Responsabilidad Patrimonial del Estado por Falla del Servicio del Mantenimiento y Señalización de las Vías Públicas 

1. ARTICULO DE GRADO. "RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, POR FALLA DEL. SERVICIO EN EL MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LAS VÍAS. PÚBLICAS". NELSON FERNANDO CARMONA LOPERA. UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. FACULTAD DE DERECHO. ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO. SEDE MEDELLÍN. 2015. 2. "RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, POR FALLA DEL. SERVICIO EN EL MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LAS VÍAS. PÚBLICAS". Colombia es un país con altos índices de accidentalidad en las vías públicas,. muchos de ellos se deben a situaciones particulares como la imprudencia de los. conductores, el estado de embriaguez, el mal estado de los vehículos, conducir a. altas velocidades, no respetar las señales de tránsito, descuido de los peatones,. entre otras.. Pero, hay que resaltar que en muchas ocasiones dichos accidentes no obedecen. a las situaciones anteriormente reseñadas, sino que son originados por el mal. estado y la falta de mantenimiento de las vías.. Esta situación, nos lleva a establecer cual es la responsabilidad estatal cuando se. demuestra su negligencia y con ello se causa daños a aquellas personas, las. cuales no están en la obligación de soportar y alguien debe entrar a repararlos. . Se dará una mirada al enfoque de Estado Social de Derecho establecido en. nuestra constitución política, para analizar por qué en esta nueva era el estado. tiene un papel predominante en el respeto de los derechos de las personas, como. garantía suprema de vivir en sociedad.. Además, se expondrán los tipos de responsabilidad administrativa y algunas. providencias del Consejo de Estado frente a los accidentes de tránsito derivados. de fallas en el servicio en el mantenimiento y señalización de las vías públicas.. 3. RESUMEN. El artículo 90 de la Carta Política prevé que el Estado es responsable de los daños. antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas cuando. dichos daños le sean imputables. Conforme a esta disposición, la responsabilidad. patrimonial del Estado no puede derivarse frente a todos los daños antijurídicos. que sufran las personas por la acción u omisión de sus servidores, porque en todo. caso se requiere que tales daños le sean atribuibles. En ese orden de ideas, el. Estado Colombiano tiene la obligación de mantener y conservar las vías públicas. en buen estado para que los habitantes puedan hacer uso de ellas, donde no se. vean afectados por la falta de cuidado y mantenimiento de las mismas, ya que son. bienes de dominio de la nación.. PALABRAS CLAVE.  Responsabilidad.  Seguridad.  Obligación.  Estado.  Prevención.  Servicio.  Vida.  Antijurídico. 4. CONTENIDO. La Carta Política de 1991 consagra como deber del Estado el de velar por la. protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común,. el cual prevalece sobre el interés particular, en donde todas las personas tienen. derecho a acceder a las vías públicas; con la adopción de medidas que garanticen. un mejor disfrute, uso o goce, a efectos de que los bienes de uso público puedan. ser compartidos en una forma adecuada y racional. En su artículo 2 la carta. magna, señala que las autoridades de la República están instituidas para proteger. a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias. y demás derechos y libertades. . Este afirmación que se hace encuentra sus asideros más próximos en el. denominado Contrato social que es un acuerdo voluntario que define tanto la. relación mutua de los individuos, concebidos como sujetos morales libres como la. relación de éstos con el gobierno y por este proceso estructura una sociedad bien. conformada ; ya que los individuos no entregaron porque si la concentración de los. poderes en un solo ente controlador, sino que lo hicieron a fin y con la esperanza. de que ese poder concentrado velara y diera buen uso de ese poder. encomendado.. Para Álvaro Bustamante Ledesma la responsabilidad del estado “Es la. consecuencia directa del deber que tiene el estado de servir a la comunidad en. forma eficiente y oportuna, de promover su prosperidad y garantizar la efectividad. de los principios y derechos consagrados en la constitución y si en las actividades. desarrolladas para esos fines comete irregularidades o incurre en deficiencias u. omisiones que lesionen a sus miembros, tiene que reparar el daño” 1 .. El tema de la seguridad en las vías debe abordarse como un factor determinante. para disminuir los índices de accidentalidad que allí ocurren, por ello se plantea. que la seguridad vial consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la. minimización de sus efectos, especialmente para la vida y la salud de las. personas, cuando tuviera lugar un hecho no deseado de tránsito.. La actividad como tal del transporte terrestre, es objeto de una permanente. vigilancia y control por parte del Estado colombiano, para ello pueden esbozarse. algunos principios o pilares, que determinan la obligación estatal de mantener en. buen estado las vías públicas: 1 Bustamante Ledesma Álvaro, La responsabilidad Extracontractual del Estado, Primera edición, Editorial. Legis, Bogotá 1998, pag44. 5. Principio de la Seguridad: Consagrado en el Art. 1° inciso 2° del Código Nacional. de Tránsito Terrestre. Se examina desde su composición amplia, es decir, en. cuanto a las vías como tal que deben ser seguras, en condiciones apropiadas, así. como desde el punto de vista del orden público. Si esa seguridad no es propiciada,. es cuestionada o puesta en peligro, por la inercia o la negligencia de las. autoridades llamadas a ejercer ese control, las consecuencias gravosas para los. particulares, que puedan seguirse de dichas omisiones o cumplimiento defectuoso. de tales competencias, han de ser asumidas por las respectivas entidades. públicas. . Principio de libertad de locomoción para las personas y vehículos: El tránsito. terrestre de personas 2 , animales y vehículos por las vías de uso público es libre,. con la observancia de los reglamentos dirigidos a garantizar la seguridad y. salubridad pública. . Principio de la Mantenimiento y Señalización: Alude a que cuando las entidades. que tiene a su cargo el deber de mantener y señalizar las vías públicas, omiten su. cumplimiento o lo hacen de manera defectuosa, comprometen la responsabilidad. de las personas jurídicas en cuyo nombre actúan, por evidente falta o falla en el. servicio público, a ellas encomendado.. ESTADO SOCIAL DE DERECHO. Cuando se habla de responsabilidad estatal, se relaciona con el Estado Social de. derecho que, como lo define el tratadista Marienhoff “... el Estado Social de. Derecho presupone una autolimitación de sus propios poderes por parte del. estado que permite frente a él un ensanchamiento de la esfera jurídica del. administrado, ensanchamiento que incluye responsabilidad estatal por actos o. hechos que le sean jurídicamente imputables” 3 . Así se resumiría lo anterior a que. todas las actividades del poder público están sujetas a normas jurídicas, lo que se. conoce como el mencionado principio de legalidad.. En este precepto se consagra en términos generales los deberes, derechos y. obligaciones de la administración pública frente a los deberes, derechos y. obligaciones de los particulares, y se establece un régimen jurídico de equilibrio. 2 Art. 24 de la Constitución Política.. 3 Marienhoff, Miguel S. Tratado de derecho administrativo. Ed. Abeledo-Perrot Buenos Aires, 1993, Tomo IV.. 6. entre aquéllas y estos. El deber de la administración es proteger a las personas. contra la agresión jurídica proveniente de los particulares, pero con mayor razón. aún tutelarlas contra los actos y hechos de las propias autoridades. Si la lesión. ocasionada por un tercero implica la indemnización del daño, la que es causada. por el mismo protector de ese derecho a de determinar, por lo menos, idénticas. consecuencias jurídicas. La violación del derecho por parte de la administración. pública encargada de la misión concreta y específica de ampararlo, conlleva una. mayor responsabilidad porque ella debe actuar, por mandato expreso de la Carta,. dentro de los límites de la legalidad. Si el Estado hiere el derecho particular y. ocasiona daño, necesariamente ha de responder de su acto.. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. A partir del año 1991 puede hablarse de una norma que explícitamente. fundamenta la responsabilidad del Estado, contenida en el artículo 90 de la. Constitución Política Nacional de 1991, el cual establece: “El Estado responderá. patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por. la acción o la omisión de las autoridades públicas...”. . En ese orden de ideas, dentro del universo Constitucional el fundamento de la. responsabilidad administrativa no se da siempre por una conducta dolosa o. culpable, que debe ser sancionada, sino por el quebrantamiento patrimonial que. hay que reparar. La atención del constituyente se desplazó, pues, desde el autor o. la conducta causante del daño, hacía la víctima misma. Por ello importa más. reparar el daño causado, que castigar una acción u omisión administrativa. culpable. La finalidad de la responsabilidad patrimonial no consiste en borrar una. culpa sino en hacer recaer sobre el patrimonio de la administración, el daño. sufrido por el particular. Inclusive, sucede en muchos casos que se tenga derecho. a la indemnización de los daños patrimoniales ocasionados con una actuación. administrativa lícita. . 7. TIPOS DE RESPONSABILIDAD ESTATAL.. LA TEORÍA DE LA FALLA DEL SERVICIO:. La falla del servicio básicamente se define como indebida actuación, omisión,. hecho u operación administrativa por parte del estado en la prestación de un. servicio y que causa daños o perjuicios a sus administrados.. Al respecto Libardo Rodríguez ha expresado lo siguiente:. “La teoría de la culpa o falla del servicio, que es una responsabilidad directa,. consiste en que se produce un daño debido a que una persona publica no ha. actuado cuando debía hacerlo , ha actuado mal o ha actuado tardíamente” 4. Para ello se requiere que se pruebe adecuadamente los siguientes elementos. constitutivos:. Un hecho, operación u omisión constitutivo de la falla del servicio: La falla. puede derivarse de cualquier actividad administrativa, vale decir, tanto de los actos. administrativos, como de los hechos, las operaciones y las simples omisiones. estatales. Cuando los perjuicios ocasionados por tal falla, son de carácter. patrimonial, surge, a cargo de la administración una responsabilidad resarcitoria. . Un daño o perjuicio patrimonial: El daño o perjuicio es todo detrimento,. menoscabo, dolor o molestia que sufre un individuo en su persona, bienes,. libertad, honor, crédito, afectos, etc. Supone pues, la destrucción o disminución. de las ventajas o beneficios patrimoniales de que goza un individuo, siempre que. estos sean lícitos, ya que la ley no puede amparar situaciones ilícitas o inmorales. . Un nexo causal: Una relación de causalidad entre el primero y el segundo, es. decir entre la falla y el perjuicio. El nexo causal es el vínculo de causalidad que. debe existir entre el hecho, la operación o la omisión constitutiva de la falla del. servicio, y el daño o perjuicio causado por él; es decir que tales perjuicios o daños. deben ser la consecuencia o el efecto de la falla del servicio. De lo contrario, no. hay responsabilidad. El nexo causal debe ser necesario, y además directo. Y es. 4 Rodríguez Libardo, Derecho administrativo General y Colombiano, Editorial Temis, Bogotá, 1998, Pagina 382.. 8. directo, cuando de no haber mediado la falla del servicio, el daño no se habría. producido. La teoría de falla del servicio tiene dos subsistemas:. a) La falla probada:. Este régimen de responsabilidad plantea “Grosso Modo” que la administración no. debe responder de pleno derecho por el daño causado, sino que se requieren. específicamente unos requisitos probatorios a cargo del administrado ósea el. demandante quien debe aportar las pruebas para que se declare responsable al. estado y por ende para que este entre a reparar todos los perjuicios o daños. ocasionados, es decir, aquí no se presume como responsable al estado.. La persona ya sea jurídica o natural que hace el papel de demandante es quien. debe aportar las pruebas plenas de la falla cometida por la administración e. igualmente en lo que tiene que ver con las condiciones de tiempo, modo y lugar en. que ocurrieron los hechos que se suponen fueron la causa del perjuicio.. b) La falla presunta:. Este régimen de responsabilidad es inverso al régimen de responsabilidad de la. falla probada, ya que aquí hay un traspaso de la carga de la prueba en tanto que,. ya no es al demandante a quien le incumbe la prueba de la culpa sino que es el. demandado quien debe desvirtuar esa presunción a través de la prueba de la. diligencia y el cuidado debido.. LA TEORÍA DEL DAÑO ESPECIAL:. Para que surja una responsabilidad del Estado por daño especial, es necesario. que concurran tres factores: 1. Que la administración despliegue una actividad. legitima. 2. Que se produzca en cabeza de un particular la ruptura de la igualdad. frente a las cargas públicas. 3. Que entre la actuación de la administración y el. rompimiento de esa igualdad, exista un nexo de causalidad.. Esta teoría se aplica de manera excepcional y por equidad, porque es subsidiaria,. de modo que ha de recurrirse a ella tan sólo en eventos en que el caso concreto. examinado no logre un encasillamiento dentro de los otros regímenes de. 9. responsabilidad y se aprecie por el sentenciador que esa ausencia de tipicidad, si. así puede decirse, comporta vulneración justificada del principio de equidad.. RESPONSABILIDAD POR RIESGO EXCEPCIONAL:. Según ésta teoría el Estado compromete su responsabilidad cuando quiera que en. la construcción de una obra o en la prestación de un servicio, desarrollados en. beneficio de la comunidad, emplea medios o utiliza recursos que colocan a los. administrados, bien en sus personas o en sus patrimonios, en situación de quedar. expuestos a experimentar un “riesgo de naturaleza excepcional”, es decir, que la. actividad del estado en sí misma es peligrosa, por ello al desarrollarla el Estado a. sabiendas de su peligrosidad se ve obligado a reparar dichos daños. RESPONSABILIDAD POR DAÑO ESPECIAL:. Acá se quebranta el llamado principio de la igualdad ante las cargas públicas, es. decir que el Estado en desarrollo de una actividad que beneficia a toda la sociedad. causa perjuicios a otros ciudadanos que no están en la obligación de soportar. dicho daño, así la actuación sea legítima, por ello el Estado debe indemnizarlos.. JURISPRUDENCIA. A continuación se expondrá jurisprudencia relevante del Consejo de Estado. colombiano a partir de 1.991, en su Sección Tercera, sobre la responsabilidad. extracontractual del Estado por la falta de mantenimiento y conservación de las. vías públicas:.  Expediente No. 6454, Actor: EDGAR, PEREZ RODRIGUEZ. Demandado. Instituto de Crédito Territorial. En este fallo del 27 de junio de mil. novecientos noventa y uno (1991), se empezó a hablar en el derecho. colombiano del enfoque de la responsabilidad administrativa fundamentada. en el daño antijurídico. En él se establece que los ciudadanos que transitan. por las vías públicas no tienen porque soportar ningún detrimento. patrimonial por el hecho de hacerlo. La sola circunstancia de que una. piedra se desprenda de las alturas, y cause un daño al peregrino que pasa,. permite afirmar que se ha registrado una ANTIJURICIDAD OBJETIVA.. 10.  En fallo del 22 de noviembre de 1991 el consejo de Estado 5 expone. nuevamente como sustento de la responsabilidad del Estado el daño. antijurídico estableciendo una responsabilidad objetiva, donde establece. que la culpa deja de ser el fundamento único de la responsabilidad estatal:. El caso es por fallas en el servicio de conservación y mantenimiento del. talud que soporta la carretera que de San Pedrito conduce a Villa Rosa y. que a la vez sirve de muro de contención a las aguas del Canal del Dique y. por la no oportuna operación del cierre del boquete o brecha acaecida en el. mencionado talud, lo cual ocasionó la inundación de las aguas del Canal. del Dique. Al respecto manifestó la Corporación: “No hay duda de que a. partir del texto Constitucional citado la responsabilidad se ha tornado en. grado sumo OBJETIVA, puesto que la culpa ha dejado de ser el. fundamento único del sistema indemnizatorio, convirtiéndose simplemente . en uno de los criterios jurídicos de imputación de daños a la administración.. Por ello es posible, en muchos casos, que se tenga derecho a la. indemnización de los daños patrimoniales ocasionados con una actuación. administrativa lícita. La filosofía que informa todo este universo jurídico se. apoya en EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD, que se recoge también en el. artículo primero de la Constitución Nacional cuando se afirma que Colombia. es un Estado social de derecho, fundado en el respeto de la dignidad de la. persona humana y en LA SOLIDARIDAD DE LAS PERSONAS QUE LA. INTEGRAN.”.  En sentencia del 25 de marzo 1993, 6 sobre la teoría del daño antijurídico,. se dijo, con referencia a los accidentes de tránsito que derivan. responsabilidad para el Estado por la falta de mantenimiento y. conservación de las vías públicas, lo siguiente: “Los ciudadanos que. transitan por las vías públicas no tienen por qué soportar ningún detrimento. patrimonial por el hecho de hacer uso de ellas. La sola circunstancia de que. una piedra se desprende de las alturas y cause un daño al peregrino que. pasa, permite afirmar que se ha registrado Antijuricidad Objetiva, máxime. cuando la administración conocía y conoce el universo del peligro en el sitio. en que ocurrió la tragedia. La circunstancia de que existan señales de. 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, 2 de noviembre de 1991, Consejero ponente: Julio César Uribe Acosta,. Expediente número 6784, Actor: Emilio Guido de Mazenett.. 6 Consejo de Estado, Sección Tercera, 2 de noviembre de 1991, Consejero ponente: Julio César Uribe Acosta,. Expediente número 6784, Actor: Emilio Guido de Mazenett.. 11. peligro no exime de responsabilidad a la administración, salvo que se. demuestre que la víctima incurrió en una culpa que fue determinante del. hecho. Defender la tesis contraria implicaría aceptar que el lesionado estaba. obligado a soportar el perjuicio, y ello no está ordenado en ninguna norma.. Por ello se enseña que la antijuridicidad del perjuicio existe siempre que las. leyes no imputen a la propia víctima los efectos de una determinada acción. administrativa”. (...).  En otra sentencia del Consejo de Estado del 6 de septiembre de 2001, se. declara la responsabilidad del Estado con fundamento en la falla del. servicio debido a unos obstáculos dejados en la vía por empleados del. Instituto Nacional de Vías quienes efectuaban obras en ese sitio y un. hueco, a consecuencia de ello muere un motociclista. “Así las cosas, se. considera demostrado que la muerte de Luis Alfonso Ríos González,. causada, según lo establecido en la primera parte de estas. consideraciones, por la ausencia de señales preventivas que advirtieran. sobre la existencia de un hueco de importantes proporciones sobre el carril. derecho de la citada carretera, es imputable al Instituto Nacional de Vías”. 7 .  Posteriormente en providencia de 2.009, el Consejo de Estado declaró la. responsabilidad de la administración por falla en el servicio:. “De acuerdo con las declaraciones rendidas en el proceso y las distintas. pruebas documentales aportadas al mismo -informe del accidente de. tránsito-, es preciso concluir que, sumado al deterioro y mal estado de la vía,. la zona del accidente no contaba con señalización alguna que advirtiera la. existencia de los huecos, situación que imposibilitó a la víctima cerciorarse. de su existencia y, por tanto, evitar el peligro que significaban. De esta forma,. considera la Sala que el INVIAS incumplió su deber de velar por el. mantenimiento y señalización de la carretera en que ocurrió el accidente,. pues, sumado al deterioro de la misma, no ubicó las señales necesarias para. prevenir a los usuarios y transeúntes sobre la existencia de los huecos en la. vía. . “En el caso concreto está acreditado que, pese a la existencia de huecos en. la vía –en términos técnicos, “depresiones”-, en la zona del accidente no se. encontraba instalada ninguna de estas señales que advirtieran su presencia.. 7 Consejo de Estado, Sección Tercera, 6 de septiembre de 2001, Consejero ponente: Alier Eduardo. Hernández Enríquez, Expediente número 15646, Actora: Belén González y otros.. 12. Por tanto, se encuentra que, sumado al incumplimiento de la obligación de. mantenimiento de la carretera, se configuró la falla del servicio consistente en. la falta de señalización de los huecos presentes en la carretera que. significaban peligro para los usuarios y transeúntes, pues de cumplirse con. este requerimiento, la señora Ruiz Valencia hubiera advertido y,. eventualmente, evitado el accidente. Se concluye, entonces, que el daño. antijurídico causado le es imputable al INVIAS de conformidad con el. régimen de la falla del servicio, toda vez que, existiendo un deber jurídico. previo, la entidad pública omitió su cumplimiento.” 8.  Luego en 2012, el Consejo de Estado adopta nuevamente la teoría de la falla. del servicio para fundamentar su decisión:. “En el sub-lite, se atribuye responsabilidad al Estado, por el incumplimiento. del deber de señalización, por considerar que la entidad debió asumir un. comportamiento activo para proteger efectivamente la vida de los. ciudadanos, bien efectuando el mantenimiento correspondiente o en su. defecto, como medida temporal instalando una señal que previniera a los. conductores sobre el deterioro de la vía, de modo que tomaran las. precauciones necesarias para transitar de manera segura. . De lo anteriormente expuesto se concluye entonces que existió una falla del. servicio consistente en la falta de mantenimiento y en la ausencia de. señalización de la vía y que ésta falla debe ser atribuida al INVÍAS, entidad. en la cual radicaba el cumplimiento de dicha función”. 9. 8 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 22 de julio de 2009; Exp. 16333; C.P. Enrique Gil Botero.. 9 Consejo de Estado; Sección Tercera, Sentencia del 18 de julio de 2012; Exp. 24160; C.P OLGA MÉLIDA. VALLE DE DE LA HOZ.. 13. CONCLUSIONES. De lo anteriormente expuesto, se puede establecer que la responsabilidad estatal. con origen en la falta de mantenimiento y señalización de las vías públicas, tiene. diferentes tratamientos por parte del Consejo de Estado dependiendo de las. circunstancias particulares de cada caso en concreto. Por lo cual, dependiendo de. las situaciones se aplicará uno de los tipos de responsabilidad.. Es claro que el Estado como garante de los derechos y libertades, no solo tiene el. deber de construcción de las vías, sino que también está a su cargo la función de. señalización y mantenimiento, ya que si ocurre algún accidente imputable a su. actuar por acción u omisión, debe responder por la totalidad de los daños y. perjuicios que su falla en la prestación del servicio ocasione.. Igualmente, vale resaltar que el régimen de responsabilidad objetiva propuesto por. la constitución nacional de 1991 en su artículo 90, se ha convertido en un. mecanismo importantísimo para la protección efectiva de los derechos de los. Colombianos, ya que el ser humano es visto como un sujeto de protección en las. actuaciones del Estado, pues le imprime a éste el deber de actuar con diligencia y. sumo cuidado, so pena de tener que indemnizar y reparar los daños cometidos al. afectado, lo cual va en consonancia con la cláusula del estado social de Derecho,. que busca una autolimitación de los poderes del estado, en beneficio de los. administrados.. . 14. BIBLIOGRAFIA. Bustamante Ledesma Álvaro, La responsabilidad Extracontractual del Estado,. Primera edición, Editorial Legis, Bogotá 1998.. De Irisarri Restrepo, Antonio José. “La Responsabilidad de la administración. pública por falla o culpa del servicio en Colombia”. Artículo inmerso en el libro La. responsabilidad de la administración pública en Colombia, España, Francia e. Italia, Editorial de la Universidad Externado de Colombia, 1986.. Esguerra, Juan Carlos. La Responsabilidad del Estado por Falla del Servicio. Público. Pontificia Universidad Javeriana. 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Rodríguez Libardo, Derecho administrativo General y Colombiano, Editorial Temis,. Bogotá, 1998.. Consejo de Estado, Sección Tercera, 28 de octubre de 1976, Consejero Ponente:. Jorge Valencia Arango, expediente N° 1482, actor: Banco Bananero del. Magdalena, A.C.E., T. XCI.. 15. Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencias de julio 19 de 1997, Exp.. 11875, C.P. Daniel Suárez; octubre 30 de 1997, Exp. 10958, C.P. Ricardo Hoyos;. 14 de febrero de 2002, Exp. 13253 y marzo 10 de 2005, Exp. 14395, C.P. Ramiro. Saavedra Becerra.. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001,. expediente 13.232-15.646. MP. Alier Eduardo Hernández Henríquez. . Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de octubre 4 de 2007. Exp:. 16.058 y 21.112 acumulados. CP. Enrique Gil Botero.. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de agosto de 2008; Exp.. 17042; C.P. Enrique Gil Botero.. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 22 de julio de 2009; Exp.. 16333; C.P. Enrique Gil Botero.. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de febrero 3 de 2010, rad 18034.. MP. Enrique Gil Botero y sentencia de octubre 14 de 2011, rad 22066. MP. Ruth. Stella Correa Palacio.. Consejo de Estado; Sección Tercera, Sentencia del 18 de julio de 2012; Exp.. 24160; C.P OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ.. 16

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