Naturaleza jurídica de la “aceptación de oferta” en la modalidad de contratación de mínima cuantía

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UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – Especialización en Derecho Administrativo

NATURALEZA JURÍDICA DE LA “ACEPTACIÓN DE OFERTA” EN LA

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA1

LEGAL NATURE OF THE "OFFER ACCEPTANCE" IN THE PUBLIC PROCUREMENT

Paola Andrea Ramírez Céspedes2

Resumen

Una de las actuaciones administrativas que generaba conflicto, estaba relacionada con la naturaleza jurídica de la comunicación de aceptación de oferta en la modalidad de mínima cuantía. Cuando una entidad pública evidenciaba vicios que afectaban el contenido de dicha comunicación (Inhabilidades, incompatibilidades, ausencia de requisitos habilitantes, existencia de medios ilegales, etc.), podía proceder bajo dos alternativas:

Por una parte, se consideraba que la comunicación reunía los elementos esenciales de un acto administrativo, por lo que el trámite aplicado al caso podía ser la Revocatoria Directa.

Por otra parte, surgía el concepto en virtud de disposición legal (Ley 1474, 2011), en la que la oferta junto con su comunicación de aceptación, constituyen un contrato celebrado, razón por la cual debía darse por terminado unilateralmente el “contrato” y solicitar, posteriormente, la declaración de nulidad por vía judicial, mediante el medio de control de controversias contractuales.

Es por ello, y con el fin de determinar la naturaleza jurídica de la aceptación de la oferta, dentro de la modalidad de mínima cuantía, que este artículo buscó identificar los elementos esenciales de la oferta y de la aceptación de la oferta, y cómo esta fue adoptaba por el derecho

1 El presente trabajo de investigación es presentado como trabajo de grado de la Especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás de Bogotá.

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público para adquirir bienes y servicios de mínima cuantía, a la luz de los principios de eficiencia, económica y transparencia de la función administrativa.

Abstract

One of the administrative actions that generated conflict was related to the legal nature of the offer acceptance communication in the minimum amount modality. When a state office evidenced vices that affected the content of said communication, it could proceed with two alternatives:

On one side, it was considered that the communication met the essential elements of an administrative act, so the procedure applied to the case was the Direct Revocation.

On the other hand, the concept arose by virtue of legal disposition (Law 1474, 2011), that the offer together with its communication of acceptance, constitute a true contract concluded, reason why the "contract" should be terminated unilaterally and request, subsequently, the declaration of nullity by judicial sentence, through the contractual disputes action.

That is why, and in order to determine the legal nature of the acceptance of the offer, within the minimum amount modality, this article sought to identify the essential elements of the commercial offer and the acceptance of the offer, and how is this was adopted by public law to acquire goods and services of minimum amount, in light of the principles of efficiency, economy and transparecy of the administrative function.

Palabras clave

Oferta

Aceptación de oferta Mínima Cuantía Contrato

Acto Administrativo

Keywords

Offer

Acceptance of offer Minimum Amount Contract

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3 Introducción

No es un secreto que la vida práctica del Derecho y las innumerables vicisitudes que se presentan, superan hasta la más minuciosa regulación y las más avanzadas herramientas metodológicas de interpretación e integración normativa. Esta problemática tampoco es ajena en la órbita de la contratación estatal, que constituye un punto en el convergen varios intereses. Por un lado, encontramos la constante, apremiante y exigente actividad pública en satisfacer innumerables necesidades bajo el compromiso de cumplir con los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. Pero por el otro lado, encontramos los intereses de los particulares, que aspiran contratar con el Estado, bajo condiciones objetivas de participación, no solo para colaborar en la materialización de dichos fines, sino que, como es apenas obvio, persiguiendo una utilidad razonada y además legítima, que corresponde al Estado proteger.

Todos estos intereses y necesidades, coexistentes y variados, suscitan una multiplicidad de situaciones que obligan al Estado a buscar soluciones efectivas y eficaces en materia de compra pública, mecanismos que no solo se sustenten en el estatuto de contratación, sino que vayan más allá, integrando normas comerciales y civiles ante la evidente conexidad material, teleológica y sistemática entre ellas, bajo el contexto de la existencia de una negociación que implica contraprestación y la existencia de obligaciones. Esta correlación y armonización normativa, encuentra más solides cuando la misma (Ley 80, 1993), expresa que los contratos que celebren las entidades se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en la ley.

En esta integración normativa, el legislador incorporó figuras del negocio jurídico propias del derecho comercial en lo que conocemos como “oferta” y “la aceptación de la oferta” dentro de la modalidad de mínima cuantía. La concurrencia de estas figuras comerciales dentro de un proceso de contratación pública, fueron amparadas bajo la sombra de los principios que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política, tales como celeridad, eficiencia y económica, pues se espera que el Estado satisfaga las necesidades de sus administrados en el menor tiempo posible y bajo la visión de menor costo-mayor beneficio.

Sin embargo, la adopción de estas figuras comerciales, y bajo la óptica del derecho administrativo, ha suscitado, en muchas ocasiones, confusiones en relación con su naturaleza jurídica.

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administrativo en stricto sensu, ya que emana de la voluntad unilateral de la administración (quien manifiesta su aceptación a un ofrecimiento), y crea una situación jurídica concreta.

Por otra parte, en la visión contractualista / comercialista, y bajo la interpretación exegética de la norma3, la oferta, junto con la comunicación de aceptación, constituyen el contrato. En consecuencia, no es posible ver a la aceptación de oferta como un documento aislado e independiente, sino como un todo inescindible.

Ahora bien, ante la ocurrencia de vicios que afecten el contenido de la “aceptación de la oferta” y dependiendo la visión con la que se analice su naturaleza jurídica (administrativista Vs. Contractualista / comercialista), la entidad deberá optar, ya sea por una revocatoria directa del acto administrativo de aceptación de oferta o por la terminación unilateral del “contrato”, y su posterior declaratoria de nulidad, vía judicial.

Esta discrepancia de posiciones, ha llevado a que la administración opte por acudir al análisis que resulte más expedito sin que analice de fondo la naturaleza jurídica de la aceptación de la oferta, en la modalidad de mínima cuantía.

En este orden de ideas, el presente escrito tiene por objeto analizar la controversia que de ello se desprende, para lo cual se examinarán los elementos esenciales de la “aceptación de oferta”, en un negocio meramente civil, a contrario sensu, de las relaciones que emanan entre una entidad pública y un particular, cuyas consecuencias, evidentemente se materializan en la forma correcta de dejar sin efectos jurídicos la “aceptación de oferta”, cuando de ella se desprenden vicios que afectan su validez, dentro de un proceso de mínima cuantía.

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NATURALEZA JURÍDICA DE LA “ACEPTACIÓN DE OFERTA” EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA

En el diario quehacer de lo público, nos vemos expuestos a circunstancias que trascienden la norma misma, y obligan, en aras de la primacía de los insistidos principios de celeridad, economía y eficiencia, a tomar decisiones que agilicen la labor administrativa, sin que con ello se afecten intereses de mayor envergadura. La situación se torna más delicada aún, cuando de por medio nos encontramos con la administración de recursos públicos en el desarrollo de procesos de contratación, ya que, por un lado, se obliga a que las decisiones de sus representantes estén dirigidas a buscar “el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines” Art. 3 (Ley 80, 1993), y por otro, al tenor del Art. 6 de la (Constitución Pólitica de Colombia, 1991), no pueden olvidar que “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

Estos dos pilares normativos, delimitan el accionar de la administración frente a los asuntos de compra pública, pues en búsqueda de los fines estatales, y de los principios que enmarcan la función administrativa, debe tomarse decisiones que satisfagan las necesidades de la entidad, agilicen la labor administrativa, generen confianza y se adecuen al ordenamiento jurídico.

Al respecto, y adentrándonos aún más en la contratación pública, específicamente en los procesos adelantados bajo la modalidad de mínima cuantía, se ha observado como práctica común de la administración, que, al expedir la aceptación de oferta, como punto concluyente de la etapa precontractual, y ante la ocurrencia vicios que afectan la validez del negocio jurídico, ya sea porque inobservaron requisitos habilitantes del proponente seleccionado4, porque la necesidad de la contratación ha cesado5, por la existencia de inhabilidades e

4 Los requisitos habilitantes son la aptitud del proponente para participar en un Proceso de Contratación como oferente y están referidos a su capacidad jurídica, financiera, organizacional y su experiencia. El propósito de los requisitos habilitantes es establecer unas condiciones mínimas para los proponentes de tal manera que la Entidad Estatal sólo evalúe las ofertas de aquellos que están en condiciones de cumplir con el objeto del Proceso de Contratación (Colombia Compra Eficiente, 2013).

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incompatibilidades6, etc, es muy usual, que las entidades opten por acudir al Art. 93 de la (Ley 1437, 2011), para revocar, al amparo de una de sus causales7, la decisión de aceptación” de un oferente8, sin que realmente se analice la figura jurídica de la comunicación de aceptación de oferta, sus elementos esenciales y su relación con la oferta presentada por el proponente.

Por otra parte, es entendible que someter el asunto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para debatir su legalidad, implica que la necesidad que pretendía satisfacer la contratación, quedará suspendida mientras media una decisión de fondo, y, por supuesto, desnaturaliza los principios en los que se ampara la modalidad de mínima cuantía (celeridad, económica y eficiencia.)

Es por ello, que para aclarar la compleja naturaleza jurídica de ese complejo acto, conviene iniciar el estudio de las figuras de “oferta” y “Aceptación de la Oferta

1. Elementos esenciales de la “oferta” y la “Aceptación de Oferta” para en el Derecho Comercial Colombiano.

La “Oferta” y “la Aceptación de la oferta”, son actos jurídicos con características particulares, que al concurrir en un mismo objeto y en el precio, pueden llegar a configurar el perfeccionamiento del Contrato9. Ambos actos encuentran sus orígenes en el Código de Comercio, en particular en el Art. 845 del (Decreto 410, 1971), en donde la oferta, es definida como:

[…] “proyecto de negocio jurídico que una persona formula a otra, deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Se entenderá

detalladamente planeado y presupuestado, para que cumpla con los cometidos estatales. (https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248, s.f.)

6 La Inhabilidad es la incapacidad, ineptitud o circunstancias que impiden a una persona ser elegida o designada en un cargo público y en ciertos casos, impiden el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio. (Departamento Nacional de la Función Pública, 2011)

7 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

8 A manera de ejemplo encontramos actos de revocatoria de aceptación de oferta de entidades como la Resolución No. 091 de 2012 del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Resolución No. 081 del 25 de Julio del Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Fondane.

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que la propuesta ha sido comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario”.

En relación con los elementos esenciales, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, recordó que “para su eficacia jurídica, la oferta deberá ser firme, inequívoca, precisa, completa, voluntaria y estar dirigida al destinatario o destinatarios y llegar a su conocimiento” (Sentencia, 2016).

En otras palabras, la oferta requiere de una voluntad firme y decidida para celebrar un contrato, razón por la cual reviste el carácter de irrevocable, en virtud del art. 846 del Código de Comercio (Decreto 410, 1971), por lo que no es posible10 que el oferente se retracte de su propuesta.

Por otra parte, el contenido de la oferta debe ser completo, es decir, en ella debe constar todos los elementos esenciales de contrato que se pretende celebrar (Arrendamiento, suministro, compraventa, prestación de servicios etc.). La finalidad de este requisito, es que la mera aceptación de la oferta, perfeccione el contrato. En consecuencia, la oferta en sí misma no configura un negocio jurídico, ya que el acto aislado del consentimiento del comprador, es incompleto y no genera obligación alguna, por el contrario, la oferta como manifestación de voluntad requiere, para ser perfeccionada, del aceptación del comprador (Mulánovich, 2014). Ahora bien, en relación con la “aceptación de la oferta”, el Código de Comercio, (Decreto 410, 1971), en su artículo 85411, solo hace alusión a la oferta tácita, sin que profundice en sus características y particularidades. Sin embargo, la doctrina ha definido a la “aceptación de la oferta” como la “declaración de voluntad dirigida al proponente u oferente, por el destinatario de la oferta, de querer concluir el contrato en los mismos términos en que fue propuesto” (Mulánovich, 2014); se trata, entonces, de una declaración de voluntad que concluye el negocio jurídico mediante la aceptación de las condiciones propuestas por el oferente.

Por su parte, Arrubla Paucar, (EL PERIODO PRECONTRACTUAL, 1975 Vo. 70), define a la aceptación de la oferta “como un acto jurídico unilateral, por medio del cual, el destinatario de la oferta manifiesta su aceptación incondicional a la misma” (subrayado fuera de texto).

Como elementos esenciales de la “aceptación de oferta”, en una negociación puramente civil, se pueden destacar los siguientes:

 Acto voluntario: Corresponde al destinatario manifestar su intención libre de acoger la oferta, bajo los términos y condiciones indicados en ella.

10 La oferta si es revocable, pero su revocación injusta obliga a indemnizar perjuicios al oferente. 11“La aceptación tácita, manifestada por un hecho inequívoco de ejecución del contrato propuesto,

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 Manifestación de voluntad unilateral: El destinatario acepta el contenido y las condiciones de la oferta, con independencia de la conducta de uno o más sujetos.  Decisión concluyente: La aceptación de oferta culmina con el periodo de negociación

y puede perfeccionar el contrato.

 Acto puro y simple: Basta con informar que se acepta la oferta, para que el negocio jurídico se perfeccione. Es decir, el acto mismo no requiere mayores formalidades ni ritualidades.

En otras palabras, las definiciones, características y alcances de la “oferta” y la “aceptación de oferta”, establecidas por la legislación comercial, han garantizado un marco de institucionalidad en la práctica entre comerciantes, máxime cuando quienes convergen en el acto mercantil, tienen propósitos de lucro. Sin embargo, y en este punto, es necesario analizar, si las características definidas para ambas figuras, se mantienen cuando una de las partes, no persigue un lucro, sino la materialización de fines institucionales más elevados (Estado).

2. Adopción de la “oferta” y “aceptación de oferta” en la Contratación Pública.

En la configuración normativa de la contratación pública, el legislador incorporó en el Estatuto General de Contratación (Ley 80, 1993), la figura de licitación Pública como modalidad de selección del contratista, instituyéndola, así misma, como la regla general y de prevalencia frente a otros medios de contratación. Aunque su aplicación en compra pública, generaba confianza ante la rigurosidad de sus requisitos, los tiempos y trámites procesales alrededor de esta modalidad, la hicieron dispendiosa y poco eficiente para el cumplimiento de los fines del Estado.

Ante la necesidad de dinamizar las compras públicas, el legislador, después de ocho años de vacíos en materia de contratación estatal, expidió una nueva normativa que incluyó otras modalidades de contratación, de acuerdo con la naturaleza del bien o servicio a adquirir (Selección abreviada y Concurso de Méritos). Aunque la idea del legislador, fue corresponder a la necesidad de eficiencia y eficacia en las compras públicas, las modalidades incorporadas no respondieron favorablemente a las necesidades de las entidades públicas, sobre todo, en las relacionadas con compras de bajo presupuesto.

Después de los fallidos intentos por prever un mecanismo transparente, y a su vez eficiente, se expidió la Ley 1474 de 2011, como respuesta a la profunda crisis social y ética producto de la corrupción. Dentro de las medidas de trasparencia a cogidas, se incluyó la modalidad de mínima cuantía12, que como característica especial redujo términos de selección de contratista y disminuyó los requisitos de participación. La modalidad de mínima cuantía se

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constituyó como un mecanismo rápido, ágil y eficaz, para la satisfacción del interés público independientemente de su objeto13.

La intención del legislador fue establecer “un procedimiento que es bastante ágil y garantiza la pluralidad de oferentes, con innovaciones tan importantes como que la entidad pública pueda realizar adquisiciones en grandes almacenes, lo que garantiza que el precio al que compre la entidad sea el precio de mercado más conveniente” (Ministerio del Interior y de Justicia, 2011).

Dentro de las innovaciones que trajo la modalidad de mínima cuantía, fue la importación de figuras del derecho comercial como la “Aceptación de la oferta”, que por prescripción directa de la (Ley 1474, 2011) el literal d) art. 94, estableció que “d) la comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal”. (negrilla y subrayado fuera de texto).

De la lectura del texto normativo se desprenden varios interrogantes. 1. La existencia del contrato está sujeta a una comunicación de la aceptación de oferta? 2. Cuál es la naturaleza jurídica del acto de aceptación de oferta, como acto independiente?

2.1. Aceptación de la Oferta como elemento constitutivo y perfeccionador del contrato estatal. (Visión comercialista del contrato)

Para los que apoyan la teoría comercialista / contractualista del contrato, la oferta y la aceptación de oferta, son dos elementos que al coincidir en objeto y contraprestación, resultan ser inescindibles, y no podrán ser analizados en forma separada. Esta visión de acto coligado ha sido jurisprudencialmente discutida y definida como:

“[…] dos elementos se tornan necesarios para que pueda hablarse de negocios coligados: una pluralidad de negocios y la conexión entre ellos mismos’, […]” (Sentencia SC18476, 2017).

De lo anterior se colige que, dicha conexión fue adoptada por el legislador cuando acuñó la teoría comercial de la relación entre oferta y aceptación para la modalidad de mínima cuantía en contratación estatal, mediante el literal d) art. 94 de la (Ley 1474, 2011) “d) la comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal”, pues con base en ello, la existencia de la “aceptación de la oferta” una vez nace a la vida jurídica, se encuentra vinculada o ligada a la oferta o propuesta.

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Bajo esta perspectiva, se entiende que la oferta presentada en virtud de un proceso de contratación bajo la modalidad de mínima cuantía, que resulta seleccionada por la entidad, bajo criterios objetivos de participación, es aceptaba mediante un acto que corresponde al ordenador del gasto, y constituye, en consecuencia, el contrato.

Ahora bien, de acuerdo con la (Ley 1474, 2011), en virtud del Art. 94, para que se configure el “contrato”, es necesaria la existencia de una característica particular: la comunicación.

Con base en ese precepto, la concurrencia de la oferta con su aceptación, se da cuando la misma ha sido comunicada. En contratación pública, la publicidad de los actos expedidos en virtud o con ocasión de una compra, se entienden conocidos o comunicados cuando los mismos han sido publicados en la plataforma SECOP14.

En consecuencia, si la comunicación no se ha llevado a cabo, pero el acto de aceptación sí nació a la vida jurídica, el mismo se constituye como un acto administrativo, sin que se pueda presumirse la existencia del contrato, como relación inescindible entre oferta y aceptación.

Por tanto, es importante precisar, que así se haya llevado a cabo la comunicación, esta situación no desfigura la teoría de la “aceptación de oferta” como acto administrativo, toda vez que son consecuencias separadas:

“Si uno quisiera averiguar la esencia del acto y su notificación, podíamos decir que son cosas distintas […] primero acaece el acto escrito, luego la notificación, además el segundo es instrumento del primero. […] Si es escrito, se suele escribir y firmarlo primero y luego enviarlo o de otro modo comunicarlo al destinatario” (Gordillo, 2017)

2.2. Aceptación de Oferta como acto administrativo equivalente al acto de adjudicación. (Visión administrativista)

En esta concepción, la aceptación de oferta debe ser analizada desde su origen, como acto independiente, particular y autónomo. Así lo ha expresado parte de la académica, al considerar que la oferta y la aceptación de oferta son:

“dos voluntades que […] pueden examinarse aislada y separadamente antes del perfeccionamiento del negocio y también en esa misma forma independiente

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producen efectos y generan responsabilidades. Antes del contrato, esas declaraciones de voluntad pueden observarse cada una como un negocio jurídico autónomo, de naturaleza unilateral y con efectos propios y transitorios” (P., 1975 Vo. 70).

Bajo esta visión, y partiendo de las características de la aceptación de oferta ya esbozadas, se le atribuye a la “aceptación de la oferta”, dentro del contexto de la contratación pública, que la misma reviste el carácter de acto conclusivo o definitivo de la etapa precontractual en la modalidad de mínima cuantía, ya que es por medio de este acto de la administración, en virtud de la verificación de requisitos habilitantes, que acepta la oferta más favorable para la entidad pública. Al respecto, el Consejo de Estado, ha equiparado el acto de aceptación de oferta, con el acto de adjudicación, propio de las modalidades de licitación pública, concurso de méritos y selección abreviada. El acto de adjudicación del contrato estatal ha sido entendido como “el acto (administrativo) mediante el cual una entidad pública manifiesta su aceptación a la propuesta u oferta presentada por alguno de los participantes en un proceso de selección, y se obliga a suscribir con este el contrato proyectado” (Sentencia , 2017).

Como corolario de lo anterior, se desprende el hecho de que el acto por medio del cual se acepta la oferta presentada, en virtud de un proceso de contratación de mínima cuantía, involucra características propias de un acto administrativo a saber:

1. Es una manifestación del ejercicio de la función pública de la administración

(Gordillo, 2017): Al respecto, y en el contexto de la contratación pública, corresponde a la entidad estatal, en cabeza de su ordenador del gasto y en virtud de Art. 11 de la (Ley 80, 1993), la competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones15 y para escoger al contratista. En consecuencia, el acto de aceptación de oferta, obedece a una manifestación atribuida al ejercicio público de las entidades estatales.

2. Voluntad Unilateral de la administración. Al respecto, es preciso hacer hincapié, que a diferencia de los contratos, la “aceptación de oferta”, es un acto en donde se involucra una sola voluntad, es decir, en este acto, no concurren dos voluntades encaminadas a la celebración de un negocio jurídico. En consecuencia, la “aceptación de oferta” es la manifestación de la entidad estatal que avalar o acoge un ofrecimiento previo, por lo que la única voluntad expresa en ese documento es la del ordenador del gasto.

3. Genera efectos jurídicos. Como los actos administrativos, la “aceptación de oferta”, está llamada a generar efectos jurídicos, que para este caso, se concretan con la

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creación de un derecho y obligaciones mutuas en relación con la prestación de servicio o bien ofrecido.

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13 Conclusiones

Naturaleza jurídica de la Aceptación de Oferta en el proceso de Mínima Cuantía. – Consecuencias jurídicas.

En virtud, de todo lo expuesto, se infiere que la “aceptación de la oferta” es, entre otras cosas:

(i) Un acto que acoge una oferta presentada en virtud de un proceso de contratación pública, que contiene una motivación razonada en el sentido de indicar las razones de hecho y de derecho por las cuales se escoge o acepta una oferta presentada en un proceso de mínima cuantía.

(ii) Un acto de carácter definitivo, porque con la “aceptación de la oferta” termina el proceso de selección y la administración adopta una decisión definitiva sobre la futura celebración del contrato proyectado. Por lo tanto, nos encontramos frente a la existencia de un acto administrativo.

Luego, la conclusión correcta sería, que ante la clasificación de la aceptación de oferta, como acto administrativo, el mecanismo adecuado para atacar el contenido ante la ocurrencia de vicios que afecten su validez16, permite que el mecanismo jurídico procedente sea la revocatoria directa.

Frente a la procedencia de la revocatoria directa en los procesos de contratación pública (Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, 2016), se ha precisado que las entidades estatales pueden acudir a ella, ante la existencia de actos administrativos que se profieran con ocasión de los procesos de contratación que se adelanten, y siempre y cuando los mismos incurran en las causales establecidas en el art. 93 (Ley 1437, 2011):

“1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley”17.

16 A modo de ejemplo: 1. El incumplimiento de requisitos habilitantes del proponente seleccionado, 2. La necesidad de la contratación ha cesado, 3. Existencia de inhabilidades e incompatibilidades no detectadas durante la etapa precontractual. 4. Comisión de delitos durante la etapa precontractual, con ocasión a ella.

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“2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él”.18

“3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”19.

Al respecto, Colombia Compra Eficiente (Revocatoria directa en los Procesos de Contratación. Concepto N° Radicado: 216130000509, 2016) , ha indicado que los actos administrativos que surjan en virtud de la contratación pública, pueden ser revocados en cualquier tiempo, siempre y cuando no exista sobre ellos sentencias ejecutoriadas.

18 Frente a esta causal, es menester indicar que, cuando la entidad, en el transcurso del trámite precontratual, y proferida la aceptación de la oferta, puede revocarla directamente, cuando evidencie que la necesidad en la que se fundaba fue superada. Continuar con el trámite de contratación, implicaría, atentar contra el interés público.

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