ROCIO ANGARITA RODRIGUEZ UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE AQUINO FACULTAD DE DERECHO ESPECIALIZACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO

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TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO

Importancia de la liquidación de contratos de prestación de servicios como muestra de la correcta inversión de dineros públicos.

ROCIO ANGARITA RODRIGUEZ

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE AQUINO FACULTAD DE DERECHO

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El gobierno nacional, respecto de los tramites y procedimientos administrativos debe garantizar una efectividad en los derechos adquiridos por las personas naturales y jurídicas ante las autoridades que ejercer funciones administrativas, así como el desarrollo del principio de buena fe en las relaciones del Estado y los particulares, en la legislación dispuesta se tiene el decreto ley No 019 de 10 de enero de 2012, que tiene como fin suprimir o reformar trámites o procedimientos que son innecesarios en la administración pública, que debe tener como único fin facilitar la actividad de las personas naturales y jurídicas ante el desarrollo estatal y contribuir a la eficiencia y eficacia.

Entre las disposiciones se encuentra las modificaciones del artículo 217, introdujo al artículo 60 de la ley 80 de 1993 respecto a las liquidaciones de los contratos estatales, que enmarca entonces que dicha etapa no es obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

Así es que el artículo 217 del Decreto de ley No.019 de 2012 señala:

“ARTICULO 217. DE LA OCURRENCIA Y CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES. El artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 quedará así:

“Artículo 60. De la ocurrencia y contenido de la liquidación. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación.

También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.

En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

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posterioridad a la extinción del contrato.

La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”. (DECRETO 19 DE 2012, 2012)

Toda vez que la liquidación contractual se deriva directamente de un asunto de orden sustancial en la medida que se manifiesta como una oportunidad para realizar un cruce de cuentas entre lo que se pacta y el nivel contractual, y aquello que realmente se ejecutor por parte del contratista, procedimiento después de este ejercicio a si existiere la acción, a la reclamación de los ajustes que se consideren pertinentes (Contraloría General de la República, 2012).

La liquidación que se presenta de desarrolla como un procedimiento que tiene lugar una vez e ha concluido el contrato, es decir que el momento factico para proceder con esta medida es en parte la necesidad de una verificación del cumplimiento de las obligaciones reciprocas contraídas en la suscripción del contrato y establecer de forma concreta la existencia de contraprestaciones pendientes derivadas de la ejecución del contrato.

jurisprudencialmente se ha sostenido con reiteración que se puede considerar un trámite que tiene como objetivo primordial en que desarrolla la determinación de quién debe a quién alguna contraprestación, se usa también para medir de forma exigible los valores adecuados y dar una calificación a los mismo en caso de tener algún saldo pendiente.

Dicho trámite únicamente pude proceder con posterioridad a la terminación del contrato independientemente de la vigencia con la que se produjo la suscripción inicialmente.

La jurisprudencia proferida por el Honorable Consejo de Estado considera que la liquidación del contrato es una comparación de cuentas entre los contratantes que define los sujetos que adquieren la deuda y la cuantía de la misma (Colombia Compra Eficiente , 2016),

La definen como una forma, que se usa para realizar un ajuste de cuentas derivadas de la ejecución contractual y el objeto que se hubiera establecido por las partes, claramente basados en el fundamento y desarrollo del contrato.

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los particulares que ejerzan el papel de contratitas a realizar un procedimiento que puede liberar de posibles controversias económicas a las partes en un futuro, y sobre todo de un procedimiento que blinda las arcas del estado de algún tipo de actuaciones fraudulentas para defraudar el patrimonio de la Nación.

Es indispensable admitir que el fin único para eliminar esta obligación de la liquidación de los contratos de prestación de servicios se da para liberar a la administración pública de trámites que pueden cargar inmisariamente el ejercicio y la función institucional. Es de decir que en tal sentido se prevé la consagración de una discrecionalidad de la administración para que este en cabeza de cada entidad la decisión de realizar una liquidación al respectivo contrato.

Pero es así que el arbitrio de cada entidad estatal en el ejecución de la función administrativa debe estar prendado del apoyo a la gestión y sobretodo de la necesidad de realizar de cuidar de la mejor forma la moral administrativa, se pueden configurar situaciones derivadas de la complejidad de los contratos que puedan requerir que las partes procedan a una liquidación con el propósito único de saldar de forma definitiva las prestaciones de las partes, especialmente si en algún momento de la liquidación se puede dar eventualmente el ejercicio de las acciones de orden contenciosos referente a la situación contractual que se desarrolla, se entiende que es estos casos debe ejercerse una función de vigilancia y control sobre la relación contractual, otorgando a las autoridades competentes el conocimiento para la verificación de la etapa de liquidación en caso de

Ser necesaria, ofreciendo una justificación administrativa y un apoyo normativo que ofrece obligatoriedad para desarrollar dicha función.

“Tal justificación es necesaria, toda vez que un entendimiento diverso daría al traste con la pretensión

del legislador extraordinario de liberar a la administración pública y a los administrados del

cumplimiento de trámites que pueden resultar innecesarios en las relaciones que sostengan” (Ernesto Matallana Camacho, 2016).

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La determinación de la procedibilidad de un proceso de liquidación del contrato en aquellos casos en los que se dan las condiciones necesarias y especiales, puede proceder siempre que la autoridad entonces pueda y argumente la necesidad de dicho trámite, es decir que la discrecionalidad que otorgo la ley no limita a la función administrativa a solicitar y argumentar este procedimiento con el fin de evitar movimientos económicos fraudulentos que puedan afectar el desarrollo económico de la nación, o que con posterioridad a la finalización de las actividades contractuales puedan presentarse actuaciones legales administrativas que buen la solución de controversias económicas que puedan llegar a sobrevivir después de una mala ejecución contractual.

La etapa final del negocio jurídico en la que se puede dar procesalmente la liquidación del mismo, es el balance económico y jurídico que se puede realizar en la terminación de una relación contractual, supone un escenario jurídico usual para la valoración cierta del resultado, teniendo como centro el negocio jurídico que se suscribe, es decir que como función elemental de la liquidación se puede establecer determinar las circunstancias contractuales que se presentan.

Para estudiar la procedencia de este proceso, también es necesario realizar un esbozo corto de los pronunciamientos jurisprudenciales que emiten un concepto técnico sobre lo que puede contener la liquidación de un contrato, es decir cómo se puede configurar la información necesaria.

“Primero, la liquidación debe incluir un análisis detallado de las condiciones de calidad y oportunidad en la entrega de los bienes, obras o servicios, y el balance económico dará cuenta del comportamiento financiero del negocio: recursos recibidos, pagos efectuados, estado del crédito o de la deuda de cada parte, entre otros detalles mínimos y necesarios para finiquitar una relación jurídica contractual” (Consejo de Estado. Sala Contencioso Administrativo. Sección tercera. C.P Dr. Enrique Gil Botero. Radicación No. 05001-23-31-000-1998-00038-01, 2014)

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contractual y sobretodo no dejara información incompleta sobre la verificación del cumplimiento de las obligaciones.

La liquidación de un negocio jurídico puede atender a dos diferentes formas, puede ser de forma unilateral o bilateral, en el Decreto 222 de 1983 disponía esta obligación en el artículo 287, el artículo 289 en su inciso tercero aporta la posibilidad de realizar una liquidación del contrato en ejecución de forma bilateral, indicando un termino de cuatro meses y en el caso de presentarse una liquidación unilateral el termino se reduciría a dos meses.

Aunque la ley 80 de 1993 conserva una filosofía similar, dicha ley establece con claridad que tipos de contratos requieren de una liquidación obligatoria, es así que el Consejo de Estado realiza el siguiente análisis al recorrido normativo de estas disposiciones:

“Esta norma fue modificada por la ley 1150 de 2.007 (…) Esta disposición conservó los términos de la liquidación bilateral y unilateral que existían cuando entró en vigencia, pero sobre la última indicó que la administración no perdía competencia para dictarla, siempre que no trascurran dos años desde que se debió liquidar. Sin embargo, el artículo 60 de la ley 80 fue modificado, una vez más, por el Decreto 019 de 2012 (…) Los términos para efectuar la liquidación permanecieron como lo establece el art. 11 de la ley 1150 de 2.007, sólo que el nuevo artículo 60 eximió algunos contratos de ejecución sucesiva del deber de liquidarlos: la modalidad denominada prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, que corresponde a una causal de contratación directa, según lo establece el art. 2, num. 4, literal h), de la ley 1150 de 2.007”. (Consejo de Estado. Sección Tercera. C.P Dr. Danilo Rojas Betancourth. 28 de febrero de 2013, 2013).

Es así entonces que durante el transito normativo se exime dentro de las modificaciones realizadas a la ley 80 de 1993 por parte de la ley 1150 de 2007 se excluyen los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

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contratos de prestación de servicios, sin dejar de lado que la única finalidad de la liquidación es la verificación y mecanismo probatorio en caso de ejercer alguna acción administrativa que pretenda equilibrar el contrato.

Es así que dentro de las tesis esbozadas por el Consejo de estado, se da la siguiente, respecto de los temas que se entienden por liquidación, de la siguiente forma:

La liquidación del contrato implica un ajuste de cuentas definitivo, en ella se fija lo que a la terminación del contrato la entidad queda debiendo al contratista o lo que este le quedó debiendo, por causa de las obligaciones cumplidas en desarrollo del contrato; y es evidente que las obras adicionales que acomete el contratista, o las actualizaciones a que puede tener derecho, o los sobrecostos producidos en razón de la prórroga del plazo del contrato, generan créditos a su favor que tienen origen en el contrato mismo y que, por ende, deben ser resueltos en el acta de liquidación. (Consejo de Estado. C.P Dr. Carlos Betancur Jaramillo. Sentencia 9477, 1996)

Así mismo se considera que la liquidación de los contratos fue una figura concebida por el legislador es decir para proteger las prestaciones y contraprestaciones que se pacten en el articulado del contrato y así mismo el desarrollo de las obligaciones sufritas y pactadas que surge y deben ser asumidas por cada una de las partes.

“Las partes se ponen de acuerdo y finalmente aceptan los resultados del proceso liquidatario, pero en otras la hace unilateralmente la administración, bien porque dicho acuerdo no se logre o porque el contratista no concurra a las diligencias administrativas conducentes a ese fin o porque habiendo concurrido no acepta firmar el acta en donde se plasme el resultado de aquélla” (Consejo de Estado. Expediente 5334. CP Gustavo de Greiff Restrespo. , 1989)

Analiza en retiradas ocasiones el Consejo de Estado la naturaleza que debe contener dicho acto

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(Consejo de Estado. C.P Dr. Mario Nigrinis Sanchez. radicación: 11001-03-26-000-2003-00056 01, 2004)

Respecto en cuanto a la oportunidad procesal para poder dar trámite a la liquidación de un contrato, las providencias que a emitido el consejo de estado habla dentro de los remiendos en la liquidación unilateral de un contrato.

Con la falta de regulación que se advirtió, los plazos de liquidación se fijan como una incertidumbre jurídica, es decir que aunque el procedimiento no se surta, el vínculo contractual al cumplimiento de la vigencia del contrato se da por finalizados, sin embargo las partes necesitan verificar el estado del cumplimiento de las obligaciones suscritas.

El consejo de estado esgrime puntos para poder dar la oportunidad procesal de la liquidación de los contratos de prestación de servicios:

Cuando ni la ley ni las partes fijan plazo para elaborar la liquidación final, esta debe hacerse en el plazo “indispensable” para tal efecto, que para este caso la Sala lo entiende suficiente de sesenta (60) días comunes. (Consejo de Estado. CP Dr. Jorge Valencia Arango. , 1985 )

A falta de acuerdo, estima la Sala que la entidad contratante debe proceder a la liquidación unilateral dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del término para hacer la liquidación de común acuerdo (Consejo de Estado. Expediente 3615., 1988).

Aunque este nuevo plazo no está previsto por la ley de manera específica, coincide con el consagrado legalmente para que se produzca el fenómeno del silencio administrativo negativo (Decreto Ley 2304 de 1989, arts. 1. º y 7. º) Y, por esta razón, lo adopta la Sala para eventos como el que aquí se presenta. (Consejo de Estado. MP Dr. Juan de Dios Monthes Hernández, 1995)

De conformidad con lo dispuesto en la ley, la liquidación se puede realizar por mutuo acuerdo, así se define la cantidad y en que proporciones se han cumplido las obligaciones adquiridas y si en las circunstancias previstas se configura un tipo de controversias.

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puede llegar a hacer susceptible de los recursos de la vía gubernativa y se debe acudir ante el control del juez natural para el contrato.

El consejo de estado ha manifestado que en caso de no existir acuerdo previos para generar la liquidación, la administración de forma unilateral puede ejercer esa facultad acudiendo a las autoridades competentes para realizar la argumentación necesaria respecto del vínculo contractual (Aída Patricia Hernéndez Silva , 2015).

De esta forma entonces se entienden que, aunque el legislador busca disminuir tramites que se consideran innecesarias a los que se debe someter la administración, también ha creado un vacío jurídico que permite la fuga de recursos y la configuración de circunstancias que facilitan la malversación de dineros, o el impulso jurisdiccional innecesario.

Los contratos considerados por el legislador que deben ser obligatoriamente liquidados son aquellos de tracto sucesivo y los de ejecución y cumplimiento que se prolongue en el tiempo, y aquellos que se requieran, en este último caso el requerimiento debe tener una argumentación por parte de la autoridad competente para realizar dicho trámite debido a que el objetivo del legista lo al disminuir la lista de las especificaciones respecto de los contratos fue la de minimizar de forma concreta tramites innecesarios.

El acta de liquidación de contratos de prestación de servicios, no sólo tiene una utilidad de verificación, sino que en caso de presentarse controversias sobre las obligaciones contraídas tiene un valor probatorio con ocasión a las actividades desarrolladas.

La Entidad Estatal puede definir en cada caso concreto si un contrato requiere liquidación o no con arreglo a criterios de naturaleza, objeto y plazo del contrato1, relevancia del mismo o posibilidad de que se puedan presentar diferencias respecto de la ejecución. La liquidación no es obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. (Colombia Compra Eficiente, 2015)

En la norma se disponen que la entidad debe proceder de forma obligatoria al trámite de liquidación cuando se produce alguno de los siguientes eventos:

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2. Modificación unilateral: Si la modificación altera el valor del contrato en más de 20% y el contratista renuncia a continuar su ejecución

3. Declaratoria de caducidad del contrato.

4. Nulidad absoluta del contrato, derivada de los siguientes eventos: (i) contratos que se celebren con personas incurras en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley, (ii) contratos que se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal y (iii) contratos respecto de los cuales se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten. (Congreso de Colombia. Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 1993)

Respecto de la oportunidad procesal que se presenta según lo dispuesto por el legislador en la norma, se puede realizar por mutuo acuerdo para lo cual la entidad debe definir dicho plazo, teniendo como base la complejidad del objeto que se contrata, la naturaleza de la ejecución y relación contractual y la cuantía de la obligación, es decir que en caso de la falta de una especificación para la liquidación de común acuerdo las partes puede realizarlo. ( Congreso de la República. Ley 1150 de 2007 "por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos"., 2007)

El artículo 11 de la ley 1150 de 2007 establece entonces un plazo para la liquidación de común acuerdo, se dispone un plazo de centro meses contados a partir del vencimiento del plazo previsto para la ejecución del contrato, la expedición del acto administrativo que ordene la terminación del contrato o la fecha del acuerdo que disponga la terminación del contrato. ( Congreso de la República. Ley 1150 de 2007 "por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos"., 2007)

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que se presente al procedimiento de esta forma lograr que pueda ser liquidada dentro del plazo previsto, en caso se estar señalado en el pliego de condiciones o aquel plazo que se fija por la partes o el termino fijado por la ley.

La facultad unilateral de liquidación del contrato, dispone un plazo de dos meses contados a partir del vencimiento de lo convenido por las partes, o en su defecto de cuatro meses siguientes previstos por la ley para efectuar la liquidación voluntaria de común acuerdo, para que la liquidación lateral tenga procedencia es necesario que:

“Que el contratista no se haya presentado al trámite de liquidación por mutuo acuerdo, a pesar de haber sido convocado o notificado o; (ii) si las partes intentan liquidar el contrato de común acuerdo, pero no llegan a un acuerdo. ( Congreso de la República. Ley 1150 de 2007 "por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos"., 2007)

Por último, una vez vencido el plazo para liquidar unilateralmente del contrato, la ley permite que el contrato sea objeto de liquidación, dentro de los dos años siguientes al vencimiento de dicho plazo. Este término corresponde a la posibilidad de interponer las acciones judiciales contra el contrato. Esa liquidación puede darse de común acuerdo o de manera unilateral por la Entidad Estatal. Los plazos para llevar a cabo la liquidación son preclusivos, por lo cual si no tiene lugar en ellos, la Entidad Estatal pierde la competencia para liquidar el contrato” (Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Magistrado Ponente: Augusto Trejos Jaramillo.)

En síntesis existen tres formar de liquidación contractual, bilateral, unilateral o judicial, durante la liquidación la Entidad estatal puede exigir al contratista la extensión o ampliación en caso de llegar a configurarse el caso de los amparos de cumplimiento, para poder obtener una garantiza real del correcto trámite.

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con la suscripción del acta de liquidación total o que contenga salvedades; (ii) con el documento donde conste que no fue posible llegar a un acuerdo acerca del contenido o (iii) con el documento donde conste que el contratista no se presentó tras la convocatoria o notificación (Consejo de Estado. Sentencia 01227 de 9 de octubre de 2013. Magistrado Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, 2013) Es decir que la terminación de la etapa de ejecución es el inicio de la etapa de liquidación que debe ser notificada o convocada por la entidad estatal, el contratista en caso de acudir debe someterse al análisis del cumplimiento de las obligaciones suscritas y el análisis financiero del contrato, es decir una vez finalizado el proceso de debe suscribir un acta que ofrezca los detalles suficientes para determinar la paz y salvo de las obligaciones contraídas y completamente ejecutadas.

Por otra parte en caso de realizarse un acta que contenga salvedades, puede ser demandada, y debe adjuntarse documentos que deje constancia que las partes no estuvieron de acuerdo en el momento de realizar el trámite de liquidación, pues la liquidación bilateral tiene como base de su procedimiento el acuerdo de voluntades entre la enditad estatal contratan y el contratista en una relación de balance al final de un contrato y la terminación de un negocio jurídico.

Los problemas de corrupción que se presentan en la contratación pública se desarrollan con el fin de beneficiar a intereses particulares, en este caso es la calidad de la que goza un contratista debido a la disposición de servicio y la tipificación del contrato que se suscribe. (. Consejo de Estado. Sentencia 00740 de 24 de julio de 2013. Magistrado Ponente: Hernán Andrade Rincón, 2013)

Cuando se da la liquidación unilateral se da de la siguiente forma:

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En síntesis, inicia con el documento en donde consta la ausencia del contratista, es decir por parte de la entidad se debe realizar como prerrequisito la convocatoria previa, la procedencia de la liquidación unilateral se requiere de la inasistencia a la etapa de liquidación bilateral.

Surtidos estos trámites se da un análisis de la Entidad estadal frente al cumplimiento de las obligaciones del contrato y la situación financiera que se presenta al final de la ejecución del mismo.

Otra forma de acudir a la liquidación unilateral, también se puede dar con el documento que hace constar el desacuerdo de las partes en la primera etapa,

Una vez surtida la etapa, la entidad profiere un acto administrativo en el que declara la liquidación unilateral del contrato, en caso de no presentarse ningún tipo de recurso por parte del contratista, dicho documento queda en firme, si por el contrario se presenta recurso, se da el trámite correspondiente y se da firmeza a la solución del mismo.

La última forma de liquidación es la judicial, que se surte de la siguiente forma:

“La liquidación judicial del contrato a través de la Acción de controversias contractuales cuando la liquidación del contrato no se haya logrado de mutuo acuerdo y la Entidad Estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley. En ese orden de ideas, corresponde al juez llevarla a cabo siempre y cuando (i) no se haya producido una liquidación previa bilateral o unilateral o; (ii) respecto de puntos no liquidados”. (Consejo de Estado. Magistrado Ponente: Danilo Rojas Betancourth, 2012)

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del niego, en ese caso se da una necio a los recursos recibidos, pagos efectuados, estado del crédito o de la deuda que tiene cada parte. (Consejo de Estado. Magistrado Ponente: Enrique Gil Botero, 2010)

Cuando se omite el trámite de liquidación se genera un vacío normativo y se crea información inexacta, es decir que la responsabilidad jurídica y contractual que se genera no puede ser llevada de forma adecuada. Lo que hace complejo solicitar la exigencia de obligaciones parcialmente incumplidas o aquellas que no se ejecutaron (ALDEMAR SERRANO CUERVO, 2014).

La corrupción puede ser la respuesta de los agentes económicos a la existencia de oportunidades que se presenta para poder obtener ingresos más elevados, es un fenómeno que se presenta en la sociedad y que sin embargo a pesar de conocer sus estragos y sobretodo conocer sus orígenes el legislador no ha tomado las medidas necesarias para detener de forma efectiva y sobretodo de vigilar las funciones que desarrolla la administración publica

La corrupción es uno de los fenómenos más lesivos para los Estados modernos, pues a través del mismo se vulneran los pilares fundamentales de la democracia y se desvían millonarios recursos en perjuicio de las personas menos favorecidas. Por esta razón, Colombia ha ratificado tratados y convenios internacionales en desarrollo de los cuales se han aprobado leyes y decretos tendientes a perseguir este flagelo. (Corte Constitucional. Sentencia C-499 de 2015. , 2015)

Se puede tener considerar las siguientes causas que llevan al desarrollo de la corrupción, de la siguiente forma:

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En las diferentes funciones que se encuentra en el ámbito estatal, la planeación, el presupuesto, la gestión de recursos humanos, la administración de recursos físicos y la función de control fiscal, son áreas de gestión en donde se encuentra inmersa la voluntad del funcionario sin la debida vigilancia lo que permite entonces a que a través de la misma se puedan utilizar para fines opuestos y particulares el dinero del Estado.

A contratación pública es una foto de corrupción que se genera en los procesos dispuestos para esto, es decir que se aprovecha de forma fraudulenta el esquema de contratación para beneficiar necesidades particulares.

La celebración de contratos para la adquisición de bienes o de prestación de servicios pueden en ocasiones ser utilizados para argumentar gastos innecesarios ante la administración, es decir que lo que se desea por parte del agente es la necesidad de generar un contrato independiente, saliéndose de la órbita de control y vigilancia del legislados, es decir puede ser usado para la asignación malversada de capital Estatal.

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La Contratación Pública es el sector en el cual se vienen presentando los casos más graves de corrupción pública; por ello es necesario realizar reformas puntuales para aumentar la transparencia y garantizar la sanción, la corrupción y el fraude en esta actividad estatal. (Corte Constitucional. Sentencia C-499 de 2015. , 2015)

Así mismo lo controles de contratación pueden ocasionar un desplazamiento de la corrupción, y realizar por medio de las etapas de liquidación la oportunidad para disminuir el grado de discrecionalidad del funcionario y generar un manejo adecuado de los recursos.

La necesidad de realizar la liquidación de los contratos por prestación de servicios se puede configurar de un sentido estricto en la protección que se debe generar para el patrimonio del estado.

Es decir, cuando se culmina de forma adecuada la relación contractual, el acto de liquidación tiene un contenido financiero y de control, sino que en él se encuentra inmersa la información suficiente para constituir un título ejecutivo para iniciar un cobro coactivo o para darle impulso procesal a nivel probatorio a las diferentes acciones que permiten la protección del patrimonio particular.

En el entendido que dicha acta contiene con la información consignad una obligación clara, expresa y exigible en el caso de configurarse algún tipo de incumplimiento, la aceptación por parte del contratista o la entidad estatal contratante puede hacer que la controversia que se presente sobre la obligación incumplida en cuestión pueda desarrollarse con mayor prontitud y resolverse de forma oportuna.

Es así que el acta de liquidación es una consecuencia favorable para la entidad pues en su registro de información sobre la ejecución del contrato pueden ejercer de forma adecuada un control financiero.

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obligatorio, puede en su ejecución ser parte de movimientos fraudulentos para satisfacer objetivos particulares.

El Honorable Consejo de estado, ofrece en uno de sus pronunciamientos las calidades y utilidades que tiene el trámite de la liquidación contractual, teniendo en cuenta a generalidad de os contratos, es decir que estas mismas calificaciones se podrán aplicar a la singularidad que se presenta en cada caso en un contrato de prestación de servicios:

“La liquidación de los contratos, en especial cuando se trata de la liquidación bilateral, es una instancia de solución de controversias entre las partes cuando no hay salvedades porque elimina la posibilidad de demandas posteriores y cuando las hay, porque reduce el ámbito de controversias judiciales a las mismas, excluyendo el debate relacionado con los acuerdos contenidos en el acta”. (Consejo de Estado. Magistrado Ponente: Danilo Rojas Betancourth, 2012)

El acto de liquidación de común acuerdo constituye un negocio jurídico contentivo de la voluntad de las partes que goza de la presunción de legalidad y es vinculante para ellas, por tanto sólo puede ser invalidado por algún vicio del consentimiento –error, fuerza o dolo-. (Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Magistrado Ponente: Augusto Trejos Jaramillo.)

A las partes les asiste entonces realizar por mutuo acuerdo, solicitando a las autoridades competente la necesidad de una liquidación contractual para realizar una verificación exacta de las obligaciones que se deben subsanar o aquellas controversias que se deben solucionar, sobre este tema es necesario advertir que la libertad que ha generado el legislador no puede entonces transgredir los derechos adquiridos por el contratista en caso de ser el afectado con algún tipo de configuración en incumplimiento a la ejecución del contrato, o el contratista en este caso la entidad estatal también merece un a protección por parte del Estado.

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las circunstancias los requisitos que identifican el Consejo de Estado como la clasificación de los métodos de liquidación del contrato.

CONCLUSIONES

Es así como los trámites que se eliminaron para hacer más liviana la función administrativa, adquieren una importancia clara debido al desarrollo de la relación contractual, y teniendo en cuenta la libertad potestativa que se le otorga a las entidades.

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dispuestos en la ley para los contratos de tracto sucesivo o aquellos que se prolonguen en el tiempo.

Así mismo las disposiciones normativas limitan la liquidación a una figura que desencadena una función probatoria en caso de acceder a la jurisdicción administrativa para reclamar obligaciones incumplidas o pasivos que no se sufragaron de la forma adecuada.

El orden sustancia que se maneja en el trámite de liquidación puede desarrollarse como un ejercicio de cruce de cuentas, un estado de verificación que permita determinar el nivel contractual que se dio en la relación, y sobretodo verificar el cumplimiento del mismo.

Al dejar al arbitrio de la administración y los particulares que hacen parte de la relación contractual la decisión de realizar un trámite adecuado de liquidación contractual, se abren entonces las puertas a las malversaciones que puedan llegar a producirse con los dineros que otorga el estado para suplir necesidades.

Sin embargo, aunque el legislador supremo la obligatoriedad de liquidación para este tipo de contratos, es cierto que deja una puerta a la facultad de la administración, pues ella oficiosamente puede solicitar una liquidación basada en las disposiciones que se encuentran taxativas en la norma, realizando los procedimientos y sobretodo dando un adecuado cumplimiento u finalización a la gestión que se contrata.

Se mide a través de este acto ella calidad que se da en el manejo de los recursos públicos por parte de las entidades públicas.

Le proceso de liquidación, entonces debe configurar unas condiciones específicas para que proceda en los momentos contractuales pertinentes, pue son todas las relaciones que se contraigan deben ser quiacas al cumplir la vigencia del contrato, como lo dispone la norma y con los pronunciamientos referidos proferidos por el consejo de estado se entiende que son diferentes las formas en que las partes pueden unilateral, bilateral o judicialmente solicitar o llegar a un acuerdo respecto de la ejecución.

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La libertad que se configura por parte del legislador ofrece entonces una opción para realizar la malversación de fondos y perjudicar económicamente el estado.

El vacío normativo que se presenta, ofrece el perfeccionamiento de información inexacta, lo he ocasiona que la responsabilidad jurídica sea poco determinaba basado en una relación que carece de una revisión final.

Es una respuesta a la apreciación de oportunidades de incrementar el patrimonio económico propio, quitándole y desviando los recursos que se disponen por parte del estado para poder realizar la ejecución de contratos, el crecimiento de la zona en donde se desarrolle.

“Conviene señalar que la liquidación no puede versar sino sobre las cuentas directamente relacionadas con el contrato que se liquida. Es, pues, al contrato materia de liquidación, al que deben referirse única y exclusivamente, los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar; y es sólo con respecto a pretendidos derechos relativos al contrato que se liquida que pueden transigirse o conciliarse” (Aída Patricia Hernéndez Silva , 2015)

Las entidades entonces aunque cuentan con mecanismos de ejercer vigilancia sobre los contratos y sobretodo establecer el correcto funcionamiento de la administración, pueden a través del ejercicio del objeto del contrato, contraer la responsabilidad de revisión respecto de controles concretos sobre las actividades que se desarrollan en el mismo, es decir pueden entre otras realizar de formas escritas los recibos a satisfacción de los productos que se contratan o de los servicios que se desarrollan, dentro de su función estos mecanismos tienen la validez suficiente para poder exigir un cumplimiento claro.

Los vacíos legales que se presenta en la legislación, versan en la responsabilidad y consecuencias que se generan a lo proceder a la liquidación de un contrato, debido a que, si no se hace por parte de la entidad dentro de un término considerable determinado por el legislador, ya sea por una carga laboral y contractual excesiva o por una omisión en la función, la inmediatez para exigir el cumplimiento pierde vigencia.

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a cabalidad con la función que se les delega a las autoridades administrativas competentes para dar un seguimiento formal en la terminación d ella relación contractual.

Genera un desgaste y debilitación de la estructura económica del escaso creando un déficit en la calidad y sobretodo en la economía, pues se abren las puertas hacia la libertad de ejercer sin control la decisión de considerar pertinente la liquidación como una forma garantista de llevar el negocio jurídico.

BIBLIOGRAFIA

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8. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Magistrado Ponente: Augusto Trejos Jaramillo. (s.f.). Concepto 1453 de 6 de agosto de 2003.

9. Consejo de Estado. Expediente 3615. (29 de Enero de 1988). Sentencia del 29 de enero de 1988.

10. Consejo de Estado. Magistrado Ponente: Danilo Rojas Betancourth. (29 de Octubre de 2012). Sentencia 08522 de 29 de octubre de 2012.

11. Consejo de Estado. Magistrado Ponente: Enrique Gil Botero. (14 de Abril de 2010). Sentencia 17322 de 14 de abril de 2010.

12. Consejo de Estado. C.P Dr. Carlos Betancur Jaramillo. Sentencia 9477. (29 de Julio de 1996). Bogotá , Colombia .

13. Consejo de Estado. C.P Dr. Mario Nigrinis Sanchez. radicación: 11001-03-26-000-2003-00056 01. (15 de Abril de 2004).

14. Consejo de Estado. CP Dr. Jorge Valencia Arango. . (8 de Agosto de 1985 ). Sentencia 3158 .

15. Consejo de Estado. Expediente 5334. CP Gustavo de Greiff Restrespo. . (11 de Diciembre de 1989).

16. Consejo de Estado. Magistrado Ponente: Danilo Rojas Betancourth. (29 de febrero de 2012). Sentencia No. 16371 de 29 de febrero de 2012. .

17. Consejo de Estado. Magistrado Ponente: Hernán Andrade Rincón. (24 de Julio de 2013). Sentencia 00740 de 24 de julio de 2013.

18. Consejo de Estado. MP Dr. Juan de Dios Monthes Hernández. (6 de julio de 1995). Sentencia 8126 del 6 de julio de 1995.

(23)

20. Consejo de Estado. Sección Tercera. C.P Dr. Danilo Rojas Betancourth. 28 de febrero de 2013. (28 de Febrero de 2013). 25000-23-26-000-2001-02118-01(25199). Bogotá, Colombia.

21. Consejo de Estado. Sentencia 01227 de 9 de octubre de 2013. Magistrado Ponente: Mauricio Fajardo Gómez. (9 de Octubre de 2013). Sentencia 01227 de 9 de octubre de 2013.

22. Contraloría General de la República. (6 de Marzo de 2012). CONCEPTO 14612 DE 6 DE MARZO DE 2012. Liquidación contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión – artículo 217 del Decreto Ley 019/12. Bogotá, Colombia: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

23. Corte Constitucional. Sentencia C-499 de 2015. . (5 de Agosto de 2015).

24. DECRETO 19 DE 2012. (10 de Enero de 2012). Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Bogotá , Colombia .

25. Ernesto Matallana Camacho. (2016). Manual de Contratación de la Administración Pública. Universidad Externado de Colombia .

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