Los derechos de las personas con especial protección constitucional en materia de servicios públicos domiciliarios

Texto completo

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LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON ESPECIAL PROTECCION

CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

LUIS ANTONIO PINO HUMANEZ

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FACULTAD DE DERECHO

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO

VILLAVICENCIO

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LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON ESPECIAL PROTECCION

CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

LUIS ANTONIO PINO HUMANEZ

Informe presentado para optar al título de Especialista en Derecho Administrativo

Asesor

PhD. SONIA PATRICIA CORTES ZAMBRANO

Doctora en Derecho

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FACULTAD DE DERECHO

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO

VILLAVICENCIO

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Autoridades Académicas

P. UBALDO LÓPEZ SALAMANCA, O.P.

Rector General

P. EDUARDO GONZÁLEZ GIL, O.P.

Vicerrector Académico General

P. JOSÉ ANTONIO BALAGUERA CEPEDA, O.P.

Rector Sede Villavicencio

P. FERNANDO CAJICA GAMBOA, O.P.

Vicerrector Académico Sede Villavicencio

Adm. JULIETH ANDREA SIERRA TOBÓN

Secretaria de División Sede Villavicencio

PhD. SONIA PATRICIA CORTES ZAMBRANO

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Nota De Aceptación

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_______________________________

_______________________________

SONIA PATRICIA CORTES ZAMBRANO

Decana de Facultad Derecho

GILMA YAMILE CUBILLOS GUTIÉRREZ

Coordinador Especialización en Derecho Administrativo

SONIA PATRICIA CORTES ZAMBRANO

Director Trabajo de Grado

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Contenido

Pág.

Resumen ... 6

Introducción ... 8

Problema de investigación ... 9

Justificación... 10

1. Personas con especial protección constitucional y el derecho fundamental a la prestación de los servicios públicos domiciliarios ... 11

1.1. Hechos. ... 11

1.2. Decisiones judiciales... 11

1.3. Derecho al debido Proceso. ... 12

1.4. Derecho al Mínimo Vital. ... 17

Conclusiones ... 19

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Resumen

La garantía en la prestación de los servicios públicos domiciliarios por parte del Estado

a través de las diferentes empresas que efectúan la prestación de estos, ha de entenderse

como una obligación de carácter constitucional que se tiene para todos los habitantes del

territorio, en especial, con aquellos sujetos que requieran una especial protección de

carácter constitucional, pues debido a su condición física, psicológica o social particular

merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva.

Así, la Corte Constitucional ha considerado que entre los grupos de especial protección

constitucional se encuentran: los niños, los adolescentes, los ancianos, los disminuidos

físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por

la violencia y aquellas que se encuentran en extrema pobreza (Sentencia T-167, 2011).

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Abstract

The warranty on the provision of public services by the state through different

undertakings to provide these, is to be understood as a constitutional obligation that has

to all inhabitants of the territory, especially with those subjects that require special

constitutional protection, because due to their physical, psychological or social condition

deserve special state affirmative action for the purpose of achieving real equality. The

Constitutional Court has held that among the groups of special constitutional protection

are: children, adolescents, the elderly, physical, psychic and sensory handicapped, female

heads of household, displaced by violence and those in extreme poverty (Sentencia

T-167, 2011).

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Introducción

En el presente trabajo, se tomará como objeto de análisis el fallo proferido por la Corte

Constitucional mediante Sentencia T-793, de 2012, en el cual la Corte examinará el caso

en el que una empresa de energía eléctrica suspendió el servicio a una comunidad

alegando que se encontraban en mora en el pago de sus obligaciones, sin tener en cuenta

que había sujetos de especial protección constitucional, los cuales dependían del servicio

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Problema de investigación

¿Es procedente suspender el servicio en un domicilio donde residen sujetos con especial

protección constitucional? Si bien la suspensión del servicio por falta de pago en

inmuebles donde habitan sujetos de especial protección constitucional resulta legítima si

esta no trae como consecuencia el desconocimiento de derechos fundamentales. No

obstante si el resultado de este acto es la vulneración de derechos como la vida, la salud

deberá ser notificado por la empresa prestadora del servicio, al usuario cumpliendo las

exigencias del debido proceso y contener los recursos que proceden contra este acto,

termino para instaurarlo y ante que autoridad se debe presentar. Aunque si la empresa

determina que la suspensión del servicio a pesar de su legitimidad acarreara la afectación

de derechos fundamentales deberá abstenerse de realizarlo.

Resulta necesario que los usuarios conozcan los derechos que tienen frente a las empresas

prestadoras de servicios públicos domiciliarios y la vulneración de los derechos de los

usuarios por parte de dichas empresas, al punto que los usuarios deben acudir a

mecanismos como el de la acción de tutela en busca de la protección de sus derechos

constitucionales fundamentales, cuando aún existiendo otros mecanismos de defensa los

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Justificación

El Estado debe garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios estipulados

como derechos fundamentales del ser humano, la vulneración de estos pone en riesgo el

bienestar y el desarrollo interpersonal del usuario; la asistencia debe ser regulada por los

gobiernos sin importar que las empresas que presten estos servicios sean empresas

públicas o privadas, garantizando así el cubrimiento oportuno de la demanda de la

ciudadanía, ya que de estos depende desarrollo socio-económico de la comunidad.

Entendiendo los servicios públicos domiciliarios como aquellos que reciben las personas

en su domicilio o lugar de trabajo y sirven para satisfacer las necesidades básicas de

bienestar y salubridad de la población, de conformidad con el artículo 1º de la Ley 142 de

1994, los cuales son servicio de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica,

distribución de gas combustible, telefonía pública básica conmutada y la telefonía local

móvil del sector rural (Aguas de cartagena S.A. E.S.P., 2013).

El artículo 365 de la Constitución Política de Colombia establece que, los servicios

públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, ya que es deber de este asegurar

su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional (Colombia,

Constitución Política, 1991). Esto permite reafirmar la importancia de su vulneración, por

tal motivo los usuarios que vean vulnerados sus derechos deben acudir a los mecanismos

(11)

1. Personas con especial protección constitucional y el derecho fundamental a la prestación de los servicios públicos domiciliarios

1.1. Hechos.

Los habitantes del barrio Ríos de Agua Viva del municipio de Soledad Atlántico

instauraron una Acción de Tutela contra la Empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., por

la presunta violación de sus derechos a la igualdad, debido proceso, servicios públicos,

bienestar general y a la vida digna, debido a la interrupción en la prestación del servicio

de energía eléctrica por parte de la empresa accionada.

En respuesta a la acción constitucional, la Empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. alegó

que había procedido a suspender el servicio de energía eléctrica en el barrio Ríos de Agua

Viva por dos razones: en primer lugar, porque tanto la Gobernación del Atlántico como la

Empresa de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad (EDUMAS S.A.) habían

requerido previamente a la Empresa de Servicios Públicos para que suspendiera el

servicio, y en segundo lugar porque los habitantes del sector habían dejado de pagar tres

o más facturas, y esas a su juicio son causas en las que la ley expresamente autoriza a

suspender los servicios públicos domiciliarios (Sentencia T-793, 2012).

1.2. Decisiones judiciales.

El Juzgado Tercero Civil Municipal de Soledad Atlántico, resolvió no tutelar los derechos

invocados asegurando que la falta de pago por parte de quienes se benefician del servicio,

se constituye en una razón jurídica para realizar dicha suspensión.

De la impugnación conoció el Juzgado Segundo Civil de Circuito de Soledad, autoridad

que lo confirmó. Para llegar a esa conclusión, consideró que los accionantes pretenden se

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Ley 472 de 1998. Por ende, en su concepto la acción de tutela no es procedente en este

caso.

Mediante auto, la Corte Constitucional decretó comisionar al Juzgado Tercero Civil

Municipal de Soledad Atlántico para la realización de algunas pruebas, en las cuales, se

buscaba que los demandantes ampliaran los hechos que originaron la tutela, y se les

solicitó además información puntual y concreta sobre lo siguiente: (i) si la vivienda de

cada uno de los accionantes se encuentra ubicada en el Barrio Ríos de Agua Viva, (ii) con

quiénes viven (edad, sexo) y, (iii) si son propietarios de la vivienda donde residen, allí se

encontró que varios de los accionantes entre ellos menores, personas de edad avanzada o

en condición de discapacidad, presentaban síntomas de enfermedades debido a la

suspensión del servicio de energía eléctrica.

Además se encontró que la Empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. no realizó la

notificación administrativa del servicio de energía eléctrica en debida forma a la

comunidad del barrio Ríos de Agua Viva del municipio de Soledad Atlántico, vulnerando

su derecho al debido proceso.

1.3. Derecho al debido Proceso.

La Corte Constitucional (Sentencia C-758, 2013)ha definido el derecho al debido proceso

administrativo como el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la

administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de

la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo

fin está previamente determinado de manera constitucional y legal. Busca “(i) asegurar el

ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones

y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados.

El debido proceso se mueve dentro del contexto de garantizar la correcta producción de

los actos administrativos, y por ello extiende su cobertura a todo el ejercicio que debe

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actos, a las peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con

ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar y desde luego,

garantiza la defensa ciudadana al señalarle los medios de impugnación previstos respecto

de las providencias administrativas, cuando crea el particular, que a través de ellas se

hayan afectado sus intereses.

Hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, entre otros, los derechos

a: (i)ser oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de conformidad

con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita

la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación

se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas

en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio

del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y

(ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación

del debido proceso.

En el caso de los habitantes del barrio Ríos de Agua Viva del municipio de Soledad

Atlántico, la Corte encontró que los habitantes de este sector no fueron notificados del

corte y/o suspensión del servicio de energía eléctrica por parte de la empresa

ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.,En ese sentido, cuando una empresa de servicios públicos

domiciliarios procede a suspender, cortar o terminar la prestación de uno de sus servicios,

debe respetar entre otros límites protegidos por la Constitución el derecho de todo usuario

a “la defensa” (CP art. 29). En un ámbito como el de prestación de servicios públicos

domiciliarios, este derecho a la defensa implica ante todo el derecho del usuario “a ser

oído”, según la fórmula de la Convención (Sentencia T-793, 2012) 1.

1La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) fue aprobada mediante la Ley 16 de 1972. Dice, en su artículo 8.1. “[a]rtículo 8. Garantías judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y

dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. El artículo

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es necesario que se cumplan además otros tres deberes. Primero, a los usuarios se les

deben notificar los actos de suspensión, terminación o corte de servicios. De un lado

porque así lo exige el principio de publicidad que rige la función administrativa (CP art.

209), y de otro porque el derecho de los suscriptores a ser oídos sería ineficaz si los actos

recurribles de las empresas de servicios públicos domiciliarios no se les dieran a conocer.

Los suscriptores tienen derecho a ser notificados de los actos de suspensión, porque eso

facilita las condiciones para que ejerzan su derecho a interponer los recursos de ley.

Segundo, la garantía del derecho a un recurso contra este tipo de actos exige el respeto al

derecho de los usuarios a que se les informe, en el texto de notificación del mismo, cuáles

recursos proceden en su contra, ante quiénes pueden ser instaurados y en qué plazo. La

jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que si un acto que conlleve la suspensión de

servicios públicos se intenta notificar sin esta formalidad, se entiende por no hecha, y la

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el motivo de la suspensión, terminación o corte del servicio.3

1.1. Los Derechos de los Usuarios con Especial Protección Constitucional, se conocen

a aquellas personas que debido a su condición física, psicológica o social particular

merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva.

Así, se ha considerado que entre los grupos de especial protección constitucional se

encuentran: los niños, los adolescentes, los ancianos, los disminuidos físicos, síquicos y

sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por la violencia y

aquellas que se encuentran en extrema pobreza (Sentencia T-530, 2011).

1.2. En razón a lo anterior, la Corte Constitucional ha definido mediante sentencia

C-450 de 1995 que el carácter esencial de un servicio público se predica cuando las

2 Sentencia T-1108 de 2002 (MP. Álvaro Tafur Galvis). Ver también la sentencia T-1023 de 2007 (MP.

Manuel José Cepeda Espinosa). En esa oportunidad, la Corte Constitucional sostuvo que era ineficaz un acto, en virtud del cual se produjo una suspensión en la prestación de un servicio público (el de salud) a una persona, porque en el acto o en el texto de la notificación no se decía cuáles eran los recursos que cabían en su contra, ni ante quiénes podían instaurarse, ni en qué termino. La Corte indicó: […]el acto administrativo que concluya con el trámite debe notificarse de conformidad con los requisitos legales, dentro de los que

se halla uno primordial, indispensable de cara al ejercicio del derecho de contradicción, esto es, el

expresado por el artículo 47 del Código Contencioso Administrativo, a cuyo tenor: ‘En el texto de toda

notificación o publicación se indicarán los recursos que legalmente proceden contra las decisiones de que

se trate, las autoridades ante quienes debe interponerse, y los plazos para hacerlo’. El resultado de inobservar este último requerimiento legal, según el artículo 48 del Contencioso, es que ‘no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión’”. Y luego dijo: […] cuando se le comunicó la orden 1033 de 2006, ni en el acto administrativo, ni en la notificación efectuada se expresan los recursos

que procedían contra aquél, razón por la cual el acto no produce los efectos pretendidos”. Por lo mismo, tuteló el derecho al debido proceso.

3 Sentencia T-1108 de 2002 (MP. Álvaro Tafur Galvis). En ese caso, la Corte tuteló el derecho al debido

proceso, entre otras razones […] porque los actos administrativos deben motivarse, y tanto el INPEC como el accionante desconocen las razones que condujeron a la accionada a suspender el servicio, no obstante

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bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores ligados con el respeto,

vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales, ello es así, en

razón a la preeminencia que se reconoce a los derechos fundamentales de la persona y de

las garantías dispuestas, para su amparo, con el fin de asegurar su respeto y efectividad

(Sentencia C-450, 1995).

No obstante surge la inquietud: ¿Puede una empresa de servicios públicos suspender la

prestación de este por el no pago oportuno de la factura? En principio la respuesta es sí,

de acuerdo a lo establecido en el artículo 140 de la Ley 142 de 1994 el cual determina:

Artículo 140. Modificado por el art. 19 de la Ley 689 de 2001. Suspensión por

incumplimiento. El incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o usuario da

lugar a la suspensión del servicio en los eventos señalados en las condiciones uniformes

del contrato de servicios y en todo caso en los siguientes:

La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso

de tres períodos de facturación, y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o

líneas (…).”

De acuerdo a como lo ordena el artículo en mención, el incumplimiento en el pago del

servicio da lugar a que la empresa de servicios públicos suspenda el suministro, en este

caso el servicio de energía eléctrica.

Sin embargo, ¿esta suspensión es procedente cuando en el sitio residen sujetos de especial

protección constitucional? La Corte ha sido enfática respecto a la protección y garantía de

los derechos de las personas con alguna vulneración manifiesta: En esa oportunidad, la

Corte condicionó la exequibilidad de las normas que exigen la suspensión por falta de

pago a que se interpreten en el sentido de que no autorizan a las empresas de servicios a

proceder a dicha suspensión, cuando esta traiga “como consecuencia el desconocimiento

de derechos constitucionales de sujetos especialmente protegidos o, impida el

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comunidad” (Sentencia C-150 , 2003).

1.4. Derecho al Mínimo Vital.

El concepto de Mínimo Vital, de acuerdo a la jurisprudencia (Sentencia T-072, 2013) debe

ser evaluado desde un punto de vista de la satisfacción de las necesidades mínimas del

individuo, por lo cual es necesario realizar una evaluación de las circunstancias de cada

caso concreto, haciendo una valoración que se encamine más hacia lo cualitativo que a lo

cuantitativo, verificándose que quien alega su vulneración tenga posibilidades de disfrutar

de las satisfacción de necesidades como la alimentación, la vivienda y la recreación, como

mecanismos para hacer realidad, como mecanismos para hacer realidad su derecho a la

dignidad humana.

Al utilizar el mínimo vital como derecho, se observa la movilidad de diferentes derechos

cercanos a la definición del primero. Esta situación crea en el interior del derecho al

mínimo vital una especie de lectura de su aplicabilidad, puesto que precisa crear un hilo

conductor que mantenga su fundamento. De esta manera, se manifiestan diversos niveles

de exigibilidad, construyéndose grados dentro del mismo mínimo, sino más bien

relacionados con la concreción de las acciones exigibles, es decir, la determinación

detallada de objetos en diferentes situaciones de posible violación de derechos

fundamentales (Torres Avila, 2012).

El criterio de la Corte Constitucional (Sentencia T-581A, 2011) ha determinado que:

“El principio constitucional de dignidad humana, sobre el que se establece el Estado

social de derecho sirve de fundamento al derecho al mínimo vital, cuyo objeto no es otro

distinto del de garantizar las condiciones materiales más elementales, sin las cuales la

persona arriesga perecer y quedar convertida en ser que sucumbe ante la imposibilidad

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derecho fundamental al mínimo vital es predicable de todos los ciudadanos en

condiciones de igualdad, existen determinados sectores de la población que, en razón de

su mayor vulnerabilidad, son susceptibles de encontrarse, con mayor facilidad, en

situaciones que comprometan la efectividad de su derecho. De ahí que algunas normas

de la C.P., consagran la obligación del Estado de otorgar una especial protección a los

grupos más vulnerables de la población.

En otras palabras, la Constitución Política contempla una serie de sujetos necesitados de

un “trato especial” en razón de su situación de debilidad manifiesta. El régimen de favor

comprende a personas o colectivos indefensos que merecen una particular protección del

Estado para que puedan desplegar su autonomía en condiciones de igualdad con los

restantes miembros del conglomerado social, y no se vean reducidos, con grave

menoscabo de su dignidad, a organismos disminuidos y oprimidos por las necesidades de

orden más básico.”

En este orden de ideas, es deber del Estado garantizar la prestación de estos servicios

básicos, principalmente a aquellos grupos de personas en condiciones de vulnerabilidad

manifiesta, tal y como se observa en el caso de los habitantes del barrio Ríos de Agua Viva

del municipio de Soledad Atlántico, en donde, debido a la suspensión que realizó la

empresa ELCTRICARIBE S.A. E.S.P., del servicio de energía eléctrica, se vio afectado

el principio de la Dignidad Humana, vulnerando por consiguiente el derecho al mínimo

vital de estos habitantes.

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Conclusiones

De acuerdo a lo anterior, podemos concluir lo siguiente:

1. Es importante resaltar, que aunque La ley 142 de 1994 faculta a las empresas

prestadoras de servicios públicos domiciliarios, para que realicen la suspensión pertinente

por falta de pago en el término en que la entidad lo amerite, se deben tener en cuenta

ciertas facultades que protegen al usuario en situaciones concretas.

2. Debe ser de conocimiento público que con el propósito de garantizar la protección

de los derechos de las personas afectadas respecto a la no procedencia de la suspensión de

los servicios públicos, La Corte Constitucional ha señalado los siguientes criterios:

- Como consecuencia de la suspensión del servicio se impida el funcionamiento de hospitales y otros establecimientos también especialmente protegidos en razón a sus

usuarios.

- Se afecte gravemente las condiciones de vida de toda una comunidad.

- El Estado garantizar la prestación de estos servicios básicos, principalmente a aquellos grupos de personas en condiciones de vulnerabilidad manifiesta.

3. Es oportuno que los usuarios conozcan los deberes de las empresas públicas para

con ellos, al momento de prestarles estos servicios, pues de esta forma sus derechos serán

reales y efectivos a la hora de presentar los recursos de ley, deberes como:

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suspensión, cuáles recursos proceden en su contra, y ante quiénes pueden ser

instaurados y en qué plazo.

(21)

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Figure

Actualización...

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