política presentada se demuestra que la dinámica del secuestro político en Colombia es diferente a la del secuestro generalizado puesto que difiere en los actores armados organizados que lo cometen, los motivos y las exigencias realizadas e implica una variable importante que implica un comportamiento totalmente diferente la filiación política.
Los comunes son ejercicidos por al delco seguidos por las farc y el eln, en los políticos son las farc y el eln seguidos por los paras.
Sobre las preguntas motivadores de este trabajo, podemos afirmar:
Existen movimientos y partidos políticos más afectados. Si El partido Liberal, fue objeto, en el periodo de estudio del 48% de los secuestros. Mientras los partidos de izquierda
Es posible determinar las principales características de las víctimas
Es posible determinar los principales autores, sus motivos y exigencias
