Criterios Constitucionales Legales y Jurisprudenciales Que Permiten la Intervención del Ministerio Publico en el Proceso Contencioso Administrativo 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. FACULTAD DE DERECHO . POSGRADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO. CRITERIOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y JURISPRUDENCIALES. QUE PERMITEN LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL. PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE PERMITEN LA. MATERIALIZACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE PARTES COMO. GARANTÍA EFECTIVA DEL DEBIDO PROCESO. PREPARADO POR:. EDWIN ALEXANDER ARBOLEDA TAVERA . MEDELLÍN – COLOMBIA . 2014. TEMA: Criterios Constitucionales, legales y Jurisprudenciales que le. permiten al Ministerio Público intervenir en el proceso contencioso. administrativo.. Planteamiento del problema: ¿Cuáles son los criterios constitucionales,. legales y jurisprudenciales que le permiten al Ministerio Público la intervención. en los procesos que se adelantan ante Jurisdicción de lo Contencioso. Administrativo sin vulnerar el principio de igualdad de las partes? . Formulación del Problema: El proceso, entendido como una creación de la. inteligencia, una maquinaria hecha con sutileza y construida según las leyes. severas de la lógica, cuya esencia derivaba de la determinación de su fin. material, al decir del profesor Juan Carlos Galindo Vácha, al traer a colación al. maestro Adolf Wach, en su obra denominada Lecciones de Derecho. Administrativo, Volumen II, y cuyo fin consiste en el otorgamiento de la. protección jurídica del Estado concebido con justicia y conforme a la naturaleza. del litigio, tiene unos principios que lo regentan como garantía efectiva para los. extremos de la litis al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la. Constitución Política, estos principios procesales según ANDRÉS DE LA. OLIVA, pueden ser entendidos como aquellas “ideas y reglas que constituyen. puntos de partida para la construcción de los instrumentos esenciales de la. función jurisdiccional, en el sentido de originarlos (de ahí el término de. principio), determinando que sean sustancialmente como son. De otra forma. puede decirse que son los criterios inspiradores de la capacidad de decisión y. de influencia del órgano jurisdiccional y de las partes en el nacimiento del. proceso, en su objeto, en su desenvolvimiento y en su terminación.1” Dentro de. estos principios, se encuentra el principio fundamental del derecho procesal a. la igualdad de las partes dentro del proceso, el cual se traduce en la posibilidad. que tienen los extremos que concurren al mismo, de tener las mismas. 1 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principios-del-proceso/principios-del-proceso.htm. http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/termino/termino.htm http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/partes/partes.htm http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/proceso/proceso.htm. oportunidades procesales orientadas a la materialización efectiva de su. garantía a la bilateralidad de la audiencia.. En desarrollo del principio procesal a la igualdad de las partes dentro del. proceso, los extremos de la litis, cuentan de un lado, con la posibilidad de. presentar la demanda, y de otro, con la prerrogativa de contestarla en la. oportunidad jurídico procesal establecida; cada parte cuenta con la facultad de. pedir pruebas y de controvertir las presentadas en su contra; se cuenta con la. posibilidad de alegar, y en este mismo sentido, las partes pueden recurrir las. providencias, en especial la sentencia cuando es contraria a sus intereses,. entre otros, es por ello que el precitado principio garantiza la exista un equilibrio. en desarrollo del proceso. . No obstante lo anterior, dentro de los procesos que se ventilan dentro de la. Jurisdicción de lo contencioso Administrativo, se advierte que el Ministerio. Público en atención a los mandatos normativos de índole jurídico previstos en. la Constitución Nacional y la Ley 1437 de 2011, tiene la potestad de intervenir. en calidad de parte o tercero interviniente especial, empero la práctica Judicial. viene poniendo en evidencia que algunos Procuradores Delegados ante la. justica administrativa extralimitan sus competencias o sus facultades al. intervenir en estos procesos, atentando de manera directa contra el principio de. igualdad de las partes, por cuanto, tanto, con sus actuaciones sin asistirle. interés jurídico, suple a una de las partes dentro del trámite procesal. . JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: . Realizar el presente artículo resulta de gran interés dado que a partir de éste,. se pretende poner en evidencia la postura equivoca adoptada por algunos. Procuradores Delegados del Ministerio Público, en el desarrollo de los. procesos ventilados ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo,. vulnerando inclusive, sin ser exagerado en los argumentos, el orden jurídico, el. cual están llamados a defender por mandato directo de la Constitución. Nacional, por cuanto, tanto, al desatender los criterios que rigen su actividad. están desconociendo los mandatos normativos que regulan su proceder,. generando como consecuencia, de una parte, inseguridad jurídica, y de otra. resquebrajando el debido proceso que debe caracterizar todo tipo de. actuaciones administrativas y/o judiciales.. Ante tal panorama, resulta conducente y pertinente, desarrollar a la luz de la. Constitución, la Ley y la Jurisprudencia un estudio que permita conceptualizar y. particularizar a través de la caracterización el criterio de parte dentro del. proceso, desde el punto de vista de los extremos de la litis; el concepto de. parte y tercero interviniente especial, calidad que ostenta el Ministerio Público. dentro del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso. Administrativo; determinar los eventos en los que por mandato legal o por mera. liberalidad interviene éste órgano de control, todo orientado a identificar y a. unificar en esta investigación los criterios que permiten su intervención dentro. del proceso sin vulnerar el principio de igualdad de partes y. consecuencialmente resaltar la loable función que desarrolla este órgano de. control en defensa del patrimonio público, del orden jurídico y de los derechos y. garantías fundamentales, propendiendo de esta manera evitar el ejercicio o el. despliegue de alguna actuación que raye de frente con el derecho al debido. proceso, en aras de garantizar una recta y cumplida administración de justicia a. todos los asociados. . OBJETIVOS. OBJETIVO GENERAL.  Determinar los criterios Constitucionales, Legales y Jurisprudenciales. que le permiten al Ministerio Público su intervención en desarrollo de los. procesos adelantados en la Jurisdicción de lo Contencioso. Administrativo de tal manera que se preserve el principio de igualdad de. partes dentro del proceso.. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .  Analizar las facultades del Ministerio Público a la luz de la Constitución. de 1991 y de la Ley 1437 de 2011..  Determinar los criterios de intervención del Ministerio Público dentro de. las Acciones Constitucionales a la luz del principio de igualdad de partes..  Establecer cuando le asiste interés al Ministerio Público para recurrir en. los procesos subjetivos o patrimoniales.. REFERENTE CONCEPTUAL: Realizado un extensivo estudio en aras de. determinar el marco conceptual que serviría como punto de partida para el. desarrollo de la presente investigación, se advierte la existencia de un número. indeterminado de documentos relacionados con las funciones que le. corresponden al Ministerio Público como órgano de control, los cuales se. reducen a la transcripción de abundante normatividad que rige su actividad, no. obstante lo anterior, efectuado un rastreo de tipo jurisprudencial se tiene que ha. sido la honorable Corte Constitucional y el honorable Consejo de Estado,. quienes se han encargado a partir de sus diversos pronunciamientos, de fijar. los límites que le permiten su intervención en el desarrollo de los procesos de. contenido subjetivo y objetivo, esto es, en los procesos patrimoniales y en las. acciones públicas contenidas en el artículo 88 de la Constitución Nacional, sin. embargo, es menester resaltar que todo ese desarrollo de tipo jurisprudencial al. que se hizo alusión en líneas anteriores, no se encuentra reunido en una sola. sentencia, ya que de ser así no tendría sentido alguno o significación la. presente investigación, sino que se encuentra dispersa en múltiples. pronunciamientos; por lo tanto, corresponde entonces hacer una recopilación, y. a partir de un proceso de tipo hermenéutico de cara a los principios y reglas. que se encuentran en la parte dogmatica del mandato superior y con base en. los criterios de índole normativo de carácter jurídico, se procederá con el. desarrollo de los objetivos específicos los cuales en conjunto arrojarán el. contenido necesario que desatará el objetivo general descrito con antelación. . METODOLOGÍA: La presenten investigación se centrará en la recopilación y. análisis de diversas jurisprudencias emanadas en especial del honorable . Consejo de Estado en torno a las funciones que tiene el Ministerio Público. como ente de control, dentro del desarrollo del trámite procesal en la. Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a partir de lo cual se. establecerán los primeros criterios, los cuales permitirán luego de un esfuerzo. hermenéutico desarrollar el trabajo planteado, igualmente se acudirá a la. Doctrina en aras de proceder a la conceptualización de algunos puntos y a la. ley.. CRITERIOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y JURISPRUDENCIALES. QUE LE PERMITEN AL MINISTERIO PÚBLICO INTERVENIR EN EL. PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.. 1. EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991.. De conformidad con los mandatos de orden constitucional, el Procurador. General de la Nación, es el supremo Director del Ministerio Público, el cual. será elegido por el Senado para un periodo de 4 años, de terna integrada. por candidatos como el Presidente de la República, la Corte Suprema de. Justicia y el Consejo de Estado.. En lo atinente a las funciones del Procurador General de la Nación es de. gran importancia resaltar, que dentro de un plano comparativo entre la. constitución política de 1886 y la de 1991, existen notables diferencias que. permiten afirmar que bajo la vigencia de la constitución política actual, éste. órgano de control cuenta con mucha más liberalidad y garantía para el. ejercicio de sus competencias, como quiera que bajo el texto de la. constitución política de 1886, el Ministerio Público era ejercido, entre otros,. por el Procurador General de la Nación, bajo la suprema autoridad del. Gobierno, de donde se desprende que dicho órgano de control estaba. supeditado a los mismos organismos que controlaba, circunstancia que no. permitía en la práctica, evidenciar con contundencia el ejercicio de sus. competencias de acuerdo con el carácter deontológico que inspiraba su. propia existencia.. Bajo la óptica del régimen constitucional actual, existe una filosofía que. señala que todo organismo de control no debe estar supeditado a los. organismos que controlan, como quiera que se presentaría una. contradicción que ineludiblemente afectaría el ejercicio de control que. desarrollaría. . En esta línea de pensamiento, el artículo 227 del mandato superior,. establece como funciones generales del Procurador General de la Nación. las siguientes:. 1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales. y los actos administrativos.. 2. Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del. Defensor del Pueblo.. 3. Defender los intereses de la sociedad.. 4. Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente.. 5. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas.. 6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen. funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el. poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer. las respectivas sanciones conforme a la ley.. 7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o. administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del. patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales.. 8. Rendir anualmente informe de su gestión al Congreso.. 9. Exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que. considere necesaria.. 10. Las demás que determine la ley.. Para el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría tendrá atribuciones de. policía judicial, y podrá interponer las acciones que considere necesarias.. Visto lo anterior, es claro que la Procuraduría General de la Nación en. Colombia, cumple con una función preventiva, disciplinaria y de intervención,. como quiera que este órgano de control tiene dentro de su objetivo y funciones,. al tenor de las reglas constitucionales transcritas con antelación, prevenir. antes que sancionar; también es la encargada de iniciar, adelantar y fallar las. investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra los servidores. públicos y contra los particulares que ejercen funciones públicas o manejan. dineros del estado, de conformidad con lo establecido en el Código Único. Disciplinario ó Ley 734 de 2002, y finalmente, en lo atinente al tema que. convoca el desarrollo de la presente investigación, la Procuraduría General. de la Nación interviene en calidad de sujeto procesal o tercero. interviniente especial en los procesos que se surten en la Jurisdicción de. lo Contencioso Administrativo, en la Jurisdicción Constitucional, y ante las. diferentes instancias de las jurisdicciones penal, penal militar, civil, ambiental y. agraria, de familia, laboral, ante el Consejo Superior de la Judicatura y las. autoridades administrativas y de policía.. De conformidad con lo anterior, es indubitable que el Ministerio Público desde. el punto de vista Constitucional tiene un sinnúmero de funciones que abarcan. diferentes estadios o especialidades dentro del mundo de lo jurídico, no. obstante, se reitera que en lo que respecta al tema de investigación propuesto,. se abordará con profundidad, los criterios que desde el punto de vista legal y. jurisprudencial, le permite a la Procuraduría General de la Nación su. intervención dentro de los procesos adelantados dentro de la Jurisdicción. Contencioso Administrativo como limites necesarios que impiden la vulneración. o violación del principio de igualdad de partes como garantía efectiva del. debido proceso. . 2. FUNCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL CÓDIGO CONTENCIOSO. ADMINISTRATIVO (DECRETO 01 DE 1984) Y EN EL CÓDIGO DE. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. (LEY 1437 DE 2011).. Una vez trazado el horizonte que permitirá el desarrollo del presente trabajo, y. descendiendo sobre el objeto de la presente investigación, es menester resaltar . que el Decreto 01 de 1984 o Código Contenciosos Administrativo en lo tocante. a las funciones del ministerio público, a partir del Titulo XIII, artículo 121,. estable algunas pautas que rigen su actividad y específicamente en el artículo. 127 consagra sus atribuciones de manera especial, indicando lo siguiente: . ARTÍCULO 127. Modificado por el art. 19, Decreto Nacional 2304 de. 1989 , Modificado por el art. 35, Ley 446 de 1998 El Ministerio Público. es parte y podrá intervenir en todos los procesos e incidentes que se. adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en las. conciliaciones extrajudiciales ante los centros de conciliación e. intervendrá en éstos en defensa del orden jurídico, del patrimonio. público y de los derechos y garantías fundamentales. Por consiguiente. se le notificará personalmente el auto admisorio de la demanda, el que. fije fecha para audiencia de conciliación, la sentencia proferida en. primera instancia y el primer auto dictado en segunda instancia.. En los procesos ejecutivos se notificará personalmente al Ministerio . Público el mandamiento de pago, la sentencia y el primer auto en la. segunda instancia.. Además tendrá las siguientes atribuciones especiales:. 1. Solicitar la vinculación al proceso de los servidores o ex servidores. públicos, que con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan. dado lugar a la presentación de demandas que pretendan la reparación. patrimonial a cargo de cualquier entidad pública.. 2. Solicitar que se declare la nulidad de actos administrativos.. 3. Pedir que se declare la nulidad absoluta de los contratos estatales.. 4. Alegar en los procesos e incidentes en que intervenga.. 5. Interponer los recursos contra los autos que aprueben o imprueben. acuerdos logrados en conciliación judicial. En relación a lo anterior, se tiene que los criterios legales, bajo la vigencia del. Decreto 01 de 1984 o antiguo Código Contencioso Administrativo, que le. permiten al Ministerio Público actuar dentro de los procesos que se ventilan. ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se reducen a los. numerales transcritos en el acápite, empero lo que en definitiva legitima el. proceder es que con su ejercicio se propenda la defensa del orden jurídico, el. patrimonio público y los derechos y garantías fundamentales.. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6542#1 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6542#1 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3992#1. Con la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y. de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), ley que derogó por. completo el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), se. subrogó el artículo 127 transcrito con antelación y se incorporaron unos nuevos. numerales orientados a regular la actividad del Ministerio Público al interior del. trámite procesal, tal como pasa a verse a continuación: . Artículo 303. Atribuciones del Ministerio Público. El Ministerio Público. está facultado para actuar como demandante o como sujeto procesal. especial y podrá intervenir en todos los procesos e incidentes que se. adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en defensa. del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías. fundamentales.. En los procesos ejecutivos se notificará personalmente al Ministerio. Público el mandamiento de pago, la sentencia y el primer auto en la. segunda instancia.. Además tendrá las siguientes atribuciones especiales:. 1. Solicitar la vinculación al proceso de los servidores o ex servidores. públicos, que con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan dado. lugar a la presentación de demandas que pretendan la reparación. patrimonial a cargo de cualquier entidad pública.. 2. Solicitar que se declare la nulidad de actos administrativos.. 3. Pedir que se declare la nulidad absoluta de los contratos estatales.. 4. Interponer los recursos contra los autos que aprueben o imprueben. acuerdos logrados en conciliación judicial.. 5. Interponer los recursos extraordinarios de que trata este Código.. 6. Solicitar la aplicación de la figura de la extensión de la jurisprudencia, y. la aplicación del mecanismo de revisión eventual de providencias de que. trata este Código.. 7. Adelantar las conciliaciones prejudiciales o extrajudiciales.. Parágrafo. Presentada la solicitud de la conciliación, el agente del. Ministerio Público, de oficio o por solicitud de la parte convocante,. verificará la existencia de jurisprudencia unificada que resulte aplicable al. caso, de acuerdo con lo regulado en el presente Código sobre la materia.. De confirmarlo, si la autoridad demandada expresa su negativa a conciliar,. suspenderá la audiencia para que el respectivo comité de conciliación. reconsidere su posición y si es del caso, proponga una fórmula de arreglo. para la reanudación de la audiencia o manifieste las razones por las cuales. considera que no es aplicable la jurisprudencia unificada.. Visto lo anterior, resulta indubitable que bajo la vigencia del Código de. Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo las funciones. del Ministerio Publico básicamente quedaron intactas, dado que mantuvo las. capacidades que desde el Decreto 01 de 1984 se le asignaron a los agentes. del Ministerio Público, esto es, la potestad de intervención en todos los. procesos e incidentes contencioso administrativos con el fin de defender el. ordenamiento jurídico, el patrimonio público y las garantías fundamentales.. Así las cosas entonces, resulta menester precisar que el Ministerio Publico al. tenor de lo dispuesto en el artículo 303 del Código de Procedimiento. Administrativo y de lo Contencioso Administrativo tiene la calidad de sujeto. procesal especial, y de parte, sin embargo el concepto de parte, tal como se. denominada en el artículo 127 del Decreto 01 de1984, denominación que. gozaba de aceptación dentro de la doctrina Colombiana, como quiera que. dentro del proceso en su máxima expresión se aceptaba la existencia de dos. tipos de partes, de una en sentido material y de otra en sentido formal.. En relación a lo anterior, se tiene que es parte en sentido material, aquellos. sujetos que conforman la relación jurídica sustancial sobre la cual versa el. litigio2, y es parte en sentido formal, aquellas personas que actúa en el proceso. y realiza actos procesales, con prescindencia del contenido u objeto de aquella. de la relación jurídica sustancial.. 2 “De la distinción entre partes del litigio y partes del proceso, surge la clasificación de las. partes enunciadas en este número. Se entiende por partes en sentido material, los sujetos del. litigio o de la relación jurídica sustancial sobre que versa, y por partes en sentido formal, las. que lo son del proceso (pero no los jueces y magistrados, pues aun cuando son sujetos de la. relación jurídica procesal y del proceso, no son partes sino juzgadores; dichos sujetos son el. género y las partes una especie de aquella.” DEVIS Echandía, Hernando “Teoría General del. Proceso”, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2004, pág. 309. . 3. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE PARTES DENTRO DEL PROCESO. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO . El proceso, entendido como una creación de la inteligencia, una maquinaria. hecha con sutileza y construida según las leyes severas de la lógica, cuya. esencia derivaba de la determinación de su fin material, al decir del profesor. Juan Carlos Galindo Vácha, al traer a colación al maestro Adolf Wach, en su. obra denominada Lecciones de Derecho Administrativo, Volumen II, y cuyo fin. consiste en el otorgamiento de la protección jurídica del Estado concebido con. justicia y conforme a la naturaleza del litigio, tiene unos principios que lo. regentan como garantía efectiva para los extremos de la litis al debido proceso,. consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, estos principios. procesales según ANDRÉS DE LA OLIVA, pueden ser entendidos como. aquellas “ideas y reglas que constituyen puntos de partida para la construcción. de los instrumentos esenciales de la función jurisdiccional, en el sentido de. originarlos (de ahí el término de principio), determinando que sean. sustancialmente como son. De otra forma puede decirse que son los criterios. inspiradores de la capacidad de decisión y de influencia del órgano. jurisdiccional y de las partes en el nacimiento del proceso, en su objeto, en su. desenvolvimiento y en su terminación.3” Dentro de estos principios, se. encuentra el principio fundamental del derecho procesal a la igualdad de. las partes dentro del proceso, el cual se traduce en la posibilidad que tienen. las partes que concurren al mismo, de tener las mismas oportunidades. procesales orientadas a la materialización efectiva de su garantía a la. bilateralidad de la audiencia.. En desarrollo del principio procesal a la igualdad de las partes dentro del. proceso, los extremos de la litis, cuentan de un lado, con la posibilidad de. presentar la demanda, y de otro, con la prerrogativa de contestarla en la. 3 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principios-del-proceso/principios-del-proceso.htm. http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/termino/termino.htm http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/partes/partes.htm http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/proceso/proceso.htm. oportunidad jurídico procesal establecida; cada parte cuenta con la facultad de. pedir pruebas y de controvertir las presentadas en su contra; se cuenta con la. posibilidad de alegar, y en este mismo sentido, las partes pueden recurrir las. providencias, en especial la sentencia cuando es contraria a sus intereses,. entre otros, es por ello que el precitado principio garantiza la exista un equilibrio. en desarrollo del proceso. . Ahora bien, en la práctica se viene evidenciando de manera recurrente que. algunos procuradores delegados vienen desplegando su actividad dentro del. proceso contencioso administrativo desconociendo tajantemente los límites. constitucionales y legales previamente establecidos que permiten su. intervención, lo que conlleva a la vulneración del principio procesal de igualdad. de partes como garantía efectiva del debido proceso.. En relación a lo anterior, en principio podría pensarse que la simple. intervención del Ministerio Público dentro del Proceso Contencioso. Administrativo por sí sólo tendría la virtualidad de vulnerar el principio de. igualdad de partes que debe caracterizar todo proceso judicial, dado que su. intervención en algún momento dado podría beneficiar los intereses o. pretensiones de una de las partes, sin embargo resulta indispensable resaltar. que dicha intervención tiene una finalidad determinada por el constituyente, así. lo puntualizó el órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso. Administrativo, al considerar lo siguiente:. “…el hecho de que exista un agente que es parte del proceso contencioso,. y que representa el interés general en la defensa del ordenamiento. jurídico, el patrimonio público y los derechos fundamentales, no puede ser. entendido como una violación a los principios de igualdad y al debido. proceso, por cuanto una norma constitucional (art. 277), apoyada en tres. principios constitucionales hace viable su intervención, lo que además. refleja el denominado “espíritu del Constituyente”, es decir, que la. interpretación literal, teleológica, histórica, jurisprudencial en materia. constitucional, y la lógica razonable son concordantes y convergentes en. que el Ministerio Público tiene amplias facultades –las que le asisten a las. partes en el proceso– para solicitar, por ejemplo, la vinculación de terceros,. deprecar el decreto de pruebas, impugnar las decisiones proferidas en el. proceso, etc…”4. Sin embargo, a pesar de que la intervención del Ministerio Público al interior del. proceso tiene justificación Constitucional y Legal, dicha actuación debe atender. unos criterios mínimos, que pretenden propiamente porque no se vulnere el. principio de igualdad de partes, dado que de ser desconocidos dichos criterios. los procuradores delegados podrían llegar a sustituir a una de las partes dentro. de la contienda jurídica, por lo tanto, dentro de cada asunto judicial. corresponde al Juez determinar si le asiste interés jurídico para actuar.. En relación a lo anterior, el máximo órgano de la Jurisdicción de lo Contencioso. Administrativo sentencia del 23 de junio, exp. 19945, consideró lo siguiente: . “…En consecuencia, no resulta admisible, de forma alguna, que la. actividad encomendada a ese órgano sustituya a las partes de la contienda. judicial, por lo tanto, en cada asunto específico habrá lugar a determinar si. le asiste o no interés al agente de esa entidad para impugnar una decisión. judicial, máxime si, se insiste, el objetivo de la intervención de los. Procuradores Delegados no estriba en que contesten la demanda ni. propongan excepciones o defiendan los derechos individuales o. particulares de las partes, sino en la defensa en general del orden. constitucional, de modo que no pueda servir esa potestad como patente de. corso para ayudar o colaborar con los intereses de los demás sujetos. procesales y, de manera concreta, de las partes...” . Bajo este panorama resulta fundamentar conocer desde el punto de vista. jurisprudencial cuando le asiste interés jurídico a este órgano de control para. actuar dentro de los procesos adelantados ante la Jurisdicción de lo. Contencioso Administrativo, sin que se vulnere el principio de igualdad de. partes como garantía efectiva del debido proceso.. 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, M.P Enrique Gil Botero.. Rdo. 2008 - 00557 del 27 de septiembre de 2012.. 4. FACULTADES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS PROCESOS DE ORDEN. OBJETIVO Y SUBJETIVOS FRENTE AL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE PARTES.. En atención a lo anterior, resulta de gran relevancia destacar que ha sido el. Honorable Consejo de Estado quien a partir de sus pronunciamientos se ha. encargado de determinar con precisión y congruencia los eventos en los cuales. le asiste interés jurídico a los procuradores delegados ante la justicia. administrativa para ejercer su actividad.. En esta línea de pensamiento cabe precisar, que existen dos grandes bloques. en los cuales se puede enmarcar la actividad que en ejercicio de su deber de. carácter legal realizan los procuradores delegados ante la Jurisdicción de lo. Contenciosos Administrativo, el primer bloque corresponde a procesos. denominados objetivos, que son aquellos que forman parte de las acciones. públicas, frente a este tipo de procesos, la actividad de los procuradores. delegados es mucha más amplia y generalizada para desplegar su actividad. dentro de cada etapa que comporta el procedimiento, como quiera que en las. acciones públicas, como regla general, siempre están comprometidos los. derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos en tratándose de. acciones de tutela o la defensa del ordenamiento jurídico o del interés público. como sucede con las acciones populares cuyo fundamento constitucional se. encuentra en el artículo 88, o la acción de simple nulidad entre otros. . En este orden argumentativo, paralelamente opuesto al bloque señalado en el. acápite anterior, se encuentra los proceso de carácter subjetivo o de contenido. indemnizatorio, en este tipo de procesos la actividad del los procuradores. delegados para que sea válida debe estar revestida de interés jurídico, es. decir, su actividad debe ser ejercida en defensa del orden jurídico, del. patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales, como quiera. que ante la omisión de estos parámetros o criterios de intervención se vería. seriamente comprometido el principio de igualdad de partes que debe. caracterizar todo proceso judicial o administrativo.. En relación a las facultades que le asisten a los procuradores delegados en los. en los procesos de orden objetivo y subjetivos ya señalados, el órgano de. cierre de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ha considerado lo. siguiente:. A juicio de la Sala, la correcta interpretación de la norma, acudiendo al. método sistemático, permite concluir que cuando el precepto dispone que. el Ministerio Público "intervendrá" en defensa del orden jurídico, se refiere. a la guarda y el cumplimiento de la normatividad positiva cuando quiera. que se halle comprometido el interés público o situaciones que se. consideran de interés público o éste pueda verse amenazado o. vulnerado, como sucede cuando se vulneran preceptos imperativos que. se consideran de orden público, pero no podría referirse a la defensa del. orden jurídico, cuando, a su juicio, se puedan ver afectados los derechos. subjetivos de orden privado de alguno de los litigantes, los cuales pese a. que hacen parte del orden jurídico, el único que puede calificar cuándo. están siendo desconocidos o vulnerados es quien alega la titularidad de. los mismos, de lo contrario, podría entenderse que el Ministerio Público. se halla facultado para defender intereses privados de alguna de las. partes inmersas en la controversia, en claro desconocimiento del más. elemental principio de igualdad de las partes en el proceso, lo cual. contradice la premisa de la actuación imparcial dentro del proceso como. interviniente. (…). Lo anterior explica por qué el Ministerio Público no se halla limitada para recurrir las decisiones del Juez en las acciones públicas, pero sí lo está en los contenciosos subjetivos…”5. En este mismo sentido, en sentencia de unificación del 27 de septiembre de. 2012, el máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,. señaló lo siguiente: . “…Así las cosas, el Ministerio Público podría intervenir con amplias. facultades legales, de manera exclusiva, en los procesos de pura legalidad. o también conocidos como contencioso objetivos, puesto que en ellos se. discute la defensa del ordenamiento jurídico y el interés público. A. contrario sensu, en las actuaciones en que medie un interés de carácter. subjetivo6, individual o concreto, con independencia de que su titular sea. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, M.P (E). Gladys Agudelo Ordoñez. Rdo. 1995-05781 del 26 de enero de 2011.. 6 “El contencioso objetivo de constitucionalidad, esto es, el que reúne las acciones contenciosas que. pretenden la preservación general del orden constitucional lesionado o afrentado con la vigencia de un. acto administrativo… Con fundamento en el artículo 89 C.N., el legislador ha regulado el más importante. recurso contencioso de nulidad de carácter general y objetivo que busca primordialmente la protección. integral del orden constitucional del Estado y de la legalidad en toda su extensión bajo el nombre de. acción de nulidad. El desarrollo de esta figura procesal se encuentra en el Código Contencioso. Administrativo, artículo 84…”. “(…) El control de constitucionalidad por la vía contencioso administrativa no se agota en el contencioso objetivo explicado. En nuestra opinión, las acciones de contenido estrictamente subjetivo, es decir, aquellas que buscan algún tipo de reparación o restablecimiento por parte de los asociados frente al Estado, no solo tienen su fuente en el artículo 89 C.N., sino que también implican el análisis previo de la constitucionalidad de los actos administrativos que le sirven de fundamento a los derechos individuales involucrados, como en el caso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o un análisis de las actuaciones u operaciones de los servidores públicos o de los fenómenos que rodean los hechos en. una entidad pública, la facultad de los Procuradores Delegados quedaría. circunscrita a la presentación del concepto de rigor en primera o segunda. instancia…”. Lo anterior permite colegir, que los procuradores judiciales delegados ante la. justicia administrativa, en los procesos de tipo indemnizatorio, es decir aquellos. en los cuales se persigue un fin de índole económico, conocidos también como. procesos subjetivos, tienen unas facultades, sin embargo estas tienen un. carácter restringido, relatividad que propende por preservar el principio de. igualdad de las partes dentro de la contienda judicial.. Visto lo anterior, y como quiera que el objetivo del presente trabajo consiste en. fijar o establecer los criterios que permiten la intervención de los procuradores. en los procesos ventilados ante la justicia administrativa los cuales constituyen . los limites que garantizan la materialización del derecho al debido proceso y. fundamentalmente del principio de igualdad de partes, nos enfocaremos de. manera especial en el desarrollo jurisprudencial que frente a este tópico a. delineado el Consejo de estado a partir de sus diversos pronunciamientos,. precisando que las consideraciones que serán traídas a colación aplican. a todas las actuaciones que realice el órgano de control dentro de las. actuaciones procesales.. Mediante auto del día 25 de agosto de 2005, la Sección Tercera del Consejo de. Estado, con ponencia de la doctora RUTH STELLA CORREA PALACIO, en. relación al interés que le asiste al Ministerio Público, para recurrir providencias. indicó lo siguiente:. “…La Sala rechazará el recurso de apelación, en atención a la falta de interés para. recurrir en el agente del Ministerio Público, conforme pasa a explicarse. En. que pueda la administración verse involucrada, no con el propósito de declarar la nulidad de éstas, asunto que resultaría absurdo e ilógico, sino con el propósito ineludible de hacer juicios de adecuación del comportamiento público y de los sucesos que comprometan lo público con las normas y principios constitucionales, tal como se desprende de los artículos 2º, 90 y 91 C.N., por lo menos frente a la acción de reparación directa. . “El contencioso subjetivo, esto es, el que reúne las acciones contenciosas que pretenden la preservación de los derechos subjetivos de las personas o el restablecimiento de los derechos reconocidos por una norma y vulnerados con la vigencia de un acto administrativo o las indemnizaciones por los daños causados a los asociados individualmente considerados por los hechos, operaciones, ocupaciones, etc., de la administración. En la práctica corresponde a las pretensiones que se incorporaban en la clásica acción o recurso de plena jurisdicción, donde a diferencia del contencioso objetivo lo que está en juego es un pronunciamiento en torno a derechos individuales y subjetivos y no del orden jurídico general…” SANTOFIMIO Gamboa, Jaime Orlando “Tratado de derecho administrativo”, Tomo III, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2004, pág. 134 y 200. . conformidad con el artículo 127 del C.C.A modificado por el artículo 35 de la ley 446. de 1998, el Ministerio Público es parte en todos los procesos contencioso -. administrativos que conozca esta Jurisdicción y en tal virtud está legitimado para. recurrir las decisiones que se adopten en el proceso, siempre que además, en cada. caso concreto le asista interés para recurrir, esto es, que la decisión le haya sido. adversa. La actuación de los agentes del Ministerio Público dentro del proceso. contencioso administrativo, puede corresponder a aquella que proviene de su. forzosa vinculación en los términos del artículo127 del C.C.A., su actuación va. encaminada a salvaguardar el orden jurídico, el patrimonio público y los derechos. fundamentales; en segundo lugar, pueden ser demandantes en aquellos casos en. que la ley los ha reconocido como titulares de la acción (la nulidad absoluta de los. contratos administrativos). Cuando el Ministerio Público actúa en su calidad de. parte de forzosa vinculación, puede recurrir las providencias siempre y cuando le. asista interés para recurrir, determinado por la conclusión de que la providencia es. adversa al patrimonio público o a los derechos y garantías fundamentales…”. En esta línea de pensamiento, en lo tocante al interés jurídico que le asiste al. delegado del Ministerio Público en el proceso Contencioso Administrativo, el H.. Consejo de estado puntualizó lo siguiente:. “…cuando el Ministerio Público actúa, no como parte en sentido material,. sino como sujeto procesal interviniente por virtud de la ley, no pueda hacer. uso indiscriminado de los instrumentos procesales con miras a obtener la. protección de los derechos individuales de las partes en contienda [en. sentido material] de los cuales son titulares exclusivamente éstas, porque. ello implicaría que asumiera la posición de coadyuvante en el proceso para. defender un interés individual con miras a "sostener las razones de un. derecho ajeno", o suplir la negligencia de las partes demandante o. demandada en el plano estrictamente procesal, lo cual, de contera, los. ubicaría en un plano de desigualdad. . (…). Corolario de lo anterior, todas las actuaciones del Ministerio Público en el marco de los procesos contencioso – administrativos y en el trámite de aprobación o improbación de las conciliaciones judiciales y extrajudiciales debe estar determinada por la protección de los intereses señalados en el artículo 127 del C.C.A., de lo contrario, la actuación se tornará ineficaz…”7. Más adelante precisó la sentencia mencionada en el acápite anterior, que la. intervención del Ministerio Publico se realizará en defensa del orden jurídico,. del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales, con las. 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, M.P (E). Gladys Agudelo Ordoñez. Rdo. 1995-05781 del 26 de enero de 2011.. restricciones ya señaladas cuando se trate de procesos de orden subjetivo o de. contenido económico.. Mediante auto del 22 de julio de 2011, la subsección A, de la Sección Tercera. del honorable Consejo de Estado, con ponencia del doctor MAURICIO. FAJARDO GÓMEZ, frente al interés que le asiste a los delegados del Ministerio. Público para recurrir providencias, consideraciones que sin dubitación. alguna pueden extenderse, a la actividad que en general realiza este. órgano de control dentro de los procesos ventilados frente a la. Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, indicó: . “…Respecto del recurso interpuesto por el Ministerio Público se debe. analizar qué grado de intervención procesal tiene éste en materia de lo. Contencioso Administrativo; la citada intervención se encuentra reglada por. el artículo 127 del C.C.A. -modificado por el artículo 35 de la ley (sic) 446. de 1998, de los cuales se infiere con claridad que el Ministerio Público no. está facultado para recurrir en todos los casos cualquier decisión judicial,. sino que debe encontrarse en cumplimiento de alguno de los lineamientos. constitucionales “… i) defensa del orden jurídico, ii) del patrimonio público. o iii) de los derechos y garantías fundamentales”, puesto que, de otra. manera, carecería del interés y de la legitimación que las normas legales. exigen para que resulte viable que dicho Ministerio Público pueda. impugnar o controvertir una providencia judicial…” . En providencia de unificación del 27 de septiembre de 20128, el órgano de. cierre de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, consideró: . “…En ese orden de ideas, a la luz de la cosa juzgada constitucional de que trata el artículo 243 de la Constitución Política, esta Sala precisa y puntualiza su jurisprudencia en torno a la capacidad con la que cuenta el Ministerio Público para impugnar las providencias proferidas por esta jurisdicción, para lo cual reitera –en materia de conciliación, pero extensivo a otros asuntos o tópicos– los lineamientos contenidos en el auto del 25 de septiembre de 2005, exp. 29677, oportunidad en la que esta Sección se ocupó de la materia objeto de análisis en los siguientes términos: . “Cuando se trata del agente del Ministerio Público, este podrá recurrir, siempre y cuando tenga interés jurídico para hacerlo porque la decisión del juez implique un detrimento al patrimonio público, a los derechos fundamentales o una transgresión al ordenamiento jurídico…”. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, M.P Enrique Gil Botero.. Rdo. 2008 - 00557 del 27 de septiembre de 2012.. Todos los argumentos del honorable consejo de Estado traídos a colación. permite colegir, que si bien es cierto, la Constitución y la Ley establecen las. funciones del Ministerio Público, al interior del proceso administrativo, dentro de. los procesos de carácter indemnizatorio ventilados al interior de la Jurisdicción,. también lo es que, que dichas funciones se ejercen cuando le asiste interés. jurídico, y ese interés jurídico se traduce en que su actuación debe desplegarla. en procura de la defensa del patrimonio público, del orden jurídico o en defensa. de los derechos y garantías fundamentales, de lo contrario su actuación se. tornaría ineficaz.. Todo lo anterior, impone a los procuradores delegados ante la justicia. administrativa una carga de tipo argumentativa orientada a demostrar en el. ejercicio de sus funciones cuando le asiste interés jurídico, dado que son sus. consideraciones expuestas en cada asunto particular, las que el Juez está. llamado a controlar en aras de velar por la garantía del debido proceso, en. especial, para preservar el principio de bilateralidad de la audiencia.. . BIBLIOGRAFÍA: Dentro del material consultado para el desarrollo de este. primer avance, se tienen las siguientes sentencias y portales de internet: .  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección. Tercera; Sala Plena; C P: Enrique Gil Botero; Rdo. 2008-00557 del 27 de. septiembre de 2012..  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección. Tercera, Subseccion A; CP: Mauricio Fajardo Gómez; Rdo. 2011 00022. del día 22 de julio de 2011..  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección. Tercera, Subsección A; C P (E) Gladys Agudelo Ordóñez; Rdo. 1995 -. 05781 del 26 de enero de 2011..  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección. Tercera, C.P Mauricio Fajardo Gómez, Rdo. 1998 - 00454 del día 26 de. mayo de 2010..  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección. Tercera, C.P Ruth Stella Correa Palacio, Rdo. 2003 - 03380 del día 25. de agosto de 2005. .  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección. Tercera, C.P Carlos Betancur Jaramillo; Rdo. 6995 del día 14 de mayo. de 1993..  Lecciones de Derecho Administrativo, Volumen II de Juan Carlos. Galindo Vácha, Edit. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá DC..  http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principios-del. proceso/principios-del-proceso.htm.  http://www.procuraduria.gov.co/portal/Intervenciondel_Ministerio_Publico. _en_los_procesos_contencioso_administrativos_es__principal_y_releva. nte___senal__el_Consejo_de_Estado.news. http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principios-del%20proceso/principios-del-proceso.htm http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principios-del%20proceso/principios-del-proceso.htm http://www.procuraduria.gov.co/portal/Intervenciondel_Ministerio_Publico_en_los_procesos_contencioso_administrativos_es__principal_y_relevante___senal__el_Consejo_de_Estado.news http://www.procuraduria.gov.co/portal/Intervenciondel_Ministerio_Publico_en_los_procesos_contencioso_administrativos_es__principal_y_relevante___senal__el_Consejo_de_Estado.news http://www.procuraduria.gov.co/portal/Intervenciondel_Ministerio_Publico_en_los_procesos_contencioso_administrativos_es__principal_y_relevante___senal__el_Consejo_de_Estado.news

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